Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-991-14 — Registro 6185

Resumen

Resolución que ordena subsanar el recurso de Reposición y subsidiariamente Apelación interpuesto contra la resolución que inadamite demanda de Rendición de Cuentas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"6: Que esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos de defensa, debido proceso y legalidad, los expone al referir que la indefensión es un proceso jurídico indeterminado referida a aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por la operadora de justicia de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso, cuando la Juez A-quo impone su criterio acerca de los artículos 886 y 919 del Código Procesal Civil; la vulneración al debido proceso, lo asocia a la supuesta rebeldía del Juez A-quo, al no respetar el fallo emitido por esta Sala de lo Constitucional en otro caso que según el impetrante corresponde a las mismas alegaciones que él invoca, violentándose el debido proceso al inadmitir a trámite la Demanda de Rendición de Cuentas, al considerar de igual forma que la Rendición de Cuentas se encuentra incluido en los actos de Jurisdicción voluntaria, contrario sensu al criterio del A-quo expresado en su resolución de fecha veintisiete de mayo en aplicación del Código Procesal Civil y no del Código de Procedimientos Comunes cual es la pretensión del amparista; menciona el impetrante que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse conforme a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas.- CONSIDERANDO 7: Que como lo ha dejado plasmado esta Sala en reiteradas sentencias, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; en ese orden de ideas previo a la interposición de la acción de amparo, el impetrante debe agotar los recursos ordinarios que la ley ha puesto a su disposición para hacer valer sus pretensiones, en el caso de negativa de un órgano jurisdiccional inferior ante sus peticiones, ello en relación al derecho constitucional que le asiste y sólo excepcionalmente interpondrá la garantía de amparo, pues como la misma normativa procesal constitucional lo instituye, la ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, haciendo prevalecer los principios que rigen la garantía de amparo entre ellos la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; lo resaltado a efecto de indicar que el debido proceso se encuentra in situ en el artículo 90 de la Constitución de la República, entendiendo éste como un principio que incluye un sin número de derechos fundamentales como ser el acceso a los tribunales, a ser oído en el proceso, aportación de prueba en igualdad de condiciones, juez imparcial, respeto a los plazos y términos establecidos en la ley, acceso a un recurso sencillo entre otros.- CONSIDERANDO 8: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 7 señala: “En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;…”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en su resolución de fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, pues no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional agotar los recursos que la ley proporciona, recurso que le fue proporcionado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, en providencia de fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, visible a folio seis de la pieza de amparo, el cual se encuentra en suspenso al haberse decretado la admisión de la garantía de amparo con suspensión del acto reclamado.- CONSIDERANDO 9: Que es criterio de esta Sala que no se ha vulnerado los derechos de defensa, así como tampoco los principios de debido proceso y legalidad invocados por el amparista, pues se le indicó cual era la vía correcta para la interposición del recurso, concediéndole un plazo de cinco días para tal efecto, no negándosele en ningún momento el poder recurrir la resolución y que la misma sea sometida a estudio por el tribunal superior, garantizando con ello el principio de debido proceso y legalidad, aunque se invoque la normativa procesal civil, criterio que no comparte el amparista, pues según su entender debe aplicarse el Código de Procedimientos Comunes en la tramitación de la Demanda de rendición de Cuentas interpuesta, por lo que aduce la vulneración al derecho y principios antes relacionados; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA a favor del Señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES, contra los Autos dictados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de mayo y nueve de junio del año dos mil catorce, con relación a la demanda de Rendición de Cuentas promovida por el señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES, contra las Señoras BANEE CECILIA, GINA NINOSKA y ABAD BARINIA todas de apellidos PERALTA GONZALES.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinte de junio del año dos mil catorce, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA interponiendo Recurso de Amparo a favor del Señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES contra los Autos de fechas veintisiete de mayo y nueve de junio del año dos mil catorce, dictados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, por considerar que dichas resoluciones son violatorias de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.-2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones admitió la demanda de amparo con suspensión de lo ordenado en el auto de fecha nueve de mayo, en el cual se señala el término de cinco días al recurrente para la subsanación del Recurso de Apelación, petición que fue planteada por el recurrente al momento de interponer la aludida acción constitucional de amparo.-3) Que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida dictó Sentencia en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, mediante la cual falló: (Sic) “1.- SOBRESEASE la Demanda de Amparo interpuesta por don OMAR PEÑA ORELLANA a favor de don ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA (CIVIL) por las resoluciones dictadas fechas 27 de mayo y 09 de junio ambas del año que corre en la Demanda de Rendición de Cuentas.-” (Folios cuarenta (40) al cuarenta y dos (42) de la pieza de amparo).-4) Que en fecha veinte de agosto del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA a favor del Señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo civil venida en consulta, conocida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesta por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, contra las resoluciones de fecha veintisiete de mayo y nueve de junio, del año dos mil catorce, dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en relación a la demanda de Rendición de Cuentas promovida por el señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES contra las Señoras BANEE CECILIA, GINA NINOSKA y ABAD BARINIA todas de apellidos PERALTA GONZALES.- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintisiete de mayo y nueve de junio del año dos mil catorce, dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, es violatorio de los derechos fundamentales procesales recogidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 5: Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo las resoluciones de fechas veintisiete de mayo y nueve de junio del año dos mil catorce, dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la primera que declara inadmisible la demanda de Rendición de Cuentas, promovida por el Abogado Omar Peña Orellana, en su condición de Apoderado Legal del señor Roberto Antonio Peralta Reyes y la segunda que ordena subsanar el recurso de Reposición y subsidiariamente Apelación interpuesto contra la resolución que inadamite la demanda antes relacionada.- CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos de defensa, debido proceso y legalidad, los expone al referir que la indefensión es un proceso jurídico indeterminado referida a aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por la operadora de justicia de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso, cuando la Juez A-quo impone su criterio acerca de los artículos 886 y 919 del Código Procesal Civil; la vulneración al debido proceso, lo asocia a la supuesta rebeldía del Juez A-quo, al no respetar el fallo emitido por esta Sala de lo Constitucional en otro caso que según el impetrante corresponde a las mismas alegaciones que él invoca, violentándose el debido proceso al inadmitir a trámite la Demanda de Rendición de Cuentas, al considerar de igual forma que la Rendición de Cuentas se encuentra incluido en los actos de Jurisdicción voluntaria, contrario sensu al criterio del A-quo expresado en su resolución de fecha veintisiete de mayo en aplicación del Código Procesal Civil y no del Código de Procedimientos Comunes cual es la pretensión del amparista; menciona el impetrante que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse conforme a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas.- CONSIDERANDO 7: Que como lo ha dejado plasmado esta Sala en reiteradas sentencias, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; en ese orden de ideas previo a la interposición de la acción de amparo, el impetrante debe agotar los recursos ordinarios que la ley ha puesto a su disposición para hacer valer sus pretensiones, en el caso de negativa de un órgano jurisdiccional inferior ante sus peticiones, ello en relación al derecho constitucional que le asiste y sólo excepcionalmente interpondrá la garantía de amparo, pues como la misma normativa procesal constitucional lo instituye, la ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, haciendo prevalecer los principios que rigen la garantía de amparo entre ellos la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; lo resaltado a efecto de indicar que el debido proceso se encuentra in situ en el artículo 90 de la Constitución de la República, entendiendo éste como un principio que incluye un sin número de derechos fundamentales como ser el acceso a los tribunales, a ser oído en el proceso, aportación de prueba en igualdad de condiciones, juez imparcial, respeto a los plazos y términos establecidos en la ley, acceso a un recurso sencillo entre otros.- CONSIDERANDO 8: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 7 señala: “En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;…”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en su resolución de fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, pues no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional agotar los recursos que la ley proporciona, recurso que le fue proporcionado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, en providencia de fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, visible a folio seis de la pieza de amparo, el cual se encuentra en suspenso al haberse decretado la admisión de la garantía de amparo con suspensión del acto reclamado.- CONSIDERANDO 9: Que es criterio de esta Sala que no se ha vulnerado los derechos de defensa, así como tampoco los principios de debido proceso y legalidad invocados por el amparista, pues se le indicó cual era la vía correcta para la interposición del recurso, concediéndole un plazo de cinco días para tal efecto, no negándosele en ningún momento el poder recurrir la resolución y que la misma sea sometida a estudio por el tribunal superior, garantizando con ello el principio de debido proceso y legalidad, aunque se invoque la normativa procesal civil, criterio que no comparte el amparista, pues según su entender debe aplicarse el Código de Procedimientos Comunes en la tramitación de la Demanda de rendición de Cuentas interpuesta, por lo que aduce la vulneración al derecho y principios antes relacionados; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.- POR TANTO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.2.a) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.7), 49.3), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0991-2014.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA a favor del Señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES, contra los Autos dictados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de mayo y nueve de junio del año dos mil catorce, con relación a la demanda de Rendición de Cuentas promovida por el señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES, contra las Señoras BANEE CECILIA, GINA NINOSKA y ABAD BARINIA todas de apellidos PERALTA GONZALES.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinte de junio del año dos mil catorce, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA interponiendo Recurso de Amparo a favor del Señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES contra los Autos de fechas veintisiete de mayo y nueve de junio del año dos mil catorce, dictados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, por considerar que dichas resoluciones son violatorias de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.-2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones admitió la demanda de amparo con suspensión de lo ordenado en el auto de fecha nueve de mayo, en el cual se señala el término de cinco días al recurrente para la subsanación del Recurso de Apelación, petición que fue planteada por el recurrente al momento de interponer la aludida acción constitucional de amparo.-3) Que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida dictó Sentencia en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, mediante la cual falló: (Sic) “1.- SOBRESEASE la Demanda de Amparo interpuesta por don OMAR PEÑA ORELLANA a favor de don ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA (CIVIL) por las resoluciones dictadas fechas 27 de mayo y 09 de junio ambas del año que corre en la Demanda de Rendición de Cuentas.-” (Folios cuarenta (40) al cuarenta y dos (42) de la pieza de amparo).-4) Que en fecha veinte de agosto del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA a favor del Señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo civil venida en consulta, conocida por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpuesta por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, contra las resoluciones de fecha veintisiete de mayo y nueve de junio, del año dos mil catorce, dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en relación a la demanda de Rendición de Cuentas promovida por el señor ROBERTO ANTONIO PERALTA REYES contra las Señoras BANEE CECILIA, GINA NINOSKA y ABAD BARINIA todas de apellidos PERALTA GONZALES.- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha veintisiete de mayo y nueve de junio del año dos mil catorce, dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, es violatorio de los derechos fundamentales procesales recogidos en los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta Sala de lo Constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 5: Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo las resoluciones de fechas veintisiete de mayo y nueve de junio del año dos mil catorce, dictadas por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la primera que declara inadmisible la demanda de Rendición de Cuentas, promovida por el Abogado Omar Peña Orellana, en su condición de Apoderado Legal del señor Roberto Antonio Peralta Reyes y la segunda que ordena subsanar el recurso de Reposición y subsidiariamente Apelación interpuesto contra la resolución que inadamite la demanda antes relacionada.- CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos de defensa, debido proceso y legalidad, los expone al referir que la indefensión es un proceso jurídico indeterminado referida a aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por la operadora de justicia de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso, cuando la Juez A-quo impone su criterio acerca de los artículos 886 y 919 del Código Procesal Civil; la vulneración al debido proceso, lo asocia a la supuesta rebeldía del Juez A-quo, al no respetar el fallo emitido por esta Sala de lo Constitucional en otro caso que según el impetrante corresponde a las mismas alegaciones que él invoca, violentándose el debido proceso al inadmitir a trámite la Demanda de Rendición de Cuentas, al considerar de igual forma que la Rendición de Cuentas se encuentra incluido en los actos de Jurisdicción voluntaria, contrario sensu al criterio del A-quo expresado en su resolución de fecha veintisiete de mayo en aplicación del Código Procesal Civil y no del Código de Procedimientos Comunes cual es la pretensión del amparista; menciona el impetrante que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse conforme a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas.- CONSIDERANDO 7: Que como lo ha dejado plasmado esta Sala en reiteradas sentencias, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; en ese orden de ideas previo a la interposición de la acción de amparo, el impetrante debe agotar los recursos ordinarios que la ley ha puesto a su disposición para hacer valer sus pretensiones, en el caso de negativa de un órgano jurisdiccional inferior ante sus peticiones, ello en relación al derecho constitucional que le asiste y sólo excepcionalmente interpondrá la garantía de amparo, pues como la misma normativa procesal constitucional lo instituye, la ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, haciendo prevalecer los principios que rigen la garantía de amparo entre ellos la independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; lo resaltado a efecto de indicar que el debido proceso se encuentra in situ en el artículo 90 de la Constitución de la República, entendiendo éste como un principio que incluye un sin número de derechos fundamentales como ser el acceso a los tribunales, a ser oído en el proceso, aportación de prueba en igualdad de condiciones, juez imparcial, respeto a los plazos y términos establecidos en la ley, acceso a un recurso sencillo entre otros.- CONSIDERANDO 8: Que acorde al debido proceso que debe imperar y de observancia obligatoria en la aplicación de la justicia constitucional, el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional enumera aquellos casos en los cuales será inadmisible la acción constitucional de Amparo, específicamente el numeral 7 señala: “En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal;…”; esta Sala comparte el criterio emitido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en su resolución de fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, al sobreseer la Demanda de Amparo interpuesta contra las actuaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, pues no se ha agotado el trámite procesal correspondiente a fin de interponer la acción constitucional de amparo, pues el principio de legalidad y debido proceso exigen que el trámite debe apegarse a la norma, siendo necesario previo a la interposición de la acción constitucional agotar los recursos que la ley proporciona, recurso que le fue proporcionado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, en providencia de fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, visible a folio seis de la pieza de amparo, el cual se encuentra en suspenso al haberse decretado la admisión de la garantía de amparo con suspensión del acto reclamado.- CONSIDERANDO 9: Que es criterio de esta Sala que no se ha vulnerado los derechos de defensa, así como tampoco los principios de debido proceso y legalidad invocados por el amparista, pues se le indicó cual era la vía correcta para la interposición del recurso, concediéndole un plazo de cinco días para tal efecto, no negándosele en ningún momento el poder recurrir la resolución y que la misma sea sometida a estudio por el tribunal superior, garantizando con ello el principio de debido proceso y legalidad, aunque se invoque la normativa procesal civil, criterio que no comparte el amparista, pues según su entender debe aplicarse el Código de Procedimientos Comunes en la tramitación de la Demanda de rendición de Cuentas interpuesta, por lo que aduce la vulneración al derecho y principios antes relacionados; siendo así y por las razones antes señaladas esta Sala de lo Constitucional estima procedente confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.- POR TANTO: Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.2.a) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.7), 49.3), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Jorge Abilio Serrano Villanueva.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0991-2014.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL