Sentencia AC-483-16 — Registro 10299
Resumen
Sentencia confirmó auto definitivo en relación a demanda de ejecución de título judicial promovida por recurrente contra varios demandados en su condición de liquidadores del Banco de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA); Tribunal de Alzada consideró que el título que sustenta la acción no reúne los requisitos de título judicial ejecutable o de una sentencia judicial firme de condena
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el Tribunal de alzada fundamenta su decisión en el hecho que el título presentado para sustentar la demanda, no reúne los requisitos de un Título Judicial ejecutable, o de una sentencia judicial firme de condena, el mismo no contiene pronunciamiento de condena, debiendo entenderse estos como los que hace el juzgador cuando declara con lugar una demanda y condena a la parte vencida a cumplir, hacer o no hacer algo, situación que no ocurre en el caso de autos, asimismo, el Ad-quem es del criterio que las actuaciones que las personas consideran que son constitutivas de delito deben denunciarse ante las autoridades competentes, a fin de que se investigue y si fuere el caso, que inicie la persecución penal, ya que en los Tribunales civiles no se resulten asuntos que sean de materia penal..."..."esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar la resolución dictada por el A-quo en fecha diez de marzo de dos mil quince..."..."al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido..."..."este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por la recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente..."..."es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad por las razones expuestas..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de agosto de dos mil dieciséis.- VISTO: el presente el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ a favor de la señora CLEMENTINA VALLADARES, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que confirmó el auto definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diez de marzo de dos mil quince, con relación a la demanda de ejecución de un título judicial promovida la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ, en su condición de apoderada legal de la señora CLEMENTINA VALLADARES, contra los señores CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, JESUS ADIEL ERAZO LOPEZ Y JOSE MARTINEZ AMADOR, en su condición de Liquidadores del BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS (BANFAA) (EXP. No. 0801-2015-01898).- CONSIDERANDO: Que en el escrito de interposición de la presente acción, la recurrente indica que con el acto reclamado en amparo, es decir la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se vulneran en perjuicio su representada, entre otros, el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, toda vez que tanto el Banco como los Juzgados se niegan a recibir los CINCO MIL DOLARES ($5,000.00) que adeuda su representada y quieren quedarse con un bien inmueble que vale mas de TRES MILLONES DE LEMPIRAS, lo que constituye una verdadera estafa para su poderdante.- CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la resolución de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante la cual la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, confirmó el auto definitivo dictado por el A-quo en fecha diez de marzo del año dos mil quince, mediante el cual inadmitió a trámite la demanda de ejecución de título judicial, promovida por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ; el Tribunal de alzada fundamenta su decisión en el hecho que el título presentado para sustentar la demanda, no reúne los requisitos de un Título Judicial ejecutable, o de una sentencia judicial firme de condena, el mismo no contiene pronunciamiento de condena, debiendo entenderse estos como los que hace el juzgador cuando declara con lugar una demanda y condena a la parte vencida a cumplir, hacer o no hacer algo, situación que no ocurre en el caso de autos, asimismo, el Ad-quem es del criterio que las actuaciones que las personas consideran que son constitutivas de delito deben denunciarse ante las autoridades competentes, a fin de que se investigue y si fuere el caso, que inicie la persecución penal, ya que en los Tribunales civiles no se resulten asuntos que sean de materia penal.- CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar la resolución dictada por el A-quo en fecha diez de marzo de dos mil quince.- CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por la recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad por las razones expuestas.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ a favor de la señora CLEMENTINA VALLADARES, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por la recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0483-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de agosto de dos mil dieciséis.- VISTO: el presente el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ a favor de la señora CLEMENTINA VALLADARES, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, que confirmó el auto definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diez de marzo de dos mil quince, con relación a la demanda de ejecución de un título judicial promovida la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ, en su condición de apoderada legal de la señora CLEMENTINA VALLADARES, contra los señores CARLOS ALFREDO TERCERO LOPEZ, JESUS ADIEL ERAZO LOPEZ Y JOSE MARTINEZ AMADOR, en su condición de Liquidadores del BANCO DE LAS FUERZAS ARMADAS (BANFAA) (EXP. No. 0801-2015-01898).- CONSIDERANDO: Que en el escrito de interposición de la presente acción, la recurrente indica que con el acto reclamado en amparo, es decir la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se vulneran en perjuicio su representada, entre otros, el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, toda vez que tanto el Banco como los Juzgados se niegan a recibir los CINCO MIL DOLARES ($5,000.00) que adeuda su representada y quieren quedarse con un bien inmueble que vale mas de TRES MILLONES DE LEMPIRAS, lo que constituye una verdadera estafa para su poderdante.- CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la resolución de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante la cual la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, confirmó el auto definitivo dictado por el A-quo en fecha diez de marzo del año dos mil quince, mediante el cual inadmitió a trámite la demanda de ejecución de título judicial, promovida por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ; el Tribunal de alzada fundamenta su decisión en el hecho que el título presentado para sustentar la demanda, no reúne los requisitos de un Título Judicial ejecutable, o de una sentencia judicial firme de condena, el mismo no contiene pronunciamiento de condena, debiendo entenderse estos como los que hace el juzgador cuando declara con lugar una demanda y condena a la parte vencida a cumplir, hacer o no hacer algo, situación que no ocurre en el caso de autos, asimismo, el Ad-quem es del criterio que las actuaciones que las personas consideran que son constitutivas de delito deben denunciarse ante las autoridades competentes, a fin de que se investigue y si fuere el caso, que inicie la persecución penal, ya que en los Tribunales civiles no se resulten asuntos que sean de materia penal.- CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del estudio de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de confirmar la resolución dictada por el A-quo en fecha diez de marzo de dos mil quince.- CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por el Ad-quem, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite a ser observado en el caso controvertido.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por la recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad por las razones expuestas.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VIRGINIA G. CARRANZA RODRIGUEZ a favor de la señora CLEMENTINA VALLADARES, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por la recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Resolución de fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0483-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional