Sentencia AL-219-14 — Registro 6200
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y revocó auto interlocutorio dictado por Juzgado de Instancia que declaró sin lugar la impugnación contra Tasación de Honorarios Profesionales; por lo que declaró con lugar el cobro de los mismos, derivados de la Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro al trabajo promovida por Demandante contra Empresa Nacional Portuaria (ENP); La Autoridad recurrida declaró con lugar la impugnación promovida por la Demandada; por considerar que existe un contrato individual de trabajo entre las partes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"ésta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación al cobro de Honorarios Profesionales, presentado por el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, ante al Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por haber representado a la Empresa Nacional Portuaria, esgrimiendo el recurrente en Amparo, que el abogado Heriberto Godoy Vásquez fue contratado para desempeñar el cargo de Asistente del Asesor Legal del Departamento de Asesoría Legal de la Empresa Nacional Portuaria, bajo la condición de empleado de confianza a tiempo completo y con exclusividad de servicios, devengando un salario mensual superior al establecido en el Arancel del Profesional del Derecho, quedando facultado el patrono para exigir el trabajo en cualquier momento en cumplimiento de órdenes, siempre dentro de los cometidos generales y propios de su competencia, según fue consignado en el contrato que al efecto fue suscrito por las partes y por el cual gozaba de todos los beneficios que éste generaba, siendo precisamente por esa misma contratación que el actor ejecutó actos de procuración en beneficio del empleador en horas comprendidas dentro de la jornada y horario de trabajo pactados, todo en razón de su actividad laboral exclusiva y permanente a tiempo completo en una institución pública autónoma, actuaciones que coincidieron con el desarrollo de la jornada regular de los juzgados y tribunales de la República..."..."ésta Sala observa que, en el caso en estudio se ha respetado el principio de legalidad que debe prevalecer en todo proceso, ello porque al detectar el Tribunal Ad-Quem, el yerro cometido por el A-Quo, a procedido a enmendar conforme dispone la Ley, el asunto controvertido, es así que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se encuentra dictada en el marco de legalidad constitucional, siendo de observancia obligatoria para ésta Sala de lo Constitucional lo establecido en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho...a folio número once de la pieza de Amparo se encuentra copia del Contrato Individual de Trabajo, suscrito entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, la cláusula segunda de dicho contrato establece que el trabajador se obliga a prestar exclusivamente al patrono bajo su continúa subordinación o dependencia sus servicios personales como empleado de confianza en el cargo de Asistente del Asesor Legal y en caso necesario, prestará sus servicios en donde y como le sea ordenado por el patrono a sus representantes autorizados, pero ello siempre dentro de los cometidos generales que sean propios de su competencia..."..."el recurrente trae a colación en sus argumentos expuestos en la Acción de Amparo interpuesta, el Dictamen Legal No. 003-2008, emitido por el Colegio de Abogados de Honduras, en fecha doce de marzo del año dos mil ocho, en relación al caso de la abogada Elean López Gómez, entendiendo ésta Sala de lo Constitucional, de los considerándoos enunciados en dicho dictamen, que la referida Profesional del Derecho, solicitaba el cobro de honorarios profesionales a razón de un contrato de consultoría, fundamentando dicho Dictamen en el artículo 11[1] párrafo segundo, del Arancel del Profesional del Derecho; objeto de dictamen que es diferente al asunto que se plantea en la acción de Amparo en Estudio, en el cual un Profesional del Derecho, pretende se le paguen honorarios profesionales por servicios prestados que se desprenden de un Contrato Individual de Trabajo, contraído entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez..."..."ésta Sala de lo Constitucional es del criterio, que la relación existente entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, era una relación laboral, al tenor de lo preceptuado en el artículo 19[2] y 20 del Código de Trabajo, y según las obligaciones asumidas en la cláusula segunda del Contrato Individual de Trabajo, contraído entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, es que a éste último se le asignó labores de procuración, de acuerdo a su competencia, al ser Profesional del Derecho..."..."en el caso sub judice hacer prevalecer el principio de legalidad. Esta Sala observa que la Corte de Apelaciones recurrida, ha enmendado la resolución emitida por el A-Quo, procediendo en consecuencia a dictar una resolución apegada a derecho, haciendo predominar los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, específicamente el principio de Legalidad, que se encuentra como principio implícito en la Constitución de la República, como garante del Estado de Derecho que enuncia en el primer artículo, así como los artículos 90 y 321, así como lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25..."..."en el sub judice contiene un contrato de trabajo, en el que se expreso una voluntad de buena fe de realizar una labor, de forma personal, subordinada y a cambio de un salario, el cual era superior al señalado por el Arancel del Profesional del Derecho cumpliendo tal situación lo estipulado en el artículo 127 constitucional, por lo que devengar dicha retribución bajo las formas legales señaladas era excluyente del cobro de los honorarios intentados, dado que la ejecución de la buena fe presupone que los contratos no sólo obligan a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación jurídica de que se trate[8]; nuestra Constitución fija los criterios para la determinación del salario justo, normas de valor preceptivo como diseño criterio programática a los que se debe de ajustas los contratos de trabajo[9] y en el presente caso dada la naturaleza de la labor, el puesto y el salario devengado se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 70 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo del año dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez a favor del Señor Heriberto Godoy Vásquez, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, que declaró Con Lugar un Recurso de Apelación y revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, con relación al Cobro de Honorarios Profesionales promovido por el abogado Heriberto Godoy Vásquez contra la Empresa Nacional Portuaria (ENP), derivado de la demanda ordinaria laboral promovida por el Señor Marco Aurelio Chavarría Orellana contra la Empresa Nacional Portuaria (ENP).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 70, 80 y 127 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha doce de abril del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, el Señor Marco Aurelio Chavarría Orellana, promoviendo demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios en el cargos de Jefe de Unidad de Servicios Marítimos, así como pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido, hasta que se ejecute y quede firme la sentencia definitiva por despido injustificado escrito y directo, más costas procesales y personales, en contra de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), representada procesalmente en la sustanciación de dicho proceso por el abogado Heriberto Godoy Vásquez.-2) Que en fecha quince de octubre del año dos mil diez, el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, dictó Sentencia Definitiva en la que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Señor Marco Aurelio Chavarría Orellana, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diez; asimismo la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema Justicia en fecha siete de marzo del año dos mil once, declaró desierto el Recurso de Casación interpuesto contra del fallo proferido por el A-quem, a favor de la Empresa Nacional Portuaria como parte demandada.-3) Que en fecha once de septiembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, el abogado Mario Alberto Prieto en su condición de representante procesal del abogado Heriberto Godoy Vásquez, presentando reclamo de Cuenta detallada de cobro de Honorarios Profesionales en contra de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).-4) Que en fecha doce de septiembre del año dos mil trece, el referido Juzgado de Letras, admitió la Cuenta detallada de Cobro de Horarios Profesionales antes relacionada y ordenó a la Secretaría de dicho Juzgado practicar la Tasación de Honorarios Profesionales correspondientes aplicando el Arancel del Profesional del Derecho; de igual manera el Juzgado de Letras en esa misma fecha tuvo por efectuada la Tasación de Honorarios Profesionales por la Secretaría del Juzgado y ordenó dar vista ala parte demandada Empresa Nacional Portuaria (ENP) a través de su Gerente General, para que impugnará o aceptara dicha Tasación de Honorarios.-5) Que en fecha doce de noviembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, el Abogado José Enrique Cardona Chapasen su condición de representante procesal de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), presentando impugnación de Tasación de Honorarios profesionales por indebidos.-6)Que seguido el tramite de ley correspondiente el
referido Juzgado de Letras, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, dictó Auto Interlocutorio mediante el cual resolvió: “DECLARANDO SIN LUGAR LA IMPUGNACIÓN INTERPUESTA POR EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA EN CONTRA DE LA TASACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES PUESTA A LA ORDEN DE LAS PARTES POR LA SECRETARIA DE ESTE DESPACHO.-CON COSTAS.-” (Folios cuatrocientos noventa y uno (F-491) y cuatrocientos noventa y dos(F-492) de los antecedentes de primera instancia).-7) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el abogado José Enrique Cardona Chapasen su condición de representante procesal de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarando CON LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el representante judicial de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP); en consecuencia se revoca el auto interlocutorio de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece (2013) dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés en el incidente de tasación de honorarios profesionales promovido por el Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, en la demanda promovida por el señor MARCO AURELIO CHAVARRIA contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), a través de su Representante Legal; por tanto, I)se: DECLARA CON LUGAR LA IMPUGNACIÓN formulada por el abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS en su calidad de representante judicial de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) Y II) Se EXIME a la demandada a la imposición de costas de primera instancia, por tener motivos para litigar. SEGUNDO:SIN COSTAS, por tener el recurrente motivos racionales para litigar en ésta instancia y el carácter social de la normativa jurídica del trabajo.-” (Folios nueve (F-9) al doce (F-12) de los antecedente de segunda instancia).-8) Que el recurrente Abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez compareció ante este Alto Tribunal, en fecha siete de marzo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del Abogado Heriberto Godoy Vásquez, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70, 80, y 127 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince de mayo del año dos mil catorce.-9) Que con fecha dieciséis de junio del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada Yulibeth Garay Hernández, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE el Recurso de Amparo de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral cinco (5) en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos tres (3) numeral segundo, 5, 7, 8 y nueve(9) numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3):Que se conoce en esta vía constitucional la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce (2014), mediante la cual se declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto Interlocutorio dictado en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece (2013),por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés del Departamento de Cortés, en la cual resolvió Sin Lugar una impugnación de tasación de honorarios profesionales por indebidos, presentada por el abogado José Enrique Cardona Chapas, en su condición de representante procesal de la Empresa Nacional Portuaria, honorarios a favor del abogado Heriberto Godoy Vásquez, solicitadas por el abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente el abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo Recurso de Amparo a favor del abogado Heriberto Godoy Vásquez, por considerar que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, es violatoria de los derechos constitucionales establecido en el artículo 70, que determina que ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley, sostiene el recurrente en Amparo que dicha resolución emitida por el Ad-Quem viola además los artículo 80 y 127 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente ha expresado que a su representado el abogado Heriberto Godoy Vásquez, le fue conferido un Poder General para Pleitos, para que representara a la Empresa Nacional Portuaria, en diversos juicios, y que por lo tanto su representado, representó en primera y segunda instancia a la Empresa referida en la demanda laboral de reintegro al trabajo, que promovió contra la Empresa Nacional Portuaria el señor Marco Aurelio Chavarría Orellana; habiendo solicitado el hoy beneficiado de este recurso el pago de la Tasación de Honorarios Profesionales que determinó el A-Quo, ante tal reclamo el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo con sede en Puerto Cortes, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece (2013), emitió sentencia interlocutoria declarando Con Lugar el cobro de honorarios, pero que en forma inexplicable la Corte de Apelaciones del Trabajo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, emitió sentencia en fecha veintiuno de marzo del año dos mil catorce (2014), declarando Con Lugar el recurso de apelación y revocando la sentencia interlocutoria emitida en primera instancia, violentándole a su representado, arguye el recurrente en Amparo, el derecho legítimo de trabajar y recibir un pago, por los servicios prestados ejerciendo la procuración.-CONSIDERANDO (6): Sostiene el amparista que el criterio vertido por el Tribunal Ad-Quem en su sentencia emitida, violenta la opinión del Colegio de Abogados, dada en el Dictamen Legal emitido en fecha doce de marzo del año 2008, en el que indica que en casos similares a los de su representado si procede el pago de honorarios profesionales, que el Contrato de Trabajo firmado por su representado con la Empresa Nacional Portuaria, no indica que es para ejercer la procuración en los Juzgados y Cortes de la República de Honduras, además el artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho, indica que los integrantes de las asesorías legales de los tres poderes del Estado devengarán los honorarios establecidos en el Arancel del Profesional del Derecho, artículo que fue violentado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en el fallo emitido, el que se contradice ya en otros casos similares al de su representado, que la indicada Corte de Apelaciones emitió sentencias a favor de dichos cobros como es el caso de Elean López; reitera el recurrente en Amparo que el fallo emitido por el Ad-Quem violenta el derecho al trabajo y a recibir una remuneración, derecho que protege el artículo 70 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (7): Que ésta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación al cobro de Honorarios Profesionales, presentado por el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, ante al Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por haber representado a la Empresa Nacional Portuaria, esgrimiendo el recurrente en Amparo, que el abogado Heriberto Godoy Vásquez fue contratado para desempeñar el cargo de Asistente del Asesor Legal del Departamento de Asesoría Legal de la Empresa Nacional Portuaria, bajo la condición de empleado de confianza a tiempo completo y con exclusividad de servicios, devengando un salario mensual superior al establecido en el Arancel del Profesional del Derecho, quedando facultado el patrono para exigir el trabajo en cualquier momento en cumplimiento de órdenes, siempre dentro de los cometidos generales y propios de su competencia, según fue consignado en el contrato que al efecto fue suscrito por las partes y por el cual gozaba de todos los beneficios que éste generaba, siendo precisamente por esa misma contratación que el actor ejecutó actos de procuración en beneficio del empleador en horas comprendidas dentro de la jornada y horario de trabajo pactados, todo en razón de su actividad laboral exclusiva y permanente a tiempo completo en una institución pública autónoma, actuaciones que coincidieron con el desarrollo de la jornada regular de los juzgados y tribunales de la República.-CONSIDERANDO (8): Que ésta Sala observa que, en el caso en estudio se ha respetado el principio de legalidad que debe prevalecer en todo proceso, ello porque al detectar el Tribunal Ad-Quem, el yerro cometido por el A-Quo, a procedido a enmendar conforme dispone la Ley, el asunto controvertido, es así que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se encuentra dictada en el marco de legalidad constitucional, siendo de observancia obligatoria para ésta Sala de lo Constitucional lo establecido en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho que a la letra determina: “EMPLEADO PERMANENTE EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS: El Profesional del Derecho que labora permanentemente a tiempo completo en instituciones Públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi-autónomas, empresas mixtas, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Empresa Privada en general, que se desempeñen como tal, devengará un sueldo mínimo mensual de L.21,000.00 y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras y en caso de que las instituciones privadas otorguen un aumento mayor, se aplicará éste según la conveniencia del Profesional del Derecho”, a folio número once de la pieza de Amparo se encuentra copia del Contrato Individual de Trabajo, suscrito entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, la cláusula segunda de dicho contrato establece que el trabajador se obliga a prestar exclusivamente al patrono bajo su continúa subordinación o dependencia sus servicios personales como empleado de confianza en el cargo de Asistente del Asesor Legal y en caso necesario, prestará sus servicios en donde y como le sea ordenado por el patrono a sus representantes autorizados, pero ello siempre dentro de los cometidos generales que sean propios de su competencia.-CONSIDERANDO (9): Que el recurrente trae a colación en sus argumentos expuestos en la Acción de Amparo interpuesta, el Dictamen Legal No. 003-2008, emitido por el Colegio de Abogados de Honduras, en fecha doce de marzo del año dos mil ocho, en relación al caso de la abogada Elean López Gómez, entendiendo ésta Sala de lo Constitucional, de los considerándoos enunciados en dicho dictamen, que la referida Profesional del Derecho, solicitaba el cobro de honorarios profesionales a razón de un contrato de consultoría, fundamentando dicho Dictamen en el artículo 11[1] párrafo segundo, del Arancel del Profesional del Derecho; objeto de dictamen que es diferente al asunto que se plantea en la acción de Amparo en Estudio, en el cual un Profesional del Derecho, pretende se le paguen honorarios profesionales por servicios prestados que se desprenden de un Contrato Individual de Trabajo, contraído entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez.-CONSIDERANDO (10): Que en el mismo orden de ideas expuestas por el Fiscal del Despacho, ésta Sala de lo Constitucional es del criterio, que la relación existente entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, era una relación laboral, al tenor de lo preceptuado en el artículo 19[2] y 20 del Código de Trabajo, y según las obligaciones asumidas en la cláusula segunda del Contrato Individual de Trabajo, contraído entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, es que a éste último se le asignó labores de procuración, de acuerdo a su competencia, al ser Profesional del Derecho.-CONSIDERANDO (11): Que la función específica de los tribunales de alzada, no es más que velar porque el Tribunal inferior cumpla con la aplicación de la ley, en el caso sub judice hacer prevalecer el principio de legalidad. Esta Sala observa que la Corte de Apelaciones recurrida, ha enmendado la resolución emitida por el A-Quo, procediendo en consecuencia a dictar una resolución apegada a derecho, haciendo predominar los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, específicamente el principio de Legalidad, que se encuentra como principio implícito en la Constitución de la República, como garante del Estado de Derecho que enuncia en el primer artículo, así como los artículos 90 y 321, así como lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25.-CONSIDERANDO (12): Que en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente, al respecto ésta Sala de lo Constitucional ha citado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que el ámbito material del derecho a ser oído en un proceso, se observa cuando el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido, significando esto último que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido[3], por lo que se puede ver en el caso sub examine la controversia surge de la respuesta a un recurso de apelación, en la que se alega que el hoy amparista está pretendiendo sobrepasar los derechos establecidos en el contrato de trabajo, debiendo indicar que en todo caso debe realizarse un tratamiento en igualdad procesal entre todos los justiciables, siendo que el acto de recurrir es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica[4]; por lo que ésta Sala no encuentra de recibo constitucional la supuesta vulneración al artículo 80 de la Constitución de la República, aducida por el quejoso.-CONSIDERANDO (13): Que el recurrente indica que se le ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 70 constitucional, entorno a que ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o sentencia fundada en la Ley, como ratio decidendi, es necesario observar que el desarrollo del derecho a la prohibición de los trabajos forzosos, si bien es cierto, el recurrente en el acápite en que se establecen los derechos constitucionales violados, no hace mayor referencia el sentido en arguye se ocasiono esto;en la Convención Sobre la Esclavitud de 1926, se identificaban prácticas análogas a la esclavitud, tales como la servidumbre en el caso una persona se prestaba a realizar servicios personales como garantía de una deuda[5], se ha calificado como esclavitud la practica de obligar trabajar sin salario, mediante violencia[6]y de forma involuntaria[7], considerando que la falta de voluntad para realizar el trabajo o servicio consiste en la ausencia de consentimiento o de libre elección en el momento del comienzo o continuación de la situación de trabajo forzado, situación que no es violenta en ninguna aspecto, dentro de lo observado por esta Sala, se ha mantenido lo tutelado por nuestra Constitución.-CONSIDERANDO (14):Que en el sub judice contiene un contrato de trabajo, en el que se expreso una voluntad de buena fe de realizar una labor, de forma personal, subordinada y a cambio de un salario, el cual era superior al señalado por el Arancel del Profesional del Derecho cumpliendo tal situación lo estipulado en el artículo 127 constitucional, por lo que devengar dicha retribución bajo las formas legales señaladas era excluyente del cobro de los honorarios intentados, dado que la ejecución de la buena fe presupone que los contratos no sólo obligan a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación jurídica de que se trate[8]; nuestra Constitución fija los criterios para la determinación del salario justo, normas de valor preceptivo como diseño criterio programática a los que se debe de ajustas los contratos de trabajo[9] y en el presente caso dada la naturaleza de la labor, el puesto y el salario devengado se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos70, 80, 90, 127,128, 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; artículos 6, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos1, 19, 20 y 360 del Código del Trabajo; artículos 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 22, 81, 82; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas.- FALLA: DENEGANDOla Acción de Amparo interpuesta por el abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez, a favor del ciudadano Heriberto Godoy Vásquez, contra la resolución dictada en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 219-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo del año dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez a favor del Señor Heriberto Godoy Vásquez, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, que declaró Con Lugar un Recurso de Apelación y revocó la Resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, con relación al Cobro de Honorarios Profesionales promovido por el abogado Heriberto Godoy Vásquez contra la Empresa Nacional Portuaria (ENP), derivado de la demanda ordinaria laboral promovida por el Señor Marco Aurelio Chavarría Orellana contra la Empresa Nacional Portuaria (ENP).- Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 70, 80 y 127 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha doce de abril del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, el Señor Marco Aurelio Chavarría Orellana, promoviendo demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios en el cargos de Jefe de Unidad de Servicios Marítimos, así como pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido, hasta que se ejecute y quede firme la sentencia definitiva por despido injustificado escrito y directo, más costas procesales y personales, en contra de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), representada procesalmente en la sustanciación de dicho proceso por el abogado Heriberto Godoy Vásquez.-2) Que en fecha quince de octubre del año dos mil diez, el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, dictó Sentencia Definitiva en la que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Señor Marco Aurelio Chavarría Orellana, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diez; asimismo la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema Justicia en fecha siete de marzo del año dos mil once, declaró desierto el Recurso de Casación interpuesto contra del fallo proferido por el A-quem, a favor de la Empresa Nacional Portuaria como parte demandada.-3) Que en fecha once de septiembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, el abogado Mario Alberto Prieto en su condición de representante procesal del abogado Heriberto Godoy Vásquez, presentando reclamo de Cuenta detallada de cobro de Honorarios Profesionales en contra de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).-4) Que en fecha doce de septiembre del año dos mil trece, el referido Juzgado de Letras, admitió la Cuenta detallada de Cobro de Horarios Profesionales antes relacionada y ordenó a la Secretaría de dicho Juzgado practicar la Tasación de Honorarios Profesionales correspondientes aplicando el Arancel del Profesional del Derecho; de igual manera el Juzgado de Letras en esa misma fecha tuvo por efectuada la Tasación de Honorarios Profesionales por la Secretaría del Juzgado y ordenó dar vista ala parte demandada Empresa Nacional Portuaria (ENP) a través de su Gerente General, para que impugnará o aceptara dicha Tasación de Honorarios.-5) Que en fecha doce de noviembre del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortés, el Abogado José Enrique Cardona Chapasen su condición de representante procesal de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), presentando impugnación de Tasación de Honorarios profesionales por indebidos.-6)Que seguido el tramite de ley correspondiente el
referido Juzgado de Letras, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, dictó Auto Interlocutorio mediante el cual resolvió: “DECLARANDO SIN LUGAR LA IMPUGNACIÓN INTERPUESTA POR EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA EN CONTRA DE LA TASACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES PUESTA A LA ORDEN DE LAS PARTES POR LA SECRETARIA DE ESTE DESPACHO.-CON COSTAS.-” (Folios cuatrocientos noventa y uno (F-491) y cuatrocientos noventa y dos(F-492) de los antecedentes de primera instancia).-7) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el abogado José Enrique Cardona Chapasen su condición de representante procesal de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarando CON LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el representante judicial de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP); en consecuencia se revoca el auto interlocutorio de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece (2013) dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés en el incidente de tasación de honorarios profesionales promovido por el Abogado HERIBERTO GODOY VASQUEZ, en la demanda promovida por el señor MARCO AURELIO CHAVARRIA contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), a través de su Representante Legal; por tanto, I)se: DECLARA CON LUGAR LA IMPUGNACIÓN formulada por el abogado JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS en su calidad de representante judicial de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) Y II) Se EXIME a la demandada a la imposición de costas de primera instancia, por tener motivos para litigar. SEGUNDO:SIN COSTAS, por tener el recurrente motivos racionales para litigar en ésta instancia y el carácter social de la normativa jurídica del trabajo.-” (Folios nueve (F-9) al doce (F-12) de los antecedente de segunda instancia).-8) Que el recurrente Abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez compareció ante este Alto Tribunal, en fecha siete de marzo del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del Abogado Heriberto Godoy Vásquez, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 70, 80, y 127 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha quince de mayo del año dos mil catorce.-9) Que con fecha dieciséis de junio del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada Yulibeth Garay Hernández, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE el Recurso de Amparo de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral cinco (5) en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos tres (3) numeral segundo, 5, 7, 8 y nueve(9) numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3):Que se conoce en esta vía constitucional la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce (2014), mediante la cual se declaró Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto Interlocutorio dictado en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece (2013),por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés del Departamento de Cortés, en la cual resolvió Sin Lugar una impugnación de tasación de honorarios profesionales por indebidos, presentada por el abogado José Enrique Cardona Chapas, en su condición de representante procesal de la Empresa Nacional Portuaria, honorarios a favor del abogado Heriberto Godoy Vásquez, solicitadas por el abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente el abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo Recurso de Amparo a favor del abogado Heriberto Godoy Vásquez, por considerar que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, es violatoria de los derechos constitucionales establecido en el artículo 70, que determina que ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley, sostiene el recurrente en Amparo que dicha resolución emitida por el Ad-Quem viola además los artículo 80 y 127 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente ha expresado que a su representado el abogado Heriberto Godoy Vásquez, le fue conferido un Poder General para Pleitos, para que representara a la Empresa Nacional Portuaria, en diversos juicios, y que por lo tanto su representado, representó en primera y segunda instancia a la Empresa referida en la demanda laboral de reintegro al trabajo, que promovió contra la Empresa Nacional Portuaria el señor Marco Aurelio Chavarría Orellana; habiendo solicitado el hoy beneficiado de este recurso el pago de la Tasación de Honorarios Profesionales que determinó el A-Quo, ante tal reclamo el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo con sede en Puerto Cortes, en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece (2013), emitió sentencia interlocutoria declarando Con Lugar el cobro de honorarios, pero que en forma inexplicable la Corte de Apelaciones del Trabajo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, emitió sentencia en fecha veintiuno de marzo del año dos mil catorce (2014), declarando Con Lugar el recurso de apelación y revocando la sentencia interlocutoria emitida en primera instancia, violentándole a su representado, arguye el recurrente en Amparo, el derecho legítimo de trabajar y recibir un pago, por los servicios prestados ejerciendo la procuración.-CONSIDERANDO (6): Sostiene el amparista que el criterio vertido por el Tribunal Ad-Quem en su sentencia emitida, violenta la opinión del Colegio de Abogados, dada en el Dictamen Legal emitido en fecha doce de marzo del año 2008, en el que indica que en casos similares a los de su representado si procede el pago de honorarios profesionales, que el Contrato de Trabajo firmado por su representado con la Empresa Nacional Portuaria, no indica que es para ejercer la procuración en los Juzgados y Cortes de la República de Honduras, además el artículo 11 del Arancel del Profesional del Derecho, indica que los integrantes de las asesorías legales de los tres poderes del Estado devengarán los honorarios establecidos en el Arancel del Profesional del Derecho, artículo que fue violentado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en el fallo emitido, el que se contradice ya en otros casos similares al de su representado, que la indicada Corte de Apelaciones emitió sentencias a favor de dichos cobros como es el caso de Elean López; reitera el recurrente en Amparo que el fallo emitido por el Ad-Quem violenta el derecho al trabajo y a recibir una remuneración, derecho que protege el artículo 70 de la Constitución de la República.-
CONSIDERANDO (7): Que ésta Sala observa que el asunto por el cual se recurre, es en relación al cobro de Honorarios Profesionales, presentado por el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, ante al Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por haber representado a la Empresa Nacional Portuaria, esgrimiendo el recurrente en Amparo, que el abogado Heriberto Godoy Vásquez fue contratado para desempeñar el cargo de Asistente del Asesor Legal del Departamento de Asesoría Legal de la Empresa Nacional Portuaria, bajo la condición de empleado de confianza a tiempo completo y con exclusividad de servicios, devengando un salario mensual superior al establecido en el Arancel del Profesional del Derecho, quedando facultado el patrono para exigir el trabajo en cualquier momento en cumplimiento de órdenes, siempre dentro de los cometidos generales y propios de su competencia, según fue consignado en el contrato que al efecto fue suscrito por las partes y por el cual gozaba de todos los beneficios que éste generaba, siendo precisamente por esa misma contratación que el actor ejecutó actos de procuración en beneficio del empleador en horas comprendidas dentro de la jornada y horario de trabajo pactados, todo en razón de su actividad laboral exclusiva y permanente a tiempo completo en una institución pública autónoma, actuaciones que coincidieron con el desarrollo de la jornada regular de los juzgados y tribunales de la República.-CONSIDERANDO (8): Que ésta Sala observa que, en el caso en estudio se ha respetado el principio de legalidad que debe prevalecer en todo proceso, ello porque al detectar el Tribunal Ad-Quem, el yerro cometido por el A-Quo, a procedido a enmendar conforme dispone la Ley, el asunto controvertido, es así que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Laboral de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, se encuentra dictada en el marco de legalidad constitucional, siendo de observancia obligatoria para ésta Sala de lo Constitucional lo establecido en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho que a la letra determina: “EMPLEADO PERMANENTE EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS: El Profesional del Derecho que labora permanentemente a tiempo completo en instituciones Públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi-autónomas, empresas mixtas, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Empresa Privada en general, que se desempeñen como tal, devengará un sueldo mínimo mensual de L.21,000.00 y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras y en caso de que las instituciones privadas otorguen un aumento mayor, se aplicará éste según la conveniencia del Profesional del Derecho”, a folio número once de la pieza de Amparo se encuentra copia del Contrato Individual de Trabajo, suscrito entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, la cláusula segunda de dicho contrato establece que el trabajador se obliga a prestar exclusivamente al patrono bajo su continúa subordinación o dependencia sus servicios personales como empleado de confianza en el cargo de Asistente del Asesor Legal y en caso necesario, prestará sus servicios en donde y como le sea ordenado por el patrono a sus representantes autorizados, pero ello siempre dentro de los cometidos generales que sean propios de su competencia.-CONSIDERANDO (9): Que el recurrente trae a colación en sus argumentos expuestos en la Acción de Amparo interpuesta, el Dictamen Legal No. 003-2008, emitido por el Colegio de Abogados de Honduras, en fecha doce de marzo del año dos mil ocho, en relación al caso de la abogada Elean López Gómez, entendiendo ésta Sala de lo Constitucional, de los considerándoos enunciados en dicho dictamen, que la referida Profesional del Derecho, solicitaba el cobro de honorarios profesionales a razón de un contrato de consultoría, fundamentando dicho Dictamen en el artículo 11[10] párrafo segundo, del Arancel del Profesional del Derecho; objeto de dictamen que es diferente al asunto que se plantea en la acción de Amparo en Estudio, en el cual un Profesional del Derecho, pretende se le paguen honorarios profesionales por servicios prestados que se desprenden de un Contrato Individual de Trabajo, contraído entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez.-CONSIDERANDO (10): Que en el mismo orden de ideas expuestas por el Fiscal del Despacho, ésta Sala de lo Constitucional es del criterio, que la relación existente entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, era una relación laboral, al tenor de lo preceptuado en el artículo 19[11] y 20 del Código de Trabajo, y según las obligaciones asumidas en la cláusula segunda del Contrato Individual de Trabajo, contraído entre la Empresa Nacional Portuaria y el Abogado Heriberto Godoy Vásquez, es que a éste último se le asignó labores de procuración, de acuerdo a su competencia, al ser Profesional del Derecho.-CONSIDERANDO (11): Que la función específica de los tribunales de alzada, no es más que velar porque el Tribunal inferior cumpla con la aplicación de la ley, en el caso sub judice hacer prevalecer el principio de legalidad. Esta Sala observa que la Corte de Apelaciones recurrida, ha enmendado la resolución emitida por el A-Quo, procediendo en consecuencia a dictar una resolución apegada a derecho, haciendo predominar los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, específicamente el principio de Legalidad, que se encuentra como principio implícito en la Constitución de la República, como garante del Estado de Derecho que enuncia en el primer artículo, así como los artículos 90 y 321, así como lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25.-CONSIDERANDO (12): Que en materia recursiva no debe considerarse una violación a las garantías constitucionales, cuando la respuesta que se obtiene es adversa a la pretensión del recurrente, al respecto ésta Sala de lo Constitucional ha citado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que el ámbito material del derecho a ser oído en un proceso, se observa cuando el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido, significando esto último que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido[12], por lo que se puede ver en el caso sub examine la controversia surge de la respuesta a un recurso de apelación, en la que se alega que el hoy amparista está pretendiendo sobrepasar los derechos establecidos en el contrato de trabajo, debiendo indicar que en todo caso debe realizarse un tratamiento en igualdad procesal entre todos los justiciables, siendo que el acto de recurrir es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica[13]; por lo que ésta Sala no encuentra de recibo constitucional la supuesta vulneración al artículo 80 de la Constitución de la República, aducida por el quejoso.-CONSIDERANDO (13): Que el recurrente indica que se le ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 70 constitucional, entorno a que ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o sentencia fundada en la Ley, como ratio decidendi, es necesario observar que el desarrollo del derecho a la prohibición de los trabajos forzosos, si bien es cierto, el recurrente en el acápite en que se establecen los derechos constitucionales violados, no hace mayor referencia el sentido en arguye se ocasiono esto;en la Convención Sobre la Esclavitud de 1926, se identificaban prácticas análogas a la esclavitud, tales como la servidumbre en el caso una persona se prestaba a realizar servicios personales como garantía de una deuda[14], se ha calificado como esclavitud la practica de obligar trabajar sin salario, mediante violencia[15]y de forma involuntaria[16], considerando que la falta de voluntad para realizar el trabajo o servicio consiste en la ausencia de consentimiento o de libre elección en el momento del comienzo o continuación de la situación de trabajo forzado, situación que no es violenta en ninguna aspecto, dentro de lo observado por esta Sala, se ha mantenido lo tutelado por nuestra Constitución.-CONSIDERANDO (14):Que en el sub judice contiene un contrato de trabajo, en el que se expreso una voluntad de buena fe de realizar una labor, de forma personal, subordinada y a cambio de un salario, el cual era superior al señalado por el Arancel del Profesional del Derecho cumpliendo tal situación lo estipulado en el artículo 127 constitucional, por lo que devengar dicha retribución bajo las formas legales señaladas era excluyente del cobro de los honorarios intentados, dado que la ejecución de la buena fe presupone que los contratos no sólo obligan a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación jurídica de que se trate[17]; nuestra Constitución fija los criterios para la determinación del salario justo, normas de valor preceptivo como diseño criterio programática a los que se debe de ajustas los contratos de trabajo[18] y en el presente caso dada la naturaleza de la labor, el puesto y el salario devengado se estima procedente denegar el recurso de amparo de mérito.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos70, 80, 90, 127,128, 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; artículos 6, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos1, 19, 20 y 360 del Código del Trabajo; artículos 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 22, 81, 82; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; entre otras normas.- FALLA: DENEGANDOla Acción de Amparo interpuesta por el abogado Mario Alberto Prieto Rodríguez, a favor del ciudadano Heriberto Godoy Vásquez, contra la resolución dictada en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil catorce (2014), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 219-2014.- Firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Artículo 11: “SERVICIOS PROFESIONALES POR RETRIBUCION FIJA: Los servicios de Notariado no podrán ser objeto de contrato o sueldo fijo, ni estar involucrados en contratos por servicios profesionales de abogacía. Por consiguiente, se cobraran en todo caso de acuerdo con el presente Arancel.-
En los contratos de consultoría a base de estipulación fija no se incluirán los honorarios perjuicios, asuntos no contenciosos y cuestiones administrativas, los cuales se cobrarán conforme al presente Arancel. No se entenderán como contratos de consultaría los que involucren a los integrantes de los Departamentos de Asesoría Legal de las Instituciones Públicas, Privadas y los tres poderes del Estado, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en cuyo caso los Profesionales del Derecho devengarán los honorarios establecidos por este arancel.
[2]Artículo 19: “Contrato individual de Trabajo es aquél por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la contínua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración. Por dependencia contínua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo”.-
[3]Ver Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay . Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párrafo 122.
[4]Ver Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de julio de 2004. Serie C No. 107, párrafo 158.
[5] ANDREU, Federico. “Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre”. En STEINER, Christian y URIBE, Patricia (Eds.). Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Comentario. Konrad Adenauer Stiftung/ Editorial Temis, Ciudad de Guatemala, 2014, pp. 168.
[6]Ver Informe sobre la situación de derechos humanos en Brasil, OEA/Ser.L/V/II.97 Doc. 29 rev.1 de 29 de septiembre de 1997, Capitulo VII, párrafo 39.
[7]Ver Caso de las ;masacres de Ituango vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del primero de julio de 2006, Serie C No. 148, párrafo 160.
[8]RODRIGUEZ, Olvin E., “Derecho Individual del Trabajo”. OIM Editorial, Tegucigalpa, 2005, pp. 160.
[9] Ibidem, pp. 374.
[10]Artículo 11: “SERVICIOS PROFESIONALES POR RETRIBUCION FIJA: Los servicios de Notariado no podrán ser objeto de contrato o sueldo fijo, ni estar involucrados en contratos por servicios profesionales de abogacía. Por consiguiente, se cobraran en todo caso de acuerdo con el presente Arancel.-
En los contratos de consultoría a base de estipulación fija no se incluirán los honorarios perjuicios, asuntos no contenciosos y cuestiones administrativas, los cuales se cobrarán conforme al presente Arancel. No se entenderán como contratos de consultaría los que involucren a los integrantes de los Departamentos de Asesoría Legal de las Instituciones Públicas, Privadas y los tres poderes del Estado, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en cuyo caso los Profesionales del Derecho devengarán los honorarios establecidos por este arancel.
[11]Artículo 19: “Contrato individual de Trabajo es aquél por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la contínua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración. Por dependencia contínua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo”.-
[12]Ver Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay . Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párrafo 122.
[13]Ver Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de julio de 2004. Serie C No. 107, párrafo 158.
[14] ANDREU, Federico. “Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre”. En STEINER, Christian y URIBE, Patricia (Eds.). Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Comentario. Konrad Adenauer Stiftung/ Editorial Temis, Ciudad de Guatemala, 2014, pp. 168.
[15]Ver Informe sobre la situación de derechos humanos en Brasil, OEA/Ser.L/V/II.97 Doc. 29 rev.1 de 29 de septiembre de 1997, Capitulo VII, párrafo 39.
[16]Ver Caso de las ;masacres de Ituango vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del primero de julio de 2006, Serie C No. 148, párrafo 160.
[17]RODRIGUEZ, Olvin E., “Derecho Individual del Trabajo”. OIM Editorial, Tegucigalpa, 2005, pp. 160.
[18] Ibidem, pp. 374.