Sentencia AL-512-16 — Registro 9829
Resumen
Demanda ordinaria laboral, recurrente se aprecia que se opone al acto reclamado por ser del parecer que la Alzada no estimó la procedencia de los incidentes de falta capacidad procesal del demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando además esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal"...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., trece de septiembre del año dos mil dieciséis.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL, en fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis, que confirma la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil dieciséis, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JOSÉ IBRAHAN REYNA ORTIZ, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones que ha formulado el recurrente se aprecia que se opone al acto reclamado por ser del parecer que la Alzada no estimó la procedencia de los incidentes de falta capacidad procesal del demandante, al no existir entre su representada y el demandante contratos de trabajo sino que lo que existió fue prestación de servicios a través de su microempresa.- CONSIDERANDO: Que del estudio de su escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente invoca como violentada con el acto que contra el cual reclama, entre otros los derechos reconocidos en los Artículos 82, 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que el Ad-quem procede a confirmar la desestimación de la falta de capacidad procesal del demandante, toda vez que corren agregados en autos los contratos de trabajo que fueron firmados por la demandada y al estar dirigida la demanda contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, se determina la titularidad del derecho que se exige, así mismo indicó la Alzada que no procede la falta de representación de la demandada al comparecer mediante su Apoderado haciendo uso del poder conferido, aceptando someterse a la jurisdicción y competencia de dicho órgano jurisdiccional.- CONSIDERANDO: Que de los antecedentes del estudio y del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada, puede apreciarse que los incidentes planteados por el recurrente fueron resueltos respetando el procedimiento regulado por la ley con lo cual estima esta Sala que el acto reclamado no vulnera las garantías y derechos invocados por el repitente.-CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo, que la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, la garantía constitucional que se invoca como violada, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando además esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL, en fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil dieciséis; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Resolución de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0512-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL