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Sentencia AL-221-15 — Registro 9912

Resumen

Recurso de Amparo con relación a la consignación de cheque para el pago de prestaciones laborales. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada lo dispuesto en los Artículos 60, 61, 82 párrafo segundo, 90, 94 y 321, de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; habida cuenta que el ejercicio de la procuración estaba inmersa dentro de sus obligaciones laborales; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. ´´

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la Corte Suprema de Justicia ha si lo ha establecido en su jurisprudencia, como uno de los principios que rigen el Derecho Laboral en Honduras, el principio protectorio. Para apreciar mejor este principio, es necesario puntualizar que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador y que el ordenamiento jurídico como sistema de paz, sea social y moralmente justo.- La subordinación es un factor propio en una relación laboral, y esta subordinación trae aparejada la aplicación del derecho del trabajo. El principio protector es como el corazón del derecho del trabajo, su esencia radica no en nivelar a las personas, sino de equilibrar las desigualdades existentes en dicha subordinación, no solo en el Derecho Individual, sino también, en el Derecho Procesal y en el Derecho Colectivo del Trabajo.- Básicamente éste principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador.- Se desprenden de este principio protectorio, llamado también protector o de favor, tres reglas fundamentales instrumentales: 1) IN DUBIO PRO OPERARIO Hace referencia al criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. 2) NORMA MÁS FAVORABLE En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes. 3) LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Por este principio se entiende que cualquier modificación a las normativas, debe ampliar, y no reducir los derechos del trabajador. Este es el principio sobre el que se desarrolló la disciplina del derecho del trabajo, luego la doctrina fue abriéndose paso y se crearon otros principios, que complementaran al primero para su mejor aplicación e Interpretación. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, a favor de la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS STEIN S. A., contra sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha seis de enero de dos mil quince, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, con relación a la consignación de cheque para el pago de prestaciones laborales promovida por la Abogada GABRIELA MARIA ZELAYA LAITANO, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS STEIN S. A., a favor del ex trabajador VICTOR ALEJANDRO SUAREZ RIVERA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada lo dispuesto en los Artículos 60, 61, 82 párrafo segundo, 90, 94 y 321, de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veinte de agosto del año dos mil trece, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, la Abogada GABRIELA MARIA ZELAYA LAITANO, promoviendo demanda ordinaria laboral por consignación de pago de prestaciones sociales, pago de aguinaldo proporcional, pago de décimo mes proporcional, pago de vacaciones pendientes contra el señor VICTOR ALEJANDRO SUAREZ RIVERA. 2) Que en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras citado, RESOLVIÓ:”… en cuanto a la devolución de cheque número 514, de fecha 7 de agosto de 2013, emitido a favor de VICTOR ALEJANDRO SÚAREZ RIVERA, declarando sin lugar por ahora en virtud de que en el juicio ordinario promovido por el trabajador VICTOR ALEJANDRO SÚAREZ RIVERA existe una condena y que si bien es cierto la consignación fue rechazada por el trabajador también no es menos cierto que con el cheque en referencia se garantiza parte de la condena en el juicio ordenando a la empresa LABORATORIOS STEIN S.A. y que aún no ha cumplido con su obligación…” (Folios 45 al 46 de la primera pieza). 3) Que en fecha seis de enero de dos mil quince, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, FALLÓ: “PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación formulado por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO en su condición de representante convencional de la empresa denominada LABORATORIOS STEIN S. A. DE C. V., en contra de la resolución dictada en fecha diecisiete días del mes de Noviembre del año dos mil catorce en el proceso iniciado con ocasión de la consignación efectuada por la referida sociedad a favor del trabajador VICTOR ALEJANDRO SUAREZ RIVERA por el pago de prestaciones sociales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones proporcionales, todo en virtud del despido del que fuera objeto en fecha 30 de mayo de 2013; en consecuencia se CONFIRMA en todas sus partes la resolución de la referencia…” – SEGUNDO: SIN COSTAS en ésta instancia por la naturaleza eminentemente social de las leyes del trabajo…” (Folios 10 al 13 de la segunda pieza). 4) El recurrente el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, compareció ante este Tribunal, en fecha cinco de marzo del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada LABORATORIOS STEIN S. A., afirmando que la decisión del Ad-Quem de fecha seis de enero del año dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 60, 61, 82 párrafo segundo, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional el día ocho de junio del año dos mil quince. 5) Que en fecha diecinueve de junio del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el dictamen emitido por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, fue de la opinión de que NO SE OTORGUE el amparo solicitado. CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo en contra de la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha seis de enero de dos mil quince, que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, con relación a la consignación de cheque para el pago de prestaciones laborales promovida por la Abogada GABRIELA MARIA ZELAYA LAITANO, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada LABORATORIOS STEIN S. A., a favor del ex trabajador VICTOR ALEJANDRO SUAREZ RIVERA. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente, Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, muestra su disconformidad con la sentencia relacionada en el acápite anterior, por estimar que se ha violentado en perjuicio de su representada los Artículos 60, 61, 82 párrafo segundo, 90, 94 y 321, de la Constitución de la República, cuando la Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, declaró sin lugar un recurso de apelación tendiente a obtener el retiro y la devolución de un cheque consignado, toda vez que sin existir contravención respecto de la solicitud de retiro y devolución, ve desestimada su solicitud de retiro mediante resolución que carece de fundamento legal lógico, y cuyo basamento fáctico no fue alegado por parte alguna legitimada en el proceso, respecto de que la cantidad consignada sirviese como caución para una condena dictada en causa judicial independiente, siendo tal circunstancia una aportación personal de la judicatura. Es decir, la Corte de Apelaciones del Trabajo, fuera de las posibilidades conferidas por la legislación del trabajo resuelve situaciones cognitivas bajo parámetros no expresamente facultados, con determinación de verdad legal, violentando normas legales expresas, materia civil; y, otros derechos constitucionales. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, pronunciándose en el sentido de que al proceder a la lectura y estudio de las actuaciones realizadas, se puede establecer que la misma es apegada a Derecho; ya que costa un informe en donde se establece que hay una demanda laboral en primera instancia para el pago de Prestaciones Laborales, promovida por el señor Suarez contra Laboratorios Stein, S.A.; por lo tanto el fundamento de la Corte es legitimo en tanto hay una aceptación por el patrono de la existencia de un derecho en beneficio del trabajador, siendo el efecto de esta aceptación que el titulo valor quede a disposición del trabajador como en el cado venido a estudio, debatiéndose en el juicio ordinario el monto de lo adeudado como ocurre en el caso en comento, la aceptación de parte del trabajador del pago por consignación no le da derecho al deudor (patrono) al retiro de la cantidad consignada a favor del trabajador. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer porque no se otorgue el presente recurso de amparo, por no vislumbrarse violación alguna a los derechos denunciados por el amparista. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO SIETE (7): Que la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, basa su sentencia básicamente en que no son atendibles las argumentaciones del apelante, en cuanto a que se ha violentado el principio dispositivo y las reglas que regulan la aportación de prueba; pues como se expuso, el presente asunto trata sobre derechos sociales que gozan de una protección especial, en el que la parte recurrente acudió al Tribunal de primera instancia a consignar lo que creyó deber al trabajador, operándose así el reconocimiento de una obligación para con este, que ahora no puede desconocer; de ahí que tampoco es posible considerar que la Iudex A-Quo, haya resuelto sobre pretensiones no planteadas ni en base a conocimiento personal, a lo que se suma la unidad de actuaciones del Tribunal, advirtiéndose que estas responden a los principios de tutela judicial efectiva y legalidad, por lo que consideró procedente confirmar la resolución objeto de la apelación. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la obligación fundamental y básica del trabajador, es la de trabajar, que es una prestación de hacer, como una obligación principal, del empresario o patrono; es la de remunerar el trabajo que exige es una prestación de dar. Pero, junto a estas prestaciones básicas del contrato, expresión del deber genérico de trabajar y abonar el salario, la ejecución del contrato de trabajo conlleva muchas otras obligaciones, que podemos considerar accesorias de las principales e inseparables de estas, y que son especificaciones de los deberes genéricos señalados “modalizaciones” de la prestación del trabajo, las llama el profesor Alonso Olea; modos o formas que rodean las prestaciones básicas de trabajar o retribuir. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que los principios generales del derecho, constituyen, los principios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo y a los cuales éste trata de darles encarnación en una circunstancia histórica concreta determinada. En el derecho laboral, existen principios que lo diferencian de otras materias, ya que los mismos buscan proteger al más débil económicamente, como es el caso del trabajador. Esta protección se materializa cuando las leyes nacionales se aplican correctamente a cada caso. Los principios del derecho laboral tienen una triple función: una función política, una función normativa y una función interpretativa. La función política, legislativa o informadora, consiste en que se contemplen en las leyes laborales todas las virtualidades propias en cada principio, otorgándole una eficacia operativa en la materia y con los alcances regulados por aquella. La función normativa, sirve como supletoria en caso de ausencia de la ley y que se orienta, cuando así lo prevé expresamente el ordenamiento jurídico nacional, sin que la ausencia de una remisión tal, impida al intérprete aplicarlos para integrar el Derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Suprema de Justicia ha si lo ha establecido en su jurisprudencia, como uno de los principios que rigen el Derecho Laboral en Honduras, el principio protectorio. Para apreciar mejor este principio, es necesario puntualizar que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador y que el ordenamiento jurídico como sistema de paz, sea social y moralmente justo.- La subordinación es un factor propio en una relación laboral, y esta subordinación trae aparejada la aplicación del derecho del trabajo. El principio protector es como el corazón del derecho del trabajo, su esencia radica no en nivelar a las personas, sino de equilibrar las desigualdades existentes en dicha subordinación, no solo en el Derecho Individual, sino también, en el Derecho Procesal y en el Derecho Colectivo del Trabajo.- Básicamente éste principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador.- Se desprenden de este principio protectorio, llamado también protector o de favor, tres reglas fundamentales instrumentales: 1) IN DUBIO PRO OPERARIO Hace referencia al criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. 2) NORMA MÁS FAVORABLE En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes. 3) LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Por este principio se entiende que cualquier modificación a las normativas, debe ampliar, y no reducir los derechos del trabajador. Este es el principio sobre el que se desarrolló la disciplina del derecho del trabajo, luego la doctrina fue abriéndose paso y se crearon otros principios, que complementaran al primero para su mejor aplicación e Interpretación. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Trabajo, y el derecho de Defensa; habida cuenta que el ejercicio de la procuración estaba inmersa dentro de sus obligaciones laborales; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de de Amparo Laboral bajo el número SCO-221-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL