Sentencia AC-776-13 — Registro 6162
Resumen
Recurso de reposición pendiente de resolución contra resolución que declaró infundado un Recurso de Queja contra denegatoria de recurso de apelación con relación a la demanda de desahucio por causa de mora en base al artículo 69 de la Ley de inquilinato
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”(3): Que se conoce en amparo la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce de agosto del año dos mil trece, que declaró infundado un Recurso de Queja, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, con relación a la demanda vía procesos declarativo abreviado para el ejercicio de la acción de desahucio por causa de mora en el pago de la renta, promovida por el Abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA en su condición de Apoderado Legal del Señor IRVING ELIAS GUERRERO CUBAS quien actúa en condición de Mandatario y Representante Legal del Señor MIGUEL ELIAS GUERRERO OVIEDO... (8): Que el presente caso, se aprecia que el Tribunal de Alzada no ha cumplido eficientemente su papel como contralor y director del proceso, en lo relacionado al el recurso de reposición interpuesto al momento de la notificación por parte del Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, al no haber resuelto sobre el mismo, dentro del marco de la Ley Procesal Civil, por lo que por el presente acto se le hace un enérgico llamado de atención a la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para que en lo sucesivo este Tribunal sea más cuidadoso en su quehacer judicial, con el fin de que en el futuro no se sigan cometiendo estos tipos de errores, que dejan en mal predicado al Poder Judicial.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que dicho lo anterior, de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que el amparo esta presentado fuera del plazo ordenado en el artículo 46 numeral 4) en relación con el 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por el presente acto cabe sobreseer el amparo demandado, en virtud de que al encontrarse pendiente de resolución el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal al momento de la notificación de la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil trece, el término señalado en el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional no ha comenzado a correr.”
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 4 (Decreto)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL a favor del Señor JAMAL JERIES ANTONIO HANDAL HASBUN, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce de agosto del año dos mil trece, que declaró infundado un Recurso de Queja, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, con relación a la demanda vía procesos declarativo abreviado para el ejercicio de la acción de desahucio por causa de mora en el pago de la renta, promovida por el Abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA en su condición de Apoderado Legal del Señor IRVING ELIAS GUERRERO CUBAS quien actúa en condición de Mandatario y Representante Legal del Señor MIGUEL ELIAS GUERRERO OVIEDO.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 62, 64, 82, y 323 de la Constitución de la República; relacionado con los artículos 23 y 69 de la Ley de Inquilinato; 3, 4 y 200 del Código Procesal Civil; 1709, 1715, 1717, 1725 y 1742 del Código Civil; 2 y 3 del Código del Comercio.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticinco de abril del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA en su condición de Apoderado Legal del Señor IRVING ELIAS GUERRERO CUBAS quien actúa en condición de Mandatario y Representante Legal del Señor MIGUEL ELIAS GUERRERO OVIEDO, presentando demanda vía procesos declarativo abreviado para el ejercicio de la acción de desahucio por causa de mora en el pago de la renta, en contra del Señor JAMAL JERIES ANTONIO HANDAL HASBUN.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, dictó Auto mediante el cual resolvió: “PRIMERO: Admítase el escrito que antecede, el que se manda a agregar a sus antecedentes, DENIÉGUESE el recursos de Apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, contra el auto de fecha once (11) de junio del presente año (2013), en virtud de lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Inquilinato.” (Folio ochenta y cinco (85) de los antecedentes de primera instancia). _3) Que conociendo de un Recurso de Queja promovido por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL en su condición de Apoderado Legal del Señor JAMAL JERIES ANTONIO HANDAL HASBUN, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de agosto del año dos mil trece, dictó Auto mediante la cual resolvió: “…SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la queja en los términos indicados en los fundamentos de derecho, que se notifique este fallo a las partes y al Juzgado de primera instancia para los efectos pertinentes.-” (Folios setenta y siete (77) y setenta y ocho (78) de los antecedentes de segunda instancia).-4) Que el recurrente Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece, interponiendo acción de Amparo a favor del Señor JAMAL JERIES ANTONIO HANDAL HASBUN, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha catorce de agosto del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 62, 64, 82, y 323 de la Constitución de la República; relacionado con los artículos 23 y 69 de la Ley de Inquilinato; 3, 4 y 200 del Código Procesal Civil; 1709, 1715, 1717, 1725 y 1742 del Código Civil; 2 y 3 del Código del Comercio. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil trece. -5) Que con fecha veintisiete de noviembre del año dos mil trece, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce de agosto del año dos mil trece, que declaró infundado un Recurso de Queja, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, con relación a la demanda vía procesos declarativo abreviado para el ejercicio de la acción de desahucio por causa de mora en el pago de la renta, promovida por el Abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA en su condición de Apoderado Legal del Señor IRVING ELIAS GUERRERO CUBAS quien actúa en condición de Mandatario y Representante Legal del Señor MIGUEL ELIAS GUERRERO OVIEDO.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, en el sentido que al efectuarse el estudio de las piezas contentivas del recurso de amparo, se aprecia SIC “Que la Sentencia dictada el catorce de agosto del año dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán fue notificada en fecha diecinueve de agosto de dos mil trece al Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, quien es recurrente en la presente acción (Folio 78 vuelto segunda pieza), en este acto interpuso recurso de reposición, que una vez agotado el trámite correspondiente de acuerdo al artículo 697 del Código Procesal Civil debió de haber sido resuelto dentro del plazo de tres días, sin embargo la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán no resolvió lo pertinente, es decir a la fecha está pendiente la resolución de dicho recurso.”.- Sigue manifestando el Ministerio Público, en la opinión rendida “que sin ir al fondo del asunto y analizados los hechos a la luz de lo establecido en el Artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que consigna “La acción de amparo deberá de presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o puede perjudicarle” entendiéndose por esta representación fiscal que siendo a que a la fecha está pendiente el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán sobre el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal en relación a la sentencia de fecha catorce de agosto del año dos mil trece, el termino señalado en el artículo anteriormente relacionado no ha comenzado a correr, por lo que existe la causa de inadmisibilidad señalada el artículo 46 numeral 4) ….” CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el presente caso, se aprecia que el Tribunal de Alzada no ha cumplido eficientemente su papel como contralor y director del proceso, en lo relacionado al el recurso de reposición interpuesto al momento de la notificación por parte del Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, al no haber resuelto sobre el mismo, dentro del marco de la Ley Procesal Civil, por lo que por el presente acto se le hace un enérgico llamado de atención a la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para que en lo sucesivo este Tribunal sea más cuidadoso en su quehacer judicial, con el fin de que en el futuro no se sigan cometiendo estos tipos de errores, que dejan en mal predicado al Poder Judicial.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que dicho lo anterior, de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que el amparo esta presentado fuera del plazo ordenado en el artículo 46 numeral 4) en relación con el 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por el presente acto cabe sobreseer el amparo demandado, en virtud de que al encontrarse pendiente de resolución el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal al momento de la notificación de la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil trece, el término señalado en el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional no ha comenzado a correr. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 4), 48, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0776-2013
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL a favor del Señor JAMAL JERIES ANTONIO HANDAL HASBUN, contra la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce de agosto del año dos mil trece, que declaró infundado un Recurso de Queja, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, con relación a la demanda vía procesos declarativo abreviado para el ejercicio de la acción de desahucio por causa de mora en el pago de la renta, promovida por el Abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA en su condición de Apoderado Legal del Señor IRVING ELIAS GUERRERO CUBAS quien actúa en condición de Mandatario y Representante Legal del Señor MIGUEL ELIAS GUERRERO OVIEDO.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 62, 64, 82, y 323 de la Constitución de la República; relacionado con los artículos 23 y 69 de la Ley de Inquilinato; 3, 4 y 200 del Código Procesal Civil; 1709, 1715, 1717, 1725 y 1742 del Código Civil; 2 y 3 del Código del Comercio.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinticinco de abril del año dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA en su condición de Apoderado Legal del Señor IRVING ELIAS GUERRERO CUBAS quien actúa en condición de Mandatario y Representante Legal del Señor MIGUEL ELIAS GUERRERO OVIEDO, presentando demanda vía procesos declarativo abreviado para el ejercicio de la acción de desahucio por causa de mora en el pago de la renta, en contra del Señor JAMAL JERIES ANTONIO HANDAL HASBUN.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, dictó Auto mediante el cual resolvió: “PRIMERO: Admítase el escrito que antecede, el que se manda a agregar a sus antecedentes, DENIÉGUESE el recursos de Apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, contra el auto de fecha once (11) de junio del presente año (2013), en virtud de lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Inquilinato.” (Folio ochenta y cinco (85) de los antecedentes de primera instancia). _3) Que conociendo de un Recurso de Queja promovido por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL en su condición de Apoderado Legal del Señor JAMAL JERIES ANTONIO HANDAL HASBUN, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de agosto del año dos mil trece, dictó Auto mediante la cual resolvió: “…SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la queja en los términos indicados en los fundamentos de derecho, que se notifique este fallo a las partes y al Juzgado de primera instancia para los efectos pertinentes.-” (Folios setenta y siete (77) y setenta y ocho (78) de los antecedentes de segunda instancia).-4) Que el recurrente Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece, interponiendo acción de Amparo a favor del Señor JAMAL JERIES ANTONIO HANDAL HASBUN, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha catorce de agosto del año dos mil trece, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 62, 64, 82, y 323 de la Constitución de la República; relacionado con los artículos 23 y 69 de la Ley de Inquilinato; 3, 4 y 200 del Código Procesal Civil; 1709, 1715, 1717, 1725 y 1742 del Código Civil; 2 y 3 del Código del Comercio. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil trece. -5) Que con fecha veintisiete de noviembre del año dos mil trece, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce de agosto del año dos mil trece, que declaró infundado un Recurso de Queja, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, con relación a la demanda vía procesos declarativo abreviado para el ejercicio de la acción de desahucio por causa de mora en el pago de la renta, promovida por el Abogado IVÁN ALFREDO VIGIL MOLINA en su condición de Apoderado Legal del Señor IRVING ELIAS GUERRERO CUBAS quien actúa en condición de Mandatario y Representante Legal del Señor MIGUEL ELIAS GUERRERO OVIEDO.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, en el sentido que al efectuarse el estudio de las piezas contentivas del recurso de amparo, se aprecia SIC “Que la Sentencia dictada el catorce de agosto del año dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán fue notificada en fecha diecinueve de agosto de dos mil trece al Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, quien es recurrente en la presente acción (Folio 78 vuelto segunda pieza), en este acto interpuso recurso de reposición, que una vez agotado el trámite correspondiente de acuerdo al artículo 697 del Código Procesal Civil debió de haber sido resuelto dentro del plazo de tres días, sin embargo la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán no resolvió lo pertinente, es decir a la fecha está pendiente la resolución de dicho recurso.”.- Sigue manifestando el Ministerio Público, en la opinión rendida “que sin ir al fondo del asunto y analizados los hechos a la luz de lo establecido en el Artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que consigna “La acción de amparo deberá de presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o puede perjudicarle” entendiéndose por esta representación fiscal que siendo a que a la fecha está pendiente el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán sobre el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal en relación a la sentencia de fecha catorce de agosto del año dos mil trece, el termino señalado en el artículo anteriormente relacionado no ha comenzado a correr, por lo que existe la causa de inadmisibilidad señalada el artículo 46 numeral 4) ….” CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el presente caso, se aprecia que el Tribunal de Alzada no ha cumplido eficientemente su papel como contralor y director del proceso, en lo relacionado al el recurso de reposición interpuesto al momento de la notificación por parte del Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, al no haber resuelto sobre el mismo, dentro del marco de la Ley Procesal Civil, por lo que por el presente acto se le hace un enérgico llamado de atención a la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, para que en lo sucesivo este Tribunal sea más cuidadoso en su quehacer judicial, con el fin de que en el futuro no se sigan cometiendo estos tipos de errores, que dejan en mal predicado al Poder Judicial.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que dicho lo anterior, de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que el amparo esta presentado fuera del plazo ordenado en el artículo 46 numeral 4) en relación con el 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por el presente acto cabe sobreseer el amparo demandado, en virtud de que al encontrarse pendiente de resolución el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal al momento de la notificación de la resolución de fecha catorce de agosto de dos mil trece, el término señalado en el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional no ha comenzado a correr. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 4), 48, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redacto Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0776-2013.- firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL