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Sentencia AC-422-15 — Registro 9907

Resumen

Se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado con relación a la solicitud de pago de honorarios profesionales . Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representado los derechos contenidos en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... ´´CONSIDERANDO (9): Que el juzgamiento de los pleitos o asuntos de naturaleza civil, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Jueces y tribunales de instancia competentes en dicha materia, de ahí que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir cuando constate la vulneración evidente o manifiesta de garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República; así las cosas y habiéndose constatado en autos que la demanda que originó el pago de honorarios de mérito fue interpuesta el quince de diciembre de dos mil cuatro y cuya última actuación del Abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO, fue en fecha cuatro de julio de dos mil cinco, observándose que ha transcurrido más de un año al momento de la interposición de la demanda ordinaria de pago de honorarios, es procedente en derecho la aplicación del artículo supramencionado 2296 numeral 1 del Código Civil; por lo que al no existir la vulneración a los derechos fundamentales señalados, es procedente denegar el presente recurso de amparo.´´

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de diciembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO a favor del señor FERNANDO RESTREPO NARANJO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha nueve de marzo de dos mil quince, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el cuatro de diciembre del año dos mil catorce, con relación a la solicitud de pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO, contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES y SERVICIOS DE SULA S. DE R.L. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representado los derechos contenidos en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil doce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el Abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO, presentando demanda ejecutiva, en su condición personal contra la sociedad mercantil denominada la sociedad mercantil denominada INVERSIONES y SERVICIOS DE SULA S. DE R.L. DE C.V. (Folios 01 al 03 de la primera pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, FALLÓ: “1.-)Declarando con lugar la excepción material de prescripción interpuesta por la Abogada FABIOLA CRISTINA MUÑOZ SILVA, en su condición de apoderada legal de la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS DE SULA, S. DE R.L. DE C.V., representada por el señor CARLOS ALBERTO FAJARDO FERNANDEZ; 2.-) Declarando sin lugar la demanda ordinaria de pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO en su condición personal contra la empresa INVERSIONES y SERVICIOS DE SULA S.DE R.L. DE C.V. representada por el señor CARLOS ALBERTO FAJARDO FERNANDEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia; 2.- Condena al demandante antes indicado a pagar las costas del juicio…” (Folios 100 al 102 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que conociendo del recurso de apelación promovido por los Abogados MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, en su condición de apoderado legal el Abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO, y la Abogada FABIOLA CRISTINA MUÑOZ SILVA, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES y SERVICIOS DE SULA S.DE R.L. DE C.V., contra la sentencia relacionada en el inciso que antecede, la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha nueve de marzo de dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual RESOLVIÒ: “1 DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado por el juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, en fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce.- 2)CONFIRMANDO la resolución apelada.- 3) CON COSTAS…” (Folio 07 al 08 de la segunda pieza de los antecedentes).- 4) Que el recurrente el Abogado MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, compareció ante este Tribunal, en fecha siete de mayo de dos mil quince, reclamando amparo a favor del señor FERNANDO RESTREPO NARANJO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, de fecha nueve de marzo de dos mil quince, la cual considera violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Habiendo formalizado el recurrente en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, su acción constitucional.- 5) Que en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen de la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien fue de la opinión que DENIEGUE, el amparo solicitado.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8, 9 numeral segundo y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo que ahora se conoce, es la promovida por el Abogado MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO a favor del señor FERNANDO RESTREPO NARANJO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha nueve de marzo de dos mil quince, decisión jurisdiccional emitida en el proceso iniciado con una solicitud de pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO, contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES y SERVICIOS DE SULA S. DE R.L. DE C.V.- El A-quo decidió Declarar con lugar la excepción material de prescripción interpuesta por la Abogada FABIOLA CRISTINA MUÑOZ SILVA, en su condición de apoderada legal de la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS DE SULA, S. DE R.L. DE C.V., representada por el señor CARLOS ALBERTO FAJARDO FERNANDEZ; asimismo Declaró sin lugar la demanda ordinaria de pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO en su condición personal contra la empresa INVERSIONES y SERVICIOS DE SULA S.DE R.L. DE C.V. representada por el señor CARLOS ALBERTO FAJARDO FERNANDEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia; y consecuentemente Condena al demandante antes indicado a pagar las costas del juicio…”.- CONSIDERANDO (4): Que no conforme el demandante, interpone recurso de apelación en contra de la respuesta jurisdiccional antes relacionada, la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha nueve de marzo de dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado por el juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, en fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce.- y CONFIRMA la sentencia apelada.- Estima el recurrente que con esta decisión le han violentado los derechos contenidos en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, al declarar que la acción por él incoada ha prescrito.- CONSIDERANDO (5): Que el Juez en primera instancia fundamenta la decisión que declara con lugar la excepción material de prescripción argumentando que la última actuación del abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO en el Expediente Número 5772-2010, hasta la presentación de la presente demanda ordinaria para el pago de honorarios profesionales promovida por el Abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO, contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES y SERVICIOS DE SULA S. DE R.L. DE C.V. consta que ha transcurrido más de un año.- CONSIDERANDO (6): Que el artículo 2296 numeral 1 del Código Civil establece que: “Por el Transcurso de un año prescriben las acciones para el cumplimiento de pagar a los jueces, abogados, Registradores, Notarios, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y derechos en el caso de que los tengan, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en lo asuntos a que las obligaciones se refieran, por lo que es procedente declarar sin lugar la presente demanda”.- CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones confirma la sentencia al hacer un recuento matemático, exponiendo que en virtud de que el contrato en el cual basa el demandante el cobro de honorarios profesionales, es un contrato civil, es procedente en derecho la normativa aplicable, es decir el artículo 2296 numeral 1 del Código Civil, antes transcrito.- CONSIDERANDO (8): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “..Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. En ese sentido, es menester mencionar que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a la solución de la controversia. Esta Sala de lo Constitucional, como resultado del análisis del concepto de la supuesta vulneración al debido proceso planteada por el recurrente, estima necesario manifestar que dentro de tal garantía, también deben incluirse como derechos fundamentales entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. derechos que le han sido garantizados al hoy recurrente, quien debe tener en cuenta, que una respuesta desfavorable a sus pretensiones no es indicativo forzoso de una vulneración a sus derechos.- CONSIDERANDO (9): Que el juzgamiento de los pleitos o asuntos de naturaleza civil, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Jueces y tribunales de instancia competentes en dicha materia, de ahí que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir cuando constate la vulneración evidente o manifiesta de garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República; así las cosas y habiéndose constatado en autos que la demanda que originó el pago de honorarios de mérito fue interpuesta el quince de diciembre de dos mil cuatro y cuya última actuación del Abogado FERNANDO RESTREPO NARANJO, fue en fecha cuatro de julio de dos mil cinco, observándose que ha transcurrido más de un año al momento de la interposición de la demanda ordinaria de pago de honorarios, es procedente en derecho la aplicación del artículo supramencionado 2296 numeral 1 del Código Civil; por lo que al no existir la vulneración a los derechos fundamentales señalados, es procedente denegar el presente recurso de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado, de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 No. 2), 8, 9 No. 3) literal b) , 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo promovido por el Abogado MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO a favor del señor FERNANDO RESTREPO NARANJO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha nueve de marzo de dos mil quince, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0422-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL