Sentencia AL-441-14 — Registro 9827
Resumen
demanda ordinaria laboral para que se le reconozca el carácter de permanencia de trabajador y como consecuencia el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto. Sala considera no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vinculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza administrativa, y que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación deben ser conocidas y resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no en la laboral tal y como se ha planteado.CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el a-quo en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil trece (2013), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda.CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de mérito, se circunscribe a determinar si la jurisdicción laboral es o no competente para conocer del mismo.CONSIDERANDO SIETE (7): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.CONSIDERANDO OCHO (8): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar ordenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo ”.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b)La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen ”.CONSIDERANDO DIEZ (10):Que consta en el expediente que la parte demandada, entre los medios allegados al proceso en relación al incidente de Declinatoria, acredita contratos de servicios profesionales, suscritos entre las partes, mismos que en la cláusula Octava establecen que: “Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción”.CONSIDERANDO ONCE (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aún cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos.CONSIDERANDO DOCE (12): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No esta supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un titulo facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No esta sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna.CONSIDERANDO TRECE (13): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo.CONSIDERANDO CATORCE (14): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.CONSIDERANDO QUINCE (15): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos.CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERNADO DIECIOCHO (18):Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que de conformidad, condiciones y disposiciones contenidas en el contrato suscrito ente las partes intervinientes en el presente caso de estudio, estamos ante un contrato de trabajo que sobresalen los requisitos o elementos esenciales, tipificados o establecidos en el Artículo 20 del Código de Trabajo, cuya relación jurídica esta regida por la normativa laboral; y, en consecuencia determina que su conocimiento y competencia corresponde al Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento. El trabajador goza de la protección del Estado en la forma prevista por la Constitución de la República, Artículo 129; y, de las leyes; esto por un lado; y, por otro el trabajo es esencialmente obligatorio y toda persona tiene derecho a que no se le impida trabajar; por consiguiente, al trabajador debe concedérsele preservar sus derechos y dirimir los conflictos de acuerdo a lo que establece la ley que rige la materia o actividad laboral; y, en el caso concreto de estudio, con todos los criterio antes descritos el reclamo del demandante se ubica bajo la competencia o régimen del Código de Trabajo"...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 872 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil dieciséis.VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por la AbogadaNADYA LILIANA HERNANDEZa favor del ESTADO DE HONDURAS,contra la resolucióndictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha seis de marzodel año dos mil catorce,que declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto y confirma el auto interlocutorio emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veinticuatro de enero del año dos mil catorce, en relación a un incidente de declinatoria por falta de jurisdicción alegado en la demanda promovida por el señor MIGUEL ANGEL MARTINEZ PINEDA contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representadolosArtículos 82, 90 y 106de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve de abril del año dos mil trece, comparecióante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, el señorMIGUEL ANGEL MARTINEZ PINEDA, promoviendo demanda ordinaria laboral para que se le reconozca el carácter de permanencia de trabajadory como consecuencia el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto; a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta que con sujeción a las normas procesales vigentes del Código del Trabajo, la sentencia condenatoria quede firme, así como las costas en contra de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION. 2)Que en Audiencia de Conciliación celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil trece, la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ representante procesal del Estado de Honduras, opuso incidente de declinatoria por falta de jurisdicción del Tribunal, en consecuencia el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN en la Continuación de la Audiencia Primera de Tramite celebrada en fecha veinticuatro de enero del año dos mil catorce,emitió el fallosiguiente: “I.- Declarar SIN LUGAR EL INCIDENTE POR DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCION DEL TRIBUNAL opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada (Estado de Honduras), a través de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; contra la Demanda Ordinaria Laboral para que se reconozca el carácter de permanencia del trabajador y como consecuencia el pago de prestaciones e Indemnizaciones Laborales por despido directo, ilegal e injusto; a titulo de Daños y Perjuicios los Salarios Dejados de Percibir desde el momento de mi despido hasta que con sujeción a las Normas Procesales vigentes del Código del Trabajo. …” (Folios 97 al 101 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por la AbogadaNADYA LILIANA HERNANDEZ, a favor delESTADO DE HONDURAS, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DELDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha seis de marzo del año dos mil catorce, dictó el siguiente fallo: “1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la AbogadaNADYA LILIANA HERNANDEZ,actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandada.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 24 de enero del año 2014, que corre a folios 24, 25, 26, 27 y 28 de la pieza compulsada.- …” (Folios 36 al 38 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que la recurrente AbogadaNADYA LILIANA HERNANDEZcompareció ante este Alto Tribunal, en fecha cinco de mayodel año dos mil catorce, interponiendo acción Constitucional de Amparo a favor delESTADO DE HONDURAS, contra la sentenciadictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DELDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha seis de marzo del año dos mil catorce de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede; la cual considera violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 106de la Constitución de la República.Teniéndose por formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional en fecha quince de agostodel año dos mil catorce.5) Que con fecha once de septiembre del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través del Fiscal del Despacho AbogadaYULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión “Que se Deniegue” el presente amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista. CONSIDERANDO UNO (1):Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo del año dos mil catorce, que declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto y confirma el auto interlocutorio emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha veinticuatro de enero del año dos mil catorce, en relación a un incidente de declinatoria por falta de jurisdicción alegado en la demanda promovida por el señor MIGUEL ANGEL MARTINEZ PINEDA contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN.CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, muestra su disconformidad con el auto interlocutorio que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, el derecho al debido proceso consagrado en los Artículos 82, 90 y 106 de la Constitución de la República, por cuanto de conformidad a nuestra normativa laboral administrativa, no se puede contemplar como empleado regular, por haber ejercido una labor en forma temporal, regidas por las clausulas del contrato de Servicios Profesionales, suscrito con su representado, en la que consta el inicio de su labor en la sede administrativa y su finalización; de lo anterior de deduce que los servidores públicos temporales que acuden erróneamente a la instancia del Juzgado de Trabajo, están fuera del alcance de la protección que brinda el Código de Trabajo, pues los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o Técnicos celebrados, se colige la existencia de ciertas clausulas contractuales, las cuales son el cuerpo que regula la prestación del servicio de las partes y el ente administrativo que entre ellas esta la fecha de inicio y finalización. Las que son de amplio conocimiento de la demandante.En el caso de la reclamación indebida de prestaciones y salarios caídos por parte del ahora demandante, no es competente para conocer de la solicitud de mérito el Juzgado de Letras del Trabajo, sino que de conformidad a lo establecido en la legislación aplicable vigente, el conocimiento de la misma corresponde al Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; la Corte de Apelaciones del Trabajo desconoció el derecho de defensa del Estado de Honduras, debido a que al conocer el Tribunal Colegiado la controversia erró en la interpretación y aplicación de la ley, terminó vulnerando los derechos del estado de Honduras; y, por consiguiente el debido proceso.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, la parte demandada ha opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal ante quien se hubiere planteado la demanda, arguyendo que el vinculo contractual que ha existido entre las partes es de naturaleza administrativa, y que por lo tanto las controversias derivadas de su aplicación deben ser conocidas y resueltas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y no en la laboral tal y como se ha planteado.CONSIDERANDO CINCO (5): Que bajo esa panorámica, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el ad-quem, vulnera o no la garantía constitucional alegada por el recurrente; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente confirmar el auto interlocutorio dictado por el a-quo en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil trece (2013), resolución por la cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente interpuesto por la parte demandada, referido a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda.CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional estima que el fondo del asunto en el caso de mérito, se circunscribe a determinar si la jurisdicción laboral es o no competente para conocer del mismo.CONSIDERANDO SIETE (7): Que tal y como esta Sala de lo Constitucional lo ha referido en otras ocasiones, el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso sub judice, el peticionario lo relaciona con lo preceptuado por los Artículos 2 Nº 2 del Código del Trabajo y 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.CONSIDERANDO OCHO (8): Que resulta prudente por parte nuestra, hacer algunas acotaciones respecto del asunto que nos ocupa, así tenemos en primer lugar, que de acuerdo con nuestra normativa laboral, por contrato individual de trabajo debemos entender “aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar ordenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiere al trabajo[1]”.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que para la existencia de un contrato de trabajo se requiere la concurrencia de tres elementos: “a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por el mismo; b)La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de ordenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantener por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen[2]”.CONSIDERANDO DIEZ (10):Que consta en el expediente que la parte demandada, entre los medios allegados al proceso en relación al incidente de Declinatoria, acredita contratos de servicios profesionales, suscritos entre las partes, mismos que en la cláusula Octava establecen que: “Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción”.CONSIDERANDO ONCE (11): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores y dado que el recurrente plantea la existencia de contratos profesionales, mismos que asegura a la luz de la controversia plantada por el demandante, se deben dilucidar bajo la egida de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y no de la laboral; menester es por parte nuestra señalar que debemos entender por “servicio profesional” el cual esta referido al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aún cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos.CONSIDERANDO DOCE (12): Que señalado lo anterior debemos dejar sentado que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No esta supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un titulo facultativo y autorización legal para prestarlos, amen de estar colegiado; d) No esta sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna.CONSIDERANDO TRECE (13): Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo; en ese orden de ideas y al tenor de lo señalado en el acápite anterior, podemos estimar que respecto de la relación suscitada entre las partes, la misma no encuadra en la categoría de prestación de servicios profesionales, razón por la cual no será entonces permisible que la jurisdicción laboral se inhiba del conocimiento de tal asunto y con ello derivar el conocimiento de la cuestión al orden administrativo.CONSIDERANDO CATORCE (14): Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho.CONSIDERANDO QUINCE (15): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos.CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERNADO DIECIOCHO (18):Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que de conformidad, condiciones y disposiciones contenidas en el contrato suscrito ente las partes intervinientes en el presente caso de estudio, estamos ante un contrato de trabajo que sobresalen los requisitos o elementos esenciales, tipificados o establecidos en el Artículo 20 del Código de Trabajo, cuya relación jurídica esta regida por la normativa laboral; y, en consecuencia determina que su conocimiento y competencia corresponde al Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento. El trabajador goza de la protección del Estado en la forma prevista por la Constitución de la República, Artículo 129; y, de las leyes; esto por un lado; y, por otro el trabajo es esencialmente obligatorio y toda persona tiene derecho a que no se le impida trabajar; por consiguiente, al trabajador debe concedérsele preservar sus derechos y dirimir los conflictos de acuerdo a lo que establece la ley que rige la materia o actividad laboral; y, en el caso concreto de estudio, con todos los criterio antes descritos el reclamo del demandante se ubica bajo la competencia o régimen del Código de Trabajo.CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.CONSIDERANDO VEINTIDOS (22):Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio,se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDADDE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, (Antigua SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN) contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN de fecha seis de marzo del año dos mil catorce.-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 0441-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1]Articulo 19 del Código del Trabajo.
[2]Articulo 20 del Código del Trabajo.