Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-454-15 — Registro 9828

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada que confirmó el auto interlocutorio apelado, presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral. La Labor que realizaba como oficial jurídico pertenece al contrato de trabajo no a contrato por servicios profesionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que como antecedente se debe mencionar que, en la audiencia primera de trámite, celebrada en fecha 30 de septiembre de dos mil catorce, la parte demandada interpuso incidente de declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal, resolviendo el Aquo el cuatro de febrero de dos mil quince, declarando SIN LUGAR la cuestión incidental de DECLINATORIA POR INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL. CONSIDERANDO (4): Que el Ad-quem en fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, falló confirmando la sentencia recurrida. Contra esta sentencia se recurre en amparo alegando la vulneración de los artículos 64, 82, 90 párrafo primero y 106 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que de la revisión de los antecedentes, así como de la sentencia de instancia, observa esta Sala que tanto el A-quo como el Ad-quem, han seguido y aplicado un criterio jurisprudencial de la Sala laboral Contencioso administrativa, criterio que es avalado por esta Sala de lo Constitucional, el cual consiste en que, cuando se trata de contratos de servicios profesionales y técnicos, debe entenderse que se prestan servicios profesionales específicos, verbigracia, asesorías y dirección técnica, coordinación técnica, preparación de términos de referencia, supervisión técnica de obras etc, actividades que requieren una preparación profesional especializada, lo cual no ocurre en el presente caso, en tanto en cuanto es excluyente con la realización de la labor que realizaba el trabajador demandante, quien se desempeña como asesor legal, llámese en esa institución oficial jurídico, devengando el salario establecido en el Arancel del Profesional del Derecho. Que al haberse acreditado en las audiencias respectivas que se trata de la ejecución de una función permanente en esa institución como ser emisión de dictámenes y opiniones jurídicas, formulación de contratos de arrendamientos, evacuación de consultas legales atinentes a la Secretaría de Seguridad, etc; y que la plaza de oficial jurídico permanece de manera indefinida en la institución, constando en los contratos firmados los requisitos de subordinación, la prestación de servicio laboral y un salario como retribución del servicio prestado, por lo que en vista de ser aplicable el artículo 20 del Código del Trabajo, se esta ante una serie de contratos de trabajos firmados por las partes de manera continua, concluyéndose que la jurisdicción competente para conocer el presente caso es la laboral, tal y como lo han manifestado los órganos jurisdiccionales recurridos. La Sala observa que no se trata de contratos de obras públicas, suministros de bienes o servicios que celebren los órganos de la administración pública, centralizada y descentralizada, sino que de contrato de trabajo. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 665 del Código del Trabajo, dispone que la jurisdicción del trabajo está instituida, para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del CONTRATO DE TRABAJO. En ese sentido, se considera que no existe la vulneración a los artículos constitucionales citados, en virtud de que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones de quejoso quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa, y se debe mencionar que éste no es privativo de la parte demandante, sino también del demandado. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, específicamente con respecto a la excepción propuesta, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 872 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que de la revisión de los antecedentes, así como de la sentencia de instancia, observa esta Sala que tanto el A-quo como el Ad-quem, han seguido y aplicado un criterio jurisprudencial de la Sala laboral Contencioso administrativa, criterio que es avalado por esta Sala de lo Constitucional, el cual consiste en que, cuando se trata de contratos de servicios profesionales y técnicos, debe entenderse que se prestan servicios profesionales específicos, verbigracia, asesorías y dirección técnica, coordinación técnica, preparación de términos de referencia, supervisión técnica de obras etc, actividades que requieren una preparación profesional especializada, lo cual no ocurre en el presente caso, en tanto en cuanto es excluyente con la realización de la labor que realizaba el trabajador demandante, quien se desempeña como asesor legal, llámese en esa institución oficial jurídico, devengando el salario establecido en el Arancel del Profesional del Derecho. Que al haberse acreditado en las audiencias respectivas que se trata de la ejecución de una función permanente en esa institución como ser emisión de dictámenes y opiniones jurídicas, formulación de contratos de arrendamientos, evacuación de consultas legales atinentes a la Secretaría de Seguridad, etc; y que la plaza de oficial jurídico permanece de manera indefinida en la institución, constando en los contratos firmados los requisitos de subordinación, la prestación de servicio laboral y un salario como retribución del servicio prestado, por lo que en vista de ser aplicable el artículo 20 del Código del Trabajo, se esta ante una serie de contratos de trabajos firmados por las partes de manera continua, concluyéndose que la jurisdicción competente para conocer el presente caso es la laboral, tal y como lo han manifestado los órganos jurisdiccionales recurridos. La Sala observa que no se trata de contratos de obras públicas, suministros de bienes o servicios que celebren los órganos de la administración pública,  centralizada y descentralizada, sino que de contrato de trabajo.."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de septiembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, que confirmó el auto interlocutorio apelado, presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. Estima el recurrente que el acto reclamado violenta a su representado el artículo 64, 82, 90 primer párrafo y 106 todos de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR, en su condición personal, interponiendo demanda ordinaria laboral contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. (Folios 01 al 05 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en el referido Juzgado, en la audiencia primera de trámite, celebrada en fecha 30 de septiembre de dos mil catorce la parte demandada interpuso incidente de declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal, resolviendo el A-quo el cuatro de febrero de dos mil quince declarando SIN LUGAR la cuestión incidental de DECLINATORIA POR INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, en fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, FALLA: 1º CONFIRMANDO TOTALMENTE el auto interlocutorio apelado y dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de febrero del año dos mil quince; 2º SIN COSTAS en esta instancia…”. (Folios 40, 45 y 46 de la segunda pieza de antecedentes). 4) El recurrente Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de mayo del año dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, los artículos 64, 82, 90 y 364 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciocho de agosto de dos mil quince. 5) Que con fecha dos de septiembre de dos mil quince, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que de la revisión de los antecedentes se observa que la acción de amparo incoada ha sido interpuesta contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, que confirmó el auto interlocutorio apelado, presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor FRANKLIN YOVANY SANCHEZ AMADOR contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SEGURIDAD. CONSIDERANDO (3): Que como antecedente se debe mencionar que, en la audiencia primera de trámite, celebrada en fecha 30 de septiembre de dos mil catorce, la parte demandada interpuso incidente de declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal, resolviendo el Aquo el cuatro de febrero de dos mil quince, declarando SIN LUGAR la cuestión incidental de DECLINATORIA POR INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL. CONSIDERANDO (4): Que el Ad-quem en fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, falló confirmando la sentencia recurrida. Contra esta sentencia se recurre en amparo alegando la vulneración de los artículos 64, 82, 90 párrafo primero y 106 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que de la revisión de los antecedentes, así como de la sentencia de instancia, observa esta Sala que tanto el A-quo como el Ad-quem, han seguido y aplicado un criterio jurisprudencial de la Sala laboral Contencioso administrativa, criterio que es avalado por esta Sala de lo Constitucional, el cual consiste en que, cuando se trata de contratos de servicios profesionales y técnicos, debe entenderse que se prestan servicios profesionales específicos, verbigracia, asesorías y dirección técnica, coordinación técnica, preparación de términos de referencia, supervisión técnica de obras etc, actividades que requieren una preparación profesional especializada, lo cual no ocurre en el presente caso, en tanto en cuanto es excluyente con la realización de la labor que realizaba el trabajador demandante, quien se desempeña como asesor legal, llámese en esa institución oficial jurídico, devengando el salario establecido en el Arancel del Profesional del Derecho. Que al haberse acreditado en las audiencias respectivas que se trata de la ejecución de una función permanente en esa institución como ser emisión de dictámenes y opiniones jurídicas, formulación de contratos de arrendamientos, evacuación de consultas legales atinentes a la Secretaría de Seguridad, etc; y que la plaza de oficial jurídico permanece de manera indefinida en la institución, constando en los contratos firmados los requisitos de subordinación, la prestación de servicio laboral y un salario como retribución del servicio prestado, por lo que en vista de ser aplicable el artículo 20 del Código del Trabajo, se esta ante una serie de contratos de trabajos firmados por las partes de manera continua, concluyéndose que la jurisdicción competente para conocer el presente caso es la laboral, tal y como lo han manifestado los órganos jurisdiccionales recurridos. La Sala observa que no se trata de contratos de obras públicas, suministros de bienes o servicios que celebren los órganos de la administración pública, centralizada y descentralizada, sino que de contrato de trabajo. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 665 del Código del Trabajo, dispone que la jurisdicción del trabajo está instituida, para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del CONTRATO DE TRABAJO. En ese sentido, se considera que no existe la vulneración a los artículos constitucionales citados, en virtud de que dentro del proceso se ha dado respuesta a las pretensiones de quejoso quien ha hecho uso de los medios y mecanismos legales en las etapas procesales correspondientes, ello en procura del derecho reclamado y de la oposición formulada. Se ha observado el derecho de defensa, y se debe mencionar que éste no es privativo de la parte demandante, sino también del demandado. Sumado a lo anterior, queda evidenciado que tanto el A-quo como el Ad-quem han respetado el debido proceso laboral, dando respuesta pronta y oportuna a las partes aplicando las disposiciones legales correspondientes al caso, específicamente con respecto a la excepción propuesta, razón por la cual es procedente denegar el amparo de mérito. POR TANTO: La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO OLIVERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, que confirmó el auto interlocutorio apelado, presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 0454-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.