Sentencia AL-423-13 — Registro 6207
Resumen
Resolución declaró sin lugar Recurso de Apelación y confirmó auto interlocutorio que declaró sin lugar excepciones de Litispendencia y Falta de Jurisdicción por compromiso arbitral en demanda ordinaria laboral para que se declare un contrato de trabajo por tiempo indeterminado promovida contra recurrente; La Autoridad recurrida considera que las controversias jurídicas originadas entre patronos y trabjadores quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo velando el cumplimiento del Principio de Gratuidad contrario a la justicia arbitral que resulta onerosa al ser impartida por las Cámaras de Comercio en base a la Ley de Conciliación y Arbitraje
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"a Sala de lo Constitucional, establece que el fondo del asunto en el caso de mérito lo constituye la inadmisibilidad de la excepción dilatoria de arbitraje, reflejada en la sentencia dictada por el Ad-Quem, y ponderar si con las misma se vulnera las garantías constitucionales invocadas. La Ley de Conciliación y Arbitraje, establece mecanismos de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral, se entiende entonces que solo podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan libre disposición, en el caso de merito se constata en autos que la parte demandante celebró con la parte demandada el llamado “Contrato de Miami”, por el cual han acordado las denominadas “prestaciones accesorias”, contentivas de especificaciones de tipo mercantil y laboral, estipulándose para ello que cualquier disputa que involucrara a las partes, sus herederos y causahabientes, “seria resuelta mediante un proceso de arbitraje”; estima esta Sala que al tenor de lo pactado en el referido contrato, su contenido pierde eficacia cuando se trata de denunciar la falta de jurisdicción de los órganos jurisdiccionales laborales, y ello se estila así puesto queal tenor de lo preceptuado en el articulo tres (3) del Código del Trabajo, mismo que señala:...en ese orden de ideas podemos entonces colegir que la referida cláusula arbitral de carácter laboral pierde su eficacia ante la citada norma, y siendo evidente que en el caso de mérito, la interposición de la excepción dilatoria de arbitraje por la parte demandada, tenia por objeto evitar que el Juzgado del Trabajo conociese del litigio, por considerar que el mismo debía ser sometido a los procedimientos de la Ley de Conciliación y Arbitraje; argumento que estimamos no resulta válido para esta Sala en razón de lo anteriormente expuesto; en ese orden de ideas es criterio de esta Sala, que la decisión del Tribunal Ad-Quem no significa que se haya violentado o desconocido el acuerdo arbitral plasmado en el llamado “Contrato de Miami”, y esto se estima así porque como ya se dejó establecido, en el caso de mérito de lo que se trata es una demanda ordinaria laboral interpuesta contra la referida sociedad; cabe recordar al respecto que el articulo ocho(8) del Código del Trabajo establece que: “En caso de conflicto entre las leyes del trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras…..”, por lo que si se diera un conflicto de leyes entre las normativas del Código de Trabajo y la de Ley de Conciliación y Arbitraje, la preeminencia la tendría la normativa laboral, además de que el articulo 665 del Código del Trabajo, establece que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y siendo que en el caso de mérito como ya se dejó apuntado anteriormente lo que se ha entablado es una demanda ordinaria laboral, por lo tanto es a esa jurisdicción a la que le corresponde conocer y dilucidar el presente asunto..."..."la Ley de Conciliación y Arbitraje, establece mecanismos de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral, se entiende entonces que solo podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan libre disposición, lo cual refleja una variable restrictiva cuando se refiere a la existencia de una relación jurídica laboral: “… cuyos efectos se proyectan durante la vida de la misma, no existe sin la presencia previa del acuerdo de voluntades”,[1] lo cual es reconocido en la doctrina consultada, pues si la concepción civilista de contrato centra su regulación en éste primer aspecto del contrato de trabajo (como acuerdo de voluntades); el Estatuto de los Trabajadores, mientras tanto, pondría el acento en la relación jurídica nacida del contrato de trabajo: “… a la que regula, desde su nacimiento, hasta su extinción”.[2]..."..."si bien es cierto la Constitución de la República en el Artículo 110 manda: “Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” Y en consonancia con lo anterior en su Artículo 139 la Carta Magna también señala que: “El Estado tiene la obligación de promover, organizar y regular la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo.” También es cierto que la misma Constitución en sus Artículos 128, 134 y 303 manda: “Artículo 128. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que implique renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 15. El Estado tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores.” “Artículo 134. Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. La Ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos que hayan de ponerla en práctica.” “Artículo 303. La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados, y demás dependencias que señale la Ley. En ningún juicio habrá más de dos instancias; el juez o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una de ellas, no podrá conocer en la otra, ni en recurso extraordinario en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Tampoco podrán juzgar en una misma causa los cónyuges y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.”..."el derecho del trabajo contiene algunos principios que se encuentran codificados en nuestra legislación, como ser el principio de primacía de la realidad, sobre este nos señala el Doctor Olvin E. Rodríguez[4], que en este nos encontramos ante la situación de que es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades lo que hacer el trabajador se encuentre amparado por el Derecho del Trabajo, esta postura de que el contrato de trabajo tiene un existencia, no en virtud del acuerdo abstracto de las voluntades de las partes, en este caso, el denominado “Acuerdo de Miami”, sino en la prestación del servicio, esta ultima situación es la que determina su existencia. Por lo que no se pueden reducir los derechos que posean los trabajados aunque se haya pactado lo contrario, en este caso, la imposibilidad de acudir a la vía judicial, derecho de orden público y no negociable en su disminución, adherido a estos, el principio de la regla de la condición más beneficiosa, el que hace referencia al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, en este paso ambos con arraigo constitucional, y uno desarrollado en el Código de Trabajo, mientras que el otro dado en una Clausula Arbitral posterior al surgimiento de la relación laboral, pero que establece condiciones menos favorables, por lo oneroso de dicho proceso, adicional a la aceptación de la jurisdicción laboral al presentar sus acciones los trabajadores, situación que no puede desconocer el A-Quo...."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 28 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 63 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 134 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 139 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 803 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 807 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de abril del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado Rodrigo Adalberto Discua Rodríguez, a favor de la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A., contra la resolución dictada en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, fallo mediante el cual se confirmó por mayoría de votos el auto interlocutorio dictadoen fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013); por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la excepción de falta de jurisdicción por compromiso arbitral opuestas a las demandas acumuladas bajo número 761-12 de los señores Leonel Saleh Kafati Bichara, Gabriel Leonardo Kafati FortínY Leonel Fernando Kafati Fortín, contraídas a obtener que en sentencia definitiva le sean declarados por tiempo indefinido los contratos de trabajo de nivel gerencial que por tiempo limitado celebraron con la Empresa Gabriel Kafati S.A..- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de agosto del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el abogado Jorge Fabián Cora Lobo interponiendo tres demandas: 1) En su condición de representante procesal del señor Leonel Saleh Kafati Bichara; 2)En su condición de representante procesal del señor Gabriel Leonardo Kafati Fortín; y 3) En su condición de representante procesal del señor Leonel Fernando Kafati Fortín,todas DemandasOrdinariasLaborales para que se declare un contrato de trabajo por tiempo indeterminado en vista de ser una labor permanente y continua, contra la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A.a través de su Presidente y Representante Legal señorJesús Kafati Kafati.-2)Que habiendo sido admitidas las demandas arriba relacionadas, en fecha diez (10) de octubre del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán resolvió (sic) “…,teniendo a la vista los expedientes 761-2012, 764-2012, 765-2012, y siendo que fueron interpuestos contra el mismo Demandado y que las acciones entabladas son idénticas como ser que se declare un Contrato de Trabajo por Tiempo Indeterminado, consecuentemente en vista de que los tres expedientes se encuentran en el mismo estado procesal; Decrétese la acumulación de los autos de los expedientes 765-2012, y 764-2012, al Expediente 791-2012, por ser este ultimo el mas antiguo a fin de que formen un solo juicio y terminen en una sola sentencia, manteniendo la continuidad y unidad de la causa; y en cuanto al expediente 951-2012, sin lugar la acumulación por no ser la acción entablada idéntica a las anteriores.”. (Folios 12, 25, 38 y 39 del Tomo I delaprimera pieza de los antecedentes).- 3)Que en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013), continuado que fue el proceso, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto interlocutorio mediante el cual resolvió declarar Sin Lugar las excepciones procesales de litispendencia y falta de jurisdicción por compromiso arbitral,interpuestas por el representante procesal de la parte demandada. (Folios 211 al 215del Tomo I de la primera pieza de los antecedentes).- 4) Que en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado Rodrigo Adalberto Discua Rodríguez,en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A., contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, dictó sentencia mediante la cual fallódeclarando Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto y confirmó la resolución recurrida. (Folios222 al 225 de la segunda pieza de los antecedentes).- 5) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil trece (2013), el recurrente abogadoRodrigo Adalberto Discua Rodríguez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A., por considerar que la decisión del Tribunal ad-quem, de fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), es violatoria de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 82, 90, 92, 110, 205, 313 y 316 de la Constitución de la República. En fecha dos (2) de octubre del año dos mil trece (2013), la Sala tuvo por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenado la continuación del trámite en virtud de haber interpuesto la acción el recurrente de manera puntual, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen.-6) Que en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil trece (2013), la abogada Karla Patricia García Arita, actuando en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial Para la Defensa de la Constitución emitió dictamen siendo del parecer porque NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto por no existir la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista, en virtud de los siguientes fundamentos jurídicos: a) Que de un análisis de las resoluciones emitidas, tanto por el Juzgado A Quo como por el Ad-Quem, se aprecia que ya el artículo 3 del Código del Trabajo manda: “Que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”. Asimismo, los artículos 60 y 128 constitucionales establecen que las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, por lo que son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen la renuncia, disminución, restricción o tergiversación de garantías; sometiéndose a la jurisdicción del trabajo las controversias jurídicas que se originen entre el trabajador y el patrono, acordeel artículo 134 del Código del Trabajo. b)Que constituye fundamento en la causa, aunado al principio de irrenunciabilidad antes invocado, el principio de gratuidad, según el cual el derecho del trabajo responde a la idea de nivelar desigualdades, como la posición de desventaja que tiene el trabajador frente al patrono. Por ende, es parecer de la Fiscal Dictaminadora, que no existe vulneración de ningún precepto constitucional y no debe otorgarse el presente recurso de amparo.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO(2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO(3): Que se conoce en esta vía constitucional la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), mediante la cual se declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto Interlocutorio dictado en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación demanda ordinaria laboral promovida por el abogado Jorge Fabián Corea Lobo,en su condición de representante procesal de los señores Leonel Saleh Kafati Bichara,Gabriel Leonardo Kafati Fortín Y Leonel Fernando Kafati Fortín, contra Gabriel KafatiS.A., por medio de su Presidente y Representante Legal el Señor Jesús Kafati Kafati.-CONSIDERANDO(4): Que el recurrente abogado Rodrigo Adalberto Discua Rodríguez, en la interposición del recurso, manifiesta que el Tribunal Ad-Quem, en perjuicio de sus representados ha violentado el contenido de los artículos 90, 110, 205 y 313 de la Constitución de la República; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, al declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto, y consecuentemente declarar Sin Lugar la excepción de falta de jurisdicción por compromiso arbitral opuesta, con ello ha concitado las invocadas vulneraciones constitucionales; señala que en el caso de autos ya la competencia y la jurisdicción habían sido predeterminadas por las partes, quienes en el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y acogiéndose a lo preceptuado por el articulo 110 de la Constitución de la República, celebraron el llamado “Contrato de Miami”, el que en su Clausula Segunda Apartado 5, estableció el vendedor como condiciones para la venta las denominadas “prestaciones accesorias”, mismas que tienen un carácter tanto mercantil como laboral, y que se instituyen a favor de él y dos terceros denominados “los descendientes”, es decir sus hijos, hoy demandantes, estipulándose que cualquier disputa que involucrara a las partes, sus herederos y causahabientes, “seria resuelta mediante un proceso de arbitraje conducido por tres árbitros con sujeción a las leyes de Honduras y conforme a los reglamentos de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, renunciando expresamente a concurrir a los tribunales comunes. El laudo o decisión arbitral será definitivo, final e irrevocable y constituirá un fallo vinculante”; en ese sentido aduce el recurrente que dado que el compromiso arbitral contenido en “el contrato de Miami” no ha sufrido merma en su validez y efectividad, amen de no constar que el referido acuerdo haya sido anulado por algún tribunal y desentendiéndose de que los contratantes no estaban instituyendo una jurisdicción de excepción a la estatal existente, pues la Jurisdicción del Arbitramiento ya estaba instituida por el referido artículo 110 constitucional, que se apoya en los tratados internacionales requeridos por el mundo moderno para la expedita solución de las controversias; por lo que no podía la Corte de Apelaciones, sustituir la autonomía de la voluntad de ninguno de los contratantes y declarar por si, la nulidad exofficio de lo que estos jamás impugnaron. Por lo que debe ser declarada con lugar la excepción de falta de jurisdicción por compromiso arbitral.-CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO(7): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, basa su sentencia, señalando que al tenor de lo preceptuado en el artículo 134 de la Constitución de la República, esto es: “Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores….”; por lo que en ningún tiempo se podrán crear órganos jurisdiccionales de excepción, y que en cuanto al sometimiento al arbitraje contenido en contratos de diversa naturaleza, los mismos se han venido sometiendo a la justicia gratuita que imparte el Estado, y por otro lado la justicia arbitral resulta onerosa cuando se imparte por parte, por ejemplo, de las Cámaras de Comercio, resultando muchas veces que no se cumple a cabalidad su cometido, situación que no se da cuando hay un sometimiento a la justicia gratuita impartida por el Estado.-CONSIDERANDO(8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO(10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO(11): Que después de una minuciosa revisión de los antecedentes, la Sala de lo Constitucional, establece que el fondo del asunto en el caso de mérito lo constituye la inadmisibilidad de la excepción dilatoria de arbitraje, reflejada en la sentencia dictada por el Ad-Quem, y ponderar si con las misma se vulnera las garantías constitucionales invocadas. La Ley de Conciliación y Arbitraje, establece mecanismos de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral, se entiende entonces que solo podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan libre disposición, en el caso de merito se constata en autos que la parte demandante celebró con la parte demandada el llamado “Contrato de Miami”, por el cual han acordado las denominadas “prestaciones accesorias”, contentivas de especificaciones de tipo mercantil y laboral, estipulándose para ello que cualquier disputa que involucrara a las partes, sus herederos y causahabientes, “seria resuelta mediante un proceso de arbitraje”; estima esta Sala que al tenor de lo pactado en el referido contrato, su contenido pierde eficacia cuando se trata de denunciar la falta de jurisdicción de los órganos jurisdiccionales laborales, y ello se estila así puesto queal tenor de lo preceptuado en el articulo tres (3) del Código del Trabajo, mismo que señala: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera.”; en ese orden de ideas podemos entonces colegir que la referida cláusula arbitral de carácter laboral pierde su eficacia ante la citada norma, y siendo evidente que en el caso de mérito, la interposición de la excepción dilatoria de arbitraje por la parte demandada, tenia por objeto evitar que el Juzgado del Trabajo conociese del litigio, por considerar que el mismo debía ser sometido a los procedimientos de la Ley de Conciliación y Arbitraje; argumento que estimamos no resulta válido para esta Sala en razón de lo anteriormente expuesto; en ese orden de ideas es criterio de esta Sala, que la decisión del Tribunal Ad-Quem no significa que se haya violentado o desconocido el acuerdo arbitral plasmado en el llamado “Contrato de Miami”, y esto se estima así porque como ya se dejó establecido, en el caso de mérito de lo que se trata es una demanda ordinaria laboral interpuesta contra la referida sociedad; cabe recordar al respecto que el articulo ocho(8) del Código del Trabajo establece que: “En caso de conflicto entre las leyes del trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras…..”, por lo que si se diera un conflicto de leyes entre las normativas del Código de Trabajo y la de Ley de Conciliación y Arbitraje, la preeminencia la tendría la normativa laboral, además de que el articulo 665 del Código del Trabajo, establece que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y siendo que en el caso de mérito como ya se dejó apuntado anteriormente lo que se ha entablado es una demanda ordinaria laboral, por lo tanto es a esa jurisdicción a la que le corresponde conocer y dilucidar el presente asunto.- CONSIDERANDO (12):Que la Ley de Conciliación y Arbitraje, establece mecanismos de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral, se entiende entonces que solo podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan libre disposición, lo cual refleja una variable restrictiva cuando se refiere a la existencia de una relación jurídica laboral: “… cuyos efectos se proyectan durante la vida de la misma, no existe sin la presencia previa del acuerdo de voluntades”,[1] lo cual es reconocido en la doctrina consultada, pues si la concepción civilista de contrato centra su regulación en éste primer aspecto del contrato de trabajo (como acuerdo de voluntades); el Estatuto de los Trabajadores, mientras tanto, pondría el acento en la relación jurídica nacida del contrato de trabajo: “… a la que regula, desde su nacimiento, hasta su extinción”.[2] En tal sentido, lleva razón Leodegario Fernández Marcos al decir, que es en la función reguladora o normativa del contrato de trabajo, donde la autonomía de la voluntad pierde terreno, ya que la función del contrato como regulador de la relación laboral viene, en sus aspectos más significativos, impuesta “desde fuera”, por los poderes estatal o colectivos;[3] y en el caso concreto para estatuir la defensa frente a los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen la renuncia, disminución, restricción o tergiversación de garantías, constitucionales y legales, las que se tienen como irrenunciables.-CONSIDERANDO (13): Que si bien es cierto la Constitución de la República en el Artículo 110 manda: “Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” Y en consonancia con lo anterior en su Artículo 139 la Carta Magna también señala que: “El Estado tiene la obligación de promover, organizar y regular la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo.” También es cierto que la misma Constitución en sus Artículos 128, 134 y 303 manda: “Artículo 128. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que implique renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 15. El Estado tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores.” “Artículo 134. Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. La Ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos que hayan de ponerla en práctica.” “Artículo 303. La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados, y demás dependencias que señale la Ley. En ningún juicio habrá más de dos instancias; el juez o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una de ellas, no podrá conocer en la otra, ni en recurso extraordinario en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Tampoco podrán juzgar en una misma causa los cónyuges y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.”.- CONSIDERANDO (14): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; así también nuestro ordenamiento legal vigente, en los Artículos 17 al 20 del Código Civil señalan las reglas de interpretación de la Ley así: “Artículo 17.- No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 18.- Cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Artículo 19.- El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 20.- En los casos en que no pudieren aplicarse las reglas anteriores, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.”.-CONSIDERANDO (15): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.".-CONSIDERANDO (16): Que el derecho del trabajo contiene algunos principios que se encuentran codificados en nuestra legislación, como ser el principio de primacía de la realidad, sobre este nos señala el Doctor Olvin E. Rodríguez[4], que en este nos encontramos ante la situación de que es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades lo que hacer el trabajador se encuentre amparado por el Derecho del Trabajo, esta postura de que el contrato de trabajo tiene un existencia, no en virtud del acuerdo abstracto de las voluntades de las partes, en este caso, el denominado “Acuerdo de Miami”, sino en la prestación del servicio, esta ultima situación es la que determina su existencia. Por lo que no se pueden reducir los derechos que posean los trabajados aunque se haya pactado lo contrario, en este caso, la imposibilidad de acudir a la vía judicial, derecho de orden público y no negociable en su disminución, adherido a estos, el principio de la regla de la condición más beneficiosa, el que hace referencia al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, en este paso ambos con arraigo constitucional, y uno desarrollado en el Código de Trabajo, mientras que el otro dado en una Clausula Arbitral posterior al surgimiento de la relación laboral, pero que establece condiciones menos favorables, por lo oneroso de dicho proceso, adicional a la aceptación de la jurisdicción laboral al presentar sus acciones los trabajadores, situación que no puede desconocer el A-Quo.-CONSIDERANDO (17): Que esta Sala de lo Constitucional ha establecido todos los criterios antes referidos en los Amparos números SCO-0460-2013, SCO-0461-2013 y SCO-0494-2013, todos amparos en material laboral, estableciendo una jurisprudencia, que ya la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 73, que tres (3) sentencias conformes dictadas en las demandas de amparo, constituyen doctrina legal; por lo que la uniformidad de criterios en cuanto a la primacía de las normas de derechos público en la jurisdicción del Trabajo, por encima de los pactos, convenios y estipulaciones de derecho privado que se hayan celebrado entre los trabajadores y los patronos; no con ellos se pretende negar la posibilidad de realizar arreglos ante árbitros y/o conciliadores, cuando se hagan cláusulas compromisorias por escrito, tal como es el caso, pero el trabajador podrá a su elección instar a cualquiera de las dos competencias, dado por la supremacía de las normas de trabajo por encima de las de cualquier otro índole, sin que en este caso se de un conflicto con los derechos constitucionales, dado que la Constitución en su artículo 134 indica que están sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patrones y trabajadores que conlleven un conflicto jurídico que se origine directa o indirectamente del contrato de trabajo; tiene el Estado la obligación de promover la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo, siendo esta una alternativa a la justicia estatal.- CONSIDERANDO (18): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su función de interpretación y desarrollo del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido que “el principio de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos”[5] de manera que, conforme ha sido señalado, no basta que el recurso esté previsto formalmente[6], sino que debe ser “capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”[7] dando respuesta a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes[8]. Sobre este aspecto la referida Corte ha indica que el artículo 25 supone que el recurso sea adecuado, lo cual significa que la función de éste dentro del sistema del derecho interno debe ser idónea para proteger la situación jurídica infringida, por lo que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las particularidades del caso resulten ilusorias, como son las causas que no permitan al presunto lesionado el acceso al recurso judicial. Así ha clasificado la jueza Medina Quiroga la determinación de los recursos ineficaces siendo uno de ellos cuando: la falta de efectividad es específica para un caso, como en el Caso Cantos vs. Argentina, en el que la Corte Interamericana consideró que la determinación judicial de una tasa de justicia muy alta y de honorarios profesionales muy altos regulados con base en el monto de la Litis constituía “un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia”[9], por lo que sería violatorio de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos[10], con estos factores convencionales, la negación por parte de los tribunales de atender la tutela judicial pretendida por los demandantes, configuraría en una garantía ilusoria de los derechos labores, dado que la norma Constitucional, que hace suyos los principios de interpretación y aplicación del Control de Convencionalidad[11], de manera que asegure una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; así como el Código de Trabajo han desarrollo los derechos que le asisten al trabajador desde un partida de la realidad de las posiciones, por lo que existe una esfera de derechos mínimos que no puede ser trasgredidos, siendo uno de ellos el acceso a los tribunales, por encima de pacto en los que se delega sin aprobación legal, la tramitación de los conflictos ante los centros de arbitraje y conciliación legalmente inscritos; con ello no se pretende observar que estos últimos actúen de forma inicua, pero si generan un gasto oneroso en los que se vería obligado los trabajadores a realizar.-CONSIDERANDO (19): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDA DDE VOTOS; haciendo aplicación delos artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 90, 128 numeral 15, 134, 135, 139, 303, 304, 313 Numeral 5y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 2, 3, 8, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 36, 95, 665, 803, 807 y 808 del Código de Trabajo; entre otras normas. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta porel abogado Rodrigo Adalberto Discua Rodríguez, a favor de la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A., contra la resolución dictada en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y a solicitud del Abogado ROBERTO ALEJANDRO WILLIAM CRUZ, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 423-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de abril del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado Rodrigo Adalberto Discua Rodríguez, a favor de la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A., contra la resolución dictada en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, fallo mediante el cual se confirmó por mayoría de votos el auto interlocutorio dictadoen fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013); por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, con relación a la excepción de falta de jurisdicción por compromiso arbitral opuestas a las demandas acumuladas bajo número 761-12 de los señores Leonel Saleh Kafati Bichara, Gabriel Leonardo Kafati FortínY Leonel Fernando Kafati Fortín, contraídas a obtener que en sentencia definitiva le sean declarados por tiempo indefinido los contratos de trabajo de nivel gerencial que por tiempo limitado celebraron con la Empresa Gabriel Kafati S.A..- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de agosto del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el abogado Jorge Fabián Cora Lobo interponiendo tres demandas: 1) En su condición de representante procesal del señor Leonel Saleh Kafati Bichara; 2)En su condición de representante procesal del señor Gabriel Leonardo Kafati Fortín; y 3) En su condición de representante procesal del señor Leonel Fernando Kafati Fortín,todas DemandasOrdinariasLaborales para que se declare un contrato de trabajo por tiempo indeterminado en vista de ser una labor permanente y continua, contra la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A.a través de su Presidente y Representante Legal señorJesús Kafati Kafati.-2)Que habiendo sido admitidas las demandas arriba relacionadas, en fecha diez (10) de octubre del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán resolvió (sic) “…,teniendo a la vista los expedientes 761-2012, 764-2012, 765-2012, y siendo que fueron interpuestos contra el mismo Demandado y que las acciones entabladas son idénticas como ser que se declare un Contrato de Trabajo por Tiempo Indeterminado, consecuentemente en vista de que los tres expedientes se encuentran en el mismo estado procesal; Decrétese la acumulación de los autos de los expedientes 765-2012, y 764-2012, al Expediente 791-2012, por ser este ultimo el mas antiguo a fin de que formen un solo juicio y terminen en una sola sentencia, manteniendo la continuidad y unidad de la causa; y en cuanto al expediente 951-2012, sin lugar la acumulación por no ser la acción entablada idéntica a las anteriores.”. (Folios 12, 25, 38 y 39 del Tomo I delaprimera pieza de los antecedentes).- 3)Que en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013), continuado que fue el proceso, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto interlocutorio mediante el cual resolvió declarar Sin Lugar las excepciones procesales de litispendencia y falta de jurisdicción por compromiso arbitral,interpuestas por el representante procesal de la parte demandada. (Folios 211 al 215del Tomo I de la primera pieza de los antecedentes).- 4) Que en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado Rodrigo Adalberto Discua Rodríguez,en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A., contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, dictó sentencia mediante la cual fallódeclarando Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto y confirmó la resolución recurrida. (Folios222 al 225 de la segunda pieza de los antecedentes).- 5) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil trece (2013), el recurrente abogadoRodrigo Adalberto Discua Rodríguez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A., por considerar que la decisión del Tribunal ad-quem, de fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), es violatoria de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 82, 90, 92, 110, 205, 313 y 316 de la Constitución de la República. En fecha dos (2) de octubre del año dos mil trece (2013), la Sala tuvo por caducado el término concedido al recurrente para que formalizara el recurso, ordenado la continuación del trámite en virtud de haber interpuesto la acción el recurrente de manera puntual, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen.-6) Que en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil trece (2013), la abogada Karla Patricia García Arita, actuando en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalía Especial Para la Defensa de la Constitución emitió dictamen siendo del parecer porque NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto por no existir la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el amparista, en virtud de los siguientes fundamentos jurídicos: a) Que de un análisis de las resoluciones emitidas, tanto por el Juzgado A Quo como por el Ad-Quem, se aprecia que ya el artículo 3 del Código del Trabajo manda: “Que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”. Asimismo, los artículos 60 y 128 constitucionales establecen que las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, por lo que son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen la renuncia, disminución, restricción o tergiversación de garantías; sometiéndose a la jurisdicción del trabajo las controversias jurídicas que se originen entre el trabajador y el patrono, acordeel artículo 134 del Código del Trabajo. b)Que constituye fundamento en la causa, aunado al principio de irrenunciabilidad antes invocado, el principio de gratuidad, según el cual el derecho del trabajo responde a la idea de nivelar desigualdades, como la posición de desventaja que tiene el trabajador frente al patrono. Por ende, es parecer de la Fiscal Dictaminadora, que no existe vulneración de ningún precepto constitucional y no debe otorgarse el presente recurso de amparo.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO(2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO(3): Que se conoce en esta vía constitucional la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), mediante la cual se declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto Interlocutorio dictado en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación demanda ordinaria laboral promovida por el abogado Jorge Fabián Corea Lobo,en su condición de representante procesal de los señores Leonel Saleh Kafati Bichara,Gabriel Leonardo Kafati Fortín Y Leonel Fernando Kafati Fortín, contra Gabriel KafatiS.A., por medio de su Presidente y Representante Legal el Señor Jesús Kafati Kafati.-CONSIDERANDO(4): Que el recurrente abogado Rodrigo Adalberto Discua Rodríguez, en la interposición del recurso, manifiesta que el Tribunal Ad-Quem, en perjuicio de sus representados ha violentado el contenido de los artículos 90, 110, 205 y 313 de la Constitución de la República; para ello explica que la resolución que hoy se impugna en esta vía constitucional, al declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto, y consecuentemente declarar Sin Lugar la excepción de falta de jurisdicción por compromiso arbitral opuesta, con ello ha concitado las invocadas vulneraciones constitucionales; señala que en el caso de autos ya la competencia y la jurisdicción habían sido predeterminadas por las partes, quienes en el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y acogiéndose a lo preceptuado por el articulo 110 de la Constitución de la República, celebraron el llamado “Contrato de Miami”, el que en su Clausula Segunda Apartado 5, estableció el vendedor como condiciones para la venta las denominadas “prestaciones accesorias”, mismas que tienen un carácter tanto mercantil como laboral, y que se instituyen a favor de él y dos terceros denominados “los descendientes”, es decir sus hijos, hoy demandantes, estipulándose que cualquier disputa que involucrara a las partes, sus herederos y causahabientes, “seria resuelta mediante un proceso de arbitraje conducido por tres árbitros con sujeción a las leyes de Honduras y conforme a los reglamentos de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, renunciando expresamente a concurrir a los tribunales comunes. El laudo o decisión arbitral será definitivo, final e irrevocable y constituirá un fallo vinculante”; en ese sentido aduce el recurrente que dado que el compromiso arbitral contenido en “el contrato de Miami” no ha sufrido merma en su validez y efectividad, amen de no constar que el referido acuerdo haya sido anulado por algún tribunal y desentendiéndose de que los contratantes no estaban instituyendo una jurisdicción de excepción a la estatal existente, pues la Jurisdicción del Arbitramiento ya estaba instituida por el referido artículo 110 constitucional, que se apoya en los tratados internacionales requeridos por el mundo moderno para la expedita solución de las controversias; por lo que no podía la Corte de Apelaciones, sustituir la autonomía de la voluntad de ninguno de los contratantes y declarar por si, la nulidad exofficio de lo que estos jamás impugnaron. Por lo que debe ser declarada con lugar la excepción de falta de jurisdicción por compromiso arbitral.-CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO(7): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, basa su sentencia, señalando que al tenor de lo preceptuado en el artículo 134 de la Constitución de la República, esto es: “Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores….”; por lo que en ningún tiempo se podrán crear órganos jurisdiccionales de excepción, y que en cuanto al sometimiento al arbitraje contenido en contratos de diversa naturaleza, los mismos se han venido sometiendo a la justicia gratuita que imparte el Estado, y por otro lado la justicia arbitral resulta onerosa cuando se imparte por parte, por ejemplo, de las Cámaras de Comercio, resultando muchas veces que no se cumple a cabalidad su cometido, situación que no se da cuando hay un sometimiento a la justicia gratuita impartida por el Estado.-CONSIDERANDO(8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO(10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO(11): Que después de una minuciosa revisión de los antecedentes, la Sala de lo Constitucional, establece que el fondo del asunto en el caso de mérito lo constituye la inadmisibilidad de la excepción dilatoria de arbitraje, reflejada en la sentencia dictada por el Ad-Quem, y ponderar si con las misma se vulnera las garantías constitucionales invocadas. La Ley de Conciliación y Arbitraje, establece mecanismos de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral, se entiende entonces que solo podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan libre disposición, en el caso de merito se constata en autos que la parte demandante celebró con la parte demandada el llamado “Contrato de Miami”, por el cual han acordado las denominadas “prestaciones accesorias”, contentivas de especificaciones de tipo mercantil y laboral, estipulándose para ello que cualquier disputa que involucrara a las partes, sus herederos y causahabientes, “seria resuelta mediante un proceso de arbitraje”; estima esta Sala que al tenor de lo pactado en el referido contrato, su contenido pierde eficacia cuando se trata de denunciar la falta de jurisdicción de los órganos jurisdiccionales laborales, y ello se estila así puesto queal tenor de lo preceptuado en el articulo tres (3) del Código del Trabajo, mismo que señala: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera.”; en ese orden de ideas podemos entonces colegir que la referida cláusula arbitral de carácter laboral pierde su eficacia ante la citada norma, y siendo evidente que en el caso de mérito, la interposición de la excepción dilatoria de arbitraje por la parte demandada, tenia por objeto evitar que el Juzgado del Trabajo conociese del litigio, por considerar que el mismo debía ser sometido a los procedimientos de la Ley de Conciliación y Arbitraje; argumento que estimamos no resulta válido para esta Sala en razón de lo anteriormente expuesto; en ese orden de ideas es criterio de esta Sala, que la decisión del Tribunal Ad-Quem no significa que se haya violentado o desconocido el acuerdo arbitral plasmado en el llamado “Contrato de Miami”, y esto se estima así porque como ya se dejó establecido, en el caso de mérito de lo que se trata es una demanda ordinaria laboral interpuesta contra la referida sociedad; cabe recordar al respecto que el articulo ocho(8) del Código del Trabajo establece que: “En caso de conflicto entre las leyes del trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras…..”, por lo que si se diera un conflicto de leyes entre las normativas del Código de Trabajo y la de Ley de Conciliación y Arbitraje, la preeminencia la tendría la normativa laboral, además de que el articulo 665 del Código del Trabajo, establece que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y siendo que en el caso de mérito como ya se dejó apuntado anteriormente lo que se ha entablado es una demanda ordinaria laboral, por lo tanto es a esa jurisdicción a la que le corresponde conocer y dilucidar el presente asunto.- CONSIDERANDO 12):Que la Ley de Conciliación y Arbitraje, establece mecanismos de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral, se entiende entonces que solo podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan libre disposición, lo cual refleja una variable restrictiva cuando se refiere a la existencia de una relación jurídica laboral: “… cuyos efectos se proyectan durante la vida de la misma, no existe sin la presencia previa del acuerdo de voluntades”,[12] lo cual es reconocido en la doctrina consultada, pues si la concepción civilista de contrato centra su regulación en éste primer aspecto del contrato de trabajo (como acuerdo de voluntades); el Estatuto de los Trabajadores, mientras tanto, pondría el acento en la relación jurídica nacida del contrato de trabajo: “… a la que regula, desde su nacimiento, hasta su extinción”.[13] En tal sentido, lleva razón Leodegario Fernández Marcos al decir, que es en la función reguladora o normativa del contrato de trabajo, donde la autonomía de la voluntad pierde terreno, ya que la función del contrato como regulador de la relación laboral viene, en sus aspectos más significativos, impuesta “desde fuera”, por los poderes estatal o colectivos;[14] y en el caso concreto para estatuir la defensa frente a los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen la renuncia, disminución, restricción o tergiversación de garantías, constitucionales y legales, las que se tienen como irrenunciables.-CONSIDERANDO (13): Que si bien es cierto la Constitución de la República en el Artículo 110 manda: “Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” Y en consonancia con lo anterior en su Artículo 139 la Carta Magna también señala que: “El Estado tiene la obligación de promover, organizar y regular la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo.” También es cierto que la misma Constitución en sus Artículos 128, 134 y 303 manda: “Artículo 128. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que implique renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 15. El Estado tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores.” “Artículo 134. Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. La Ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos que hayan de ponerla en práctica.” “Artículo 303. La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. El Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados, y demás dependencias que señale la Ley. En ningún juicio habrá más de dos instancias; el juez o magistrado que haya ejercido jurisdicción en una de ellas, no podrá conocer en la otra, ni en recurso extraordinario en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Tampoco podrán juzgar en una misma causa los cónyuges y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.”.- CONSIDERANDO (14): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; así también nuestro ordenamiento legal vigente, en los Artículos 17 al 20 del Código Civil señalan las reglas de interpretación de la Ley así: “Artículo 17.- No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 18.- Cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Artículo 19.- El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 20.- En los casos en que no pudieren aplicarse las reglas anteriores, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.”.-CONSIDERANDO (15): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.".-CONSIDERANDO (16): Que el derecho del trabajo contiene algunos principios que se encuentran codificados en nuestra legislación, como ser el principio de primacía de la realidad, sobre este nos señala el Doctor Olvin E. Rodríguez[15], que en este nos encontramos ante la situación de que es la prestación del servicio y no el acuerdo de voluntades lo que hacer el trabajador se encuentre amparado por el Derecho del Trabajo, esta postura de que el contrato de trabajo tiene un existencia, no en virtud del acuerdo abstracto de las voluntades de las partes, en este caso, el denominado “Acuerdo de Miami”, sino en la prestación del servicio, esta ultima situación es la que determina su existencia. Por lo que no se pueden reducir los derechos que posean los trabajados aunque se haya pactado lo contrario, en este caso, la imposibilidad de acudir a la vía judicial, derecho de orden público y no negociable en su disminución, adherido a estos, el principio de la regla de la condición más beneficiosa, el que hace referencia al mantenimiento de los derechos adquiridos por el trabajador, en este paso ambos con arraigo constitucional, y uno desarrollado en el Código de Trabajo, mientras que el otro dado en una Clausula Arbitral posterior al surgimiento de la relación laboral, pero que establece condiciones menos favorables, por lo oneroso de dicho proceso, adicional a la aceptación de la jurisdicción laboral al presentar sus acciones los trabajadores, situación que no puede desconocer el A-Quo.-CONSIDERANDO (17): Que esta Sala de lo Constitucional ha establecido todos los criterios antes referidos en los Amparos números SCO-0460-2013, SCO-0461-2013 y SCO-0494-2013, todos amparos en material laboral, estableciendo una jurisprudencia, que ya la Ley Sobre Justicia Constitucional establece en su artículo 73, que tres (3) sentencias conformes dictadas en las demandas de amparo, constituyen doctrina legal; por lo que la uniformidad de criterios en cuanto a la primacía de las normas de derechos público en la jurisdicción del Trabajo, por encima de los pactos, convenios y estipulaciones de derecho privado que se hayan celebrado entre los trabajadores y los patronos; no con ellos se pretende negar la posibilidad de realizar arreglos ante árbitros y/o conciliadores, cuando se hagan cláusulas compromisorias por escrito, tal como es el caso, pero el trabajador podrá a su elección instar a cualquiera de las dos competencias, dado por la supremacía de las normas de trabajo por encima de las de cualquier otro índole, sin que en este caso se de un conflicto con los derechos constitucionales, dado que la Constitución en su artículo 134 indica que están sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patrones y trabajadores que conlleven un conflicto jurídico que se origine directa o indirectamente del contrato de trabajo; tiene el Estado la obligación de promover la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo, siendo esta una alternativa a la justicia estatal.- CONSIDERANDO (18): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su función de interpretación y desarrollo del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido que “el principio de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos”[16] de manera que, conforme ha sido señalado, no basta que el recurso esté previsto formalmente[17], sino que debe ser “capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”[18] dando respuesta a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes[19]. Sobre este aspecto la referida Corte ha indica que el artículo 25 supone que el recurso sea adecuado, lo cual significa que la función de éste dentro del sistema del derecho interno debe ser idónea para proteger la situación jurídica infringida, por lo que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las particularidades del caso resulten ilusorias, como son las causas que no permitan al presunto lesionado el acceso al recurso judicial. Así ha clasificado la jueza Medina Quiroga la determinación de los recursos ineficaces siendo uno de ellos cuando: la falta de efectividad es específica para un caso, como en el Caso Cantos vs. Argentina, en el que la Corte Interamericana consideró que la determinación judicial de una tasa de justicia muy alta y de honorarios profesionales muy altos regulados con base en el monto de la Litis constituía “un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia”[20], por lo que sería violatorio de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos[21], con estos factores convencionales, la negación por parte de los tribunales de atender la tutela judicial pretendida por los demandantes, configuraría en una garantía ilusoria de los derechos labores, dado que la norma Constitucional, que hace suyos los principios de interpretación y aplicación del Control de Convencionalidad[22], de manera que asegure una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; así como el Código de Trabajo han desarrollo los derechos que le asisten al trabajador desde un partida de la realidad de las posiciones, por lo que existe una esfera de derechos mínimos que no puede ser trasgredidos, siendo uno de ellos el acceso a los tribunales, por encima de pacto en los que se delega sin aprobación legal, la tramitación de los conflictos ante los centros de arbitraje y conciliación legalmente inscritos; con ello no se pretende observar que estos últimos actúen de forma inicua, pero si generan un gasto oneroso en los que se vería obligado los trabajadores a realizar.-CONSIDERANDO (19): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, ni al derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDA DDE VOTOS; haciendo aplicación delos artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 63, 64, 82, 90, 128 numeral 15, 134, 135, 139, 303, 304, 313 Numeral 5y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 1, 2, 3, 8, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 36, 95, 665, 803, 807 y 808 del Código de Trabajo; entre otras normas. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta porel abogado Rodrigo Adalberto Discua Rodríguez, a favor de la Sociedad Mercantil denominada Gabriel Kafati S.A., contra la resolución dictada en fecha once (11) de abril del año dos mil trece (2013), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 423-2013.- Firma Y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Fernández Marcos, Leodegario. Derecho Individual del Trabajo. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1993. p. 20.
[2] Ídem.
[3] Ibídem.
[4]RODRIGUEZ, Olvin E., “Derecho Individual del Trabajo”. OIM Editorial, Tegucigalpa, 2005, pp. 41.
[5] Ver de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-9/87, párrafo 24.
[6] Ver Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párrafo 90.
[7] Ver Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 66.
[8] Ver Caso Forneron e hijas vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párrafo107.
[9] Ver Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párrafo 56.
[10] IBAÑEZ RIVAS, Juana María. “Artículo 25. Protección Judicial”. En STEINER, Christian y URIBE, Patricia (Eds.). Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Comentario. Konrad Adenauer Stiftung/ Editorial Temis, Ciudad de Guatemala, 2014, pp. 615-617.
[11]Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, entre otras.
[12]Fernández Marcos, Leodegario. Derecho Individual del Trabajo. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 1993. p. 20.
[13] Ídem.
[14] Ibídem.
[15]RODRIGUEZ, Olvin E., “Derecho Individual del Trabajo”. OIM Editorial, Tegucigalpa, 2005, pp. 41.
[16] Ver de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-9/87, párrafo 24.
[17] Ver Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párrafo 90.
[18] Ver Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrafo 66.
[19] Ver Caso Forneron e hijas vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párrafo107.
[20] Ver Caso Cantos vs. Argentina. Excepciones preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párrafo 56.
[21] IBAÑEZ RIVAS, Juana María. “Artículo 25. Protección Judicial”. En STEINER, Christian y URIBE, Patricia (Eds.). Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Comentario. Konrad Adenauer Stiftung/ Editorial Temis, Ciudad de Guatemala, 2014, pp. 615-617.
[22]Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, entre otras.