Sentencia AC-409-14 — Registro 6014
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó autos no definitivos dictados por juzgado de primera instancia que declaró con lugar la oposición a la ejecución en cuanto a la Excepción Diltoria de Inhabilidad del Título del acto que le hubiere dado fuerza y declaró sin lugar la oposición de falta de personalidad de alguna de las partes o del procurador planteadas por parte demandada en demanda ejecutiva de pago promovida por Banco de los Trabajadores contra recurrente; La Autoridad recurrida en cuanto a la primera Excepción considera que por sí solo el pagaré tiene fuerza ejecutiva aunque el certificado de estado de cuenta no haya sido certificado por un perito por lo que debe seguirse el proceso por la cantidad nominal. La Corte recurrida ordenó continuar con la ejecución conforme a la normativa procesal civil que determina los límites de la actividad ejecutiva constituida en el pagaré suscrito por la entidad deudora; Dicha Corte ordenó seguir con actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."·del estudio de la foliada, y de la resolución recurrida esta sala ha podido constar que el Banco de los Trabajadores, promovió Demanda Ejecutiva de Pago(folios 1 y 2 de la primera pieza) contra Eurocomer, S.A., que habiendo seguido el procedimiento para este tipo de demandas, en fecha doce de marzo del año dos mil doce (F. 153 al 161 primera pieza), se dictó sentencia, mediante la cual se declaró con lugar la oposición a la ejecución planteada en cuanto a la Excepción Dilatoria de Inhabilidad del Título del acto que le hubiere dado fuerza de tal interpuesto por la demandada, declarando sin lugar la oposición planteada por la parte demandada en cuanto a la falta de personalidad de alguna de las partes o en el procurador que la haya presentado, dejando a salvo el derecho de la parte ejecutante para que pueda ejercer nuevamente la acción correspondiente. Resolución que fue impugnada, pronunciándose la Corte de apelaciones en cuanto a la excepción declarada con lugar en el numeral tercero de su resolución que “El pagaré es un documento que consiste en la promesa pura y simple de pagar una determinada cantidad de dinero en un futuro a su legítimo tenedor. La sistematización de las excepciones en materia cambiaria, requiere de una precisión terminológica en orden a explicar el alcance y significado del término excepción. Así en sentido general excepción significa cualquier defensa del demandado y, en sentido estricto implica aquellas defensas que conllevan a la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluya sus efectos jurídicos y por tanto la acción, anulan a esta última…. Señala además que el hecho de que el certificado de estado de cuenta acreditado junto con la demanda ejecutiva no haya sido certificado por un perito que en el momento se encontraba habilitado para el ejercicio de sus funciones, esa no es razón suficiente para que la Demanda Ejecutiva no siga el curso normal y pueda proceder a ejecutarse, ya que por si solo el pagaré tiene fuerza ejecutiva, debiendo seguir el proceso por la cantidad nominal reflejada en el pagaré. En el numeral Sexto señala que como hecho probado existe por si solo el pagaré como un titulo Valor, el cual fue suscrito por la sociedad Mercantil denominada EUROCOMER, S.A., y el BANCO DE LOS TRABAJADORES por la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.3,800.000.00), lo cual sería pagadero el día 13 de septiembre del año 2010 en las oficinas del Banco (en esta ciudad). En consecuencia la Corte Declaró con lugar el recurso de apelación y Revocó la Excepción Dilatoria de Inhabilidad del Título del acto que le hubiere dado fuerza de tal...."…" Esta Sala aprecia el contenido del artículo 915 del Código Procesal Civil que dispone: “JUICIOS ESPECIALES. Los juicios especiales pendientes que al entrar en vigencia el presente Código, se seguirán tramitando conforme al Código Procesal anterior, y a partir de la sentencia o resolución, se aplicará el presente Código (las negritas son nuestras). Y siendo que la parte demandante ha obtenido a su favor ejecutoria es conforme a derecho que solicite su cumplimiento forzoso de conformidad a las reglas del Código Procesal Civil, la ejecución tendrá su fin al momento en que hayan quedado satisfechos los derechos del ejecutante, todo ello, de acuerdo al derecho consignado en un título valor al que la ley ha conferido fuerza ejecutiva valor mediante el cual procede la ejecución. Conforme lo que establece el Código Procesal Civil en los artículos 742, 743, 744, 782 y el artículo 796 No.2 que establece, que una vez desestimada la oposición totalmente (caso sub judice) deben seguir adelante la actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada de acuerdo alas normas que se establecen para la ejecución de sentencia..."..."esta Sala observa que el criterio del Ad quem en relación a la interpretación y encuentro de la efectividad de la norma, es conforme a derecho por lo que no se observa vulneración al Derecho – Garantía del Debido Proceso, habiendo observado los requisitos, exigencias, solemnidades que fija la ley, sujetándose a cada una de sus disposiciones, a fin de materializar el derecho en el caso concreto; en consecuencia no existe quebrantamiento del debido proceso..."..."esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que No procede Otorgar el amparo. En consecuencia debe continuarse con el trámite de ejecución conforme lo establece la normativa del código Procesal Civil de acuerdo a los fundamentos de derecho previamente citados en el considerando siete de este fallo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 742 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 796, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 915 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio del año de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado RODOLFO ELIAS SORTO BUESO a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA EUROCOMER S. A., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil catorce (2014), que declaró con lugar un recurso de apelación y revocó los autos no definitivos dictados por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fechas cuatro (04) de enero y ocho (08) de marzo del año dos mil trece (2013), respectivamente, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el BANCO DE LOS TRABAJADORES contra la SOCIEDAD MERCANTIL EUROCOMER S. A..-Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de octubre del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de Francisco Morazán, la abogada NOHEMY ELIZABETH GIRON GONZALEZ, en su condición de Apoderada de la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DE LOS TRABAJADORES, promoviendo Demanda Ejecutiva de Pago en contra de la SOCIEDAD MERCANTIL EUROCOMER S. A. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de enero del año dos mil trece (2013), dictó el siguiente auto: “Admítase el escrito que antecede, junto con los documentos que acompaña los cuales se manda agregar a sus antecedentes, y en cuanto a lo solicitado por la compareciente SIN LUGAR, en virtud que la Honorable Corte Primera de Apelaciones revocó parcialmente la Sentencia Definitiva de fecha doce (12) de marzo del año dos mil doce (2012), que su fallo literalmente dice: FALLA 1) DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION. 2) REVOCA PARCIALMENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA DOCE (12) DE MARZO DEL AÑOS DOS MIL DOCE (2012). 3) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION DILATORIA DE INHABIIDAD DEL TITULO DEL ACTO QUE LE HUBIERE DADO FUERZA DE TAL, ESPECIALMENTE POR NO EXISTIR EN EL LISTADO TASADO DEL ARTICULO 465 DEL CODIGO DE COMERCIO, INTERPUESTA POR EL APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA EUROCOMER, S. A. EN LA DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO PROMOVIDA POR LA ABOGADA NOHEMY ELIZABEYH GIRON GONZALEZ, EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES. 4) CON COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA; y no como lo expresa la solicitante que fue revocada completamente la sentencia”. FOLIO 192 de la primera pieza).3) En fecha ocho (08) de marzo del año dos mil trece (2013) el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, dictó el siguiente auto:” Téngase por presentado el escrito que antecede, el cual se manda a agregar a sus antecedentes, En cuanto a lo solicitado por la compareciente Sin Lugar, por no expresar la solicitante el alcance de la ejecución que pretende y no constar en la Sentencia de primera instancia, ni en la de Apelación, parte resolutiva que establezca el alcance de dicha resolución”. (FOLIO 202 de la primera pieza) 4) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por la Abogada NOHEMY ELIZABETH GIRON GONZALEZ, en su condición de Apoderada Legal del BANCO DE LOS TRABAJADORES; la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil catorce (2014), dictó Sentencia mediante la cual falló: “1) DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION DE QUE SE HA HECHO MERITO; 2) REVOCA las providencias de fecha cuatro de enero y ocho de marzo, ambas del año dos mil trece, dictadas por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán; 3) ORDENA al Juzgado recurrido seguir adelante con las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias”. (Folios 14 al 18 de la segunda pieza). 5) Que el recurrente el Abogado RODOLFO ELIAS SORTO BUESO, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil catorce (2014), interponiendo acción de Amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA EUROCOMER S. A., por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha cuatro (04) de marzo del año dos mil catorce (2014), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. 6) En fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil catorce (2014) se dicta auto en el cual se establece que el término de cuarenta y ocho (48) horas concedido para formalizar la acción de amparo venció el día trece (13) de agosto del año dos mil catorce (2014), declarando caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar.- (FOLIO 22 de la tercera pieza) 7) Que con fecha veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la abogada YULIBETH GARAY, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se DENIEGUE el presente Recurso de Amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha cuatro de marzo del año dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró con Lugar un recurso de apelación y revocó los autos no definitivos dictados por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de enero y ocho de marzo del año dos mil trece respectivamente, con relación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el BANCO DE LOS TRABAJADORES contra la sociedad MERCANTIL Denominada EUROCOMER, S.A. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente manifiesta en el párrafo de los hechos y antecedentes numeral tercero que los argumentos de la resolución recurrida, son equívocos, ya que la misma ordena la ejecución de una sentencia definitiva dictada en el año dos mil doce (2012) bajo trámites del Nuevo Código Procesal Civil, cuando dicha sentencia definitiva fue dictada en aplicación a las disposiciones del Código de Procedimientos Comunes o Civiles de 1906, siendo contrario a lo dispuesto en el artículo 915 del Código Procesal Civil, que regula las disposiciones transitorias de los juicios especiales, contrariando también lo dispuesto en el Artículo 3 del mencionado código, que regula el debido proceso, en el nuevo Proceso Civil vigente. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de la foliada, y de la resolución recurrida esta sala ha podido constar que el Banco de los Trabajadores, promovió Demanda Ejecutiva de Pago(folios 1 y 2 de la primera pieza) contra Eurocomer, S.A., que habiendo seguido el procedimiento para este tipo de demandas, en fecha doce de marzo del año dos mil doce (F. 153 al 161 primera pieza), se dictó sentencia, mediante la cual se declaró con lugar la oposición a la ejecución planteada en cuanto a la Excepción Dilatoria de Inhabilidad del Título del acto que le hubiere dado fuerza de tal interpuesto por la demandada, declarando sin lugar la oposición planteada por la parte demandada en cuanto a la falta de personalidad de alguna de las partes o en el procurador que la haya presentado, dejando a salvo el derecho de la parte ejecutante para que pueda ejercer nuevamente la acción correspondiente. Resolución que fue impugnada, pronunciándose la Corte de apelaciones en cuanto a la excepción declarada con lugar en el numeral tercero de su resolución que “El pagaré es un documento que consiste en la promesa pura y simple de pagar una determinada cantidad de dinero en un futuro a su legítimo tenedor. La sistematización de las excepciones en materia cambiaria, requiere de una precisión terminológica en orden a explicar el alcance y significado del término excepción. Así en sentido general excepción significa cualquier defensa del demandado y, en sentido estricto implica aquellas defensas que conllevan a la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluya sus efectos jurídicos y por tanto la acción, anulan a esta última…. Señala además que el hecho de que el certificado de estado de cuenta acreditado junto con la demanda ejecutiva no haya sido certificado por un perito que en el momento se encontraba habilitado para el ejercicio de sus funciones, esa no es razón suficiente para que la Demanda Ejecutiva no siga el curso normal y pueda proceder a ejecutarse, ya que por si solo el pagaré tiene fuerza ejecutiva, debiendo seguir el proceso por la cantidad nominal reflejada en el pagaré. En el numeral Sexto señala que como hecho probado existe por si solo el pagaré como un titulo Valor, el cual fue suscrito por la sociedad Mercantil denominada EUROCOMER, S.A., y el BANCO DE LOS TRABAJADORES por la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.3,800.000.00), lo cual sería pagadero el día 13 de septiembre del año 2010 en las oficinas del Banco (en esta ciudad). En consecuencia la Corte Declaró con lugar el recurso de apelación y Revocó la Excepción Dilatoria de Inhabilidad del Título del acto que le hubiere dado fuerza de tal. CONSIDERANDO (6): Que conforme a la resolución antes señalada la parte demandante solicita se continúen las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, dictando el Ad quo dos autos mediante los cuales se desestima la petición planteada, de proseguir el trámite de apremio. La parte demandante considerando que las resoluciones antes indicadas que le causan agravios interpone el recurso de Apelación. Es así que la Corte de Apelaciones deja establecido en su parte conducente del numeral QUINTO: “… el fallo de esta Corte es imperativo en cuanto a que se continué con la ejecución fundada en el contenido del pagaré con que se acreditó la obligación existente por parte de la empresa demandada EUROCOMER, S.A., por lo que se estima que lo procedente en derecho es que se siga adelante con la ejecución, de conformidad a lo establecido en el artículo 796.2 del Código Procesal civil en relación con el 744, que determina que los límites de la actividad ejecutiva son los contenidos en el título de ejecución que en este caso concreto lo constituye el pagaré suscrito por los representantes de la entidad deudora.” Más adelante en el numeral cinco del mismo párrafo quinto expone el ad quem “que analizado el contenido de las providencias recurridas, estima que no están apegadas a derecho y conculcan el derecho de la parte demandante para continuar con la ejecución iniciada con su escrito de demanda, señalando que la demanda siguió su curso normal, las excepciones fueron desestimadas por el ad quem deteniendo el proceso de ejecución las referidas providencias censuradas que contravienen el fallo de segunda instancia por lo que procede la revocatoria de las resoluciones recurridas”. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente a señalado como punto central la controversia el hecho que de seguir la ejecución de una sentencia dictada en el dos mil doce bajo los trámites del nuevo Código Procesal Civil y no con el antiguo Código de Procedimiento Comunes se le vulneran el derecho al debido proceso. Esta Sala aprecia el contenido del artículo 915 del Código Procesal Civil que dispone: “JUICIOS ESPECIALES. Los juicios especiales pendientes que al entrar en vigencia el presente Código, se seguirán tramitando conforme al Código Procesal anterior, y a partir de la sentencia o resolución, se aplicará el presente Código (las negritas son nuestras). Y siendo que la parte demandante ha obtenido a su favor ejecutoria es conforme a derecho que solicite su cumplimiento forzoso de conformidad a las reglas del Código Procesal Civil, la ejecución tendrá su fin al momento en que hayan quedado satisfechos los derechos del ejecutante, todo ello, de acuerdo al derecho consignado en un título valor al que la ley ha conferido fuerza ejecutiva valor mediante el cual procede la ejecución. Conforme lo que establece el Código Procesal Civil en los artículos 742, 743, 744, 782 y el artículo 796 No.2 que establece, que una vez desestimada la oposición totalmente (caso sub judice) deben seguir adelante la actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada de acuerdo alas normas que se establecen para la ejecución de sentencia. CONSIDERANDO (8): Que el recurrente considera que el Ad quem mediante su fallo ha vulnerado al Debido Proceso, violaciones que deben ser analizadas desde el prisma constitucional, entendiendo el Debido Proceso adjetivo o formal, como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[i]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[ii]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (9): Que de acuerdo al estudio que precede, esta Sala observa que el criterio del Ad quem en relación a la interpretación y encuentro de la efectividad de la norma, es conforme a derecho por lo que no se observa vulneración al Derecho – Garantía del Debido Proceso, habiendo observado los requisitos, exigencias, solemnidades que fija la ley, sujetándose a cada una de sus disposiciones, a fin de materializar el derecho en el caso concreto; en consecuencia no existe quebrantamiento del debido proceso. CONSIDERANDO (10): Que el Ministerio Público a través de su representante, emitió dictamen en fecha 24 de septiembre del año 2014, con fundamento en los artículos 915, 743, 743, 744, 782, del Código Procesal Civil, es de la opinión que “que del contenido de las disposiciones legales antes descritas, se observa que en el presente caso de autos, la parte demandante posee un derecho en virtud de existir una ejecución a su favor , conllevando tal situación al cumplimiento forzosos de la obligación, la cual debe quedar completamente satisfecha a tenor del derecho del ejecutante y en el presente caso, bajo la existencia de un título valor (pagaré), así mismo a tenor de los dispuesto por el artículo 915 (CPC) al existir una sentencia dictada en el año 2012 claramente se establece que se aplicarán las disposiciones que al efecto señala el nuevo Código Procesal Civil”. Por lo que fue de la opinión porque se Deniegue el recurso de Amparo. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que No procede Otorgar el amparo. En consecuencia debe continuarse con el trámite de ejecución conforme lo establece la normativa del código Procesal Civil de acuerdo a los fundamentos de derecho previamente citados en el considerando siete de este fallo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras por UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos 15, 59,60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 742, 743, 744, 782, 796 No.2,915 del Código Procesal Civil; 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado RODOLFO ELIAS SORTO BUESO, a favor de la Sociedad mercantil denominada EUROCOMER, S. A., contra la sentencia de fecha cuatro de marzo del año dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal con el número 0409-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[i] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[ii] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag