Sentencia AL-1112-15 — Registro 9916
Resumen
La recurrente expone en el escrito de interposición del recurso de amparo, que es del criterio que el acto reclamado dictado por el Ad-quem, al dictar sentencia vulnero las garantías constitucionales al Debido Proceso, porque no obstante habérsele demostrado abundante la procedencia de la acción promovida ante el Juzgado de Letras de lo Laboral, termina inclinándose a favor del demandante con la aplicabilidad del criterio unificado, como un principio protector instituido de forma no legal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "-CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.´´
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. - VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARVIN JOSÈ GONZALES ELVIR, a favor del BANCO DEL PAIS S.A, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de julio de dos mil quince, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señoresJOSE ALEJANDRO SAMUR FAJURI, EDUAR ANTONIO COELLO PAZ, SAYRA ELIZABETH VARELA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN ESCOBAR, OSCAR MEDARDO MARTINEZ VILLAFRANCA, MIRIAM YAMILETH MONTOYA IRIAS, SONIA ELIZABETH BORJAS RODRIGUEZ, IDALIA LIZETH RODAS CHAVEZ, WILSON CRUZ, EDMAN ADILSON CALDERON ZAVALA, PEDRO ANTONIO FUENTE MANZANARES, FRANCISCO JAVIER AGUILAR GODOY, VICTORIA ORTEGA HERNANDEZ, DORIS AMANDA MEJIA FUENTES, EDGAR NOE HERNANDEZ DIAZ, GLENIN YANIN PATTON LARA, GLENDA YAMILETH ZALDIVAR BU, DULCE CORE MARIN QUINTANIA, MARIA ELENA ESCOBAR, BLANCA DILCIA ALVARADO RAMOS, DANIA SARAI FLORES SIERRA, SINDY GABRIELA AMADOR ESCAÑO,INGRIS ZULEMA MARTINEZ HERNANDEZ, LOURDES ZULEMA VALLADARES CASTILLO, BREIDY MARIELA MOLINA KONTOYA, CLAUDIA LIZETH MARTINEZ GARCIA,NOHEMY PATRICIA VASQUEZ AMAYA y MIRTA YOLANDA LUNA PORTILLO contra la Sociedad Mercantil denominada NINO MORI S. DE R.L y de forma solidaria contra la Sociedad Distribuidora Vitacura S.A DE C.V.Estima el recurrente que se ha violentado en contra de su representado el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el abogado JOSE CLAUDIO SANTOS REYES, en su condición de apoderado legal de los señores JOSE ALEJANDRO SAMUR FAJURI, EDUAR ANTONIO COELLO PAZ, SAYRA ELIZABETH VARELA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN ESCOBAR, OSCAR MEDARDO MARTINEZ VILLAFRANCA, MIRIAM YAMILETH MONTOYA IRIAS, SONIA ELIZABETH BORJAS RODRIGUEZ, IDALIA LIZETH RODAS CHAVEZ, WILSON CRUZ, EDMAN ADILSON CALDERON ZAVALA, PEDRO ANTONIO FUENTE MANZANARES, FRANCISCO JAVIER AGUILAR GODOY, VICTORIA ORTEGA HERNANDEZ, DORIS AMANDA MEJIA FUENTES, EDGAR NOE HERNANDEZ DIAZ, GLENIN YANIN PATTON LARA, GLENDA YAMILETH ZALDIVAR BU, DULCE CORE MARIN QUINTANIA, MARIA ELENA ESCOBAR, BLANCA DILCIA ALVARADO RAMOS, DANIA SARAI FLORES SIERRA, SINDY GABRIELA AMADOR ESCAÑO, INGRIS ZULEMA MARTINEZ HERNANDEZ, LOURDES ZULEMA VALLADARES CASTILLO, BREIDY MARIELA MOLINA KONTOYA, CLAUDIA LIZETH MARTINEZ GARCIA, NOHEMY PATRICIA VASQUEZ AMAYA y MIRTA YOLANDA LUNA PORTILLO, interponiendo demanda ordinaria laboral para que por medio de sentencia se condene al patrono al pago de los derechos adquiridos, mas a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, mas las costas del juiciocontra la Sociedad Mercantil denominada NINO MORI S. DE R.L., en virtud de despido indirecto imputable al patrono.(Folio 01 al 09 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que en fecha quince de octubre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el Abogado HUGO MAURICIO AVELAR, en su condición de Apoderado Legal del BANCO DEL PAIS S.A, solicitando se examinaran los autos de la Demanda relacionada, por cuanto la misma no reúne los requisitos que deben reunir toda acción o demanda incoada ante los Tribunales de la República. (Folios 156-163 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en la continuación de la Audiencia Primera de Tramite celebrada en fecha veintisiete de julio de dos mil quince, el referido Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria, en la cual FALLA: I.-Declarar SIN LUGAR la PETICION solicitada por el ABOGADO MARVIN JOSE GONZALES…”. II.- SIN COSTAS en esta instancia…” (Folio 472 al 484 de la primera pieza de antecedentes).-4) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por elAbogado MARVIN JOSE GONZALES ELVIR, en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince,FALLA: I.DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación… II. CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán…”.(Folios 16 al 18 de la segunda pieza de antecedentes).-5) El recurrente Abogado MARVIN JOSE GONZALES ELVIR, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del BANCO DEL PAIS S.A, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince,violenta en perjuicio de su representada, el artículo82 y 90 de la Constitución de la República.Teniendo por formalizado en fecha quince de marzo de dos mil dieciséis.-6) Que con fecha seis de abril de dos mil dieciséis, la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO(2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3):Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha veintitrés de septiembre del dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma sección judicial, en fecha veintisiete de julio del año dos mil quince (2015), con relación a la Demanda Laboral promovida por los señores: JOSE ALEJANDRO SAMUR FAJURI, EDUAR ANTONIO COPELLO PAZ, SAYRA ELIZABETH VARELA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN ESCOBAR, OSCAR MEDARDO MARTINEZ VELLAFRANCA, Y OTROS contra la sociedad Mercantil denominada NINO MORI S. DE R. L. y de forma solidaria contra la sociedad DISTRIBUIDORA VITACURA S. A. DE C.V.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo, hace una relación detallada desde el momento en que se interpuso la demanda ordinaria laboral, para el pago de prestaciones laborales y salarios caídos, resultando que la señora PAMELA JOHANA GHATTAS RODRIGUEZ en su condición de Propietaria de la empresa NINO MORI S. DE R. L.y de la sociedad DISTRIBUIDORA VITACURA S.A. DE C.V., sin mediar ninguna defensa compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo antes señalado, y por medio de su apoderado se allanó a la demanda en cuestión. Señala que se dictó sentencia definitiva en dicha demanda laboral en fecha dieciséis de mayo del dos mil catorce, misma que una vez que adquirió su carácter de firme se procedió a liquidar la sentencia condenatoria. Manifiesta que en fecha quince de octubre compareció el abogado Hugo Mauricio Madrid Avelar haciendo uso del derecho de tercero a ser acreedor hipotecario de las sociedades NINO MORIS. DE R.L. y de forma solidaria contra la sociedad DISTRIBUIDORA VITACURA S.A. DE C.V. Manifiesta el recurrente que el apoderado de los señores demandantes y la señora PAMELA JOHANA GHATAS RODRIGUEZ representante de las sociedades demandadas se han servido del proceso para realizar un acto simulado para perseguir un fin prohibido por la ley. Dice además que por medio de la denuncia que hizo le hizo saber a la Juez de Primera instancia una serie de actos y hechos cometidos por el apoderado de la parte demandante y la representante de las sociedades referidas, por lo que considera que se ha infringido el Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional, y el de Derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional.-CONSIDERANDO (5):Que el Ad-quem después de un análisis de los hechos y resoluciones que motivaron el recurso de apelación deja expresado que consta en autos que en fecha 16 dieciséis de mayo del año dos mil catorce, se dictó sentencia en la demanda Laboral antes relacionada, que una vez que la sentencia adquirió su carácter de firme se procedió a la liquidación de la sentencia condenatoria. Posteriormente en fecha quince de octubre del año dos mil catorce, comparece el representante procesal de Banco del país solicitando nulidad absoluta de actuaciones, por actos irregulares cometidos en el procedimiento y que imposibilitan la continuación del proceso, que ha dicho incidente se le dio contestación y fue resuelto mediante auto interlocutorio de fecha veintisiete de julio del año dos mil quince, declarándolo sin lugar, interponiendo contra esta resolución los recursos prescritos en la ley. El Ad-quem señala los motivos por los que comparece el apoderado del Banco Del País S.A., quien solicitó nulidad absoluta de actuaciones ya que se pretende defraudar el banco por valores que las sociedades le adeudan. Sin embargo el Ad-quem señala que la causa señalada por el apelante es un juicio donde ya se dictó sentencia condenatoria que adquirió su carácter de firme en consecuencia es cosa juzgada contra la que no cabe recurso alguno ni ordinario ni extraordinario. Además expone en su sentencia que pese a todos los argumentos señalados por el apelante en cuanto a que las partes se han servido del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley, el Ad-quem reitera que en el presente juicio se está ante una sentencia firme y le es vedado al juez abrir juicios fenecidos. Además el apelante manifestó que existían hechos nuevos, los que pueden ser alegados en la etapa de proposición de pruebas y aún antes de dictarse la sentencia, en el presente juicio existe una sentencia firme la cual se encuentra en su etapa de ejecución. Y de acuerdo a lo dispuesto en el Código del Trabajo los incidentes solo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite y se sustanciaran sin interrumpir el curso del juicio y se deducirán en la sentencia definitiva... Por otra parte la sentencia se encuentra en la etapa de ejecución y el artículo 786 del Código del Trabajo, dispone que en el juicio ejecutivo no cabra incidentes ni excepciones salvo la de pago verificado con posterioridad al título ejecutivo. Por todo ello, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio impugnado.- CONSIDERANDO (6):Que la doctrina moderna distingue dos especies de cosa juzgada la formal y la material, la primera está encaminada a operar exclusivamente en el proceso pues consiste en la inimpugnabilidad de la sentencia en su certeza jurídica, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. En cambio la material además de tener como base esa inimpugnabilidad de la sentencia dentro del proceso, su firmeza o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso, o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio. Esto es, los efectos de la sentencia devienen definitivos y obligatorios para el juzgador en cualquier juicio en el que se pretendiera reiterar lo sentenciado, es decir, la sentencia al ser inimpugnable alcanza autoridad o fuerza de cosa juzgada en sentido formal o externo, pero si, además, resulta jurídicamente indiscutible el pronunciamiento judicial que el fallo contenga, entonces, adquiere fuerza de cosa juzgada en sentido material o interno[1]. Siguiendo ese orden de ideas es claro, de acuerdo al cuadro fáctico-jurídico expuesto por el recurrente, así como de los antecedentes estudiados, que ciertamente, el impetrante acude a pedir nulidad en un proceso cuando ya se ha dictado una sentencia firme sobre la cual ya no cabe ningún recurso, y siendo que el recurrente en el momento procesal oportuno, no hizo uso de los medios que le franquea la ley para impugnar lo actuado en la demanda laboral origen del conflicto, debe entenderse que han sido consentidas por las partes y aún por las demás personas que consideran forman parte del proceso, siendo así, la sentencia ES FIRME, ES COSA JUZGADA, por otra parte el impetrante alega que propuso prueba pero lo cierto es que en este momento ninguna de dichas actuaciones pueden seguir un cause procesal contra la sentencia con carácter de firme. Por todo ello no es de recibo el quebrantamiento de normas constitucionales invocadas por el impetrante. Cabe la observación que en todo caso si el quejoso considera que se ha cometido un acto ilícito deberá comparecer ante las instancias correspondientes a fin de dilucidar el conflicto. En consecuencia no se aprecia quebrantamiento alguno de los derechos constitucionales señalados.- CONSIDERANDO (7): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[2]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[3]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que observa los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, el Ad-quem ha razonado y fundamentado suficientemente su resolución de tal manera que es evidente que el recurrente comparece cuando ya existe sentencias que ha adquirido el carácter de firme por lo tanto es cosa juzgada, al no haberse interpuesto recurso alguno contra la misma dentro del término que ordena la ley.-CONSIDERANDO (8):Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo: 8 como el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes. Artículo 10 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones. El derecho a la defensa del recurrente no se ha quebrantado puesto que se ha seguido un proceso laboral respetando el debido proceso y se ha dictado una sentencia que tiene carácter de firme, es cosa juzgada. Sin embargo esto no restringe al recurrente para que interponga la acción que corresponda ante la autoridad competente cumpliendo con los requisitos y exigencias, así como con los términos que le señala la ley en cada momento procesal, en el caso que nos ocupa no aprecia la sala que este derecho se le haya limitado o restringido de ninguna manera al recurrente.-CONSIDERANDO (9):Que el Ministerio Público emitió su dictamen en fecha seis de abril del 2016; habiendo sometido a estudio la foliada, señala que la sentencia que se pretende invalidar fue dictada por el juzgado competente el 16 de mayo del 2014 y adquirió su carácter de firme en fecha 21 de mayo del 2014, en virtud de no haberse interpuesto en su contra ningún recurso, por lo que se procedió a su liquidación. Finalmente señala que siendo la sentencia firme esta no se puede revertir. Siendo de la opinión que el recurso Se Deniegue.-CONSIDERANDO(10):Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDADde votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 60, 61, 90, 177, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 2, 55 literal b), del Arancel del Profesional del Derecho; 1 y 78 No. 5, 249, 256, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, Y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos,FALLA: DENEGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALES ELVIR, a favor de BANCO DEL PAIS, S.A., contra la sentencia de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 1112-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] 181353. XVII.2o.C.T.12 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Junio de 2004, Pág. 1427.http://ius.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/181/181353.pdf
[2] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[3] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pág. 53.