Sentencia AL-1095-14 — Registro 6029
Resumen
Resolución resolvió recurso de apelación contra actuaciones dictadas por la misma Autoridad recurrida, en Demanda Ordinaria laboral promovida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para obtener autorización para despedir a un trabajador miembro de la Junta Directiva Central del SITRADEI por existir causa justa para dar por terminado el contrato de trabajo contra recurrente; La Autoridad recurrida declaró la preclusión del derecho de formular alegatos del recurrente y considera que no se vulneran derechos fundamentales por lo que el incidente de nulidad absoluta de actuaciones es improcedente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha once (11) de agosto del dos mil catorce (20l4), no vulneró los preceptos señalados por el recurrente, ya que el Ad quem respetó el Debido Proceso al emitir su resolución, permitiendo que la parte apelante estuviera presente en el proceso a través de los diferentes apoderados legales que se personaron en el proceso para ejercer su representación, por lo que el hecho que el Abogado Josué Ariel Alonzo Cruz, o quien le confirió poder la parte apelante no haya aceptado previamente el poder a él conferido y por ende no compareció a la audiencia de alegaciones señalada con anterioridad, llevada a cabo el treinta y uno (3l) de julio del dos mil catorce (2O14), no es imputable a la Corte de Apelaciones..."..."En cuanto a lo expresado por el abogado Alonzo Cruz referente a que se le hizo una espera prudencial al Abogado VICTOR MIGDONIO CARRASCO ZAMBRANO quien supuestamente ya no era parte en las presentes diligencias porque el demandante le vino a conferir poder tanto al Abogado ENRIQUE ROMERO BANEGAS como a su persona, para que lo representaran, considera esta Sala que esta posición es incorrecta ya que a la luz de lo establecido en el artículo 79 numeral 3) del Código Procesal Civil que homologa: ”se entenderá que el poder ha sido aceptado cuando el profesional del derecho realice gestiones procesales para su parte” y como se podrá constar no figura en autos que antes de esa comparecencia realizaron alguna gestión procesal por lo tanto no ostentaban el poder todavía antes de la realización de la Audiencia de Alegaciones de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil catorce (2014) y no se materializó su uso por la inasistencia a la misma..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 516 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 79.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Josué Ariel Alonzo Cruz a favor del señor Carlos Alberto Rodríguez Espinal, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de agosto del año dos mil catorce (2014), que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra la actuaciones dictadas por esa misma Corte de Apelaciones, en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil catorce (2014), con relación a la demanda ordinaria laboral, promovida por el Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore en su condición de representante procesal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), contra el señor Carlos Alberto Rodríguez Espinal. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 60, 64, 80, 82, 90, 303, 314, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore en su condición de representante procesal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), promoviendo demanda sumaria para obtener autorización para proceder a despedir a un trabajador miembro de la Junta Directiva Central del SITRADEI por existir causa justa para dar por terminado el contrato de trabajo en contra del señor Carlos Alberto Rodríguez Espinal. 2) Que en fecha veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014) el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, celebró la audiencia de Juzgamiento de Proceso Sumario, en la cual falló en su parte resolutiva lo siguiente: “PRIMERO: AUTORIZA a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), para que proceda a lo que estime pertinente, conforme a la ley, con el trabajador CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ ESPINAL.- SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia por ser la materia de Derecho del Trabajo eminentemente social, por ende impera el Principio de Gratuidad.-“ (Folios 191 al 193 de los antecedentes de primera instancia) 3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el Abogado Víctor Migdonio Carrasco Zambrano en su condición de representante procesal de la parte demandada, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil catorce (2014), celebró audiencia de alegaciones mediante la cual resolvió (sic): “1.- Habiéndose hecho una espera prudencial al Abogado VICTOR MIGDONIO CARRASCO ZAMBRANO, en su condición de Apoderado Apelante y no habiendo comparecido a la audiencia se le PRECLUYE el derecho a formular alegatos….-” (Folio 6 de la segunda instancia) 4) El Abogado Josué Ariel Alonzo Cruz compareció en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil catorce (2014), promoviendo incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir de las actuaciones posteriores a la comparecencia del veintiséis (26) de junio del año dos mil catorce (2014), misma que no obra en el expediente principal; por lo que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de agosto del año dos mil catorce (2014), falló lo siguiente (sic): “Procede a declarar SIN LUGAR lo solicitado por el Licenciado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ en comparecencia de fecha 04 de Agosto del año 2014 ya que no se le ha violentado ninguna garantía constitucional referente al derecho de defensa y debido proceso”. (Folio 13 al 14 de la segunda instancia) 5) Que el recurrente el Abogado Josué Ariel Alonzo Cruz compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de Amparo a favor del señor Carlos Alberto Rodríguez Espinal, por considerar que la decisión del Ad quem de fecha once (11) de agosto del año dos mil catorce (2014), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 64, 80, 82, 90, 303, 314, 321 y 323 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha doce (12) de marzo del año dos mil quince (2015), ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho del Ministerio Público de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho (48) horas a fin de que emita su dictamen. 6) Que con fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil quince (2015), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la abogada Karla Patricia García Arita, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el Recurso de Amparo de mérito, pues han ocurrido las vulneraciones alegadas por el demandante. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución definitiva de fecha once (11) de agosto del año dos mil catorce (2014) emitida por LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, quien falló declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Josué Ariel Alonzo Cruz en su condición de apoderado legal de la parte demandada señor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL contra las actuaciones dictadas por esa misma Corte de Apelaciones, en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil catorce (2014). [1] CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en el Dictamen emitido en el presente Recurso de Amparo Constitucional el Ministerio Público a través de su Agente de Fiscales Especial para la Defensa de la Constitución, hace su apreciación jurídica de los hechos controvertidos estimando que el recurrente valora que la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán vulneró los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República que consagró el Derecho de Defensa y al Debido Proceso. Que en virtud del recurso interpuesto la Corte de Apelaciones del Trabajo, señaló audiencia de Alegaciones llevándose a cabo la misma el día treinta y uno (31) de julio del dos mil catorce (2014), en donde únicamente comparece el apoderado legal de lo Dirección Ejecutiva de Ingresos no así el de la parte Apelante, razón por lo cual el Abogado compareciente solicitó en dicha audiencia se precluyera el derecho, petitoria que fue admitida decretando el Ad quem precluido el término a la parte apelante. Que consecuente, consta en el expediente de mérito que en fecha cuatro (4) de agosto del dos mil catorce (2014), compareció ante la Corte de Apelaciones el apoderado legal de la parte apelante, quien en dicha comparecencia promueve: 1) Nulidad de actuaciones a partir de las actuaciones posteriores a la comparecencia del veintiséis (26) de junio del dos mil catorce (2014) (folio 195 primera pieza de antecedentes), misma que no obra en el expediente principal, ni fue resuelto por el Juzgado de primera instancia lo que según el amparista trae como consecuencia la violación del artículo 115 del Código Procesal Civil, 2) Así como el hecho que la apelación fue interpuesta contra una sentencia definitiva de fecha veinte (20) de junio del dos mil catorce (2014) y en ningún momento contra un auto interlocutorio, tal como consta en el acto de alegaciones plasmada por la Corte de Apelaciones de fecha 3l de julio del 2014, 3) Asimismo que en la audiencia en comento se plasma que se le hizo espera prudencial al Abogado Víctor Migdonio Carrasco Zambrano en su condición de apoderado legal apelante, aun cuando consta en autos que el veintidós (22) de julio del dos mil catorce (2014) comparece el señor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ESPINAL a otorgarle poder al ahora recurrente (Abg. JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ). Que la comparecencia antes citada es resuelta por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha once (11) de agosto del dos mil catorce (2014), siendo esta la resolución que se recurre en Amparo, que declaró Sin Lugar lo peticionado por la parte apelante en la comparecencia del cuatro (4) de agosto del dos mil catorce (2014), (ver folio 8 segunda pieza) argumentando el Ad quem en su resolución: Que para el veintiséis (26) de junio del dos mil catorce (2014) la jurisdicción del Juzgado de Letras ya estaba suspendida pues a esa fecha ya había resuelto el recurso de apelación, asimismo que la Corte no se pronunció sobre dicha situación en vista que no conoció del fondo del asunto ya que el mismo se precluyó en virtud de no haber comparecido el representante procesal a la misma, en cuanto a la segunda petición estima la Corte que por un lapsus calami o error involuntario se consignó auto interlocutorio, situación esta que no influye en el fondo del asunto principal, y en cuanto al tercer planteamiento que en base o lo establecido en el artículo 79 numeral 3 del Código Procesal Civil se entenderá que el poder ha sido aceptado cuando el profesional del derecho realice gestiones procesales por la parte, y que no consta en autos que antes de esta comparecencia realizaron gestión procesal por lo tanto no ostenta el poder todavía antes de la realización de audiencia de alegaciones de fecha treinta y uno (3l) de julio del dos mil catorce (2O14) y no se materializó su uso por lo inasistencia a la misma. CONSIDERANDO CINCO (5): El derecho de defensa que estima el amparista que se le ha vulnerado con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones, forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, por llamarlo así, que constituyen garantías infranqueables aplicables o cualquier proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en nuestra norma Constitucional, lo cual en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido Constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. CONSIDERANDO SEIS (6): En un sentido más estricto debemos decir que mediante la "defensa", las partes deberán estar en la posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de ser convocadas paro ser escuchadas, y colocarse frente al Sistema en una formal contradicción con "igualdad de armas" siendo pues como lo señala Julio Maier, "Una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal". Comprendiendo este derecho, el mismo consiste en una serie de derechos derivados o conexos como ser: Conocer los hechos y fundamentos de derecho de la demanda; a no ser condenado en ausencia; a impugnar las resoluciones judiciales que lo perjudiquen y en general, todo aquello que se respete y ajuste a un debido proceso, que permita que el derecho de defensa sea debidamente ejercitado. CONSIDERANDO SIETE (7): En relación al Debido Proceso el Artículo 3 del Código Procesal Civil, norma supletoria al Código del Trabajo consagra lo que es el Debido Proceso, al establecer: "Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, o que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivado". CONSIDERANDO OCHO (8): Por ende, mediante el Debido Proceso, se reconoce el derecho a lo igualdad que tienen las partes, lo que permite que puedan utilizar la ley, y todos los instrumentos que esta disponga, para su defensa y para el correcto juzgamiento, ni uno más ni otro menos; esa conjugación de derechos configura la finalidad del Debido Proceso, de lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso, a través de él se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde q todo tipo de causas. El Debido Proceso resulta ser una manifestación del principio de legalidad procesal, se articula tanto en su dimensión de sometimiento a las normas fundamentales del Estado y con sujeción a la ley, y así se establece que el proceso civil se desarrollará de acuerdo a la Constitución y con las disposiciones del Código Procesal Civil, como en su manifestación de que las normas procesales contenidas en el Código son obligatorias para el Juez, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley excepcionalmente autorice lo contrario ofreciendo otra posibilidad de actuación. Ello supone que el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso respetando las garantías legalmente previstas, con la salvedad de que cuando no se señale una formalidad específica para la ejecución de un acto procesal, éste se realizará de acuerdo con la forma que implique una mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley. CONSIDERANDO NUEVE (9): En virtud de lo anterior la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de fecha once (11) de agosto del dos mil catorce (20l4), no vulneró los preceptos señalados por el recurrente, ya que el Ad quem respetó el Debido Proceso al emitir su resolución, permitiendo que la parte apelante estuviera presente en el proceso a través de los diferentes apoderados legales que se personaron en el proceso para ejercer su representación, por lo que el hecho que el Abogado Josué Ariel Alonzo Cruz, o quien le confirió poder la parte apelante no haya aceptado previamente el poder a él conferido y por ende no compareció a la audiencia de alegaciones señalada con anterioridad, llevada a cabo el treinta y uno (3l) de julio del dos mil catorce (2O14), no es imputable a la Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO DIEZ (10): En cuanto a lo expresado por el abogado Alonzo Cruz referente a que se le hizo una espera prudencial al Abogado VICTOR MIGDONIO CARRASCO ZAMBRANO quien supuestamente ya no era parte en las presentes diligencias porque el demandante le vino a conferir poder tanto al Abogado ENRIQUE ROMERO BANEGAS como a su persona, para que lo representaran, considera esta Sala que esta posición es incorrecta ya que a la luz de lo establecido en el artículo 79 numeral 3) del Código Procesal Civil que homologa: ”se entenderá que el poder ha sido aceptado cuando el profesional del derecho realice gestiones procesales para su parte” y como se podrá constar no figura en autos que antes de esa comparecencia realizaron alguna gestión procesal por lo tanto no ostentaban el poder todavía antes de la realización de la Audiencia de Alegaciones de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil catorce (2014) y no se materializó su uso por la inasistencia a la misma. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 82, 90, 183, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 numeral 2, 41 Numeral 1, 42, 44, 45, 46 numeral 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 41, 44, 45, 47, 48, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 516, 858 del Código del Trabajo; 2, 22, 79 numeral 3, 115 numeral 1, 129, 211, 212, y 213 Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Josué Ariel Alonzo Cruz a favor del señor Carlos Alberto Rodríguez Espinal, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de agosto del año dos mil catorce (2014), que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra la actuaciones dictadas por esa misma Corte de Apelaciones, en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil catorce (2014); Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1095-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
K.M.
[1] Folio 6 de la segunda pieza.