Sentencia AC-524-14 — Registro 9902
Resumen
Se declaró nulidad absoluta de actuaciones del Juzgado de Letras de Familia con relación a la demanda mediante proceso no dispositivo de separación de hecho. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 61, 82, 83, y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte de Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictada en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil catorce (2014) en la que se declaró en su parte dispositiva la Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha cuatro (04)de marzo del año dos mil trece (2013) en la parte que tiene por designada la postulación procesal en la Abogada MONIQUE HUNTER PARCHMONT, en su calidad de Defensora Pública sin seguirse las normas de procedimiento adecuado establecidas en el Código Procesal Civil, consta en autos que el Tribunal A quo dicta la resolución procedente a fin de iniciar el incidente para la solicitud de beneficio de asistencia gratuita. CONSIDERANDO OCHO (8): Así mismo con la resolución emitida se vulnera al ahora recurrente según lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Constitución de la República, en tanto que el Ad quem estima que el señor Manuel de Jesús Barahona, quien solicitó el beneficio de asistencia legal gratuita, al solicitar dicho beneficio, manifestó tener una casa alquilada, por la que recibe la cantidad de tres mil seiscientos lempiras (Lps.3,600.0), un vehículo año 2008, que tiene un préstamo por la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil lempiras (Lps.450,000.00), además propone pagar la cantidad de seis mil lempiras (Lps.6,000.0) en concepto de alimentos, ochocientos lempiras (Lps.800.00) como gastos personales a favor de su hijo J. R., mil quinientos lempiras (Lps.1,500.00)en concepto de pago de mensualidades por estudios universitarios a favor de Manuel Andrés, cantidades que suman alrededor de diez mil setecientos lempiras mensuales (Lps.10,700.00), sin contar la cantidad que estime necesaria para cubrir los gastos médicos de sus hijos, siendo inaudito para la Corte pensar que el demandante requiera de los servicios de la defensoría pública, además el peticionario es un profesional del derecho que para el Ad quem puede actuar en defensa propia en el ejercicio de su profesión, pues no se acreditó ninguna justificación legal, como el hecho de no estar colegiado, o de padecer alguna discapacidad que le impida hacerlo, esta resolución atenta contra disposiciones constitucionales contenidas en los artículos antes citados, sobre el particular se considera que evidentemente se han vulnerado dichos preceptos constitucionales, en el sentido que la norma en comento reconoce y garantiza el derecho a la defensa, de las personas que carezcan de capacidad económica, que no resulta obligatorio para el demandante por el hecho de ser profesional del derecho el representarse en la demanda mediante Proceso No Dispositivo, lo cual genera discriminación y violenta el derecho a la igualdad, en tanto que la asistencia jurídica gratuita, asesoría jurídica gratuita o justicia gratuita, se refiere al servicio prestado por el Estado a los ciudadanos con el objetivo de satisfacer el derecho de este a tutela judicial y a un proceso con las máximas gratinas de igualdad, y respetando el Derecho a la Defensa de todo acusado. Si bien es cierto, la designación a su favor de una defensora pública sin seguirse las normas de procedimiento establecidas en la norma procesal civil, violenta el Debido Proceso, no menos es cierto, que tal aspecto nunca fue denunciado por la otra parte en el proceso, en razón de lo cual consintió el acto y el Ad quem estaba impedido de subsanar la misma conforme las normas procesales antes señaladas.… CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, establecido dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el Debido Proceso, y el Derecho a la Defensa, así como el Derecho a la Igualdad, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 129 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 213 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 214 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 215 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 217 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 700 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 705 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis.VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA a favor del señor MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho (28) de abril del año Dos Mil Catorce (2014), que declaró la Nulidad Absoluta de actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil trece (2013) con relación a la demanda mediante Proceso No Dispositivo de Separación de Hecho promovida por el señor MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA contra la señora NORA IDALIA TORRES PERDOMO. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 61, 82, 83, y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, el señor MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA, promoviendo solicitud de separación de hecho mediante el Proceso No Dispositivo, por la vía del Proceso Declarativo Abreviado contra la señora NORA IDALIA TORRES PERDOMO.2) Que seguido el trámite de ley correspondiente el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil trece (2013), dictó Sentencia Definitiva fallando (sic): “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la Demanda de SEPARACION DE HECHO por la vía de proceso declarativo abreviado no dispositivo, promovida por el señor MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA contra la señora NORA IDALIA TORRES PERDOMO. SEGUNDO: DECLARANDO JUDICIALMENETE la separación de hecho de los cónyuges MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA y NORA IDALIA TORRES PERDOMO. TERCERO: Se aprueba el convenio regulador adjunto por la parte demandante parcialmente haciendo una modificación en cuanto a la pensión alimenticia conforme al estudio socioeconómico realizado a las partes, siendo que fue el único punto en controversia por la parte demandada en el proceso del juicio por este dador justicia, una vez examinado los medios de pruebas propuestos y evacuados por las partes y representante del Ministerio Público y siendo que el artículo 234 del Código de Familia me faculta que en caso de no estar de acuerdo las partes en cuanto al convenio regulador este Tribunal de Justicia decidirá conforme a derecho. APROBANDO: de la siguiente manera: 1) LA PATRIA POTESTAD: será compartida por ambos padres señores MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA y NORA IDALIA TORRES PERDOMO, sobre los menores M. A., J. R. Y A. todos de apellidos B. T..- 2) Sobre la Guarda Y Cuidado los menores M. A., J. R. Y A. todos de apellidos B. T. estarán a cargo de su madre la señora IDALIA TORRES PERDOMO.- 3) Sobre el RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN será abierto entre los menores M. A., J. R. Y A. todos de apellidos B. T. y su padre MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA.- CUARTO.- CON RELACIÓN A LA PENSIÓN ALIMENTICIA y en base al estudio y proyección hecha por la Trabajadora Social y la Psicóloga de este Tribunal de Justicia y siendo que la discordia en este Juicio es la pensión alimenticia de los menores M. A., J. R. Y A. todos de apellidos B. T. este juzgador se pronuncia que el señor MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA padre de sus tres hijos antes mencionados deberá proporcionar a sus hijos la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS MENSUALES en proporción que son dos menores de edad J. R. Y A. todos de apellidos B. T. y un mayor de edad M. A. B. A. que tiene problemas audiológica como su hermano A. B. A. ya que ambos tienen incapacidades que ocupan de su ayuda, cantidad esta que será depositada en una cuenta bancaria de la señora NORA IDALIA TORRES PERDOMO que ella le proporcionará, hasta que alcancen su mayoría de edad y continúen sus estudios universitarios, siempre y cuando estos mantengan buen rendimiento académico, asimismo que se mantenga la postura que el señor v MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA proporcionará la cantidad de OCHOCIENTOS LEMPIRAS semanales en concepto de gastos semanales en que incurre su hijo J. R. B. A. en la Universidad, cantidad esta que será entregada personalmente, de igual manera que se mantenga lo propuesto por el señor MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA en cuanto a la cantidad de MIL QUINIENTOS LEMPIRAS MENSUALES en concepto de pago de mensualidad en el Centro Universitario de Tecnología (CEUTEC) a favor de su hijo M. A. B. A., mismo que cancelara personalmente en dicho centro Universitario, los gastos médicos correrán a cargo de ambos padres. QUINTO: Quien contra el fallo cabe el recurso de apelación el cual deberá de interponerse dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación de la sentencia de mérito, el cual se interpondrá ante el Juzgado que hubiese dictado la resolución que se impugna. SEXTO: Que firme la presente sentencia se extienda a los interesados copia certificada del mismo. SIN COSTAS”. (Folio 94 al 99 de la primera pieza)3) Que conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada KELLIN LAURICIA CASTRO MARADIAGA en su condición de representante procesal de la señora NORA IDALIA TORRES PERDOMO, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil catorce (2014), la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN dictó sentencia fallando por UNANIMIDAD DE VOTOS (sic): “Declarando nulidad absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, en la parte que tiene por designada la postulación procesal en la Abogada MONIQUE HUNTER PARCHMONT, Defensora Pública, sin seguirse las normas de procedimiento adecuado establecidas en el Código Procesal Civil, debiendo el Aquo dictar la resolución procedente a fin de iniciar el incidente para la solicitud de beneficio de asistencia jurídica gratuita”. (Folios 11 al 13 de la segunda pieza)4) Que el recurrente Abogado NICOLAS J. GARCIA PINEDA, compareció ante el Tribunal de Alzada, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de Amparo a favor del señor MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA por considerar que la decisión del Ad quem de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil catorce (2014), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 61, 82, 83, y 90 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil catorce (2014).5) Que con fecha trece (13) de octubre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la abogada KARLA PATRICA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho del Ministerio Público, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, en virtud de que efectivamente ha existido una vulneración a las garantías denunciadas por el recurrente.CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte de Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictada en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil catorce (2014) en la que se declaró en su parte dispositiva la Nulidad Absoluta de actuaciones a partir e inclusive del auto de fecha cuatro (04)de marzo del año dos mil trece (2013) en la parte que tiene por designada la postulación procesal en la Abogada MONIQUE HUNTER PARCHMONT, en su calidad de Defensora Pública sin seguirse las normas de procedimiento adecuado establecidas en el Código Procesal Civil, consta en autos que el Tribunal A quo dicta la resolución procedente a fin de iniciar el incidente para la solicitud de beneficio de asistencia gratuita.[1]CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de su escrito de interposición es apreciable que el recurrente estima que con la resolución que impugna por el fallo proferido por el Tribunal Ad quem, violenta las garantías contenidas en los artículos 61, 82, 83, 90 de la Constitución de la República. Como ser el derecho al Debido Proceso, Derecho a la Defensa, y el Derecho de Igualdad ante la Ley. CONSIDERANDO CINCO (5): Al proceder al estudio de la presente causa al tenor de las disposiciones del Código Procesal Civil encontramos que en el artículo 214 numeral 3 se prohíbe de manera expresa que se decreten nulidades de oficio que no han sido solicitadas en dicho recurso, salvo que se apreciare falta de jurisdicción o competencia sea esta objetiva, funcional o territorial cuando esta venga fijada de forma imperativa o se hubiese producido mediante violencia o intimidación que afectare a ese Tribunal, no enmarcándose el caso venido a estudio en ninguno de los supuestos antes citados. CONSIDERANDO SEIS (6): Así mismo al tenor del artículo 700 de la norma procesal en comento, el Tribunal Ad quem solo podía decidir en su sentencia sobre los puntos que fueron sometidos a su conocimiento, si bien es cierto el artículo 701 numeral 3 determina que el órgano judicial puede conocer los defectos que no fueran denunciados por las partes, limita este conocimiento a aquellos apreciables de oficio los cuales están contenidos en el articulo 214 numeral 3, supra señalando como ser la falta de jurisdicción o competencia objetiva, funcional o territorial, o cuando se haya producido violencia o intimidación que afectare al Tribunal, lo cual no concurre en el presente caso.CONSIDERANDO SIETE (7): Que las nulidades son numerus clausus, por lo cual en el caso de decretarse alguna debe hacerse en atención a las contenidas en el artículo 212 de la normativa Procesal Civil; es por ello que con la nulidad decretada por la Honorable Corte de Apelaciones, se está ordenando la repetición de todo el proceso, inobservado de lo establecido en el artículo 217 numeral 1 del Código Procesal Civil.CONSIDERANDO OCHO (8): Así mismo con la resolución emitida se vulnera al ahora recurrente según lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Constitución de la República, en tanto que el Ad quem estima que el señor Manuel de Jesús Barahona, quien solicitó el beneficio de asistencia legal gratuita, al solicitar dicho beneficio, manifestó tener una casa alquilada, por la que recibe la cantidad de tres mil seiscientos lempiras (Lps.3,600.0), un vehículo año 2008, que tiene un préstamo por la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil lempiras (Lps.450,000.00), además propone pagar la cantidad de seis mil lempiras (Lps.6,000.0) en concepto de alimentos, ochocientos lempiras (Lps.800.00) como gastos personales a favor de su hijo J. R., mil quinientos lempiras (Lps.1,500.00)en concepto de pago de mensualidades por estudios universitarios a favor de Manuel Andrés, cantidades que suman alrededor de diez mil setecientos lempiras mensuales (Lps.10,700.00), sin contar la cantidad que estime necesaria para cubrir los gastos médicos de sus hijos, siendo inaudito para la Corte pensar que el demandante requiera de los servicios de la defensoría pública, además el peticionario es un profesional del derecho que para el Ad quem puede actuar en defensa propia en el ejercicio de su profesión, pues no se acreditó ninguna justificación legal, como el hecho de no estar colegiado, o de padecer alguna discapacidad que le impida hacerlo, esta resolución atenta contra disposiciones constitucionales contenidas en los artículos antes citados, sobre el particular se considera que evidentemente se han vulnerado dichos preceptos constitucionales, en el sentido que la norma en comento reconoce y garantiza el derecho a la defensa, de las personas que carezcan de capacidad económica, que no resulta obligatorio para el demandante por el hecho de ser profesional del derecho el representarse en la demanda mediante Proceso No Dispositivo, lo cual genera discriminación y violenta el derecho a la igualdad, en tanto que la asistencia jurídica gratuita, asesoría jurídica gratuita o justicia gratuita, se refiere al servicio prestado por el Estado a los ciudadanos con el objetivo de satisfacer el derecho de este a tutela judicial y a un proceso con las máximas gratinas de igualdad, y respetando el Derecho a la Defensa de todo acusado. Si bien es cierto, la designación a su favor de una defensora pública sin seguirse las normas de procedimiento establecidas en la norma procesal civil, violenta el Debido Proceso, no menos es cierto, que tal aspecto nunca fue denunciado por la otra parte en el proceso, en razón de lo cual consintió el acto y el Ad quem estaba impedido de subsanar la misma conforme las normas procesales antes señaladas.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que consagrado dentro del Derecho a la Defensa, la Asistencia Jurídica Gratuita, es un sistema necesario para el respeto y estricto cumplimiento de las garantías y derechos derivados de la Constitución; y que se generan en pro de la tutela real y efectiva de esos derechos. A nivel internacional, el derecho a la defensa se recoge en los siguientes textos, que vinculan al Estado que los haya suscrito, salvo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que vinculan a todos como un “Derecho Superior”. Es en virtud de esta disposición, que: “Toda persona tiene derecho a la defensa gratuita por ser pobre, menor de edad, o minusválido. Corresponde al Estado prestar este servicio gratuitamente a los que no puedan pagar un abogado, todo con el fin de garantizar la igualdad ante la ley. La Secretaria de Gobernación y Justicia en el ramo de Justicia y la Procuraduría General de la República, debe de atender este Derecho Constitucional”.[2] CONSIDERANDO DIEZ (10): “Las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen. El órgano jurisdiccional está obligado a preservar la igualdad en las partes en el proceso ya evitar toda discriminación contra o entre ellas por razones de sexo, raza, religión, idioma, o condición social, política, económica o de otra índole”[3]. Imponiendo de esta manera la obligación al Juez de preservar esa igualdad de las partes en el proceso y evitar toda discriminación contra o entre ellos por las razones anteriormente establecidas.CONSIDERANDO ONCE (11): En tal sentido el Debido Proceso es un derecho fundamental, que se materializa en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la Tutela jurisdiccional efectiva. Como ser escuchado, tener un abogado, ofrecer pruebas, un juez predeterminado, una sentencia motivada y oportuna, la doble instancia, son claros ejemplos de la Tutela Judicial Efectiva.CONSIDERANDO DOCE (12): Es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tienen las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa y para el correcto juzgamiento. Su finalidad es lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas, sean públicas o privadas.CONSIDERANDO TRECE (13): Entendiéndose el Debido Proceso como:[4] ”El derecho que tienen las partes a que se desarrolle el proceso por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por Órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada”.CONSIDERANDO CATORCE (14): En cuanto al Derecho a la Defensa forma parte del núcleo duro de las garantías del debido proceso, el cual se encuentra reconocido de manera fehaciente en la Constitución, en tal sentido la “LA DEFENSA” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido Constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de estar convocadas para ser escuchadas, y colocarse frente al sistema en una formal contradicción con “igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio Maier: “Una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal”.CONSIDERANDO QUINCE (15): Que la garantía genérica del Debido Proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los Tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros.CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Derecho de Defensa forma parte del Debido Proceso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, como se deja relacionado en el acápite anterior; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo ha relacionado con el derecho a recurrir la resolución que afecta su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, establecido dentro de nuestro marco constitucional. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el Debido Proceso, y el Derecho a la Defensa, así como el Derecho a la Igualdad, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 61, 82, 83, 90, 183, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; Artículos 3, 5, 129, 700 numeral 1, 212, 213, 214, 215, 217 numeral 1, 700, 701 numeral 3, 705 del Código Procesal Civil; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 5, 7, 8, 9, 41, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado NICOLAS J.GARCIA PINEDA, a favor del señor MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA, contra la Resolución Definitiva de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil catorce 2014, emitida por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de julio del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-524-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver folio número trece (13) de la segunda pieza.
[2] Constitución Hondureña Analizada. León Rojas Carón 2006.
[3] Artículo 5 del Código Procesal Civil.
[4] Artículo 3 del Código Procesal Civil.