Sentencia AL-565-15 — Registro 6031
Resumen
Sentencia declaró parcialmente ha lugar recurso de apelación contra auto interlocutorio dictado por Juzgado de primera instancia que denegó incidente de nulidad parcial del embargo ejecutado sobre bienes propiedad de MAPRODI S de R L de C V en demanda laboral de pago de salarios adeudados y otros derechos laborales promovida por varios demandantes contra dicha sociedad mercantil; La Autoridad recurrida consideró que el embargo practicado cumple los momentos procesales y formalidades exigidas, según acta levantada al efecto, por lo que no procede la nulidad parcial del embargo de la madera y su devolución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"al señalar la Corte de Apelaciones que “… por ahora no es posible determinar o singularizar si la madera embargada pertenece o no al impetrante…”; ni señalar cuando se podrá, su resolución no cumple con el deber de motivar y justificar probatoria y jurídicamente, su resolución. Para la suspensión provisional de un derecho constitucional se debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición y cuenta con garantías procesales. Dentro de las condiciones, está el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía, el derecho de controvertirla, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia. Condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta para decretar la suspensión provisional del derecho de Propiedad; dejándolo sin la disposición de sus bienes y en completa indefensión..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa así como el derecho a la propiedad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS a favor de la sociedad mercantil denominada WOOD PRODUCTS INTERNACIONAL INC, contra las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, que declaró no ha lugar el recurso de apelación presentado contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en relación a la solicitud de devolución de bienes ajenos embargados por un error en la demanda laboral promovida por los señores EDWIN EDGARDO TROCHEZ, ORLIN OMAR LOPEZ Y OTROS contra la Sociedad Mercantil denominada MAPRODI S. DE R.L. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado EDGARDO FLORES FIGUEROA actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores EDWIN EDGARDO TROCHEZ ORELLANA, ORLIN OMAR LOPEZ, JOSE ELDER ANTONIO VEGA ALVARADO, OLVIN YOVANY PAREDES TORRES, JOSE ALFONSO DUBON PAZ, RONY MOISES AGUILAR CONTRERAS, ORLIN ROBERTO DUBON PAZ, ALVARO ESCOBAR TOME, EBANICIO MARTINEZ CASTRO, GERMAN ORLANDO DUBON HERNANDEZ, SANTOS EULOFIO VELIZ, FREDY GEOVANY LOPEZ RIVAS, JULIAN ALBERTO PEREZ JUAREZ, CONCEPCIÓN CABALLERO ESCALANTE, SALOMON ORTEGA RAMOS, JOSE UBENCE DÍAZ, JOSE ALEXIS MEJIA, JUAN BAUTISTA, JOSE MARCOS CHAVEZ, OSCAR ARNALDO MURILLO MARADIAGA, ALEX EDUBY HERNANDEZ HERNANDEZ, ELISEO DUBON PAZ, MIGUEL ANGEL TROCHEZ ORELLANA, interponiendo demanda ordinaria laboral, contra la sociedad mercantil MAPRODI S. DE R.L. DE C.V., a fin de la que la misma pague a los reclamantes el pago de los salarios adeudados, decimo tercer y cuarto mes de salario y derechos laborales que les adeudan. Dictando sentencia el referido Juzgado en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de merito y en consecuencia condena a la Empresa Mercantil MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V. MAPRODI al pago de prestaciones sociales y demás derechos laborales a los trabajadores demandantes. (Folios 02 y 10 de la pieza principal). 2) Que en fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, el Abogado EDGARDO FLORES FIGUEROA compareció ante el referido Juzgado solicitando medida cautelar de embargo sobre las cuentas bancarias de la parte demandada, resolviendo el A-Quo admitiendo la solicitud de medida cautelar embargo solicitada; en consecuencia en fecha once de junio de dos mil catorce el Juzgado decretó el embargo sobre los bienes de la empresa mercantil MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES MAPRODI, S, DE R.L. y los bienes que la integran, nombrando un Juez ejecutor para ejecutar las diligencias.(Folios 10 Y 28 de la pieza separada de medida cautelar.). 3) Que en fecha veintinueve de enero de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, actuando en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil norteamericana WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL INC., solicitando se decrete la nulidad parcial del embargo ejecutado a la Empresa MAPRODI, S. DE R.L., manifestando que el Juez Ejecutor nombrado para embargar los bienes de MAPRODI, S. DE R.L., incluyó en el acta de bienes embargados, bienes que son propiedad de su representada, por lo que una vez decretada la nulidad solicitada se proceda a la devolución de los mismos. 4) Que en esa misma fecha el Juzgado en referencia resolvió: “… que la empresa WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL INC debe rendir una CAUCION por la cantidad de L. 2,600,252.61, cantidades que deben ser presentadas mediante garantía bancaria automáticamente renovable hasta la finalización del juicio, cumpliendo así con las disposiciones legales que para el caso garantía proceda la CAUCION, no procediendo por tanto a la nulidad enunciada por el compareciente, …” (Folios 231 al 233 de la pieza separada de medida cautelar) 5) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al conocer de los autos por apelación interpuesta por el Abogado EDWIN RIVAS ARAUJO, en fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, falló: “PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial que representa a la empresa Wood Products International, Inc, contra la resolución de fecha veintinueve de enero del año en curso (2015)…” (Folio 21 al 24 de la segunda pieza de antecedentes.) 6) Que el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal el quince de junio de dos mil quince, reclamando amparo a favor de su representada, afirmando que las resoluciones de fechas ocho y nueve de septiembre de dos mil catorce, dictadas por el Ad-quem y de que se han hecho referencia en los numerales que preceden, son violatorias de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha once de noviembre de dos mil quince. 7) Que en fecha treinta de noviembre de dos mil quince, esta Sala tuvo por evacuado el dictamen emitido por la Fiscal del Despacho Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien fue de la opinión porque: “SE DENIEGUE EL PRESENTE AMPARO”. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, que declara no ha lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de enero del año dos mil quince; con relación a la Solicitud de devolución de bienes ajenos embargados por error en la Demanda Laboral promovida por los señores KELVIN HERNANDEZ CRUZ y OTROS, contra la Sociedad Mercantil denominada MAPRODI S DE R.L DE C.V. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que el Tribunal esta vulnerando los derechos fundamentales de su representada puesto que se han presentado las pruebas relacionadas en cada uno de los hechos del presente recurso, en donde consta claramente que su representada es dueña de cada uno de los bienes que han sido embargados, como si los mismos fueran propiedad de la demandada, al no haberse fallado declarando con lugar el recurso de apelación y ordenando la devolución de los bienes, su cliente ha quedado en un estado de indefensión y más cuando se le esta ordenando rendir una garantía como si su poderdante le esta ocasionando daños a las partes en conflicto. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, pronunciándose en el sentido de que aunque la sociedad mercantil WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL, presentó documentos que acreditan ser la propietaria de 383,902 pies tableares de madera de pino, por otro lado también consta en el Expediten No.656 de primera instancia, la que a petición de parte fue traído a la vista del Ad-Quem, la existencia de documentos que acreditan la propiedad de dicha madera de pino a favor de la sociedad mercantil denominada MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONES S. de R. L. de C.V.; habiendo otorgado el Juzgado igual valor y eficacia probatoria a la documentación presentada; sumado a que no ha sido revertida la presunción que señala el Artículo 717 del Código Civil, referente a que el poseedor es reputado dueño de los bienes muebles, mientras otra persona no justifica serlo, lo cual se conoce como el derecho de propiedad en apariencia, en consecuencias por el momento no ha sido posible de acuerdo a lo constatado en autos determinar si la madera objeto de embargo es propiedad o no de la parte impetrante. Del análisis anterior el Ministerio Público determinó que en el presente caso de autos no se lesiona el debido proceso al que la recurrente hace referencia en su petición, pronunciándose que no se otorgue el amparo solicitado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia y su decisión de declarar parcialmente ha lugar el recurso de apelación básicamente en que, ante igual valor y eficacia probatoria de la documentación acompañada, por ahora no es posible determinar o singularizar si la madera embargada pertenece o no al impetrante. Así también señala la Corte de Apelaciones que siendo que la validez de los actos procesales se sustenta en la observancia de las reglas que al efecto dispone el debido proceso, estima que el embargo fue practicado observando tanto los momentos procesales como las formalidades que el mismo exige, según se aprecia del acta levantada al efecto; consecuentemente, no es posible atender la pretensión del recurrente en cuanto a declarar la nulidad parcial del embargo de la madera y consecuentemente su devolución. Señala en su sentencia que de la revisión de los autos se observa que el A-Quo fijó caución para el levantamiento del embargo un suma mayor a la establecida en el decreto de dicha medida, sin embargo ello no forma parte del recurso de apelación al no formularse alegatos en ese respecto. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 2. “REGLA DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN.”; de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda: “Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales Internacionales.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que al señalar la Corte de Apelaciones que “… por ahora no es posible determinar o singularizar si la madera embargada pertenece o no al impetrante…”; ni señalar cuando se podrá, su resolución no cumple con el deber de motivar y justificar probatoria y jurídicamente, su resolución. Para la suspensión provisional de un derecho constitucional se debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición y cuenta con garantías procesales. Dentro de las condiciones, está el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía, el derecho de controvertirla, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia. Condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta para decretar la suspensión provisional del derecho de Propiedad; dejándolo sin la disposición de sus bienes y en completa indefensión. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa así como el derecho a la propiedad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia, restituyendo los derechos conculcados; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCÍA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 565-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.