Sentencia AL-555-15 — Registro 6030
Resumen
Sentencia denegó recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de Primera Instancia en solicitud de devolución de bienes ajenos embargados por error en Demanda laboral para pago de prestaciones sociales y demás derechos adquiridos por despido indirecto promovida por Kelvin Hernández Cruz, Arcadio de Jesus Espinal, Alex Eduardo Pineda contra recurrente: La Autoridad recurrida consideró que no es posible determinar o singularizar si la madera embargada pertenece o no al impetrante, por lo que estimó que el embargo se practicó observando los momentos procesales y formalidades exigidas, en consecuencia no hay vulneración de derechos constitucionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"“al señalar la Corte de Apelaciones que “… por ahora no es posible determinar o singularizar si la madera embargada pertenece o no al impetrante…”; ni señalar cuando se podrá, su resolución no cumple con el deber de motivar y justificar probatoria y jurídicamente, su resolución. Siendo que a pesar de que le da la fuerza probatoria necesaria a la documentación acompañada, no hacen la distinción de la madera calidad de exportación ya procesada que reclama el impetrante, de la madera rústica, cuya propiedad acredita la parte demandada con sus facturas. Para la suspensión provisional de un derecho constitucional se debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición y cuenta con garantías procesales. Dentro de las condiciones, está el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía, el derecho de controvertirla, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia. Condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta para decretar la suspensión provisional suspensión del derecho de Propiedad; dejándolo sin la disposición de sus bienes y en completa indefensión..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa así como el derecho a la propiedad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada WOOD PRODUCTS INTERNACIONAL INC, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo Seccional de San Pedro Sula, Cortes en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, que declara no ha lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de enero del año dos mil quince; con relación a la Solicitud de devolución de bienes ajenos embargados por error en la Demanda Laboral promovida por los señores KELVIN HERNANDEZ CRUZ y OTROS, contra la Sociedad Mercantil denominada MAPRODI S DE R.L DE C.V.- Considerando el Recurrente que le han sido violentados a su cliente los Artículos 82 y 90 consagrados en la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince de octubre del año dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado EDGARDO FLORES FIGUEROA, Apoderado legal de los señores KELVIN HRNADEZ CRUZ, ARCADIO DE JESUS ESPINAL, ALEX EDUARDO PINEDA, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia para el pago de prestaciones Sociales y Derechos adquiridos, Preaviso, Cesantía causada y proporcional, así como cualquier otra indemnización salarial y otros conceptos económicos que se deban, Demanda Ordinaria Laboral que se promueve por despido indirecto. 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Resuelve: En consonancia a lo manifestado que la empresa WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL debe de rendir un CAUCION por la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (Lps 769,827.82) cantidades que deben ser presentadas mediante garantía bancaria automáticamente renovable hasta la finalización del presente juicio; cumpliendo así con las disposiciones legales que para el caso como garantía proceda la CAUCION señalada o procediendo por tanto nulidad enunciada por el compareciente si no el cumplimiento el precepto legal establecido en el articulo 782 del Código de Trabajo vigente…” (Folios (273) al (275) de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, (SIC) FALLA PRIMERO: “ DECLARANDO NO HA LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por el Apoderado Judicial que representa a la EMPRESA WORD PRODUCTS INTERNACIONAL, INC contra la resolución de fecha veintinueve de enero del año en curso (2015) en las diligencias realizadas en la pieza separada de la demanda laboral promovida por el Abogado EDGARDO FLORES FIGUEROA, en su condición de representante Procesal de los señores KELVIN HERNANDEZ CRUZ, ARCADIO DE JESUS ESPINAL y ALEX EDUARDO OINEDA, contra la empresa MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, MAPRODIS S de R.L DE C.V, en consecuencia se CONFIRMA la mencionada resolución.- SEGUNDO: SIN COSTAS por haber tenido el apelante motivos racionales para litigar ante esta instancia.- Y manda que en esta misma fecha se tenga por notificados en estrados del presente fallo a los apoderados de las partes en litigio de conformidad a los artículos 708 y 719.2 del Código del Trabajo; una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo, para los efectos legales pertinentes…” (Folios (28) al (31) de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que la recurrente Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, compareció ante este Tribunal, en fecha once de junio del año dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil Norte América denominada WOOD PRODUCTS INTERNCINAL INC, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintisiete de mayo del dos mil quince, es violatoria de lo amparado en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha once de noviembre de dos mil quince. 5) Que con fecha veintiséis de noviembre del dos mil quince, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción impetrada. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, que declara no ha lugar un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de enero del año dos mil quince; con relación a la Solicitud de devolución de bienes ajenos embargados por error en la Demanda Laboral promovida por los señores KELVIN HERNANDEZ CRUZ y OTROS, contra la Sociedad Mercantil denominada MAPRODI S DE R.L DE C.V. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, ya que el Tribunal se esta vulnerando los derechos fundamentales de su representada puesto que se han presentado las pruebas relacionadas en cada uno de los hechos del presente recurso, en donde consta claramente que su representada es dueña de cada uno de los bienes que han sido embargados, como si los mismos fueran propiedad de la demandada, al no haberse fallado declarando con lugar el recurso de apelación y ordenando la devolución de los bienes, su cliente ha quedado en un estado de indefensión y más cuando se le esta ordenando rendir una garantía como si su poderdante le esta ocasionando daños a las partes en conflicto. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, pronunciándose en el sentido de que aunque la sociedad mercantil WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL, presentó documentos que acreditan ser la propietaria de 383,902 pies tablares de madera de pino, por otro lado también consta en el Expediten No.656 de primera instancia, la que a petición de parte fue traído a la vista del Ad-Quem, la existencia de documentos que acreditan la propiedad de dicha madera de pino a favor de la sociedad mercantil denominada MANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERNACIONES S. de R. L. de C.V.; habiendo otorgado el Juzgado igual valor y eficacia probatoria a la documentación presentada; sumado a que no ha sido revertida la presunción que señala el Artículo 717 del Código Civil, referente a que el poseedor es reputado dueño de los bienes muebles, mientras otra persona no justifica serlo, lo cual se conoce como el derecho de propiedad en apariencia, en consecuencias por el momento no ha sido posible de acuerdo a lo constatado en autos determinar si la madera objeto de embargo es propiedad o no de la parte impetrante. Del análisis anterior el Ministerio Público determinó que en el presente caso de autos no se lesiona el debido proceso al que la recurrente hace referencia en su petición, pronunciándose que no se otorgue el amparo solicitado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia y su decisión de declarar parcialmente ha lugar el recurso de apelación básicamente en que, ante igual valor y eficacia probatoria de la documentación acompañada, por ahora no es posible determinar o singularizar si la madera embargada pertenece o no al impetrante. Así también señala la Corte de Apelaciones que siendo que la validez de los actos procesales se sustenta en la observancia de las reglas que al efecto dispone el debido proceso, estima que el embargo fue practicado observando tanto los momentos procesales como las formalidades que el mismo exige, según se parecía del acta levantada al efecto; consecuentemente, no es posible atender la pretensión del recurrente en cuanto a declarar la nulidad parcial del embargo de la madera y consecuentemente su devolución. Señala en su sentencia que de a revisión de los autos se observa que el A-Quo fijo caución para el levantamiento del embargo un suma mayor a la establecida en el decreto de dicha medida, sin embargo ello no forma parte del recurso de apelación al no formularse alegatos en ese respecto. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 2. “REGLA DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN.”; de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda: “Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales Internacionales.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que al señalar la Corte de Apelaciones que “… por ahora no es posible determinar o singularizar si la madera embargada pertenece o no al impetrante…”; ni señalar cuando se podrá, su resolución no cumple con el deber de motivar y justificar probatoria y jurídicamente, su resolución. Siendo que a pesar de que le da la fuerza probatoria necesaria a la documentación acompañada, no hacen la distinción de la madera calidad de exportación ya procesada que reclama el impetrante, de la madera rústica, cuya propiedad acredita la parte demandada con sus facturas. Para la suspensión provisional de un derecho constitucional se debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición y cuenta con garantías procesales. Dentro de las condiciones, está el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, y como garantía, el derecho de controvertirla, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia. Condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta para decretar la suspensión provisional suspensión del derecho de Propiedad; dejándolo sin la disposición de sus bienes y en completa indefensión. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, NO se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa así como el derecho a la propiedad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia, restituyendo los derechos conculcados; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCÍA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 555-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.