Sentencia AC-473-14 — Registro 6160
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto apelado que declaró con lugar recurso de reposición que puso fin al proceso mandando a archivar las actuaciones con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio sobre un bien inmueble promovida por la recurrente contra Citi Bank de Honduras, S.A.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala que en todo caso debe seguirse la interpretación y aplicación debida de los artículos 445.1 y 446.1, con relación a los artículos 79 y 81 del Código Procesal Civil (CPC), partiendo razonablemente del cumplimiento de la ley en su tenor literal, tal y como lo motiva fundadamente la Corte de Alzada en la resolución recurrida; sin perjuicio alguno a que tal interpretación resulte en concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (Interpretación conforme), lo cual resulta de su valoración conjunta con la doctrina constitucional consultada, según la cual n proceder a contrario por parte de la Alzada podría devenir en una asimetría procesal injustificada para la parte demandada - o su representación legalmente constituida - de comparecer ésta al trámite regular de la Audiencia Preliminar, sin encontrarse constituida y en homóloga situación su contraparte procesal, como es la parte demandante; lo cual fundamentaría suficientemente el dispositivo procesal adoptado y la debida protección a los derechos constitucionales concernidos en el fallo..."..."por todo ello, no procede el otorgamiento de la protección constitucional que brinda el recurso de amparo para la parte solicitante, más aun desprendiéndose de autos que el Tribunal de Alzada ha expuesto en forma congruente y motivada las razones que lo llevaron a declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo estudio; sin incurrir por ello en error judicial patente, o en carencia de razonabilidad desde el punto de vista lógico jurídico; en aras la exclusión de las resoluciones judiciales cuyo contenido sea irrazonable o arbitrario, según también continuada jurisprudencia de la Sala..."..."resulta para esta Sala de lo Constitucional que la presente garantía constitucional de amparo denota también una argumentación a todas luces improcedente, por fundarse en la sola discrepancia del demandante de amparo, con base a su particular interpretación de la norma jurídica aplicable, respecto al estándar legal aplicado mediante resolución fundada y motivada en derecho congruente, según vertida por la jurisdicción ordinaria. Ha considerado asimismo la Sala que tal tipología de alegaciones y argumentaciones jurídicas bien pueden encauzarse al proceso ordinario mediante la adecuada actividad técnico jurídica de las partes, a través de la cumplimentación debida y en el momento procesal oportuno de los requisitos establecidos en ley, etc.; lo cual, aunado a la no acreditación de indefensión alguna, ni infracción al debido proceso o al principio de legalidad, denotaría también la existencia de causal de inadmisibilidad al presente recurso de amparo, tal como es la determinada en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a la alegación de violaciones de mera legalidad por parte del recurrente..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de abril del dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ a favor de la señora MARÍA SONIA VELASQUÉZ GARCIA, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil catorce, que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de noviembre de dos mil trece, con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO SOBRE UN BIEN INMUEBLE, promovida por el abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, quien actúa en su condición de representante procesal de la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, contra la sociedad denominada CITI BANK DE HONDURAS S.A.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82, 90, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, quien actúa en su condición de representante procesal de la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, interponiendo DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO SOBRE UN BIEN INMUEBLE, contra la sociedad denominada CITI BANK DE HONDURAS S.A.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil trece (2013), dictó resolución mediante la cual falló: “Se declara Con Lugar el Recurso de Reposición por lo que la Judicatura repone oralmente lo resuelto en la audiencia preliminar de la siguiente forma, como ya se manifestó no se ha justificado documentalmente el motivo de incomparecencia de ambas partes, asimismo ambas partes no cuentan con la facultad para allanarse que literalmente señala el artículo 445.1 del Código Procesal Civil que deben tener cuando se acredita el motivo de incomparecencia, en virtud de lo señalado en el artículo 446.1 del Código Procesal Civil que establece “cuando a la audiencia preliminar dejaran de concurrir ambas partes o sus respectivos apoderados, el juez pondrá fin al proceso sin mas trámite” en consecuencia ésta judicatura resuelve ponerle fin a este proceso sin mas trámite y mandando archivar las actuaciones, siendo esto lo resuelto por la Judicatura quedan notificadas ambas partes ante la presencia de la Secretaria del despacho que da fe lo actuado y resuelto, se les recuerda que tienen el plazo de diez días para interponer el Recurso de Apelación contra esta resolución.-” (Ver folios doscientos treinta y seis (F-236) al doscientos treinta y siete (F-237) de la pieza de primera instancia).-3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014), dictó sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, como representante procesal de la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, contra el auto dictado el seis de noviembre de dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio que promoviera contra CITY BANK DE HONDURAS S.A.- SEGUNDO: Confirmando el auto referido en el numeral anterior.- TERCERO: Con costas.-” (Ver folios veinte (F-20) al veintidós (F-22) de la pieza de segunda instancia).-4) Que el recurrente el abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de Amparo a favor de la señora MARÍA SONIA VELASQUÉZ GARCIA, por considerar que la resolución del Ad-Quem, de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014) en referencia, resulta violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República. Consta asimismo de autos que la Sala resolvió, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil catorce (2014), tener por caducado el término concedido al recurrente para la formalización, ordenando se continuará con el trámite del proceso en virtud haber desarrollado el recurrente de manera puntual el concepto de la violación constitucional. - 5) Que con fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por intermedio del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien fue de la opinión que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo; argumentando a favor del otorgamiento la no razonabilidad de las actuaciones contra las cuales se recurre en esta sede de amparo constitucional, puesto que lo resuelto por la Corte Ad Quem no ha tenido en cuenta la finalidad de la norma adjetiva, para el caso, en interpretación errónea del articulado 445 numeral 1) y 446 numeral 1), ambos del Código Procesal Civil; de donde se desprende que en el caso de autos se han violentado las garantías constitucionales del recurrente, en particular de su derecho a la inviolabilidad de la defensa, el cual se debe ejercitar en la forma que señalan las leyes.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en la presente vista, la resolución proferida en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014) por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Revocatoria del auto de fecha seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda reivindicatoria de dominio promovida por la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA contra CITY BANK DE HONDURAS; resolución de Alzada, que en lo conducente falla: “Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, como representante procesal de la señora MARIA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, contra el auto dictado en fecha seis de noviembre de dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la demanda reivindicatoria de dominio que promoviera la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA contra CITY BANK DE HONDURAS S.A.”; resolución que tuvo como fundamento de actuaciones, inter alia, lo preceptuado en los artículos 23, 28, 31.2, 33, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 193, 197, 200, 201, 202, 445, 399.2, 700, 703.2, 704, 705 y 707 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (4): Que en la interposición del recurso presentado por el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ a favor de la señora MARIA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, expresó que los preceptos constitucionales que le fueron vulnerados a su representada mediante la resolución venida en amparo son los preceptuados en los artículos 80, 82, 90, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República, con desarrollo legislativo en lo pertinente en los artículos 3, 5, 79, 81, 445.1 y 446.1 del Código Procesal Civil vigente. Refiere el recurrente en fundamentación de la garantía constitucional de amparo, que se han vulnerado las garantías constitucionales de su representada, particularmente al derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad en virtud de decidir el archivo de actuaciones en el caso tomando como fundamento legal lo establecido en los artículos 445.1 y 446.1, a los cuales sin embargo violenta en su interpretación la Alzada, por considerar que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.-CONSIDERANDO (5): Que en el concepto del amparista, la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, ha infringido los derechos invocados, por haber denegado el recurso de apelación contra un acto violatorio de derechos dimanado de la instancia ordinaria, en abierto irrespeto al ordenamiento jurídico y en particular a su deber de garantía respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual incluiría de suyo una correcta aplicación e interpretación hermenéutica de la norma jurídica, lo cual no ocurrió así en cuanto a la interpretación legalmente correcta del articulado 445.1 y 446.1 del Código Procesal Civil vigente, en cuanto éste manda a poner fin al proceso y a archivar las actuaciones siempre y cuando ambas partes dejaren de concurrir por sí mismas o a través de sus apoderados legales con sus respectivos poderes, en tiempo y forma, lo cual alega el amparista no ocurrió en el presente caso ya que en el presente caso sí compareció en su calidad de representante legal de la parte demandante al día y hora señalada para la celebración de la Audiencia Preliminar y sí presentó poder legalmente conferido con todas las facultades generales y de expresa mención a que hacen relación los artículos 79 y 81 del Código Procesal Civil (CPC); lo cual hace inconducente – a juicio del amparista - la efectiva tutela de los derechos constitucionales de la persona agraviada, según consagrada en los artículos 80, 82, 90, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (6): Que vista para fallo y sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que el concepto por el cual se alega como violentado el derecho constitucional invocado resulta de una supuesta mala apreciación del Ad-Quem en cuanto a la interpretación y aplicación debida de los artículos 445.1 y 446.1 del Código Procesal Civil, por carecer del componente teleológico de: “… darle continuidad al juicio siempre y cuando estén ambos Apoderados Legales con su respectivo Poder de representación, con lo consignado en el artículo 81 Código Procesal Civil vigente (…)”, según expresa en la interposición del recurso el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ.-CONSIDERANDO (7): Que según se sigue del amparo en mención, procura el amparista demostrar que el caso conocido en la jurisdicción civil a su instancia como representante procesal de la parte demandante, no se ciñó a la intención del legislador, al dar por finalizada prematuramente la demanda ante la incomparecencia de la parte demandante y su subsidiaria comparecencia procesal dotado con un poder de actuaciones que resulta insuficiente en cuanto a la facultad de efectuar allanamiento, según requiere expresamente el artículo 445 numeral 1) del Código Procesal Civil (CPC). Lo anterior supondría - por otra parte - que no siguió con diligencia debida el principio conocido como “pro sentencia”, según antigua jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español (TCE) y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Costa Rica;[1] principio que obra también acogido en numerosa jurisprudencia constitucional de la República de Honduras.-CONSIDERANDO (8): Que siguiendo el itinerario lógico de la pauta jurisprudencial en mención, tal principio tiene entre sus alcances, el señalar que: “… el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental (…) es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia”, señalando por cierto a la razonabilidad como aspecto intrínseco al concepto del debido proceso, pues: “(la) legitimidad de un acto o de una norma depende, no sólo de aspectos formales, sino que de aspectos sustanciales. De allí que las leyes y, en general, las normas y actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino que también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc.”[2].-CONSIDERANDO (9): Que sobre este particular se pronuncia esta Sala que en todo caso debe seguirse la interpretación y aplicación debida de los artículos 445.1 y 446.1, con relación a los artículos 79 y 81 del Código Procesal Civil (CPC), partiendo razonablemente del cumplimiento de la ley en su tenor literal, tal y como lo motiva fundadamente la Corte de Alzada en la resolución recurrida; sin perjuicio alguno a que tal interpretación resulte en concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (Interpretación conforme), lo cual resulta de su valoración conjunta con la doctrina constitucional consultada,[3] según la cual un proceder a contrario por parte de la Alzada podría devenir en una asimetría procesal injustificada para la parte demandada - o su representación legalmente constituida - de comparecer ésta al trámite regular de la Audiencia Preliminar, sin encontrarse constituida y en homóloga situación su contraparte procesal, como es la parte demandante; lo cual fundamentaría suficientemente el dispositivo procesal adoptado y la debida protección a los derechos constitucionales concernidos en el fallo.- CONSIDERANDO (10): Que por todo ello, no procede el otorgamiento de la protección constitucional que brinda el recurso de amparo para la parte solicitante, más aun desprendiéndose de autos que el Tribunal de Alzada ha expuesto en forma congruente y motivada las razones que lo llevaron a declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo estudio; sin incurrir por ello en error judicial patente, o en carencia de razonabilidad desde el punto de vista lógico jurídico; en aras la exclusión de las resoluciones judiciales cuyo contenido sea irrazonable o arbitrario,[4] según también continuada jurisprudencia de la Sala.-CONSIDERANDO (11): Que además resulta para esta Sala de lo Constitucional que la presente garantía constitucional de amparo denota también una argumentación a todas luces improcedente, por fundarse en la sola discrepancia del demandante de amparo, con base a su particular interpretación de la norma jurídica aplicable, respecto al estándar legal aplicado mediante resolución fundada y motivada en derecho congruente, según vertida por la jurisdicción ordinaria. Ha considerado asimismo la Sala que tal tipología de alegaciones y argumentaciones jurídicas bien pueden encauzarse al proceso ordinario mediante la adecuada actividad técnico jurídica de las partes, a través de la cumplimentación debida y en el momento procesal oportuno de los requisitos establecidos en ley, etc.; lo cual, aunado a la no acreditación de indefensión alguna, ni infracción al debido proceso o al principio de legalidad, denotaría también la existencia de causal de inadmisibilidad al presente recurso de amparo, tal como es la determinada en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a la alegación de violaciones de mera legalidad por parte del recurrente.-CONSIDERANDO (12): Que por todo lo anteriormente expuesto y fundado, concurriendo a la no acreditación del merito necesario para el otorgamiento de la presente garantía constitucional, la causal de inadmisibilidad del artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; resulta procedente en derecho DENEGAR la garantía constitucional de Amparo, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), 54, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis 2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el número 0473-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de abril del dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ a favor de la señora MARÍA SONIA VELASQUÉZ GARCIA, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil catorce, que resolvió un Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de noviembre de dos mil trece, con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO SOBRE UN BIEN INMUEBLE, promovida por el abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, quien actúa en su condición de representante procesal de la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, contra la sociedad denominada CITI BANK DE HONDURAS S.A.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82, 90, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, quien actúa en su condición de representante procesal de la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, interponiendo DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICATORIA DE DOMINIO SOBRE UN BIEN INMUEBLE, contra la sociedad denominada CITI BANK DE HONDURAS S.A.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil trece (2013), dictó resolución mediante la cual falló: “Se declara Con Lugar el Recurso de Reposición por lo que la Judicatura repone oralmente lo resuelto en la audiencia preliminar de la siguiente forma, como ya se manifestó no se ha justificado documentalmente el motivo de incomparecencia de ambas partes, asimismo ambas partes no cuentan con la facultad para allanarse que literalmente señala el artículo 445.1 del Código Procesal Civil que deben tener cuando se acredita el motivo de incomparecencia, en virtud de lo señalado en el artículo 446.1 del Código Procesal Civil que establece “cuando a la audiencia preliminar dejaran de concurrir ambas partes o sus respectivos apoderados, el juez pondrá fin al proceso sin mas trámite” en consecuencia ésta judicatura resuelve ponerle fin a este proceso sin mas trámite y mandando archivar las actuaciones, siendo esto lo resuelto por la Judicatura quedan notificadas ambas partes ante la presencia de la Secretaria del despacho que da fe lo actuado y resuelto, se les recuerda que tienen el plazo de diez días para interponer el Recurso de Apelación contra esta resolución.-” (Ver folios doscientos treinta y seis (F-236) al doscientos treinta y siete (F-237) de la pieza de primera instancia).-3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, la Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014), dictó sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, como representante procesal de la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, contra el auto dictado el seis de noviembre de dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria de reivindicación de dominio que promoviera contra CITY BANK DE HONDURAS S.A.- SEGUNDO: Confirmando el auto referido en el numeral anterior.- TERCERO: Con costas.-” (Ver folios veinte (F-20) al veintidós (F-22) de la pieza de segunda instancia).-4) Que el recurrente el abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de mayo del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de Amparo a favor de la señora MARÍA SONIA VELASQUÉZ GARCIA, por considerar que la resolución del Ad-Quem, de fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014) en referencia, resulta violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República. Consta asimismo de autos que la Sala resolvió, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil catorce (2014), tener por caducado el término concedido al recurrente para la formalización, ordenando se continuará con el trámite del proceso en virtud haber desarrollado el recurrente de manera puntual el concepto de la violación constitucional. - 5) Que con fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por intermedio del Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien fue de la opinión que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo; argumentando a favor del otorgamiento la no razonabilidad de las actuaciones contra las cuales se recurre en esta sede de amparo constitucional, puesto que lo resuelto por la Corte Ad Quem no ha tenido en cuenta la finalidad de la norma adjetiva, para el caso, en interpretación errónea del articulado 445 numeral 1) y 446 numeral 1), ambos del Código Procesal Civil; de donde se desprende que en el caso de autos se han violentado las garantías constitucionales del recurrente, en particular de su derecho a la inviolabilidad de la defensa, el cual se debe ejercitar en la forma que señalan las leyes.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en la presente vista, la resolución proferida en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil catorce (2014) por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Revocatoria del auto de fecha seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda reivindicatoria de dominio promovida por la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA contra CITY BANK DE HONDURAS; resolución de Alzada, que en lo conducente falla: “Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ, como representante procesal de la señora MARIA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, contra el auto dictado en fecha seis de noviembre de dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la demanda reivindicatoria de dominio que promoviera la señora MARÍA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA contra CITY BANK DE HONDURAS S.A.”; resolución que tuvo como fundamento de actuaciones, inter alia, lo preceptuado en los artículos 23, 28, 31.2, 33, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 193, 197, 200, 201, 202, 445, 399.2, 700, 703.2, 704, 705 y 707 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO (4): Que en la interposición del recurso presentado por el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ a favor de la señora MARIA SONIA VELÁSQUEZ GARCÍA, expresó que los preceptos constitucionales que le fueron vulnerados a su representada mediante la resolución venida en amparo son los preceptuados en los artículos 80, 82, 90, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República, con desarrollo legislativo en lo pertinente en los artículos 3, 5, 79, 81, 445.1 y 446.1 del Código Procesal Civil vigente. Refiere el recurrente en fundamentación de la garantía constitucional de amparo, que se han vulnerado las garantías constitucionales de su representada, particularmente al derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad en virtud de decidir el archivo de actuaciones en el caso tomando como fundamento legal lo establecido en los artículos 445.1 y 446.1, a los cuales sin embargo violenta en su interpretación la Alzada, por considerar que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.-CONSIDERANDO (5): Que en el concepto del amparista, la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, ha infringido los derechos invocados, por haber denegado el recurso de apelación contra un acto violatorio de derechos dimanado de la instancia ordinaria, en abierto irrespeto al ordenamiento jurídico y en particular a su deber de garantía respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual incluiría de suyo una correcta aplicación e interpretación hermenéutica de la norma jurídica, lo cual no ocurrió así en cuanto a la interpretación legalmente correcta del articulado 445.1 y 446.1 del Código Procesal Civil vigente, en cuanto éste manda a poner fin al proceso y a archivar las actuaciones siempre y cuando ambas partes dejaren de concurrir por sí mismas o a través de sus apoderados legales con sus respectivos poderes, en tiempo y forma, lo cual alega el amparista no ocurrió en el presente caso ya que en el presente caso sí compareció en su calidad de representante legal de la parte demandante al día y hora señalada para la celebración de la Audiencia Preliminar y sí presentó poder legalmente conferido con todas las facultades generales y de expresa mención a que hacen relación los artículos 79 y 81 del Código Procesal Civil (CPC); lo cual hace inconducente – a juicio del amparista - la efectiva tutela de los derechos constitucionales de la persona agraviada, según consagrada en los artículos 80, 82, 90, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (6): Que vista para fallo y sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que el concepto por el cual se alega como violentado el derecho constitucional invocado resulta de una supuesta mala apreciación del Ad-Quem en cuanto a la interpretación y aplicación debida de los artículos 445.1 y 446.1 del Código Procesal Civil, por carecer del componente teleológico de: “… darle continuidad al juicio siempre y cuando estén ambos Apoderados Legales con su respectivo Poder de representación, con lo consignado en el artículo 81 Código Procesal Civil vigente (…)”, según expresa en la interposición del recurso el Abogado MELVIN ALBERTO OSORIO VELÁSQUEZ.-CONSIDERANDO (7): Que según se sigue del amparo en mención, procura el amparista demostrar que el caso conocido en la jurisdicción civil a su instancia como representante procesal de la parte demandante, no se ciñó a la intención del legislador, al dar por finalizada prematuramente la demanda ante la incomparecencia de la parte demandante y su subsidiaria comparecencia procesal dotado con un poder de actuaciones que resulta insuficiente en cuanto a la facultad de efectuar allanamiento, según requiere expresamente el artículo 445 numeral 1) del Código Procesal Civil (CPC). Lo anterior supondría - por otra parte - que no siguió con diligencia debida el principio conocido como “pro sentencia”, según antigua jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español (TCE) y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la República de Costa Rica;[5] principio que obra también acogido en numerosa jurisprudencia constitucional de la República de Honduras.-CONSIDERANDO (8): Que siguiendo el itinerario lógico de la pauta jurisprudencial en mención, tal principio tiene entre sus alcances, el señalar que: “… el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental (…) es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia”, señalando por cierto a la razonabilidad como aspecto intrínseco al concepto del debido proceso, pues: “(la) legitimidad de un acto o de una norma depende, no sólo de aspectos formales, sino que de aspectos sustanciales. De allí que las leyes y, en general, las normas y actos de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y procedimientos debidos, sino que también pasar la revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc.”[6].-CONSIDERANDO (9): Que sobre este particular se pronuncia esta Sala que en todo caso debe seguirse la interpretación y aplicación debida de los artículos 445.1 y 446.1, con relación a los artículos 79 y 81 del Código Procesal Civil (CPC), partiendo razonablemente del cumplimiento de la ley en su tenor literal, tal y como lo motiva fundadamente la Corte de Alzada en la resolución recurrida; sin perjuicio alguno a que tal interpretación resulte en concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (Interpretación conforme), lo cual resulta de su valoración conjunta con la doctrina constitucional consultada,[7] según la cual un proceder a contrario por parte de la Alzada podría devenir en una asimetría procesal injustificada para la parte demandada - o su representación legalmente constituida - de comparecer ésta al trámite regular de la Audiencia Preliminar, sin encontrarse constituida y en homóloga situación su contraparte procesal, como es la parte demandante; lo cual fundamentaría suficientemente el dispositivo procesal adoptado y la debida protección a los derechos constitucionales concernidos en el fallo.- CONSIDERANDO (10): Que por todo ello, no procede el otorgamiento de la protección constitucional que brinda el recurso de amparo para la parte solicitante, más aun desprendiéndose de autos que el Tribunal de Alzada ha expuesto en forma congruente y motivada las razones que lo llevaron a declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación bajo estudio; sin incurrir por ello en error judicial patente, o en carencia de razonabilidad desde el punto de vista lógico jurídico; en aras la exclusión de las resoluciones judiciales cuyo contenido sea irrazonable o arbitrario,[8] según también continuada jurisprudencia de la Sala.-CONSIDERANDO (11): Que además resulta para esta Sala de lo Constitucional que la presente garantía constitucional de amparo denota también una argumentación a todas luces improcedente, por fundarse en la sola discrepancia del demandante de amparo, con base a su particular interpretación de la norma jurídica aplicable, respecto al estándar legal aplicado mediante resolución fundada y motivada en derecho congruente, según vertida por la jurisdicción ordinaria. Ha considerado asimismo la Sala que tal tipología de alegaciones y argumentaciones jurídicas bien pueden encauzarse al proceso ordinario mediante la adecuada actividad técnico jurídica de las partes, a través de la cumplimentación debida y en el momento procesal oportuno de los requisitos establecidos en ley, etc.; lo cual, aunado a la no acreditación de indefensión alguna, ni infracción al debido proceso o al principio de legalidad, denotaría también la existencia de causal de inadmisibilidad al presente recurso de amparo, tal como es la determinada en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a la alegación de violaciones de mera legalidad por parte del recurrente.-CONSIDERANDO (12): Que por todo lo anteriormente expuesto y fundado, concurriendo a la no acreditación del merito necesario para el otorgamiento de la presente garantía constitucional, la causal de inadmisibilidad del artículo 46 numeral
- de la Ley Sobre Justicia Constitucional; resulta procedente en derecho DENEGAR la garantía constitucional de Amparo, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), 54, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciséis 2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0473-2014.-
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Por todos, ver el Voto 1739-92 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, según citado en: Estructura y atribuciones de los Tribunales y Salas Constitucionales de Iberoamérica. VII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Mérida, Yucatán, México, Edición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Pres.) Ministro Salvador Aguirre Anguiano et al, 2009. p. 409.
[2] Para todas las citas, Ibídem (Estructura y atribuciones de los Tribunales y Salas Constitucionales…).
[3] Ver: Juan Miguel Marañas Carreras (Coord.), en: Código Procesal Civil Comentado. Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras-Cooperación Española. pp. 425-426. – Sobre la importancia de la oralidad, publicidad e inmediación, asimismo: Chiovenda, Giuseppe. Curso de derecho procesal civil (Primera Serie, Vol. 6). Oxford University Press, México, D.F., 2001. p. 411.
[4] A este respecto, ver: Garberí Llobregat, José. Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal. Civitas - Thomson Reuters, Pamplona, 2009. pp. 162-166.
[5] Por todos, ver el Voto 1739-92 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, según citado en: Estructura y atribuciones de los Tribunales y Salas Constitucionales de Iberoamérica. VII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Mérida, Yucatán, México, Edición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Pres.) Ministro Salvador Aguirre Anguiano et al, 2009. p. 409.
[6] Para todas las citas, Ibídem (Estructura y atribuciones de los Tribunales y Salas Constitucionales…).
[7] Ver: Juan Miguel Marañas Carreras (Coord.), en: Código Procesal Civil Comentado. Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras-Cooperación Española. pp. 425-426. – Sobre la importancia de la oralidad, publicidad e inmediación, asimismo: Chiovenda, Giuseppe. Curso de derecho procesal civil (Primera Serie, Vol. 6). Oxford University Press, México, D.F., 2001. p. 411.
[8] A este respecto, ver: Garberí Llobregat, José. Constitución y Derecho Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal. Civitas - Thomson Reuters, Pamplona, 2009. pp. 162-166.