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Sentencia AC-366-15 — Registro 6026

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo contra actuaciones dictadas por juzgado de primera instancia que no pudo resolver una solicitud de un segundo mandamiento al Instituto de la Propiedad por falta de información en relación a demanda de ejecución forzosa de un título hipotecario promovida por éste contra los señores Ana Rosa Peralta Oliva conocida también como Ana Rosa Peralta de Paz y Ramón Edagardo Paz Castro; La Autoridad recurrida considera que no puede pretenderse a través de una demanda constitutional de amparo sustituir la función de interpretar y solicitar documentación que soporte una decisión judicial para aplicar el derecho; se concluyó que los alegatos de recurrente son de mera legalidad por lo que se incurre en causal de inadmisibilidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia dictada en fecha veinte de abril del año dos mil quince, cuando señala que de la lectura y estudio de las presentes diligencias, que el quejoso solo hace señalamientos de mera legalidad, pues no puede pretenderse a través de una demanda constitucional de amparo, sustituir la función de interpretar y solicitar documentación que soporte una decisión judicial, a fin del aplicar debidamente el derecho..."..."claramente existe la causal a la que se refiere la Corte de Apelaciones, contenida en el numeral 1) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece:..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia del veinte de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil dieciséis. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de abril del año dos mil quince, que sobresee la Acción de Amparo presentada por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A., contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, contenida en la resolución de fecha cinco de enero del dos mil quince, con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título hipotecario, promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A., contra los señores ANA ROSA PERALTA OLIVA, conocida también como ANA ROSA PERALTA DE PAZ y contra RAMÓN EDGARDO PAZ CASTRO.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su contra los Artículos 60, 61, 64, 82, 90, 103, 304, 321, 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de marzo del año dos mil quince, compareció ante está Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAINEZ interponiendo Recurso de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A., contra resolución de fecha cinco de enero del dos mil quince, dictado por Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, por considerar que dichas actuaciones le son violatorias de lo dispuesto en los Artículos 60, 61, 64, 82, 90, 103, 304, 321, 323 de la Constitución de la República. 2) En fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, esta Sala de lo Constitucional procedió a resolver lo siguiente: “ 1º DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAINEZ a favor de la Sociedad Mercantil denomina BANCO DE OCCIDENTE S.A.; 2º Remitir los antecedentes a la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, por ser éste el Tribunal competente.-“ (Folio veintitrés (F-23) de la pieza de amparo). 3) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó Resolución en fecha veinte de abril del año dos mil quince, mediante la cual falló: “PRIMERO: Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAINEZ, a favor de BANCO DE OCCIDENTE S.A., quien recurre contra la resolución de fecha 5 de enero de 2015, emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que se notifique este fallo, que se eleve a trámite de consulta obligatoria la presente sentencia a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia y en su oportunidad se devuelvan los antecedentes y certificación del fallo, al Juzgado de su procedencia para su debido cumplimiento.-” (Folios treinta cinco (F-25) al treinta seis (F-26) de la pieza de Amparo). 4) Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A., en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de abril del año dos mil quince, que sobresee la Acción de Amparo presentado por el Abogado JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ LAINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A., contra las actuaciones del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, contenida en la resolución de fecha cinco de enero del dos mil quince, con relación a la demanda de ejecución forzosa de un título hipotecario, promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A., contra los señores ANA ROSA PERALTA OLIVA, conocida también como ANA ROSA PERALTA DE PAZ y contra RAMÓN EDGARDO PAZ CASTRO. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que dicha resolución es violatoria de los derechos estipulados en los Artículos 60, 61, 64, 82, 90, 103, 304, 321, 323 de la Constitución de la República, puesto que desde un principio no solo se ha violentado el Derecho de Defensa a su defendido sometiéndolo a un proceso, sin arreglo al debido proceso, en virtud de no poderse resolver una solicitud de un segundo mandamiento al Instituto de la propiedad, por falta de información. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en su sentencia dictada en fecha veinte de abril del año dos mil quince, cuando señala que de la lectura y estudio de las presentes diligencias, que el quejoso solo hace señalamientos de mera legalidad, pues no puede pretenderse a través de una demanda constitucional de amparo, sustituir la función de interpretar y solicitar documentación que soporte una decisión judicial, a fin del aplicar debidamente el derecho. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que claramente existe la causal a la que se refiere la Corte de Apelaciones, contenida en el numeral 1) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)…- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia del veinte de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamentó en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia del veinte de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número 0366-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL