Sentencia AL-405-16 — Registro 9826
Resumen
Interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que tratándose de un contrato de consultoría, la competencia específica de los tribunales para conocer de asuntos administrativos le corresponde a los tribunales pertinentes, fuera de que la demandante suscribió una cláusula arbitral, por lo que la relación no es de carácter laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que el recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad"...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que el recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA a favor del PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF) contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, que confirma el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de diciembre de dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora JESICA ALEJANDRA CRUZ contra la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) PRAF a través de su representante legal el señor LISANDRO ROSALES BANEGAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente estima que tratándose de un contrato de consultoría, la competencia específica de los tribunales para conocer de asuntos administrativos le corresponde a los tribunales pertinentes, fuera de que la demandante suscribió una cláusula arbitral, por lo que la relación no es de carácter laboral, sino más bien de naturaleza civil en todo su contenido y práctica, por lo que los tribunales de primera y segunda instancia han obviado lo reglamentado en el contrato, violando con ello los derechos de igualdad, defensa, debido proceso, honor y petición reconocidos en los artículos 17, 18, 60, 76, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende, que la Alzada determinó que estamos antes un contrato de trabajo que reúne los tres elementos necesarios para establecer que los contratos suscritos entre ambas partes son de naturaleza laboral y que aunque el contrato señale el sometimiento a la jurisdicción contencioso administrativo, si llena los requisitos del artículo 20 del Código del Trabajo será regulado por éste Código, además, ya los juzgados y tribunales incluyendo la Corte Suprema de Justicia, han concluido y unificado criterios en cuanto a interpretar éste tipo de contratos, con el objetivo primordial de que exista seguridad jurídica, asimismo, la pacta sun servanda no puede operar en material laboral, por la disposición establecida en el Código de Trabajo, en el sentido de que es nula la cláusula en el que se establezcan disposiciones que menoscaben, disminuyan o tergiversen los derechos establecidos a favor de los trabajadores en la Constitución de la República, Reglamentos y demás leyes de previsión social. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesiva rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala del acto reclamado en amparo y la norma aplicada por la autoridad recurrida, atiende a la concurrencia de los presupuestos exigidos por nuestra ley para sustentar la denegatoria impugnada en amparo; por ende, la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, corresponde a una potestad propia de su actividad, observando su fundamentación legal una efectiva adecuación a la norma, garantizando con ello la efectiva tutela a los derechos de la partes. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por cuanto esta Sala en esta etapa del procedimiento considera debe ser sobreseído el recurso de mérito, en vista que el recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA a favor del PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF) contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis; al advertir ésta Sala que las cuestiones alegadas por el demandante de amparo resultan ser alegaciones de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. VISTO el escrito de reposición presentado por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA contra la resolución dictada por esta Sala en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por el recurrente a favor del PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF), contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, que confirma el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno de diciembre de dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora JESICA ALEJANDRA CRUZ contra la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) PRAF a través de su representante legal el señor LISANDRO ROSALES BANEGAS. CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado SOTERO MEJIA PADILLA en fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), solicitando la restitución de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA contra la resolución dictada por esta Sala en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, certificación de las resoluciones de fechas veintinueve de septiembre y diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, respectivamente, recaídas en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 0405-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.