Sentencia AL-1122-14 — Registro 6222
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelaciones y revocó auto interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar la solicitud para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral ya que dicha pretensión se encuentra pendiente de fallo en dicho juzgado en relación a demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la supuesta justa causa de despido y se condene al reintegro a los puestos de trabajo y iguales o mejores condiciones al momento de los despidos promovida por demandantes contra recurrente; La Autoridad recurrida considera que lo contenido en el fallo recurrido está en congruencia con lo ordenado en la sentencia firme dictada, no existiendo un nuevo fallo por el Tribunal de Alzada ya que las condiciones de contratación de los demandantes al momento de ser despedidos era la de un contrato por tiempo indefinido y debe de reintegrar a los trabajadores demandantes dando cumplimiento a la sentencia que se ejecuta, por lo que procede la revocatoria de la resolución apelada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 86 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho (08) de septiembre de dos mil catorce (2014), que declara Con Lugar el Recurso de Apelación Interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR y Revoca el Auto Interlocutorio de fecha quince (15) de julio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores HENRY LANZA FONSECA y LUIS ANTONIO CASTILLO RIVERA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). Estima la recurrente que se consideran violados los derechos y garantías constitucionales contenidos en los Artículos 82, 90, 183, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de enero del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, los Abogados HENRY LANZA FONSECA y LUIS ANTONIO CASTILLO RIVERA, promoviendo “Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la supuesta justa causa de despido, en caso que no pruebe que la causa o motivo invocado es legal y justa, que se condene al reintegro a nuestros puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones que al momento de los despidos.- Aumentos salariales.- Bonificaciones.- Goce de Vacaciones no otorgadas.- Salarios dejados de percibir emplazamiento.- Para que el patrono justifique la causa de un despido.- Que se ordene el pago de prestaciones e indemnización laborales.- A títulos de daños y perjuicios.- Los salarios dejados de percibir.- Costas del juicio, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)”. 2) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado referido en fecha veinticinco (25) de junio del dos mil catorce (2014), dictó auto interlocutorio en el cual resolvió: PRIMERO: Que este Juzgado en fecha 14 de junio del año 2013; dictó sentencia definitiva de primera Instancia declarando con Lugar el reintegro a su puesto de Trabajo a los señores HENRY LANZA FONSECA y LUIS ANTONIO CASTILLO; sentencia que a la fecha ya adquirió el carácter de firme. SEGUNDO: Que la condena a la parte Demandada se origina del petitum de la demanda es decir de la naturaleza de la acción intentada por los demandantes en el juicio; es decir el Reintegro su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones a las que tenían al momento del despido; sin embargo es preciso señalar, que dicho Reintegro se origina de la naturaleza permanente de las actividades ejercidas por los demandantes; TERCERO: La jurisprudencia ha señalado a fin de lograr que la tutela judicial sea realmente efectiva, que las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos, de suerte que el beneficiado con el pronunciamiento de condena que se ejecuta, obtenga aquello a lo que se condenó es decir tal y como se resolvió en la sentencia. CUARTO: Que en el caso que nos ocupa esta Juzgadora es del criterio; que no se encuentra facultada para ordenar a la ENEE; que se ordene el reintegro en forma permanente a los demandantes; en virtud que tanto el petitum de la demanda como lo ordenado en la sentencia que recayó sobre la misma se refiere al REINTEGRO y no así a que se declare por tiempo indefinido la relación laboral; siendo que dicha pretensión está siendo conocida por este Juzgado bajo expediente N°1025-2012 Asignado al Juez N°3 mismo que actualmente se encuentra en Amparo y pendiente de fallo; siendo este hecho vinculante a lo peticionado por la Representante de la Parte Demandante; por lo que a consideración de la suscrita previo a ordenar la permanencia de los trabajadores es necesario el fallo que recaiga en la demanda de permanencia promovida por los hoy demandantes en este Juzgado; por los motivos antes expuestos; EL JUZGADO RESUELVE: Declarar SIN LUGAR la solicitud de mérito.- NOTIFIQUESE”. (Folios 249 AL 250 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha ocho (08) de septiembre de dos mil catorce (2014), la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó providencia en el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, en su condición indicada, contra el auto interlocutorio emitido por el A-quo, relacionado en el numeral que precede, en la cual resolvió (Sic) I. DECLARANDO CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR. II.- REVOCANDO el auto de fecha quince (15) de julio de dos mil catorce (2014) dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán fecha quince de octubre de dos mil trece, ordenando que se lleve acabo la ejecución de la sentencia reintegrando a los demandantes en las condiciones que se encontraban al momento de ser despedidos como empleados por tiempo indefinido.- SIN COSTAS. (Folio 46 al 48 de la pieza de segunda instancia). 4) Que en fecha uno (01) de octubre del año dos mil catorce, compareció ante este alto Tribunal, la Abogada BELKY JANETH JIMENEZ GUEVARA interponiendo recurso de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA, contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de septiembre del año dos mil catorce, por estimar que la misma viola los derechos y garantías constitucionales contenidos en los Artículos 82, 90, 183, 321 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince. 5) Que con fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE el recurso de amparo interpuesto, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la amparista. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho (08) de septiembre de dos mil catorce (2014), que declara Con Lugar el Recurso de Apelación Interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR y Revoca el Auto Interlocutorio de fecha quince (15) de julio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores HENRY LANZA FONSECA y LUIS ANTONIO CASTILLO RIVERA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 183, 321 y 323 de la Constitución de la República, cuando en el caso de autos la Corte Recurrida, en aplicación al principio de legalidad, no tenia derecho ni la facultad, aún y cuando pudieran existir defectos en una sentencia firme, de enmendar esta última, fuera del momento procesal legalmente establecido, pues si habían errores en el fallo que no lo es, ya que el fallo responde al petitum de la demanda, debió observarlos cuando conoció vía Recurso de Apelación de la sentencia definitiva en primera instancia de fecha catorce de junio de dos mil trece. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veinte de marzo de dos mil catorce, pronunciándose en el sentido de que al haber dictado el Tribunal de Alzada la resolución de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, mediante la cual declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de los demandantes, revocando el auto de fecha quince de julio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado, ordenando en la misma que se lleve a cabo la ejecución de la sentencia reintegrando a los demandantes en las condiciones en las que se encontraban al momento de ser despedidos como empleados por tiempo indefinido; en ningún momento la Corte de Apelaciones ha reformado o modificado la sentencia firme pasada a autoridad de cosa juzgada; ya que lo contenido en el fallo recurrido de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, está en congruencia con lo ordenado en la sentencia firme dictada por el Juzgado en fecha catorce de junio del dos mi trece, no existiendo en consecuencia un nuevo fallo dictado por el tribunal de alzada. En vista de lo expuesto el Ministerio Público Dictamina que la demanda de Amparo se deniegue. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que las sentencias firmes que resolvieron la demanda de reintegro promovida por los señores Henry Lanza Fonseca y Luis Antonio Castillo Rivera contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se fundan en los Artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, por lo que implícitamente se reconoce que su contratos de trabajo se consideraban por tiempo indefinido al momento en que la ENEE los dio por terminados, pues solamente de esta forma podría ordenarse un reintegro. De modo que es claro que las condiciones de contratación que tenían los demandantes al momento de ser despedidos era la de un contrato por tiempo indefinido, en consecuencia se debe reintegrar a los trabajadores demandantes dando cumplimiento a la sentencia que se ejecuta; razones por las cuales procede la revocatoria de la resolución apelada. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO ONCE (11): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países. CONSIDERANDO DOCE (12): Que los principios generales del derecho, constituyen, los principios superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo y a los cuales éste trata de darles encarnación en una circunstancia histórica concreta determinada. En el derecho laboral, existen principios que lo diferencian de otras materias, ya que los mismos buscan proteger al más débil económicamente, como es el caso del trabajador. Esta protección se materializa cuando las leyes nacionales se aplican correctamente a cada caso. Los principios del derecho laboral tienen una triple función: una función política, una función normativa y una función interpretativa. La función política, legislativa o informadora, consiste en que se contemplen en las leyes laborales todas las virtualidades propias en cada principio, otorgándole una eficacia operativa en la materia y con los alcances regulados por aquella. La función normativa, sirve como supletoria en caso de ausencia de la ley y que se orienta, cuando así lo prevé expresamente el ordenamiento jurídico nacional, sin que la ausencia de una remisión tal, impida al intérprete aplicarlos para integrar el Derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la Corte Suprema de Justicia asi lo ha establecido en su jurisprudencia, como uno de los principios que rigen el Derecho Laboral en Honduras, el principio protectorio. Para apreciar mejor este principio, es necesario puntualizar que el derecho del trabajo se originó para proteger al trabajador y que el ordenamiento jurídico como sistema de paz, sea social y moralmente justo.- La subordinación es un factor propio en una relación laboral, y esta subordinación trae aparejada la aplicación del derecho del trabajo. El principio protector es como el corazón del derecho del trabajo, su esencia radica no en nivelar a las personas, sino de equilibrar las desigualdades existentes en dicha subordinación, no solo en el Derecho Individual, sino también, en el Derecho Procesal y en el Derecho Colectivo del Trabajo.- Básicamente éste principio consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador.- Se desprenden de este principio protectorio, llamado también protector o de favor, tres reglas fundamentales instrumentales: 1) IN DUBIO PRO OPERARIO Hace referencia al criterio que debe adoptar un Juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma, cuando ésta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. 2) NORMA MÁS FAVORABLE En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes. 3) LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Por este principio se entiende que cualquier modificación a las normativas, debe ampliar, y no reducir los derechos del trabajador. Este es el principio sobre el que se desarrolló la disciplina del derecho del trabajo, luego la doctrina fue abriéndose paso y se crearon otros principios, que complementaran al primero para su mejor aplicación e Interpretación. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1122-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL