Sentencia AL-322-15 — Registro 5863
Resumen
Sentencia recurrida que confirmo la dictada en primera instancia y declaro sin lugar el recurso de apelación rechazando por improcedente la solicitud de nulidad presentada por el impetrante en relación demanda laboral interpuesta contra ésta
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
8): Que para la Sala de lo Constitucional, resulta en forma primaria la prevalente aplicación de los derechos y garantías estatuidos, por el artículo 128 cuarto párrafo de la Constitución de la República; según el cual: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1. 2. 3. 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad a ley”. La estipulación en el sentido de que los créditos a favor de los trabajadores son singularmente privilegiados, significa que el trabajador podrá cobrar su crédito preferentemente en el caso de existir otros acreedores del ejecutado, circunstancia que no se discute en el caso de mérito, ni se desconocen para esta Sala los derechos y créditos sociales a favor de los trabajadores.-CONSIDERANDO (9): Que los impuestos y contribuciones que recaudan las Alcaldías Municipales, forman parte del Tesoro Municipal una vez que hayan ingresado a éste como lo dispone el artículo 301 constitucional, por lo cual la ejecución de embargos por expectativa de impuestos o contribuciones que aún no han ingresado a la Municipalidad, violenta las garantías y derechos alegados por el amparista, consagrados en el derecho de defensa y el debido proceso.-CONSIDERANDO (10): Que en esta línea, la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 127 dispone: “Inembargabilidad de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública. Ningún tribunal podrá despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencia de embargo contra las rentas y caudales de Hacienda Pública”. La disposición aquí referida, presume que previamente al embargo de bienes del Estado y las Municipalidades deben agotarse procedimientos propios concernientes a la administración del erario público, atinentes al bien común.-CONSIDERANDO (11): Esta Sala de lo Constitucional reconoce que el órgano jurisdiccional dispone del poder necesario para hacer efectiva la ejecución de sentencias firmes, pero cuando el ejecutado sea una municipalidad o el Estado el Juez deberá ceñirse a ciertas reglas especiales preestablecidas tanto en la Constitución de la República, como en la ley, tendientes a cumplir efectivamente la función pública bajo la responsabilidad del Estado extensiva a las municipalidades en beneficio del interés público y la estabilidad económica del país.-CONSIDERANDO (12): Que se considera finalmente, bajo los argumentos ilustrados por la Sala, en interpretación conforme del derecho positivo vigente a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras; que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil quince (2015), objeto de la presente acción de amparo; resulta violatoria a los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente, por lo cual procede otorgar la acción de amparo impetrada."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 128, parrafo 4 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 301 (Decreto)
Jerarquía: Reiterativa
..."8): Que para la Sala de lo Constitucional, resulta en forma primaria la prevalente aplicación de los derechos y garantías estatuidos, por el artículo 128 cuarto párrafo de la Constitución de la República; según el cual: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1. 2. 3. 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad a ley”. La estipulación en el sentido de que los créditos a favor de los trabajadores son singularmente privilegiados, significa que el trabajador podrá cobrar su crédito preferentemente en el caso de existir otros acreedores del ejecutado, circunstancia que no se discute en el caso de mérito, ni se desconocen para esta Sala los derechos y créditos sociales a favor de los trabajadores.-CONSIDERANDO (9): Que los impuestos y contribuciones que recaudan las Alcaldías Municipales, forman parte del Tesoro Municipal una vez que hayan ingresado a éste como lo dispone el artículo 301 constitucional, por lo cual la ejecución de embargos por expectativa de impuestos o contribuciones que aún no han ingresado a la Municipalidad, violenta las garantías y derechos alegados por el amparista, consagrados en el derecho de defensa y el debido proceso.-CONSIDERANDO (10): Que en esta línea, la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 127 dispone: “Inembargabilidad de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública. Ningún tribunal podrá despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencia de embargo contra las rentas y caudales de Hacienda Pública”. La disposición aquí referida, presume que previamente al embargo de bienes del Estado y las Municipalidades deben agotarse procedimientos propios concernientes a la administración del erario público, atinentes al bien común.-CONSIDERANDO (11): Esta Sala de lo Constitucional reconoce que el órgano jurisdiccional dispone del poder necesario para hacer efectiva la ejecución de sentencias firmes, pero cuando el ejecutado sea una municipalidad o el Estado el Juez deberá ceñirse a ciertas reglas especiales preestablecidas tanto en la Constitución de la República, como en la ley, tendientes a cumplir efectivamente la función pública bajo la responsabilidad del Estado extensiva a las municipalidades en beneficio del interés público y la estabilidad económica del país.-CONSIDERANDO (12): Que se considera finalmente, bajo los argumentos ilustrados por la Sala, en interpretación conforme del derecho positivo vigente a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras; que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil quince (2015), objeto de la presente acción de amparo; resulta violatoria a los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente, por lo cual procede otorgar la acción de amparo impetrada."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 128, parrafo 4 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 301 (Decreto)
- Ley Orgánica de Presupuesto, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo Seccional del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por los ciudadanos (as) DIANA GABRIELA PINEDA CASTILLO, SANTOS CARLOS RODAS RODAS, MARÍA ARCADIA CRUZ FLORES, MARÍA ROSARIO LÓPEZ MARTÍNEZ, JUANA MARÍA FLORES MONTOYA, CRISTOBAL NOEL CASTRO GUTIÉRREZ Y OTROS contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; manifestando que la resolución impetrada vulnera los artículos 82, 90, 128 numeral 4), 301, 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderada Legal de los señores DIANA GABRIELA PINEDA CASTILLO, SANTOS CARLOS RODAS RODAS, MARÍA ARCADIA CRUZ FLORES, MARÍA ROSARIO LÓPEZ MARTÍNEZ, JUANA MARÍA FLORES MONTOYA, CRISTOBAL NOEL CASTRO GUTIÉRREZ Y OTROS, en su condición personal, interponiendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. (Ver folios uno (01) al siete (07) de la primera pieza de antecedentes).-2) Que el referido Juzgado, dictó resolución en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), en el cual RESUELVE: “(…) En cuanto a la solicitud de nulidad se RECHAZA por IMPROCEDENTE ya que en la etapa de ejecución no CABRAN EXEPCIONES (sic.) NI INCIDENTES únicamente la de pago, tal como lo establece el Artículo 786 del Código del Trabajo.” (Ver folio doscientos catorce (214) de la primera pieza de antecedentes).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), lo declaró SIN LUGAR, procediendo a tramitarse el recurso de reposición respectivo, el cual fue resuelto así: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, en el carácter con que actúa. (Ver folios ciento ocho (108) al ciento doce (112) de la segunda pieza de antecedentes).-4) El recurrente, abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, compareció en su condición preindicada ante este Tribunal, en fecha diez (10) de abril del año dos mil quince (2015) interponiendo acción de amparo a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, por considerar que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82, 90, 128 numeral 4), 301, 304 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha tres (3) de julio de dos mil quince (2015).-5) Que con fecha tres (3) de agosto de dos mil quince (2015) se tuvo por evacuada la vista al Fiscal del Despacho, Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución y por emitido en tiempo y forma su dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo Seccional del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, misma que rechaza por IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, en su calidad de apoderado de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, bajo la consideración fundamental que en la etapa de ejecución no cabrán excepciones ni incidentes: “… únicamente la de pago, tal como lo establece el Artículo 786 del Código del Trabajo”; todo ello con relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por los ciudadanos (as) DIANA GABRIELA PINEDA CASTILLO, SANTOS CARLOS RODAS RODAS, MARÍA ARCADIA CRUZ FLORES, MARÍA ROSARIO LÓPEZ MARTÍNEZ, JUANA MARÍA FLORES MONTOYA, CRISTOBAL NOEL CASTRO GUTIÉRREZ Y OTROS contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- CONSIDERANDO (4): Que la sentencia a que se ha hecho anterior relación, falla confirmando el referido auto dictado por el Juzgado A Quo, argumentando y motivando lo siguiente: 1. Que el presupuesto básico para iniciar actividades de ejecución forzosa es la existencia de un documento donde resulte determinada una obligación o un deber, cuyo cumplimiento puede exigirse por una persona a favor de otra. 2. Que el embargo es la actividad jurisdiccional desarrollada en la ejecución forzosa mediante la que se persigue la individualización de bienes suficientes del patrimonio del deudor, declarándolos sujetos a la ejecución, para proporcionar al acreedor una cantidad de dinero: “… bien directamente, porque pueda ser habido, o bien a través de la realización de otros elementos patrimoniales susceptibles de convertirse en dinero, sin perjuicio de que el pago pueda efectuarse en otra forma; es decir, por adjudicación al acreedor de los bienes en pago de su crédito o por su entrega en administración.”-CONSIDERANDO (5): Que en sustanciación de la presente acción constitucional de amparo ha manifestado el garantista, Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, que muestran tal resolución, que vulnera en forma ostensible los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 82, 90, 128 numeral 4), 301, 304 y 321 de la Constitución de la República, al violentar las declaraciones y derechos allí contenidas; lo cual fundamenta y se sintetiza en los acápites transcritos, con especial mención al contenido del artículo 301 de la Constitución de la República, que a la letra dice: “Deberán ingresar al Tesoro Municipal los impuestos y contribuciones que graven los ingresos provenientes de las inversiones que se realicen en la respectiva comprensión municipal, lo mismo que la participación que le corresponda por la explotación o industrialización de los recursos naturales ubicados en su jurisdicción municipal, salvo que razones de conveniencia nacional obliguen a darles otros destinos”.-CONSIDERANDO (6): Que sigue manifestando el amparista, que comparece ante ésta alta Sede de Justicia Constitucional, solicitando se otorgue amparo a la parte por él representada contra la resolución emanada del órgano jurisdiccional Ad Quem, misma que ha quedado descrita y fundamentada en los acápites 3) y 4) que anteceden. Manifiesta que el carácter urgente de la violación radica en que al no decretarse la nulidad de los Embargos que se han estado y siguen ejecutando por la jurisdicción de lo laboral, contra los supuestos créditos que podría percibir la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, tanto de las empresas de carácter privado, como de las empresas públicas del Estado. Refiere que la supuesta jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional citada en el Considerando 8) de la Certificación No. 9181, atiende que al estarse haciendo efectiva una sentencia mediante la ejecución forzosa de un crédito a favor de su representada - misma que al momento del embargo no era exigible a favor de la parte vencida en juicio - se está garantizando la plena vigencia de estos derechos a las empresas a las cuales se les está efectuando este embargo: “… por lo que le corresponde a estas y no a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, interponer las acciones que estime pertinentes, para que estos embargos dejen de tener efectividad (…)”; lo cual es correlativo a lo que el Magistrado ponente de la sentencia ha motivado, en el sentido que a quienes le corresponde interponer los recursos es a las empresas donde se les ha efectuado el embargo. Manifiesta el garantista que dicha interpretación no es conforme a derecho, en particular al tenor del precitado artículo 301 de la Constitución de la República; incurriendo más bien en desviación los funcionarios públicos respecto a lo que manda expresamente la Constitución, deviniendo inclusive en un delito como es el Abuso de Autoridad. Además cuestiona, que los conceptos del Considerando 6) de la Alzada,[1] por fundamentar en derecho mercantil los intereses que se devenguen y las costas ocasionadas durante la ejecución, lo cual no corresponde aplicar en materia laboral; ocasionando que se otorgue a las empresas donde se ha embargado un título de crédito para que estas no paguen sus obligaciones a la Alcaldía Municipal, de lo cual se desprende en términos absolutos la nulidad de los embargos.-CONSIDERANDO (7): Que finaliza manifestando en formalización de su recurso el amparista, que la mencionada infracción abarca los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República puesto que no se expresa por el Tribunal de primera instancia qué clases de créditos se están embargando, no obstante el concepto de crédito señala diversos tipos (negociables, hipotecarios, prendarios, privilegiados y el refaccionario),[2] pues para que exista tal obligación debe haber un documento que obligue tanto a las empresas privadas como públicas del Estado al pago de créditos, derechos o valores a favor de la Alcaldía, lo cual no existe, en infracción al contenido del derecho constitucional de defensa y en completa prescindencia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. - Por todo ello, se impetra por el recurrente que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil quince (2015) y de la cual se ha hecho expresa relación, resulta violatoria en forma plural al derecho constitucional precitado, procediendo el otorgamiento de amparo solicitado, conforme a derecho.-CONSIDERANDO (8): Que para la Sala de lo Constitucional, resulta en forma primaria la prevalente aplicación de los derechos y garantías estatuidos, por el artículo 128 cuarto párrafo de la Constitución de la República; según el cual: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1. 2. 3. 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad a ley”. La estipulación en el sentido de que los créditos a favor de los trabajadores son singularmente privilegiados, significa que el trabajador podrá cobrar su crédito preferentemente en el caso de existir otros acreedores del ejecutado, circunstancia que no se discute en el caso de mérito, ni se desconocen para esta Sala los derechos y créditos sociales a favor de los trabajadores.-CONSIDERANDO (9): Que los impuestos y contribuciones que recaudan las Alcaldías Municipales, forman parte del Tesoro Municipal una vez que hayan ingresado a éste como lo dispone el artículo 301 constitucional, por lo cual la ejecución de embargos por expectativa de impuestos o contribuciones que aún no han ingresado a la Municipalidad, violenta las garantías y derechos alegados por el amparista, consagrados en el derecho de defensa y el debido proceso.-CONSIDERANDO (10): Que en esta línea, la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 127 dispone: “Inembargabilidad de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública. Ningún tribunal podrá despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencia de embargo contra las rentas y caudales de Hacienda Pública”. La disposición aquí referida, presume que previamente al embargo de bienes del Estado y las Municipalidades deben agotarse procedimientos propios concernientes a la administración del erario público, atinentes al bien común.-CONSIDERANDO (11): Esta Sala de lo Constitucional reconoce que el órgano jurisdiccional dispone del poder necesario para hacer efectiva la ejecución de sentencias firmes, pero cuando el ejecutado sea una municipalidad o el Estado el Juez deberá ceñirse a ciertas reglas especiales preestablecidas tanto en la Constitución de la República, como en la ley, tendientes a cumplir efectivamente la función pública bajo la responsabilidad del Estado extensiva a las municipalidades en beneficio del interés público y la estabilidad económica del país.-CONSIDERANDO (12): Que se considera finalmente, bajo los argumentos ilustrados por la Sala, en interpretación conforme del derecho positivo vigente a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras; que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil quince (2015), objeto de la presente acción de amparo; resulta violatoria a los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente, por lo cual procede otorgar la acción de amparo impetrada.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 135, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0322-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“C E R T I F I C A C I Ó N: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, que declaró NO HA LUGAR un recurso de apelación presentado contra actuaciones del Juzgado de Letras del Trabajo Seccional del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por los ciudadanos (as) DIANA GABRIELA PINEDA CASTILLO, SANTOS CARLOS RODAS RODAS, MARÍA ARCADIA CRUZ FLORES, MARÍA ROSARIO LÓPEZ MARTÍNEZ, JUANA MARÍA FLORES MONTOYA, CRISTOBAL NOEL CASTRO GUTIÉRREZ Y OTROS contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; manifestando que la resolución impetrada vulnera los artículos 82, 90, 128 numeral 4), 301, 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderada Legal de los señores DIANA GABRIELA PINEDA CASTILLO, SANTOS CARLOS RODAS RODAS, MARÍA ARCADIA CRUZ FLORES, MARÍA ROSARIO LÓPEZ MARTÍNEZ, JUANA MARÍA FLORES MONTOYA, CRISTOBAL NOEL CASTRO GUTIÉRREZ Y OTROS, en su condición personal, interponiendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. (Ver folios uno (01) al siete (07) de la primera pieza de antecedentes).-2) Que el referido Juzgado, dictó resolución en fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014), en el cual RESUELVE: “(…) En cuanto a la solicitud de nulidad se RECHAZA por IMPROCEDENTE ya que en la etapa de ejecución no CABRAN EXEPCIONES (sic.) NI INCIDENTES únicamente la de pago, tal como lo establece el Artículo 786 del Código del Trabajo.” (Ver folio doscientos catorce (214) de la primera pieza de antecedentes).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), lo declaró SIN LUGAR, procediendo a tramitarse el recurso de reposición respectivo, el cual fue resuelto así: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, en el carácter con que actúa. (Ver folios ciento ocho (108) al ciento doce (112) de la segunda pieza de antecedentes).-4) El recurrente, abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, compareció en su condición preindicada ante este Tribunal, en fecha diez (10) de abril del año dos mil quince (2015) interponiendo acción de amparo a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, por considerar que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82, 90, 128 numeral 4), 301, 304 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha tres (3) de julio de dos mil quince (2015).-5) Que con fecha tres (3) de agosto de dos mil quince (2015) se tuvo por evacuada la vista al Fiscal del Despacho, Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución y por emitido en tiempo y forma su dictamen, en el cual es de la opinión porque NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo Seccional del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, misma que rechaza por IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, en su calidad de apoderado de la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, bajo la consideración fundamental que en la etapa de ejecución no cabrán excepciones ni incidentes: “… únicamente la de pago, tal como lo establece el Artículo 786 del Código del Trabajo”; todo ello con relación a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por los ciudadanos (as) DIANA GABRIELA PINEDA CASTILLO, SANTOS CARLOS RODAS RODAS, MARÍA ARCADIA CRUZ FLORES, MARÍA ROSARIO LÓPEZ MARTÍNEZ, JUANA MARÍA FLORES MONTOYA, CRISTOBAL NOEL CASTRO GUTIÉRREZ Y OTROS contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- CONSIDERANDO (4): Que la sentencia a que se ha hecho anterior relación, falla confirmando el referido auto dictado por el Juzgado A Quo, argumentando y motivando lo siguiente: 1. Que el presupuesto básico para iniciar actividades de ejecución forzosa es la existencia de un documento donde resulte determinada una obligación o un deber, cuyo cumplimiento puede exigirse por una persona a favor de otra. 2. Que el embargo es la actividad jurisdiccional desarrollada en la ejecución forzosa mediante la que se persigue la individualización de bienes suficientes del patrimonio del deudor, declarándolos sujetos a la ejecución, para proporcionar al acreedor una cantidad de dinero: “… bien directamente, porque pueda ser habido, o bien a través de la realización de otros elementos patrimoniales susceptibles de convertirse en dinero, sin perjuicio de que el pago pueda efectuarse en otra forma; es decir, por adjudicación al acreedor de los bienes en pago de su crédito o por su entrega en administración.”-CONSIDERANDO (5): Que en sustanciación de la presente acción constitucional de amparo ha manifestado el garantista, Abogado OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, que muestran tal resolución, que vulnera en forma ostensible los derechos y garantías constitucionales dispuestas en los artículos 82, 90, 128 numeral 4), 301, 304 y 321 de la Constitución de la República, al violentar las declaraciones y derechos allí contenidas; lo cual fundamenta y se sintetiza en los acápites transcritos, con especial mención al contenido del artículo 301 de la Constitución de la República, que a la letra dice: “Deberán ingresar al Tesoro Municipal los impuestos y contribuciones que graven los ingresos provenientes de las inversiones que se realicen en la respectiva comprensión municipal, lo mismo que la participación que le corresponda por la explotación o industrialización de los recursos naturales ubicados en su jurisdicción municipal, salvo que razones de conveniencia nacional obliguen a darles otros destinos”.-CONSIDERANDO (6): Que sigue manifestando el amparista, que comparece ante ésta alta Sede de Justicia Constitucional, solicitando se otorgue amparo a la parte por él representada contra la resolución emanada del órgano jurisdiccional Ad Quem, misma que ha quedado descrita y fundamentada en los acápites 3) y 4) que anteceden. Manifiesta que el carácter urgente de la violación radica en que al no decretarse la nulidad de los Embargos que se han estado y siguen ejecutando por la jurisdicción de lo laboral, contra los supuestos créditos que podría percibir la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, tanto de las empresas de carácter privado, como de las empresas públicas del Estado. Refiere que la supuesta jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional citada en el Considerando 8) de la Certificación No. 9181, atiende que al estarse haciendo efectiva una sentencia mediante la ejecución forzosa de un crédito a favor de su representada - misma que al momento del embargo no era exigible a favor de la parte vencida en juicio - se está garantizando la plena vigencia de estos derechos a las empresas a las cuales se les está efectuando este embargo: “… por lo que le corresponde a estas y no a la Alcaldía Municipal del Distrito Central, interponer las acciones que estime pertinentes, para que estos embargos dejen de tener efectividad (…)”; lo cual es correlativo a lo que el Magistrado ponente de la sentencia ha motivado, en el sentido que a quienes le corresponde interponer los recursos es a las empresas donde se les ha efectuado el embargo. Manifiesta el garantista que dicha interpretación no es conforme a derecho, en particular al tenor del precitado artículo 301 de la Constitución de la República; incurriendo más bien en desviación los funcionarios públicos respecto a lo que manda expresamente la Constitución, deviniendo inclusive en un delito como es el Abuso de Autoridad. Además cuestiona, que los conceptos del Considerando 6) de la Alzada,[3] por fundamentar en derecho mercantil los intereses que se devenguen y las costas ocasionadas durante la ejecución, lo cual no corresponde aplicar en materia laboral; ocasionando que se otorgue a las empresas donde se ha embargado un título de crédito para que estas no paguen sus obligaciones a la Alcaldía Municipal, de lo cual se desprende en términos absolutos la nulidad de los embargos.-CONSIDERANDO (7): Que finaliza manifestando en formalización de su recurso el amparista, que la mencionada infracción abarca los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República puesto que no se expresa por el Tribunal de primera instancia qué clases de créditos se están embargando, no obstante el concepto de crédito señala diversos tipos (negociables, hipotecarios, prendarios, privilegiados y el refaccionario),[4] pues para que exista tal obligación debe haber un documento que obligue tanto a las empresas privadas como públicas del Estado al pago de créditos, derechos o valores a favor de la Alcaldía, lo cual no existe, en infracción al contenido del derecho constitucional de defensa y en completa prescindencia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. - Por todo ello, se impetra por el recurrente que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil quince (2015) y de la cual se ha hecho expresa relación, resulta violatoria en forma plural al derecho constitucional precitado, procediendo el otorgamiento de amparo solicitado, conforme a derecho.-CONSIDERANDO (8): Que para la Sala de lo Constitucional, resulta en forma primaria la prevalente aplicación de los derechos y garantías estatuidos, por el artículo 128 cuarto párrafo de la Constitución de la República; según el cual: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1. 2. 3. 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarios y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad a ley”. La estipulación en el sentido de que los créditos a favor de los trabajadores son singularmente privilegiados, significa que el trabajador podrá cobrar su crédito preferentemente en el caso de existir otros acreedores del ejecutado, circunstancia que no se discute en el caso de mérito, ni se desconocen para esta Sala los derechos y créditos sociales a favor de los trabajadores.-CONSIDERANDO (9): Que los impuestos y contribuciones que recaudan las Alcaldías Municipales, forman parte del Tesoro Municipal una vez que hayan ingresado a éste como lo dispone el artículo 301 constitucional, por lo cual la ejecución de embargos por expectativa de impuestos o contribuciones que aún no han ingresado a la Municipalidad, violenta las garantías y derechos alegados por el amparista, consagrados en el derecho de defensa y el debido proceso.-CONSIDERANDO (10): Que en esta línea, la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 127 dispone: “Inembargabilidad de las Rentas y Caudales de la Hacienda Pública. Ningún tribunal podrá despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencia de embargo contra las rentas y caudales de Hacienda Pública”. La disposición aquí referida, presume que previamente al embargo de bienes del Estado y las Municipalidades deben agotarse procedimientos propios concernientes a la administración del erario público, atinentes al bien común.-CONSIDERANDO (11): Esta Sala de lo Constitucional reconoce que el órgano jurisdiccional dispone del poder necesario para hacer efectiva la ejecución de sentencias firmes, pero cuando el ejecutado sea una municipalidad o el Estado el Juez deberá ceñirse a ciertas reglas especiales preestablecidas tanto en la Constitución de la República, como en la ley, tendientes a cumplir efectivamente la función pública bajo la responsabilidad del Estado extensiva a las municipalidades en beneficio del interés público y la estabilidad económica del país.-CONSIDERANDO (12): Que se considera finalmente, bajo los argumentos ilustrados por la Sala, en interpretación conforme del derecho positivo vigente a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras; que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil quince (2015), objeto de la presente acción de amparo; resulta violatoria a los derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente, por lo cual procede otorgar la acción de amparo impetrada.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 135, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0322-2015.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
[1] Alude a la Certificación No. 9181.
[2] Citando el Diccionario de Rafael de Pina Vara, en Editorial Porrúa. s. c.
[3] Alude a la Certificación No. 9181.
[4] Citando el Diccionario de Rafael de Pina Vara, en Editorial Porrúa. s. c.