Sentencia AC-432-13 — Registro 6182
Resumen
Sentencia de segunda instancia otorgó a favor de la recurrente recurso de amparo contra auto del Juzgado de primera instancia que señaló audiencia de remate de bien inmueble de la impugnante sin hacer previamente la liquidación de intereses a que fue condenada la recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que al analizar el expediente, se constata que la sentencia definitiva emitida el catorce de junio de dos mil siete (visibles a folios 238 al 243) es firme para las partes intervinientes en juicio y goza de la característica de cosa juzgada, por lo que no puede modificarse, ni siquiera con la interposición del recurso de amparo, al ver los pronunciamientos de la recurrente en relación a las garantías constitucionales que considera violadas, referente al fondo del asunto y de excepciones interpuestas, que ya fueron falladas por la juez de primera instancia, deben de ser desestimadas, además por que la recurrente no interpuso recurso de apelación contra la resolución aludida..."..."Que la acción de amparo no puede vincularse a autos de mera legalidad, como lo es el señalamiento de la audiencia de remate, sin embargo, esta resolución debe ser consecuencia de una liquidación aprobada por el juez de primera instancia, y al no existir dicha liquidación en los autos y señalarse la subasta sin ese requisito indispensable, con su actuar el a-quo ha violentado el principio de legalidad y el debido proceso establecido en la ley fundamental..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de marzo de dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada en fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se otorgó el recurso de amparo interpuesto por la abogada ALEXI DEL CARMEN ZAVALA FONSECA, a favor de la Sociedad de Beneficencia denominada PRO-INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA, contra el auto dictado de fecha uno (1) de febrero del año dos mil trece (2013), por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Diligencias de Declaratoria de Herederos Testamentarios a favor de la Institución denominada PRO-INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA promovida por la señora IDALIA PETRONILA BOQUIN URBINA.-ANTECEDENTES.-
- Que en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil tres (2003), compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la señora IDALIA PETRONILA BOQUIN URBINA, en su condición de heredera testamentaria de la señora MARIA RAQUEL URBINA VASQUEZ VIUDA DE AGUIRRE, presentando Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de unas Diligencias de Declaratoria de Herederos Testamentarios a favor de la Institución denominada PRO-INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA representada legalmente por la señora ELIA ARGENTINA AVILA AGUILAR.-2) Que en fecha doce (12) de enero del año dos mil cinco (2005), el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual declaró con lugar la demanda interpuesta, (sic) “En consecuencia 1°) Decreta: a) Nulidad de la Declaratoria de Herederos a favor de PRO-INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA.- b) La cancelación de los asientos números 76 y 77 del tomo 749 de fecha seis y siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este Departamento de Francisco Morazán.- En cuanto a la devolución del efectivo que se encontraba en el depósito 018459 del Banco Atlántida, así como la devolución de las rentas recibidas en concepto de alquiler de dichos inmuebles, e igualmente los intereses legales de dichas rentas así como los del efectivo de dicho depósito SIN LUGAR por no haber sido acreditados en juicio tales extremos.”. (Folios 212 al 216 de la primera pieza de los antecedentes).- 3) Que en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil seis (2006), la Corte Segunda de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó fallo mediante el cual declaró de oficio la nulidad absoluta de la sentencia definitiva de fecha doce (12) de enero del año dos mil cinco (2005), dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. (Folio 230 de la primera pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha catorce (14) de junio del año dos mil siete (2007), el juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, procedió a dictar sentencia definitiva mediante la cual falló: (sic) “1) Declarar INADMISIBLES las EXCEPCIONES DE FALTA DE PERSONALIDAD O REPRESENTACION LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE Y DE LITIS PENDENCIA EN TRIBUNAL COMPETENTE, opuestas por vía de alegación o defensa, por la parte Demandada.”; 2) Con lugar la Demanda Ordinaria interpuesta, (sic) “En consecuencia 1°) Decreta: a) Nulidad de la Declaratoria de Herederos a favor de PRO-INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA.- b) La cancelación de los asientos números 76 y 77 del tomo 749 de fecha seis y siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este Departamento de Francisco Morazán.- b) Declara con lugar la devolución del efectivo que se encontraba en el depósito 018459 del Banco Atlántida, juntamente con sus intereses.- d) Declara SIN LUGAR la devolución de las rentas recibidas en concepto de alquiler de dichos inmuebles, e igualmente los intereses legales de dichas rentas por no haber sido acreditados en juicio.”. (Folios 238 al 243 de la primera pieza de los antecedentes).- 5) Que en fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil once (2011), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto donde ordena (sic) “señálese audiencia para el día MIERCOLES NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE A LAS DIEZ DE MAÑANA, con el objeto de rematar en pública subasta el bien inmueble embargado en el presente juicio; debiendo anunciarse dicha venta durante veinte (20) días consecutivos en un diario de mayor circulación en el departamento. Dicho inmueble fue tasado por el perito nombrado por este Tribunal, ingeniero WALTER NOEL MONTES NAJERA, en la cantidad de DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS. (LPS. 12,525,627.00), haciéndole la advertencia que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo del inmueble a rematar por tratarse de primera audiencia, asimismo no se admitirán anuncios que no hayan sido impresos con letra clara y de fácil lectura. Asimismo con las inserciones de estilo y delegándole amplias facultades, líbrese atenta Comunicación al Instituto de la Propiedad, en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Francisco Morazán, a fin de que certifiquen los gravámenes que pesan sobre el inmueble a rematar.”. (Folio 351 de la primera pieza de los antecedentes).-6) Que en fecha primero (1) de febrero del año dos mil trece (2013), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto donde ordena (sic) “señálese nueva audiencia para el día JUEVES CUATRO (4) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM), a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha veintidós de septiembre del dos mil once.”. (Folio 358 de la primera pieza de los antecedentes).-7) Que en fecha doce (12) de abril del año dos mil trece (2013), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, la abogada ALEXI DEL CARMEN ZAVALA FONSECA, interponiendo recurso de amparo a favor de la Sociedad de Beneficencia denominada PRO-INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA, contra el auto de fecha uno (1) de febrero del año dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que el mismo es violatorio de los derechos establecidos en los artículos 60, 64, 70, 82 y 90 en relación con los artículos 186, 321, 323, 324 y 327 de la Constitución de la República, teniendo la referida Corte por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional interpuesta en fecha trece (13) de mayo del año dos mil trece (2013), ordenando dar vista al Fiscal por el término de 48 horas a fin de que emita el dictamen respectivo. (Folios 1 al 14 y 37 de la segunda pieza de los antecedentes).-8) Que en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil trece (2013), el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales abogada ROXANA LUCILA CASTRO, rindió el dictamen correspondiente, siendo del parecer que NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto.- (Folios 39 al 43 de la segunda pieza de los antecedentes).-9) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: 1) otorgando el recurso de amparo interpuesto; 2) (sic) “Que la Juez A-Quo, previo a señalar la audiencia de remate, resuelva la liquidación de los intereses del certificado de depósito por valor de L.386,000.00, número 018459 del Banco Atlántida, recibido por los demandados, tal como se acreditó con la declaratoria de bienes sucesorales que obra en el expediente y tomando como base el interés legal.”. (Folios 45 al 48 de la segunda pieza de los antecedentes).-10) Que en fecha doce (12) de junio del año dos mil trece (2013), esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta la sentencia proferida en la Acción de Amparo interpuesta por la Abogada ALEXI DEL CARMEN ZAVALA FONSECA, a favor de la Sociedad de Beneficencia denominada PRO-INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA, ello en cumplimiento de lo establecido en el articulo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que al tenor de lo preceptuado en la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones y otros Instrumentos Internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución y las Convenciones de Derechos Humanos. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vayan en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia; señalando que a la misma, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada.-CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), dictada por unanimidad de votos por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ALEXI DEL CARMEN ZAVALA FONSECA; sentencia que en su Fundamento de Derecho, entre otros, básicamente señala lo siguiente: (Sic) “……….SEGUNDO: Que al revisar el expediente puede verificarse que ambas partes han ejercido su derecho a ser escuchados por la autoridad que administra justicia, y ésta al resolver los escritos que se le han presentado, ha escuchado a los ciudadanos, ha valorado sus pretensiones y según sus criterios de justicia ha resuelto dentro del plazo legal, a criterio del solicitante al admitir la pretensión del demandante, ha violentado su derecho de petición al anular la declaratoria de herencia, sin embargo esta Corte, considera que no se ha conculcado el derecho de petición del recurrente, pues este, por escrito, contesto la demanda interpuesta en su contra, propuso prueba para acreditar sus aseveraciones, la que fue valorada de conformidad a los criterios del Juzgado de Letras Civil de este departamento, y de la autoridad competente, ha obtenido respuesta (aunque adversa a su pretensión) dentro del plazo legal y no hizo uso de los recursos señalados en la ley para obtener modificación a la respuesta del ente judicial. Artículos 80 de la Constitución de la República, 1 del Código Procesal Civil; 200 y 201 del Código de Procedimientos Civiles. TERCERO: Que al analizar el expediente, se constata que la sentencia definitiva emitida el catorce de junio de dos mil siete (visibles a folios 238 al 243) es firme para las partes intervinientes en juicio y goza de la característica de cosa juzgada, por lo que no puede modificarse, ni siquiera con la interposición del recurso de amparo, al ver los pronunciamientos de la recurrente en relación a las garantías constitucionales que considera violadas, referente al fondo del asunto y de excepciones interpuestas, que ya fueron falladas por la juez de primera instancia, deben de ser desestimadas, además por que la recurrente no interpuso recurso de apelación contra la resolución aludida. Artículos 186, 321 de la Constitución de la República; 196, 210 del Código Procesal Civil; 6 de la Ley Organización y Atribuciones de los Tribunales. CUARTO: Que en la fase de ejecución la Juez A-Quo, a través de una providencia señala audiencia de remate para el día cuatro de abril de dos mil trece, de inmueble embargado propiedad de la demandada, determinando hasta ese auto que el valor del inmueble es el señalado por el perito nombrado Walter Noé Montes Nájera, pues no existe otra resolución previa donde la señora juez haya tenido por bien hecha tal valoración, llama la atención que se señalo audiencia de remate para hacer pago a la obligación de devolución del efectivo que se encontraba en el deposito numero 018459 de Banco Atlántida, sin estar liquidados los intereses a que fue condenada la parte demandada (ver folios 242 vuelto y 243 de los autos), pues únicamente se tuvo por presentado el dictamen pericial y posteriormente se caduco el plazo concedido a las partes para que aprobaran o impugnaran las operaciones del perito nombrado (folios 338, 339, 340, 344, 346 vuelto), sin que conste en autos que se haya dictado una resolución por la juez de primera instancia mediante la que determine la liquidación de los intereses a que fue condenado el demandado, además de ser innecesario el nombramiento de ese perito, pues para determinar los intereses que genero el certificado de deposito bastaba hacer una simple operación aritmética, por estas razones se violento el debido proceso y el principio de legalidad en marcados en la Constitución de la República alegados por la recurrente pues no se siguió el tramite establecido en la ley en sus artículos 191, 225, 226, 487, 488 del Código de Procedimientos Civiles. QUINTO: Que la sentencia definitiva del catorce de junio de dos mil siete, debe ejecutarse de conformidad a lo establecido en la misma, liquidándose los intereses de acuerdo a los documentos presentados en juicio y que sirvieron de base para su declaración, es decir la fotocopia autenticada de los bienes sucesorales que obre a folio 135 de los autos, en base a lo señalado en el fallo que se ejecuta, y en virtud que en el juicio no se acredito los intereses generados en el certificado de deposito, deberá tomarse en cuenta el interés legal devengado hasta el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y tres, por que la declaratoria de bienes sucesorales visible a folio 135, es el único documento que nos da certeza de estos datos. Artículos 707, 967, 968, 970 comercio; 335, 336, 370 del Código de Procedimientos Civiles. SEXTO: Que la acción de amparo no puede vincularse a autos de mera legalidad, como lo es el señalamiento de la audiencia de remate, sin embargo, esta resolución debe ser consecuencia de una liquidación aprobada por el juez de primera instancia, y al no existir dicha liquidación en los autos y señalarse la subasta sin ese requisito indispensable, con su actuar el a-quo ha violentado el principio de legalidad y el debido proceso establecido en la ley fundamental. Artículos 64, 90 de la Constitución de la República; 52 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 3, 7 del Código Procesal Civil………”.-CONSIDERANDO (3): Que del estudio de la acción de amparo impetrada ante la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán se constata que la impetrante ha expuesto ante la misma, alegatos que tienen que ver con la procedencia de la prescripción del derecho hereditario de los señores Idalia Petrona, Francisco Alfredo y Fernando Darío todos de apellidos Boquín Urbina de quien en vida fuera la señora Maria Raquel Urbina Vásquez, y que por lo tanto el primer testamento conferido a favor de la sociedad denominada “Pro Instituciones de Beneficencia”, es el que jurídicamente vale, aduciendo que por lo tanto el mismo no puede ser cuestionado por el posterior testamento a favor de los referidos señores; es así como la recurrente vincula tal argumento con la vulneración de los derechos constitucionales de petición y defensa; en segundo lugar interpone su acción de amparo en contra del auto de fecha 01 de febrero de 2013; resolución por la cual el juez de Ejecución tiene por devuelta la comunicación remitida al Instituto de la Propiedad, a fin de establecer los gravámenes que penden sobre el inmueble objeto de remate, auto en el que además se señala fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate, todo ello para darle cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 22 de septiembre de 2011. A modo de retrospectiva en el caso de autos hay que señalar: a) Que el proceso dio inicio en fecha 09 de mayo de 2003, en el Juzgado de Letras Primero de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, mediante la interposición de Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de unas Diligencias de Declaratoria de Heredero Testamentario a favor de Pro Instituciones de Beneficencia, Nulidad de Asientos y del Traspaso del Deposito en Efectivo; promovida por la señora Idalia Petronila Boquín en su condición de heredera testamentaria de la señora Maria Raquel Urbina Vásquez; b) En fecha 14 de junio de 2007, el a-quo dicto sentencia definitiva, mediante la cual declaro la inadmisibilidad de las excepciones de falta de personalidad y representación legal de la parte demandante, y la de litis pendencia en tribunal competente, opuestas por la parte demandada; y a su vez la primera instancia declaro con lugar la demanda ordinaria de Nulidad Absoluta interpuesta a favor de la señora Idalia Petronila Boquín en su condición de heredera testamentaria y c) En fecha 22 de septiembre de 2011, el a-quo dicta auto mediante el cual señala audiencia para el día miércoles 9 de noviembre de 2011, con el objeto de rematar en publica subasta el bien inmueble embargado en el juicio; señalando que debe anunciarse dicha venta durante veinte (20) días consecutivos en un diario de mayor circulación y que el valor del inmueble conforme al dictamen del perito nombrado, es de Doce Millones Quinientos Veinticinco Mil Seiscientos Veintisiete Lempiras (L. 12, 525,627,00), y que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del avaluó. En fecha 01 de febrero de 2013, el sentenciador señalo nueva audiencia de remate para el día 04 de abril de 2013, a fin de darle cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 22 de septiembre de 2011.-CONSIDERANDO (4): Que señalado lo anterior le corresponde a esta Sala de lo Constitucional analizar si el fallo que hoy se conoce en consulta es conforme a derecho; esto es si el mismo al otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ALEXI DEL CARMEN ZAVALA FONSECA, a favor de la Sociedad de Beneficencia denominada PRO-INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA, es porque efectivamente en el caso de autos se han producido la vulneración de las garantías constitucionales que en su oportunidad alego la recurrente.-CONSIDERANDO(5): Que el Derecho al Debido Proceso, se concreta en una gama de derechos establecidos a favor de las partes, que permiten su participación en un mismo plano de igualdad, de tal manera que puedan instar el curso del procedimiento a fin de obtener una resolución por parte del Tribunal que conoce de la controversia; constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído y el derecho a resoluciones debidamente motivadas.-CONSIDERANDO (6): Que al tenor de lo anteriormente señalado y dado que la recurrente en su oportunidad ha planteado en el Recurso de Amparo impetrado ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, la vulneración de las garantías constitucionales del derecho petición y de defensa, inmersas en la garantía al debido proceso; esta Sala encuentra que respecto de las razones que la misma arguyó en sustento de las alegadas vulneraciones constitucionales, que si bien es cierto la parte actora realiza denuncias que no son de recibo en vía constitucional, ya que algunas de ellas fueron tratadas en la sentencia definitiva que se fuere dictada en fecha 14 de junio de 2007, por el Tribunal competente, tales cuestiones han tenido una respuesta siendo declaradas sin lugar, especialmente en lo que respecta a la caducidad de la instancia, siendo así las cosas y dado que la referida sentencia adquirió el carácter de firme, nos encontramos entonces que la recurrente al impugnar en vía constitucional el auto dictado en fecha primero (01) de febrero de 2013, en fase de ejecución de sentencia, mismo que dice lesiona garantías constitucionales a su representada, situación que a criterio de esta Sala de lo Constitucional se aprecia una falta de seguimiento al debido proceso, ya que el a-quo procedió a ordenar una subasta de un bien inmueble sin antes haber aprobado la liquidación final de los intereses realiza en sede judicial; el señalar tal subasta sin este requisito fundamental constituye una violación al principio de legalidad.-CONSIDERANDO (7): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional coincide con el argumento esgrimido por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, puesto que el auto traído a cuestionamiento constitucional vulnera las garantías constitucionales del derecho al debido proceso y el principio de legalidad, que en su oportunidad alego la recurrente, y considera procedente confirmar la sentencia venida en consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5 y 316 No. 1 de la Constitución de la República; artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 3, 5, 7, 8, 9, 23, 28, 29, 32, 35, 79, 193, 200, 206, 207, 208, 419, 420, 421, 423, 742, 743, 763, 764, 782, 783, 784, 786, 787 y 791; y 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 10 No. 2) literal a), 63, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 191, 225, 226, 487 y 488 del Código de Procedimientos Civiles.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta de fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán que Otorga el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ALEXI DEL CARMEN ZAVALA FONSECA, a favor de la Sociedad de Beneficencia denominada PRO-INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA, contra el auto dictado de fecha uno (1) de febrero del año dos mil trece (2013); por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0432-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL