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Sentencia AL-358-15 — Registro 9943

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio recaído en el defecto de incompetencia de tribunal y defecto de falta de legitimación del actor en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones y salarios de percibir a título de daños y perjuicios por despido ilegal e injusto promovida contra el Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de todo lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia de Apelaciones en mención, ha hecho amplia relación y mención argumentativa de la consideración que le merece la existencia de los contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado suscritos entre la representación del Estado y la del demandante, la cual se tiene por exhaustiva y bien fundamentada. Lo anteriormente expuesto, en continencia a numerosa y relevante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en similares controversias de orden competencial, en el sentido que debe hacerse prevalecer el principio de primacía de la realidad para la dilucidación de la naturaleza del contrato de trabajo con base a criterios sustanciales, de manera que, acreditándose el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo resultaría del todo implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley. De allí la esencial razonabilidad a lo resuelto por la Alzada, respecto a que es la jurisdicción del trabajo la facultada para conocer la demanda laboral instaurada contra la parte representada por el garantista, aunque el contrato se denomine formalmente como de prestación de servicios técnicos y profesionales y ordene la sumisión expresa del contratistas a distinta jurisdicción"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que para la Sala de lo Constitucional, la argumentación esgrimida por el amparista, pareciera pretender prevalezca una perspectiva jurídica netamente formal, para el caso, la prevalencia de la autonomía de la voluntad por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo. En tal sentido, cabe mencionar que tal planteamiento no muestra entidad suficiente, en lo que concierne a la perspectiva constitucional, como para que se otorgue la acción de amparo; en vista a la no acreditación de agravios en la esfera de los derechos constitucionales, encontrándose asimismo que la resolución judicial recurrida, se encuentra dotada de argumentación suficiente, es decir, fundada en derecho de fondo y congruente; con lo cual se ha garantizado el acceso a la justicia de las partes contendientes, ante un órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente."...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en cuanto al alegato del amparista respecto a la existencia de jurisprudencia concurrente de la Sala de lo Constitucional en el fallo pronunciado en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012), en demanda de amparo formulada a favor del Estado de Honduras, resulta claro que la misma no hace pronunciamiento alguno sobre la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal ante quien se interpuso la demanda; como equívocamente señala la amparista, sino respecto a la inobservancia por la autoridad judicial competente para el caso concreto, del Decreto Legislativo No.17-2010 contentivo de la “Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, por la cual se establece para efecto de notificaciones será la Procuraduría General de la República la encargada de representar los intereses del Estado; pudiendo concretizarse en resumen, la sentencia se muestra respetuosa a lo establecido en los artículos 128 primer párrafo y 134 de la Constitución de la República, los cuales establecen la nulidad como sanción para los actos y estipulaciones o comisiones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen garantías y que, en definitiva, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores, de conformidad a ley y al fin social de las leyes laborales, como es pauta jurisprudencial firmemente establecida por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por todo ello se considera que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha once (11) de marzo del año dos mil quince (2015) y que se ha conocido en amparo, no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por la Abogada recurrente, resultando procedente se dicte sentencia denegatoria a la presente garantía de amparo"...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha once de marzo del año dos mil quince, que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de febrero de dos mil quince; con relación a la demanda laboral promovida por el señor CARLOS ALBERTO DIAZ contra el ESTADO DE HONDURAS para su reintegro al puesto de trabajo que ocupaba en la Dirección General de Migración y Extranjería. Estima la recurrente que se han violentado los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil catorce (2014), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor CARLOS ALBERTO DIAZ, en su condición personal, interponiendo demanda para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones que tenia al momento de su despido, en virtud de un despido directo, ilegal, injusto y discriminatorio, contra el ESTADO DE HONDURAS. (Ver folios uno (01) al cinco (05) de la primera pieza de antecedentes).2) Que el referido Juzgado de Letras, dictó resolución en fecha once (11) de febrero de dos mil quince (2015), en el cual: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el Incidente de DECLINATORIA, interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por CARLOS ALBERTO DIAZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal el señor Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SIN COSTAS en esta instancia. Y MANDA: I- A partir de esta fecha quedan notificados en estrados de este auto interlocutorio los Representantes Procesales de ambas partes. II- Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso alguno, quede firme el presente fallo. III- SE SEÑALA AUDIENCIA DE CONTINUACION DE LA PRIMERA DE TRAMITE PARA EL DIA MARTES SIETE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, A LA UNA CON TREINTA MINUTOS DE LA TARDE, a efecto de que las Representantes Procesales de las partes han uso de los Derechos que la Ley les confiere…”. (Ver folios trescientos cincuenta y cuatro (354) al trescientos cincuenta y ocho (358) de la primera pieza de antecedentes).3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por las abogadas GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA y ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha once (11) de marzo de dos mil quince (2015), en la cual: “FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA actuando en su condición de apoderada apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha once de febrero del año dos mil quince, que corre a folios 18 y 20 de la pieza en compulsa.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia…”. (Ver folios treinta y uno (31) al treinta y tres (33) de la segunda pieza de antecedentes).4) La recurrente abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós (22) de abril del año de dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo por considerar que la decisión del Ad-Quem de fecha once (11) de marzo del año dos mil quince (2015), le violenta al ESTADO DE HONDURAS lo estipulado en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniéndose por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintidós (22) de julio de dos mil quince (2015). 5) Que con fecha cinco (5) de agosto de dos mil quince, la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta, pues se considera la instancia actuó acorde a derecho al estimar que el demandante fue contratado bajo la figura del contrato de trabajo, sometido por ende a las disposiciones legales reguladas por el derecho del trabajo y no por el derecho administrativo, al tenor de los artículos 20, 47 y 665 del Código del Trabajo; teniéndose en consecuencia como compatible con el estándar constitucional la resolución emitida por la Alzada. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha once (11) de marzo del año dos mil quince (2015), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de febrero de dos mil quince (2015), mediante el cual declaró SIN LUGAR el incidente declinatorio interpuesto por la parte demandada en la demanda laboral que promoviera el señor CARLOS ALBERTO DIAZ contra el ESTADO DE HONDURAS. Lo anterior con fundamento jurídico en que el señor DIAZ presentó la demanda ante la jurisdicción que tiene atribuida la competencia legal para ello, resultando improcedente el incidente declinatorio que promoviera en su oportunidad el representante judicial del Estado de Honduras, pues si bien de la vista del caso se desprende que el demandante suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales, los cuales no requieren de conocimientos técnicos o especiales a efecto de cumplir con las actividades contratadas - tales como son las de desempeñar el cargo de Inspector de Migración - no resulta menos cierto que por ministerio de la ley se presume, en beneficio del trabajador, que toda relación de trabajo personal es regida por un contrato de trabajo; presunción ésta que no pudo ser desvirtuada por prueba eficiente, por parte del patrono y resultó confirmada en el presente caso, visto que de los antecedentes se desprende la existencia de un contrato de trabajo con todas las cláusulas que predeterminan su estructura jurídica, acorde lo estipulado en los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO (4): Que en interposición del presente recurso de amparo, la abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, manifiesta que la resolución de alzada vulnera el derecho constitucional al debido proceso que asiste al Estado, al pretender la resolución de la Alzada desconocer la existencia de contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado suscritos entre su representación procesal y la persona del demandante, en los cuales se infiere con claridad que la jurisdicción competente para conocer de la acción laboral bajo examen es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual la jurisdicción del trabajo debió declinar el conocimiento de la misma por estar contemplado tal negocio jurídico en la esfera de sus atribuciones, la cual es además improrrogable. Señala la amparista, que el error de interpretación asumida por la Alzada tiene que ver con la aplicación incorrecta de los artículos 1, 2, 3 inciso a), 6, 42, 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 146 la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo, los cuales son reguladores de la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a la cual corresponde el conocimiento de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, como ocurre en el presente caso; así como la imposibilidad legal de efectuar reintegros o pago de prestaciones, en vista a afectar el objeto específico del gasto 12100 del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, el cual contiene la estructura de sueldos básicos de Personal No Permanente, como lo son quienes prestan servicios profesionales por tiempo determinado para el Estado de Honduras. Finalmente, en lo que corresponde a este acápite del reclamo de amparo constitucional, la existencia de jurisprudencia concurrente de la Sala de lo Constitucional en el fallo pronunciado en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012), agregada al expediente No. 786=2011 a favor del Estado de Honduras a través de la ahora denominada Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Descentralización, la cual ampara la resolución equivocada adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, al resolver en forma desestimatoria la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal ante quien se interpuso la demanda. CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, sigue manifestando la amparista que, en el presente caso, la declaratoria SIN LUGAR del Incidente de DECLINATORIA interpuesto por la Abogada GLORIA YAMILETH MATAMOROS MOLINA, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por CARLOS ALBERTO DIAZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS, le causa ulteriores perjuicios a éste en el orden constitucional, pues genera inobservancia a la plena sujeción a los efectos jurídicos que dimanan de los contratos de prestación de servicios técnicos y profesionales que existían entre el ahora demandante y el ESTADO DE HONDURAS, infringiendo el derecho de defensa la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Descentralización, contemplado en el artículo 82 de la Constitución de la República y al derecho de propiedad contemplado en el artículo 106 de la Constitución de la República, pues afecta las disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para los ejercicios fiscales 2013 y 2014 presentados por el Poder Ejecutivo, lo cual impide legalmente la ampliación de la disponibilidad presupuestaria solamente para casos debidamente justificados ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, por tratarse de recursos provenientes del Tesoro Nacional. Por todo lo cual solicita se dicte sentencia otorgando el amparo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha once (11) de marzo del año dos mil quince (2015), descrita y circunstanciada en los Considerandos que anteceden. CONSIDERANDO (6): Que de todo lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia de Apelaciones en mención, ha hecho amplia relación y mención argumentativa de la consideración que le merece la existencia de los contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado suscritos entre la representación del Estado y la del demandante, la cual se tiene por exhaustiva y bien fundamentada. Lo anteriormente expuesto, en continencia a numerosa y relevante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en similares controversias de orden competencial, en el sentido que debe hacerse prevalecer el principio de primacía de la realidad para la dilucidación de la naturaleza del contrato de trabajo con base a criterios sustanciales, de manera que, acreditándose el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo resultaría del todo implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley. [1] De allí la esencial razonabilidad a lo resuelto por la Alzada, respecto a que es la jurisdicción del trabajo la facultada para conocer la demanda laboral instaurada contra la parte representada por el garantista, aunque el contrato se denomine formalmente como de prestación de servicios técnicos y profesionales y ordene la sumisión expresa del contratistas a distinta jurisdicción. CONSIDERANDO (7): Que para la Sala de lo Constitucional, la argumentación esgrimida por el amparista, pareciera pretender prevalezca una perspectiva jurídica netamente formal, para el caso, la prevalencia de la autonomía de la voluntad por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo. En tal sentido, cabe mencionar que tal planteamiento no muestra entidad suficiente, en lo que concierne a la perspectiva constitucional, como para que se otorgue la acción de amparo; en vista a la no acreditación de agravios en la esfera de los derechos constitucionales, encontrándose asimismo que la resolución judicial recurrida, se encuentra dotada de argumentación suficiente, es decir, fundada en derecho de fondo y congruente; con lo cual se ha garantizado el acceso a la justicia de las partes contendientes, ante un órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente. CONSIDERANDO (8): Que en cuanto al alegato del amparista respecto a la existencia de jurisprudencia concurrente de la Sala de lo Constitucional[2] en el fallo pronunciado en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012), en demanda de amparo formulada a favor del Estado de Honduras, resulta claro que la misma no hace pronunciamiento alguno sobre la Excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal ante quien se interpuso la demanda; como equívocamente señala la amparista, sino respecto a la inobservancia por la autoridad judicial competente para el caso concreto, del Decreto Legislativo No.17-2010 contentivo de la “Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, por la cual se establece para efecto de notificaciones será la Procuraduría General de la República la encargada de representar los intereses del Estado; pudiendo concretizarse en resumen, la sentencia se muestra respetuosa a lo establecido en los artículos 128 primer párrafo y 134 de la Constitución de la República, los cuales establecen la nulidad como sanción para los actos y estipulaciones o comisiones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen garantías y que, en definitiva, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores, de conformidad a ley y al fin social de las leyes laborales, como es pauta jurisprudencial firmemente establecida por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por todo ello se considera que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha once (11) de marzo del año dos mil quince (2015) y que se ha conocido en amparo, no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por la Abogada recurrente, resultando procedente se dicte sentencia denegatoria a la presente garantía de amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de de Amparo Laboral bajo el número SCO-358-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] De conformidad a la legislación del trabajo generalmente aplicable, entre otros, en los artículos 19, 20, 24 y 47 del Código del Trabajo, en su relación conjunta y armónica.

[2] Citando genéricamente el fallo pronunciado en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012), agregada al expediente No. 786=2011 a favor del Estado de Honduras a través de la ahora denominada Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Descentralización.