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Sentencia AC-411-15 — Registro 6181

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente en demanda ordinaria de reivindicación de dominio de una fracción de terreno junto con sus derechos reales accesorios e indemnización de daños y perjuicios promovida por demandante contra recurrente; Consta que el A-quo anuló el auto de admisión del recurso de apelación contra la sentencia definitiva pero el recurrente recurrió de la sentencia definitiva y no del auto que anuló la admisión del recurso de apelación contra dicha sentencia: La Autoridad recurrida concluyó que lo que el recurrente debió interponer era el Recurso de Queja para que el Tribunal de Alzada revisara las razones denegatorias del recurso de apelación por parte del A-quo por lo que no existe vulneración de garantías constitucionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del examen de las diligencias se constata que el recurrente impugnó mediante la acción de amparo la sentencia definitiva de fecha trece de mayo de dos mil catorce, ello en virtud de que el A-quo anuló el auto de mediante el cual admitió el recurso de apelación que había interpuesto en contra de la sentencia referida, dejando por no interpuesto el recurso de apelación, y por ende en indefensión. Es decir que recurrió de la sentencia definitiva y no el auto mediante el cual se anuló la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la supra-mencionada sentencia..."..."el recurrente en lugar de observar el procedimiento establecido en la ley adjetiva y explicado en el considerando anterior, recurrió vía acción de amparo de la sentencia definitiva susceptible solamente del recurso de Apelación como bien lo había hecho antes, quedando de manera manifiesta el desconocimiento del procedimiento civil en los casos como el que nos ocupa. Así las cosas, la Corte de Apelaciones sobreseyó el recurso de amparo interpuesto, resolución consultada y que después de un estudio detenido de los antecedentes del caso, se concluye en que no contiene quebrantamiento del derecho a la defensa ni el debido proceso, derechos fundamentales alegados por el recurrente como vulnerados, pues éste se ha desarrollado en debida forma, salvaguardando a todas las partes intervinientes todos los derechos y garantías que la Ley establece..."..."el acto reclamado en amparo ante CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS no resulta violatorio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, como son el derecho de defensa y el debido proceso, lo cual fue motivado sucintamente en el fallo venido en consulta. Lo anterior, además de resultar motivo fundado para decretar la denegatoria del caso, es concurrente con la causal de inadmisibilidad de no haberse interpuesto el susodicho recurso de queja que franquea la ley (Artículo 46 numeral 3), de la Ley Sobre Justicia Constitucional). De lo anteriormente expuesto, resulta suficiente la argumentación jurídica plasmada en su resolución por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, al explicar concisamente los motivos formales de improcedencia del recurso, con expresión del derecho aplicable a las presuntas violaciones de derechos percibidas por el Censor y las razones jurídicas por las cuales dichas alegaciones no resultaron acreditadas en sede de justicia constitucional. Por todo ello, en lo que a la Sala de lo Constitucional compete, resulta procedente la confirmatoria de la resolución venida en consulta..."..."la Sala de lo Constitucional comparte la motivación expuesta por el tribunal de alzada en la sentencia que se consulta, ya que la misma está dictada en observancia al artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece:...Así las cosas, al no haberse seguido el trámite antes explicado, se debe entender que se consintió el acto impugnado, en virtud de lo cual es patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, siendo procedente confirmar el sobreseimiento de las diligencias que conforman el mismo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo del año dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil quince, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, de fecha trece de mayo del año dos mil catorce, con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida por el Abogado OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ en su condición de Apoderado Legal del Señor CARLOS JOSE FUNEZ CACERES contra la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90 párrafo primero y 94 de la Constitución de la República, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, el Abogado OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ en su condición de Apoderado Legal del Señor CARLOS JOSE FUNEZ CACERES quien posteriormente realizó una sucesión por trasmisión del objeto litigioso a favor del Señor WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, promoviendo demanda ordinaria de reivindicación de dominio de una fracción de terreno junto a sus derechos reales accesorios y la indemnización de daños y perjuicios en contra de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO a través de su Presidente el Señor LORENZO ÁVILA. -2) Que seguido el tramite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Seccional, en fecha trece de mayo del año dos mil catorce, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la presente Demanda de Reivindicación de Dominio por la vía del procedimiento Ordinario promovida por el Abogado Osman Jehovanny Guzmán Apoderado Judicial del señor Wilder Samuel Dominguez Sarmiento, contra del señor Lorenzo Ávila en su condición de presidente del grupo CAMPESINO UNIDOS POR EL TRABAJO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; Que habiéndose acreditado por parte del demandante la propiedad de la cosa por la documentación presentada así como tambien la posesión de esta por parte de los demandados con los medios probatorios aportados y la identidad de dicha propiedad es procedente declarar con lugar la demanda de Reivindicación de dominio a favor de Wilder Samuel Dominguez Sarmiento sobre el terreno ubicado en el terreno de Santa Inés de Santulin o Esparta de esta Jurisdicción de Yoro. SEGUNDO: Se Condena al demandado Lorenzo Ávila en su condición de presidente del grupo CAMPESINO UNIDOS POR EL TRABAJO a restituirle al demandante el inmueble objeto de este Juicio. TERCERO: condenando al demandado Lorenzo Ávila en su condición de presidente del grupo campesino Unidos por el Trabajo al pago de daños y perjuicios al señor Wilder Samuel Dominguez Sarmiento del daño emergente y lucro cesante que pudiera haber obtenido en caso de haber estado en posesión de su propiedad. Condena, esta que se hace a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la Sentencia.- SIN COSTAS.” (Folios ciento cuarenta y tres (143) al ciento cuarenta y seis (146) de la pieza principal de primera instancia).- 3) Que en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL interponiendo Recurso de Amparo a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, contra la Sentencia Definitiva de fecha trece de mayo del año dos mil catorce, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero y 94 de la Constitución de la República, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.-4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha dieciséis de marzo del año dos mil quince, mediante la cual falló: “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro.-” (Folios cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47) de la pieza de amparo).-5) Que en fecha seis de mayo del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL interponiendo Recurso de Amparo a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil quince, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, de fecha trece de mayo del año dos mil catorce, con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida por el Abogado OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ en su condición de Apoderado Legal del Señor CARLOS JOSE FUNEZ CACERES contra la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO. La motivación de dicha resolución denegatoria al amparo intentado consiste, entre otras, en las siguientes consideraciones: “a) El proceso en el cual el quejoso aduce se le vulneran derechos y garantías constitucionales, esta identificado bajo el número 1801-2013-0288, contentivo de una demanda reivindicatoria de dominio de una fracción de terreno junto con sus derechos reales accesorios e indemnización de daños y perjuicios, promovido por el abogado OSMAN JEOVANY GUSMAN SUAREZ, en su condición de apoderado judicial del señor WILDER SAUEL DOMINGUEZ SARMIENTO, en contra de su representada EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, a través de su Presidente señor LORENZO AVILA, quien fue citado y emplazado para contestar la demanda, y fue declarado rebelde por no haber comparecido en el plazo señalado por el Tribunal; b) El Juzgado de primera instancia dictó sentencia definitiva en el caso de mérito el 13 de maro 2014 y contra esta sentencia, el abogado Marcelino Martínez Espinal interpuso recurso de apelación el que le fue admitido. Posteriormente la parte demandante solicitó la anulabilidad de un acto procesal, concediéndola el A-quo de plano y decretó la nulidad del auto de fecha dos de junio de dos mil catorce que contenía la admisión del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la asociación demandada; c) El abogado Marcelino Martínez Espinal, solicitó la nulidad de lo actuado, refiriéndose al auto del 9 de junio de 2014, en el que se anulaba la admisión del recurso de apelación; de igual forma al ser notificado personalmente pidió el recurso de reposición contra los autos del 09 de junio, 13 de julio y 21 de julio, los que fueron declarados sin lugar, y posteriormente fue interpuesto recurso de amparo…”.-CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias se constata que el recurrente impugnó mediante la acción de amparo la sentencia definitiva de fecha trece de mayo de dos mil catorce, ello en virtud de que el A-quo anuló el auto de mediante el cual admitió el recurso de apelación que había interpuesto en contra de la sentencia referida, dejando por no interpuesto el recurso de apelación, y por ende en indefensión. Es decir que recurrió de la sentencia definitiva y no el auto mediante el cual se anuló la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la supra-mencionada sentencia.-CONSIDERANDO (4): Que como quedó dicho, estamos dentro del procedimiento de una demanda ordinaria de reivindicación de dominio, cuya ley adjetiva aplicable es el Código Procesal Civil, normativa que contempla la figura a aplicar en aquellos casos en que se deje al recurrente en una supuesta indefensión, al inadmitir el recurso de apelación procedente. En ese sentido, el caso de autos es aplicable el contenido de los artículos 713 y 731 del Código Procesal Civil, que manda a interponer el recurso de queja, cuya finalidad es que el tribunal de Alzada revise las razones denegatorias del recurso de apelación por parte del A-quo.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en lugar de observar el procedimiento establecido en la ley adjetiva y explicado en el considerando anterior, recurrió vía acción de amparo de la sentencia definitiva susceptible solamente del recurso de Apelación como bien lo había hecho antes, quedando de manera manifiesta el desconocimiento del procedimiento civil en los casos como el que nos ocupa. Así las cosas, la Corte de Apelaciones sobreseyó el recurso de amparo interpuesto, resolución consultada y que después de un estudio detenido de los antecedentes del caso, se concluye en que no contiene quebrantamiento del derecho a la defensa ni el debido proceso, derechos fundamentales alegados por el recurrente como vulnerados, pues éste se ha desarrollado en debida forma, salvaguardando a todas las partes intervinientes todos los derechos y garantías que la Ley establece.-CONSIDERANDO (6): Que el acto reclamado en amparo ante CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS no resulta violatorio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, como son el derecho de defensa y el debido proceso, lo cual fue motivado sucintamente en el fallo venido en consulta. Lo anterior, además de resultar motivo fundado para decretar la denegatoria del caso, es concurrente con la causal de inadmisibilidad de no haberse interpuesto el susodicho recurso de queja que franquea la ley (Artículo 46 numeral 3), de la Ley Sobre Justicia Constitucional). De lo anteriormente expuesto, resulta suficiente la argumentación jurídica plasmada en su resolución por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, al explicar concisamente los motivos formales de improcedencia del recurso, con expresión del derecho aplicable a las presuntas violaciones de derechos percibidas por el Censor y las razones jurídicas por las cuales dichas alegaciones no resultaron acreditadas en sede de justicia constitucional. Por todo ello, en lo que a la Sala de lo Constitucional compete, resulta procedente la confirmatoria de la resolución venida en consulta.-CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional comparte la motivación expuesta por el tribunal de alzada en la sentencia que se consulta, ya que la misma está dictada en observancia al artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1), 2), 3), Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;…..4), 5), 6), 7), 8) y 9). Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” Así las cosas, al no haberse seguido el trámite antes explicado, se debe entender que se consintió el acto impugnado, en virtud de lo cual es patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, siendo procedente confirmar el sobreseimiento de las diligencias que conforman el mismo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; No.8 y párrafo último del artículo 46 numeral 3, 48 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: CONFIRMANDO LA SENTENCIA la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil quince, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0411-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de mayo del año dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil quince, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, de fecha trece de mayo del año dos mil catorce, con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida por el Abogado OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ en su condición de Apoderado Legal del Señor CARLOS JOSE FUNEZ CACERES contra la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90 párrafo primero y 94 de la Constitución de la República, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, el Abogado OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ en su condición de Apoderado Legal del Señor CARLOS JOSE FUNEZ CACERES quien posteriormente realizó una sucesión por trasmisión del objeto litigioso a favor del Señor WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, promoviendo demanda ordinaria de reivindicación de dominio de una fracción de terreno junto a sus derechos reales accesorios y la indemnización de daños y perjuicios en contra de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO a través de su Presidente el Señor LORENZO ÁVILA. -2) Que seguido el tramite de ley correspondiente, el referido Juzgado de Letras Seccional, en fecha trece de mayo del año dos mil catorce, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la presente Demanda de Reivindicación de Dominio por la vía del procedimiento Ordinario promovida por el Abogado Osman Jehovanny Guzmán Apoderado Judicial del señor Wilder Samuel Dominguez Sarmiento, contra del señor Lorenzo Ávila en su condición de presidente del grupo CAMPESINO UNIDOS POR EL TRABAJO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; Que habiéndose acreditado por parte del demandante la propiedad de la cosa por la documentación presentada así como tambien la posesión de esta por parte de los demandados con los medios probatorios aportados y la identidad de dicha propiedad es procedente declarar con lugar la demanda de Reivindicación de dominio a favor de Wilder Samuel Dominguez Sarmiento sobre el terreno ubicado en el terreno de Santa Inés de Santulin o Esparta de esta Jurisdicción de Yoro. SEGUNDO: Se Condena al demandado Lorenzo Ávila en su condición de presidente del grupo CAMPESINO UNIDOS POR EL TRABAJO a restituirle al demandante el inmueble objeto de este Juicio. TERCERO: condenando al demandado Lorenzo Ávila en su condición de presidente del grupo campesino Unidos por el Trabajo al pago de daños y perjuicios al señor Wilder Samuel Dominguez Sarmiento del daño emergente y lucro cesante que pudiera haber obtenido en caso de haber estado en posesión de su propiedad. Condena, esta que se hace a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la Sentencia.- SIN COSTAS.” (Folios ciento cuarenta y tres (143) al ciento cuarenta y seis (146) de la pieza principal de primera instancia).- 3) Que en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL interponiendo Recurso de Amparo a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, contra la Sentencia Definitiva de fecha trece de mayo del año dos mil catorce, emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, por considerar que dicha resolución es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 párrafo primero y 94 de la Constitución de la República, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.-4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha dieciséis de marzo del año dos mil quince, mediante la cual falló: “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro.-” (Folios cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47) de la pieza de amparo).-5) Que en fecha seis de mayo del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL interponiendo Recurso de Amparo a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil quince, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, de fecha trece de mayo del año dos mil catorce, con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio promovida por el Abogado OSMAN JEHOVANNY GUZMAN SUAREZ en su condición de Apoderado Legal del Señor CARLOS JOSE FUNEZ CACERES contra la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO. La motivación de dicha resolución denegatoria al amparo intentado consiste, entre otras, en las siguientes consideraciones: “a) El proceso en el cual el quejoso aduce se le vulneran derechos y garantías constitucionales, esta identificado bajo el número 1801-2013-0288, contentivo de una demanda reivindicatoria de dominio de una fracción de terreno junto con sus derechos reales accesorios e indemnización de daños y perjuicios, promovido por el abogado OSMAN JEOVANY GUSMAN SUAREZ, en su condición de apoderado judicial del señor WILDER SAUEL DOMINGUEZ SARMIENTO, en contra de su representada EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, a través de su Presidente señor LORENZO AVILA, quien fue citado y emplazado para contestar la demanda, y fue declarado rebelde por no haber comparecido en el plazo señalado por el Tribunal; b) El Juzgado de primera instancia dictó sentencia definitiva en el caso de mérito el 13 de maro 2014 y contra esta sentencia, el abogado Marcelino Martínez Espinal interpuso recurso de apelación el que le fue admitido. Posteriormente la parte demandante solicitó la anulabilidad de un acto procesal, concediéndola el A-quo de plano y decretó la nulidad del auto de fecha dos de junio de dos mil catorce que contenía la admisión del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la asociación demandada; c) El abogado Marcelino Martínez Espinal, solicitó la nulidad de lo actuado, refiriéndose al auto del 9 de junio de 2014, en el que se anulaba la admisión del recurso de apelación; de igual forma al ser notificado personalmente pidió el recurso de reposición contra los autos del 09 de junio, 13 de julio y 21 de julio, los que fueron declarados sin lugar, y posteriormente fue interpuesto recurso de amparo…”.-CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias se constata que el recurrente impugnó mediante la acción de amparo la sentencia definitiva de fecha trece de mayo de dos mil catorce, ello en virtud de que el A-quo anuló el auto de mediante el cual admitió el recurso de apelación que había interpuesto en contra de la sentencia referida, dejando por no interpuesto el recurso de apelación, y por ende en indefensión. Es decir que recurrió de la sentencia definitiva y no el auto mediante el cual se anuló la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la supra-mencionada sentencia.-CONSIDERANDO (4): Que como quedó dicho, estamos dentro del procedimiento de una demanda ordinaria de reivindicación de dominio, cuya ley adjetiva aplicable es el Código Procesal Civil, normativa que contempla la figura a aplicar en aquellos casos en que se deje al recurrente en una supuesta indefensión, al inadmitir el recurso de apelación procedente. En ese sentido, el caso de autos es aplicable el contenido de los artículos 713 y 731 del Código Procesal Civil, que manda a interponer el recurso de queja, cuya finalidad es que el tribunal de Alzada revise las razones denegatorias del recurso de apelación por parte del A-quo.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en lugar de observar el procedimiento establecido en la ley adjetiva y explicado en el considerando anterior, recurrió vía acción de amparo de la sentencia definitiva susceptible solamente del recurso de Apelación como bien lo había hecho antes, quedando de manera manifiesta el desconocimiento del procedimiento civil en los casos como el que nos ocupa. Así las cosas, la Corte de Apelaciones sobreseyó el recurso de amparo interpuesto, resolución consultada y que después de un estudio detenido de los antecedentes del caso, se concluye en que no contiene quebrantamiento del derecho a la defensa ni el debido proceso, derechos fundamentales alegados por el recurrente como vulnerados, pues éste se ha desarrollado en debida forma, salvaguardando a todas las partes intervinientes todos los derechos y garantías que la Ley establece.-CONSIDERANDO (6): Que el acto reclamado en amparo ante CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS no resulta violatorio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, como son el derecho de defensa y el debido proceso, lo cual fue motivado sucintamente en el fallo venido en consulta. Lo anterior, además de resultar motivo fundado para decretar la denegatoria del caso, es concurrente con la causal de inadmisibilidad de no haberse interpuesto el susodicho recurso de queja que franquea la ley (Artículo 46 numeral 3), de la Ley Sobre Justicia Constitucional). De lo anteriormente expuesto, resulta suficiente la argumentación jurídica plasmada en su resolución por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, al explicar concisamente los motivos formales de improcedencia del recurso, con expresión del derecho aplicable a las presuntas violaciones de derechos percibidas por el Censor y las razones jurídicas por las cuales dichas alegaciones no resultaron acreditadas en sede de justicia constitucional. Por todo ello, en lo que a la Sala de lo Constitucional compete, resulta procedente la confirmatoria de la resolución venida en consulta.-CONSIDERANDO (7): Que la Sala de lo Constitucional comparte la motivación expuesta por el tribunal de alzada en la sentencia que se consulta, ya que la misma está dictada en observancia al artículo 46 numeral 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que establece: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1), 2), 3), Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes;…..4), 5), 6), 7), 8) y 9). Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” Así las cosas, al no haberse seguido el trámite antes explicado, se debe entender que se consintió el acto impugnado, en virtud de lo cual es patente la causal de improcedencia del presente recurso de amparo, siendo procedente confirmar el sobreseimiento de las diligencias que conforman el mismo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números: 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; No.8 y párrafo último del artículo 46 numeral 3, 48 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª., del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: CONFIRMANDO LA SENTENCIA la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dieciséis de marzo del año dos mil quince, que sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCELINO MARTINEZ ESPINAL a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN UNIDOS POR EL TRABAJO, Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la sentencia de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0411-2015.- Firma Y sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL