Sentencia AC-355-14 — Registro 6157
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de Primera Instancia que declaró con lugar Denuncia por Violencia Doméstica tipificada como Violencia Psicológica en la que se Ratificaron Medidas de Seguridad, Precautorias y Cautelares, acción promovida contra recurrente; La Autoridad recurrida considera que para determinar Violencia Psicológica no es necesario que se acredite la existencia de cada uno de los hechos de abuso de relaciones de poder desiguales del hombre en contra de la mujer, basta que se presente una de esas manifestaciones para considerarlo como violencia doméstica
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"El derecho de defensa en inviolable….” Es en ese orden de ideas y después un análisis exhaustivo del caso que nos ocupa podemos verificar que este tiene su origen en la violación del Derecho de Defensa y el Debido Proceso, al no permitírsele al apoderado legal de la parte denunciada presentar y evacuar sus medios de prueba en la audiencia respectiva por el Ad-quo; Siguiendo ese orden de ideas es importante resaltar lo estipulado en el articulo 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica que señala lo siguiente: “Cuando los hechos fueren controvertidos se admitirán y evacuarán las pruebas pertinentes dentro de esta audiencia y sino se pudiere se tiene que suspender, para continuarla en los próximos dos (2) días hábiles siguientes. No se concederá prórroga de este plazo .Todo testigo es hábil para declarar según los términos del artículo 4 párrafo segundo de la presenté ley.” Partiendo de lo antes expuesto si bien es cierto el denunciado reconoce que vertió ciertas frases en contra de su conyugue no es menos cierto que éste no acepta la totalidad de la denuncia presentada en su contra, (tal y como consta en el folio 9 del expediente judicial); Por consiguiente los hechos se vuelven controvertidos, y el Ad-quo estaba en la obligación de evacuar la prueba ofertada tanto de la parte denunciante como de la parte denunciada y someterlo al contradictorio, y no dejar en completa indefensión a la parte contraria, ya que como juez Garante del Debido Proceso tiene la obligación ineludible de velar para que se respeten tanto los derechos de la victima como del denunciado, o sea cuidar para que exista igualdad de armas procesales, ya que así lo reconoce nuestra Constitución y los Tratados Internaciones que Nuestro País se ha acogido; Por lo que esta Sala hace un llamado de atención al Ad-quem y al Ad-quo, para que en el futuro se haga un estudio mas profundo de los procesos que llegan a sus conocimientos y no violentar estas Garantías Constitucionales..."..."Esta sala observa que la resolución recurrida del Ad-quem es errada y contradictoria, en consecuencia vulnera los derechos señalados por el recurrente, al no observar los requisitos, exigencias y solemnidades que prescribe la ley; En ese orden de ideas procede otorgar el presente Recurso de Amparo por las razones anteriormente expuestas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Contra la Violencia Doméstica, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"El derecho de defensa en inviolable….” Es en ese orden de ideas y después un análisis exhaustivo del caso que nos ocupa podemos verificar que este tiene su origen en la violación del Derecho de Defensa y el Debido Proceso, al no permitírsele al apoderado legal de la parte denunciada presentar y evacuar sus medios de prueba en la audiencia respectiva por el Ad-quo; Siguiendo ese orden de ideas es importante resaltar lo estipulado en el articulo 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica que señala lo siguiente: “Cuando los hechos fueren controvertidos se admitirán y evacuarán las pruebas pertinentes dentro de esta audiencia y sino se pudiere se tiene que suspender, para continuarla en los próximos dos (2) días hábiles siguientes. No se concederá prórroga de este plazo .Todo testigo es hábil para declarar según los términos del artículo 4 párrafo segundo de la presenté ley.” Partiendo de lo antes expuesto si bien es cierto el denunciado reconoce que vertió ciertas frases en contra de su conyugue no es menos cierto que éste no acepta la totalidad de la denuncia presentada en su contra, (tal y como consta en el folio 9 del expediente judicial); Por consiguiente los hechos se vuelven controvertidos, y el Ad-quo estaba en la obligación de evacuar la prueba ofertada tanto de la parte denunciante como de la parte denunciada y someterlo al contradictorio, y no dejar en completa indefensión a la parte contraria, ya que como juez Garante del Debido Proceso tiene la obligación ineludible de velar para que se respeten tanto los derechos de la victima como del denunciado, o sea cuidar para que exista igualdad de armas procesales, ya que así lo reconoce nuestra Constitución y los Tratados Internaciones que Nuestro País se ha acogido; Por lo que esta Sala hace un llamado de atención al Ad-quem y al Ad-quo, para que en el futuro se haga un estudio mas profundo de los procesos que llegan a sus conocimientos y no violentar estas Garantías Constitucionales..."..."Esta sala observa que la resolución recurrida del Ad-quem es errada y contradictoria, en consecuencia vulnera los derechos señalados por el recurrente, al no observar los requisitos, exigencias y solemnidades que prescribe la ley; En ese orden de ideas procede otorgar el presente Recurso de Amparo por las razones anteriormente expuestas..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Contra la Violencia Doméstica, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA a favor del señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia por violencia domestica, promovida por la señora EMMA CANALES SÁNCHEZ, contra el señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los artículos 64, 82 Y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha catorce de octubre del año dos mil catorce, compareció ante el Centro de Recepción de Denuncias de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad, la señora EMMA CANALES SÁNCHEZ en su condición personal, interponiendo denuncia de violencia domestica, contra el señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA.
Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de noviembre del año dos mil trece, celebro audiencia en la que dictó Sentencia, mediante la cual falló: “1) Declarando CON LUGAR la Denuncia de Violencia Domestica, interpuesta por la señora ENMA CANALES SANCHEZ, contra el señor FRANKLIN ALEXANDER SANCHEZ OCHOA, ambos de generales ya conocidas en el preámbulo de la sentencia, tipificándose los actos ejercidos como VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- 2) Ratificando las Medidas de Seguridad, Medidas Precautorias y Medidas Cautelares, impuestas en la audiencia celebrada el día de hoy cinco de Noviembre del año dos mil trece.- 3) Se Impone la Sanción de prestación de servicios a la comunidad al señor FRANKLIN ALEXANDER SANCHEZ OCHOA por el término de UN MES el cual será cumplido en el periodo de dos horas diarias en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la cual se hará cargo de su estricto cumplimiento, gírese el oficio correspondiente a dicha Alcaldía Municipal.-” (Folios ocho (F-8) al once (F-11) de la pieza de primera instancia).-3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA, en su condición de represente procesal del señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 05 de noviembre de 2013 pronunciada por el Juzgado de Letras Especial Contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán.- 2) Se confirma la misma por estar dictada conforme a Derecho.- 3) CON COSTAS A LA PARTE APELANTE.-” (Folios ocho (F-8) al nueve (F-9) de la pieza de segunda instancia).-4) Que el recurrente el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA, compareció ante este Tribunal, en fecha siete de abril del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 Y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil catorce (2014), por caducado el término concedido a el recurrente para que formalizara el recurso, ordenado la continuación del trámite en virtud de haber interpuesto la acción la recurrente de manera puntual, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen.-5) Que con fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se OTORGUE el presente Recurso de Amparo.-
CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO(2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de noviembre del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Contra la Violencia Domestica, del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia por Violencia Domestica promovida por la señora ENMA CANALES SANCHEZ, contra el señor FRANKLIN ALEXANDER SANCHES OCHOA. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante al interponer el recurso manifiesta que se han vulnerado los preceptos Constitucionales consignado en el artículo 64, 82 y 90 Primer párrafo, de la Carta Magna…, explica la vulneración de los mismos de la siguiente forma: 1) “En el juicio de primera instancia el Juez instructor del proceso quebrantó Flagrantemente todo el procedimiento al no permitir que las partes propusieran y evacuáramos las pruebas para acreditar los extremos que cada uno alega, y tal disposición limita el derecho al debido proceso y sobre todo al derecho de defensa establecido en la Constitución de la República.-2) La Sentencia que se impugna en el acápite de Fundamentos de Derechos. En el numero 1) Se establece como Violencia Psicológica en contra de la mujer, y el Tribunal determina como abuso de relaciones de poder desiguales del hombre contra la mujer, y le bastan para calificarlas como violencia domestica, pero, en la vida practica del caso que nos ocupa, es la mujer la que tiene el poder por lo que le dice que no le sirve su esposo para nada, debido a las enfermedades que mi representado padece y le imposibilita para trabajar. En el hecho 2) el Tribunal de Alzada, establece como suficiente para establece su convicción, la frase:” Si le he dicho que vive con David porque yo lo llame y el me dijo que los dejara ser felices, y que si es verdad que yo le revise el celular”. Como es posible que la esposa de una persona tenga un amante y su esposo no le pueda decir nada para tratar de aclarar tal situación embarazosa, que es lo que pasa con mi representado y su esposa, en otros tiempos el honor se defendía de otra manera. Es pues Honorable Corte, que estáis obligada a otorgar el Amparo para que mi representado pueda ejercer su derecho a defenderse mediante el proceso adecuado.”.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem en su resolución deja establecido lo siguiente: “ 1) Que es importante que los actos y hechos que la ley contra la Violencia Domestica establece como violencia psicológica en contra de la mujer no es necesario que en el proceso se acrediten la existencia de todos y cada uno de los hechos para que el juez determine que está ante la presencia de abuso de relaciones de poder desiguales del hombre en contra de la mujer, basta con que se presente una de esas manifestaciones para calificar dicho actuar como violencia domestica.-Y , dependiendo de la cantidad y gravedad de los actos u hechos acreditados en el proceso, el juez procederá a la determinación concreta de la sanción a imponer, aumentado o disminuyendo la violencia en contra de la mujer. 2)En el presente caso, resalta a luz que es suficiente para el Juez al haber aceptado la parte denunciada haberle dicho a la denunciante que “ si le he dicho que vive con David porque yo lo llame y el me dijo que los dejara ser felices, y que si es verdad que yo le revisé el celular”, para llegar a su convencimiento que se encontraba ante la presente de un caso de violencia domestica, por lo que consideró oportuno graduar la sanción con el mínimo de escarmiento establecido en el articulo 7 de la Ley en Contra de la Violencia Domestica, siendo ya, con tal aceptación expresa, desvirtuar o cambiar la naturaleza jurídica de esa actuación del denunciado con el eventual resultado que podría arrojar la apertura y practica de pruebas solicitadas por su Apoderado Legal-Por lo anterior resulta plausible la confirmación de la decisión del Juzgado de Primera instancia.”.- CONSIDERANDO (6): Que el Ministerio Público al emitir su dictamen de fecha primero de agosto del año dos mil catorce, fue de la opinión que la resolución dictada por la Corte Primera de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, ha vulnerado las Garantías Constitucionales invocada por el amparista, por lo cual debe otorgarse el Amparo.-CONSIDERNADO (7): Que el recurrente considera que el Ad quem mediante su fallo ha vulnerado el Derecho a la Defensa, el Debido Proceso, y el contenido del 64 artículo Constitucional, violaciones que deben ser analizadas desde el prisma Constitucional, entendiéndose que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDETRANDO (8): La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su Art 8.1 establece lo siguiente “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” La Corte “Ha desarrollado el derecho a ser oído en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al Tribunal u Órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones”[3].-Así mismo el art 8.2.f de la Convención establece un catálogo de derechos, entre los cuales tenemos; “ derecho de la Defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigo o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos…”; Ejemplo: “Caso Castillo Petruzzi y otros Vs Perú y Lori Berensson Mejía Vs. Perú, la Corte concluyó - a la luz de la Jurisprudencia Europea - que la imposición de restricciones a los abogados defensores vulnera el derecho de la defensa de interrogar testigos y hacer comparecer personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, en violación al artículo 8.2 .f de la Convención” [4].- CONSIDERANDO (9): Que aunado a lo anterior el articulo 82 de Nuestra Carta Magna establece lo siguiente:” El derecho de defensa en inviolable….” Es en ese orden de ideas y después un análisis exhaustivo del caso que nos ocupa podemos verificar que este tiene su origen en la violación del Derecho de Defensa y el Debido Proceso, al no permitírsele al apoderado legal de la parte denunciada presentar y evacuar sus medios de prueba en la audiencia respectiva por el Ad-quo; Siguiendo ese orden de ideas es importante resaltar lo estipulado en el articulo 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica que señala lo siguiente: “Cuando los hechos fueren controvertidos se admitirán y evacuarán las pruebas pertinentes dentro de esta audiencia y sino se pudiere se tiene que suspender, para continuarla en los próximos dos (2) días hábiles siguientes. No se concederá prórroga de este plazo .Todo testigo es hábil para declarar según los términos del artículo 4 párrafo segundo de la presenté ley.” Partiendo de lo antes expuesto si bien es cierto el denunciado reconoce que vertió ciertas frases en contra de su conyugue no es menos cierto que éste no acepta la totalidad de la denuncia presentada en su contra, (tal y como consta en el folio 9 del expediente judicial); Por consiguiente los hechos se vuelven controvertidos, y el Ad-quo estaba en la obligación de evacuar la prueba ofertada tanto de la parte denunciante como de la parte denunciada y someterlo al contradictorio, y no dejar en completa indefensión a la parte contraria, ya que como juez Garante del Debido Proceso tiene la obligación ineludible de velar para que se respeten tanto los derechos de la victima como del denunciado, o sea cuidar para que exista igualdad de armas procesales, ya que así lo reconoce nuestra Constitución y los Tratados Internaciones que Nuestro País se ha acogido; Por lo que esta Sala hace un llamado de atención al Ad-quem y al Ad-quo, para que en el futuro se haga un estudio mas profundo de los procesos que llegan a sus conocimientos y no violentar estas Garantías Constitucionales.-CONSIDERANDO (10). Esta sala observa que la resolución recurrida del Ad-quem es errada y contradictoria, en consecuencia vulnera los derechos señalados por el recurrente, al no observar los requisitos, exigencias y solemnidades que prescribe la ley; En ese orden de ideas procede otorgar el presente Recurso de Amparo por las razones anteriormente expuestas.-CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62,64,82, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; articulo 19 párrafo segundo de la Ley contra la Violencia Domestica; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA a favor del señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán; SEGUNDO: Que se proceda admitir y valorar la prueba allegada a la respectiva audiencia y se dicte nueva Sentencia enmarcada en el Debido Proceso. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0355-2014
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA a favor del señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia por violencia domestica, promovida por la señora EMMA CANALES SÁNCHEZ, contra el señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA.- Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los artículos 64, 82 Y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha catorce de octubre del año dos mil catorce, compareció ante el Centro de Recepción de Denuncias de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad, la señora EMMA CANALES SÁNCHEZ en su condición personal, interponiendo denuncia de violencia domestica, contra el señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de noviembre del año dos mil trece, celebro audiencia en la que dictó Sentencia, mediante la cual falló: “1) Declarando CON LUGAR la Denuncia de Violencia Domestica, interpuesta por la señora ENMA CANALES SANCHEZ, contra el señor FRANKLIN ALEXANDER SANCHEZ OCHOA, ambos de generales ya conocidas en el preámbulo de la sentencia, tipificándose los actos ejercidos como VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- 2) Ratificando las Medidas de Seguridad, Medidas Precautorias y Medidas Cautelares, impuestas en la audiencia celebrada el día de hoy cinco de Noviembre del año dos mil trece.- 3) Se Impone la Sanción de prestación de servicios a la comunidad al señor FRANKLIN ALEXANDER SANCHEZ OCHOA por el término de UN MES el cual será cumplido en el periodo de dos horas diarias en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, la cual se hará cargo de su estricto cumplimiento, gírese el oficio correspondiente a dicha Alcaldía Municipal.-” (Folios ocho (F-8) al once (F-11) de la pieza de primera instancia).-3) Que conociendo de un Recurso de Apelación promovido por el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA, en su condición de represente procesal del señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 05 de noviembre de 2013 pronunciada por el Juzgado de Letras Especial Contra la Violencia Domestica del departamento de Francisco Morazán.- 2) Se confirma la misma por estar dictada conforme a Derecho.- 3) CON COSTAS A LA PARTE APELANTE.-” (Folios ocho (F-8) al nueve (F-9) de la pieza de segunda instancia).-4) Que el recurrente el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA, compareció ante este Tribunal, en fecha siete de abril del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor del señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 Y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil catorce (2014), por caducado el término concedido a el recurrente para que formalizara el recurso, ordenado la continuación del trámite en virtud de haber interpuesto la acción la recurrente de manera puntual, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen.-5) Que con fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que se OTORGUE el presente Recurso de Amparo.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO(2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de noviembre del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Contra la Violencia Domestica, del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la denuncia por Violencia Domestica promovida por la señora ENMA CANALES SANCHEZ, contra el señor FRANKLIN ALEXANDER SANCHES OCHOA. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante al interponer el recurso manifiesta que se han vulnerado los preceptos Constitucionales consignado en el artículo 64, 82 y 90 Primer párrafo, de la Carta Magna…, explica la vulneración de los mismos de la siguiente forma: 1) “En el juicio de primera instancia el Juez instructor del proceso quebrantó Flagrantemente todo el procedimiento al no permitir que las partes propusieran y evacuáramos las pruebas para acreditar los extremos que cada uno alega, y tal disposición limita el derecho al debido proceso y sobre todo al derecho de defensa establecido en la Constitución de la República.-2) La Sentencia que se impugna en el acápite de Fundamentos de Derechos. En el numero 1) Se establece como Violencia Psicológica en contra de la mujer, y el Tribunal determina como abuso de relaciones de poder desiguales del hombre contra la mujer, y le bastan para calificarlas como violencia domestica, pero, en la vida practica del caso que nos ocupa, es la mujer la que tiene el poder por lo que le dice que no le sirve su esposo para nada, debido a las enfermedades que mi representado padece y le imposibilita para trabajar. En el hecho 2) el Tribunal de Alzada, establece como suficiente para establece su convicción, la frase:” Si le he dicho que vive con David porque yo lo llame y el me dijo que los dejara ser felices, y que si es verdad que yo le revise el celular”. Como es posible que la esposa de una persona tenga un amante y su esposo no le pueda decir nada para tratar de aclarar tal situación embarazosa, que es lo que pasa con mi representado y su esposa, en otros tiempos el honor se defendía de otra manera. Es pues Honorable Corte, que estáis obligada a otorgar el Amparo para que mi representado pueda ejercer su derecho a defenderse mediante el proceso adecuado.”.-CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem en su resolución deja establecido lo siguiente: “ 1) Que es importante que los actos y hechos que la ley contra la Violencia Domestica establece como violencia psicológica en contra de la mujer no es necesario que en el proceso se acrediten la existencia de todos y cada uno de los hechos para que el juez determine que está ante la presencia de abuso de relaciones de poder desiguales del hombre en contra de la mujer, basta con que se presente una de esas manifestaciones para calificar dicho actuar como violencia domestica.-Y , dependiendo de la cantidad y gravedad de los actos u hechos acreditados en el proceso, el juez procederá a la determinación concreta de la sanción a imponer, aumentado o disminuyendo la violencia en contra de la mujer. 2)En el presente caso, resalta a luz que es suficiente para el Juez al haber aceptado la parte denunciada haberle dicho a la denunciante que “ si le he dicho que vive con David porque yo lo llame y el me dijo que los dejara ser felices, y que si es verdad que yo le revisé el celular”, para llegar a su convencimiento que se encontraba ante la presente de un caso de violencia domestica, por lo que consideró oportuno graduar la sanción con el mínimo de escarmiento establecido en el articulo 7 de la Ley en Contra de la Violencia Domestica, siendo ya, con tal aceptación expresa, desvirtuar o cambiar la naturaleza jurídica de esa actuación del denunciado con el eventual resultado que podría arrojar la apertura y practica de pruebas solicitadas por su Apoderado Legal-Por lo anterior resulta plausible la confirmación de la decisión del Juzgado de Primera instancia.”.- CONSIDERANDO (6): Que el Ministerio Público al emitir su dictamen de fecha primero de agosto del año dos mil catorce, fue de la opinión que la resolución dictada por la Corte Primera de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, ha vulnerado las Garantías Constitucionales invocada por el amparista, por lo cual debe otorgarse el Amparo.-CONSIDERNADO (7): Que el recurrente considera que el Ad quem mediante su fallo ha vulnerado el Derecho a la Defensa, el Debido Proceso, y el contenido del 64 artículo Constitucional, violaciones que deben ser analizadas desde el prisma Constitucional, entendiéndose que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[5]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[6]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDETRANDO (8): La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su Art 8.1 establece lo siguiente “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” La Corte “Ha desarrollado el derecho a ser oído en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al Tribunal u Órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones”[7].-Así mismo el art 8.2.f de la Convención establece un catálogo de derechos, entre los cuales tenemos; “ derecho de la Defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigo o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos…”; Ejemplo: “Caso Castillo Petruzzi y otros Vs Perú y Lori Berensson Mejía Vs. Perú, la Corte concluyó - a la luz de la Jurisprudencia Europea - que la imposición de restricciones a los abogados defensores vulnera el derecho de la defensa de interrogar testigos y hacer comparecer personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, en violación al artículo 8.2 .f de la Convención” [8].- CONSIDERANDO (9): Que aunado a lo anterior el articulo 82 de Nuestra Carta Magna establece lo siguiente:” El derecho de defensa en inviolable….” Es en ese orden de ideas y después un análisis exhaustivo del caso que nos ocupa podemos verificar que este tiene su origen en la violación del Derecho de Defensa y el Debido Proceso, al no permitírsele al apoderado legal de la parte denunciada presentar y evacuar sus medios de prueba en la audiencia respectiva por el Ad-quo; Siguiendo ese orden de ideas es importante resaltar lo estipulado en el articulo 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica que señala lo siguiente: “Cuando los hechos fueren controvertidos se admitirán y evacuarán las pruebas pertinentes dentro de esta audiencia y sino se pudiere se tiene que suspender, para continuarla en los próximos dos (2) días hábiles siguientes. No se concederá prórroga de este plazo .Todo testigo es hábil para declarar según los términos del artículo 4 párrafo segundo de la presenté ley.” Partiendo de lo antes expuesto si bien es cierto el denunciado reconoce que vertió ciertas frases en contra de su conyugue no es menos cierto que éste no acepta la totalidad de la denuncia presentada en su contra, (tal y como consta en el folio 9 del expediente judicial); Por consiguiente los hechos se vuelven controvertidos, y el Ad-quo estaba en la obligación de evacuar la prueba ofertada tanto de la parte denunciante como de la parte denunciada y someterlo al contradictorio, y no dejar en completa indefensión a la parte contraria, ya que como juez Garante del Debido Proceso tiene la obligación ineludible de velar para que se respeten tanto los derechos de la victima como del denunciado, o sea cuidar para que exista igualdad de armas procesales, ya que así lo reconoce nuestra Constitución y los Tratados Internaciones que Nuestro País se ha acogido; Por lo que esta Sala hace un llamado de atención al Ad-quem y al Ad-quo, para que en el futuro se haga un estudio mas profundo de los procesos que llegan a sus conocimientos y no violentar estas Garantías Constitucionales.-CONSIDERANDO (10). Esta sala observa que la resolución recurrida del Ad-quem es errada y contradictoria, en consecuencia vulnera los derechos señalados por el recurrente, al no observar los requisitos, exigencias y solemnidades que prescribe la ley; En ese orden de ideas procede otorgar el presente Recurso de Amparo por las razones anteriormente expuestas.-CONSIDERANDO (11): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62,64,82, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; articulo 19 párrafo segundo de la Ley contra la Violencia Domestica; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el abogado NÉSTOR RAÚL OCHOA CABRERA a favor del señor FRANKLIN ALEXANDER SÁNCHEZ OCHOA, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado Especial contra la Violencia Domestica del Departamento de Francisco Morazán; SEGUNDO: Que se proceda admitir y valorar la prueba allegada a la respectiva audiencia y se dicte nueva Sentencia enmarcada en el Debido Proceso. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha dos (2) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0355-2014.- firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.
[3] Corte IDH Caso del Tribunal constitucional (Camba Campos y Otros) Vs. Ecuador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de agosto del 2013. Serie C No. 268,&181
[4] Cfr. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52&& 154, 155 y 156; Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119&& 184 y185.
[5] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[6] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.
[7] Corte IDH Caso del Tribunal constitucional (Camba Campos y Otros) Vs. Ecuador. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de agosto del 2013. Serie C No. 268,&181
[8] Cfr. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52&& 154, 155 y 156; Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119&& 184 y185.