Sentencia AC-28-14 — Registro 6150
Resumen
Recurso de amparo contra resolución que declaro inadmisible el recurso de Apelación de Hecho interpuesto contra resolución que declara ha lugar recurso de reposición en relación a la Demanda Ejecutiva de Pago interpuesta contra impetrante, argumentando impetrante que resolución impugnada alude a cuestiones de fondo, mientras que al hablar de inadmisibilidad, se atienden razones de forma y no de fondo además de ejecución de titulo Ejecutivo sin tener la certeza de que el referido título es válido o no
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(8): Que la admisibilidad del cauce procesal propuesto por la parte ejecutada, relativo a lo que dispone el artículo 194 del derogado Código de Procedimientos Civiles, el cual integra el capítulo que rige para la redacción y validez de las sentencias, no es una cuestión que pueda decidirse autoritativamente vía la acción extraordinaria de amparo, sino que en función de la valoración que la jurisdicción ordinaria brinde, oído el parecer del Fiscal del Despacho, sobre la concurrencia o no del supuesto jurídico en el tiempo, consistente en que se estimare procedente la formación de causa; lo cual no es notoriamente el caso. CONSIDERANDO (9): Que por todos, que los argumentos aquí expuestos por la parte garantista, procuran demostrar que la resolución adoptada en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013) por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, causa indefensión y agravios al debido proceso que ampara a la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS),aquí representada por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, en su calidad conocida. Sin embargo, nada en el curso de las susodichas argumentaciones parece indicar que se infringiera con dicho fallo, la posibilidad real y efectiva de efectuar su defensa mediante la presentación de sus recursos ordinarios en la forma y tiempo que dispone la ley, los cuales se resolvieron en derecho congruente y de fondo, como se ha explanado en los Considerandos expuestos anteriormente y no por razones de forma, como bien ha dictaminado la fiscal del despacho en el presente caso; lo cual no obsta para la plenitud jurídica de las razones que asisten al presente caso, según la motivación que el Ad Quem ha brindado, como queda visto. Por ello, conviene recordar la consistente línea jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, en el sentido que la indefensión y consiguiente violación al debido proceso no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones formuladas por los interesados en el curso del proceso, sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales. CONSIDERANDO (10): Que a juicio de la Sala de lo Constitucional, tal violación no acontece en el presente caso por los fundamentos jurídicos asumidos por el Ad Quem en tutela de los derechos invocados, siendo patente que la prejudicialidad penal reviste caracteres extraordinarios, sobre todo tratándose de una DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO; no obstante lo cual conserva la parte que se considera perjudicada en su derecho a hacer valer su pretensión en el juicio declarativo que corresponda, sin perjuicio del carácter netamente tutelar con el cual fue instituida por el Constituyente originario la garantía de amparo. Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que la interpretación judicial subjudice no colisiona en modo alguno con el ámbito garantista establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, invocados como violentados por el amparista; si bien se denota ostensible discrepancia en cuanto a sus pretensiones, en vista a que le ha sido declarado inadmisible su recurso en la vía jurisdiccional ordinaria, quedando en vigor el procedimiento ejecutivo de pago, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito, y coligiéndose claramente la improcedencia de la garantía constitucional impetrada y su consiguiente desestimatoria.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
(8): Que la admisibilidad del cauce procesal propuesto por la parte ejecutada, relativo a lo que dispone el artículo 194 del derogado Código de Procedimientos Civiles, el cual integra el capítulo que rige para la redacción y validez de las sentencias, no es una cuestión que pueda decidirse autoritativamente vía la acción extraordinaria de amparo, sino que en función de la valoración que la jurisdicción ordinaria brinde, oído el parecer del Fiscal del Despacho, sobre la concurrencia o no del supuesto jurídico en el tiempo, consistente en que se estimare procedente la formación de causa; lo cual no es notoriamente el caso. CONSIDERANDO (9): Que por todos, que los argumentos aquí expuestos por la parte garantista, procuran demostrar que la resolución adoptada en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013) por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, causa indefensión y agravios al debido proceso que ampara a la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS),aquí representada por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, en su calidad conocida. Sin embargo, nada en el curso de las susodichas argumentaciones parece indicar que se infringiera con dicho fallo, la posibilidad real y efectiva de efectuar su defensa mediante la presentación de sus recursos ordinarios en la forma y tiempo que dispone la ley, los cuales se resolvieron en derecho congruente y de fondo, como se ha explanado en los Considerandos expuestos anteriormente y no por razones de forma, como bien ha dictaminado la fiscal del despacho en el presente caso; lo cual no obsta para la plenitud jurídica de las razones que asisten al presente caso, según la motivación que el Ad Quem ha brindado, como queda visto. Por ello, conviene recordar la consistente línea jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, en el sentido que la indefensión y consiguiente violación al debido proceso no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones formuladas por los interesados en el curso del proceso, sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales. CONSIDERANDO (10): Que a juicio de la Sala de lo Constitucional, tal violación no acontece en el presente caso por los fundamentos jurídicos asumidos por el Ad Quem en tutela de los derechos invocados, siendo patente que la prejudicialidad penal reviste caracteres extraordinarios, sobre todo tratándose de una DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO; no obstante lo cual conserva la parte que se considera perjudicada en su derecho a hacer valer su pretensión en el juicio declarativo que corresponda, sin perjuicio del carácter netamente tutelar con el cual fue instituida por el Constituyente originario la garantía de amparo. Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que la interpretación judicial subjudice no colisiona en modo alguno con el ámbito garantista establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, invocados como violentados por el amparista; si bien se denota ostensible discrepancia en cuanto a sus pretensiones, en vista a que le ha sido declarado inadmisible su recurso en la vía jurisdiccional ordinaria, quedando en vigor el procedimiento ejecutivo de pago, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito, y coligiéndose claramente la improcedencia de la garantía constitucional impetrada y su consiguiente desestimatoria.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
(8): Que la admisibilidad del cauce procesal propuesto por la parte ejecutada, relativo a lo que dispone el artículo 194 del derogado Código de Procedimientos Civiles, el cual integra el capítulo que rige para la redacción y validez de las sentencias, no es una cuestión que pueda decidirse autoritativamente vía la acción extraordinaria de amparo, sino que en función de la valoración que la jurisdicción ordinaria brinde, oído el parecer del Fiscal del Despacho, sobre la concurrencia o no del supuesto jurídico en el tiempo, consistente en que se estimare procedente la formación de causa; lo cual no es notoriamente el caso. CONSIDERANDO (9): Que por todos, que los argumentos aquí expuestos por la parte garantista, procuran demostrar que la resolución adoptada en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013) por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, causa indefensión y agravios al debido proceso que ampara a la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS),aquí representada por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, en su calidad conocida. Sin embargo, nada en el curso de las susodichas argumentaciones parece indicar que se infringiera con dicho fallo, la posibilidad real y efectiva de efectuar su defensa mediante la presentación de sus recursos ordinarios en la forma y tiempo que dispone la ley, los cuales se resolvieron en derecho congruente y de fondo, como se ha explanado en los Considerandos expuestos anteriormente y no por razones de forma, como bien ha dictaminado la fiscal del despacho en el presente caso; lo cual no obsta para la plenitud jurídica de las razones que asisten al presente caso, según la motivación que el Ad Quem ha brindado, como queda visto. Por ello, conviene recordar la consistente línea jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, en el sentido que la indefensión y consiguiente violación al debido proceso no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones formuladas por los interesados en el curso del proceso, sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales. CONSIDERANDO (10): Que a juicio de la Sala de lo Constitucional, tal violación no acontece en el presente caso por los fundamentos jurídicos asumidos por el Ad Quem en tutela de los derechos invocados, siendo patente que la prejudicialidad penal reviste caracteres extraordinarios, sobre todo tratándose de una DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO; no obstante lo cual conserva la parte que se considera perjudicada en su derecho a hacer valer su pretensión en el juicio declarativo que corresponda, sin perjuicio del carácter netamente tutelar con el cual fue instituida por el Constituyente originario la garantía de amparo. Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que la interpretación judicial subjudice no colisiona en modo alguno con el ámbito garantista establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, invocados como violentados por el amparista; si bien se denota ostensible discrepancia en cuanto a sus pretensiones, en vista a que le ha sido declarado inadmisible su recurso en la vía jurisdiccional ordinaria, quedando en vigor el procedimiento ejecutivo de pago, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito, y coligiéndose claramente la improcedencia de la garantía constitucional impetrada y su consiguiente desestimatoria.
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, a favor de la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), contra la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de noviembre de dos mil trece, que declara inadmisible el recurso de Apelación de Hecho interpuesto contra el auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ejecutiva de Pago promovida por el Abogado ENRIQUE GONZÁLES RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA Y CONTROL S. DE R.L. (INCO) contra la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS). Estima el recurrente que con la resolución reclamada se consideran violentados las garantías y derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de abril de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado ENRIQUE GONZÁLES RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA Y CONTROL S. DE R.L. (INCO), promoviendo Demanda Ejecutiva de Pago contra la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), representada por el señor RAFAEL DOMINGUEZ. 2) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado antes citado en fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, emitió auto en la demanda relacionada, en el cual resolvió (Sic) “Admítase a trámite el escrito que antecede, el cual se manda a agregar a sus antecedentes; Ha Lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado ENRIQUE GONZÁLES RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA Y CONTROL, S. DE R.L. (INCO), como parte demandante, contra el auto de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil trece (2013), En virtud que en el título ejecutivo en el presente juicio, es una DILIGENCIA PREJUDICIAL, en la cual se declaró confeso al señor RAFAEL DOMÍNGUEZ en su condición de representante legal de la sociedad mercantil INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), En consecuencia continúese con el trámite normal en el presente juicio… NOTIFÍQUESE.”.(Folio quinientos dos (502) de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha catorce de noviembre de dos mil trece, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de Apelación de Hecho interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, contra el auto emitido por el A-quo relacionado en el numeral que precede, resolvió (Sic) “Vistas las presentes diligencias y del estudio de las mismas, ésta Corte, declara INADMISIBLE el Recurso de Apelación de Hecho, interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), contra el Auto de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras Civil de éste departamento de Francisco Morazán; en la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por el Abogado ENRIQUE GONZÁLES RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada INGENIERÍA Y CONTROL S. DE R.L. (INCO), contra la Sociedad Mercantil INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), por intermedio del señor RAFAEL DOMÍNGUEZ, en su condición de Representante Legal de la Empresa, todo en virtud de que esta Corte estima que la resolución de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil trece, contra la cual el abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, en su expresada condición, recurre ante esta instancia, se deriva y se sustenta en la sentencia que esta Corte emitió en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil doce (2012), la cual contiene pronunciamientos vertidos sobre las mismas pretensiones y argumentos ya debatidas y falladas en esta segunda instancia; y que el recurrente intenta con este nuevo recurso de hecho, que se conozcan nuevamente, lo cual es improcedente …NOTIFÍQUESE.”.(Folio nueve (09) de la segunda pieza de antecedentes). 4) El recurrente Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, compareció ante este Tribunal, en fecha diez de enero de dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), por considerar que la decisión del Ad Quem, de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, violenta las garantías y derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cinco de marzo de dos mil catorce, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 5) Que con fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada YULIBETH GARAY HERNÁNDEZ, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto, por existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista; en el sentido que el fallo recurrido en amparo fundamentó su declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación de hecho, atendiendo la sentencia emitida por el Ad Quem en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce (2012), lo cual alude a cuestiones de fondo, mientras que al hablar de inadmisibilidad, se atienden razones de forma. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que el auto proferido en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, conociendo del RECURSO DE APELACIÓN DE HECHO interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, contra el auto emitido por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil trece (2013), con relación a la DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO promovida por el Abogado ENRIQUE GONZÁLES RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada INGENIERIA Y CONTROL S. DE R.L. (INCO) contra la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), según se deduce de los antecedentes de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que la resolución en mención, según visto en el Antecedente 3), textualmente reza y motiva lo siguiente: “Vistas las presentes diligencias y del estudio de las mismas, ésta Corte, declara INADMISIBLE el Recurso de Apelación de Hecho, interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), contra el Auto de fecha veintitrés (23) de Agosto del año dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras Civil de éste departamento de Francisco Morazán; en la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por el Abogado ENRIQUE GONZÁLES RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada INGENIERIA Y CONTROL S. DE R.L. (INCO), contra la Sociedad Mercantil INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA S.A. (INGEMAS), por intermedio del señor RAFAEL DOMÍNGUEZ, en su condición de Representante Legal de la Empresa, todo en virtud de que esta Corte estima que la resolución de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil trece, contra la cual el abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, en su expresada condición, recurre ante esta instancia, se deriva y se sustenta en la sentencia que esta Corte emitió en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil doce (2012), la cual contiene pronunciamientos vertidos sobre las mismas pretensiones y argumentos ya debatidas y falladas en esta segunda instancia; y que el recurrente intenta con este nuevo recurso de hecho, que se conozcan nuevamente, lo cual es improcedente …NOTIFÍQUESE.” CONSIDERANDO (5): Que en la formalización de su recurso, manifiesta el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN a favor de la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), contra la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013) que el agravio concreto sufrido por su representado, consiste en no haberse suspendido la demanda ejecutiva de pago en referencia, pese a que en un inicio tal fue la resolución fundada de la jueza Irma Lagos de Anduray, lo cual fue sorpresivamente revocado por la nueva jueza del caso, Abogada Elisa Pérez, quien dejó sin valor ni efecto la suspensión del juicio. Sostiene el garantista que múltiples razones del orden jurídico apuntan la procedencia de decretar la suspensión del procedimiento ejecutorio, entre las cuales, haberse constatado de autos se encuentra pendiente el juicio penal seguido contra el señor Rafael María Enríquez Barrio, causa registrada bajo el número 0801-2011-33687 del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, estando igualmente acreditado que el documento que el referido señor falsificó es el mismo contrato en el que se basa la confesión judicial que sirve de supuesto título ejecutivo en las presentes diligencias: “… por tanto, la resolución del juicio penal tiene relación directa con la validez del supuesto título ejecutivo que está utilizando la parte ejecutante como fundamento para promover el juicio ejecutivo que nos ocupa …”. Además de lo anteriormente expuesto censura el amparista que la aludida sentencia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán emitiera en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce (2012), resuelve asuntos distintos a los que nos ocupan actualmente. CONSIDERANDO (6): Finalmente invoca el recurrente la transcripción parcial del artículo 194 del Código de Procedimientos Civiles, el cual entiende resulta completamente aplicable a la solución jurídica del caso bajo estudio; de lo cual se desprende que no resulta posible la jurisdicción condene a la sociedad mercantil INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS) sin tener la certeza que el título ejecutivo que se le presenta es válido o no, sin perjuicio de la procedencia de las demás excepciones opuestas en el procedimiento ejecutivo. - Por todo lo antes expresado, se solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional se otorgue amparo por las infracciones constitucionales. CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes de la presente acción de amparo encuentra esta Sala de lo Constitucional que la formalización abunda en consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de la indefensión e infracción al debido proceso alegada por el peticionario; desprendiéndose de la foliada, que la declaración de inadmisibilidad respecto al recurso de apelación interpuesto por el compareciente, fundamenta y motiva fáctica y jurídicamente la validez del Auto de fecha veintitrés (23) de Agosto del año dos mil trece (2013), dictado por el Juzgado de Letras Civil de éste departamento de Francisco Morazán; en la Demanda Ejecutiva de Pago, promovida por el Abogado ENRIQUE GONZÁLES RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada INGENIERÍA Y CONTROL S. DE R.L. (INCO), contra la Sociedad Mercantil INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS), por intermedio del señor RAFAEL DOMÍNGUEZ, en su condición de Representante Legal de la Empresa, pretendiéndose se valoren argumentos ya debatidos y fallados en segunda instancia; los cuales a la vista del caso, se relacionan con la supuesta prejudicialidad penal del título ejecutivo en que se basa la nueva demanda, bajo el supuesto legal de la subsunción del caso en el artículo 194 del derogado Código de Procedimientos Civiles, no siendo posible – a juicio del amparista – tener la certeza de que el referido título es válido o no: “… sin perjuicio de las demás excepciones opuestas en el procedimiento ejecutivo”. CONSIDERANDO (8): Que la admisibilidad del cauce procesal propuesto por la parte ejecutada, relativo a lo que dispone el artículo 194 del derogado Código de Procedimientos Civiles, el cual integra el capítulo que rige para la redacción y validez de las sentencias, no es una cuestión que pueda decidirse autoritativamente vía la acción extraordinaria de amparo, sino que en función de la valoración que la jurisdicción ordinaria brinde, oído el parecer del Fiscal del Despacho, sobre la concurrencia o no del supuesto jurídico en el tiempo, consistente en que se estimare procedente la formación de causa; lo cual no es notoriamente el caso. CONSIDERANDO (9): Que por todos, que los argumentos aquí expuestos por la parte garantista, procuran demostrar que la resolución adoptada en fecha catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013) por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, causa indefensión y agravios al debido proceso que ampara a la sociedad mercantil denominada INGENIERÍA DE MANUTENCIÓN ASTURIANA S.A. (INGEMAS),aquí representada por el Abogado ALBERTO GARCÍA FORTÍN, en su calidad conocida. Sin embargo, nada en el curso de las susodichas argumentaciones parece indicar que se infringiera con dicho fallo, la posibilidad real y efectiva de efectuar su defensa mediante la presentación de sus recursos ordinarios en la forma y tiempo que dispone la ley, los cuales se resolvieron en derecho congruente y de fondo, como se ha explanado en los Considerandos expuestos anteriormente y no por razones de forma, como bien ha dictaminado la fiscal del despacho en el presente caso; lo cual no obsta para la plenitud jurídica de las razones que asisten al presente caso, según la motivación que el Ad Quem ha brindado, como queda visto. Por ello, conviene recordar la consistente línea jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, en el sentido que la indefensión y consiguiente violación al debido proceso no devienen necesariamente de cualquier denegatoria a las peticiones formuladas por los interesados en el curso del proceso, sino que únicamente respecto a aquellas que entrañen un carácter de gravedad o irrevocabilidad y que impliquen un impedimento radical y arbitrario al ejercicio del derecho de acción y de defensa como derechos fundamentales. CONSIDERANDO (10): Que a juicio de la Sala de lo Constitucional, tal violación no acontece en el presente caso por los fundamentos jurídicos asumidos por el Ad Quem en tutela de los derechos invocados, siendo patente que la prejudicialidad penal reviste caracteres extraordinarios, sobre todo tratándose de una DEMANDA EJECUTIVA DE PAGO; no obstante lo cual conserva la parte que se considera perjudicada en su derecho a hacer valer su pretensión en el juicio declarativo que corresponda, sin perjuicio del carácter netamente tutelar con el cual fue instituida por el Constituyente originario la garantía de amparo. Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que la interpretación judicial subjudice no colisiona en modo alguno con el ámbito garantista establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, invocados como violentados por el amparista; si bien se denota ostensible discrepancia en cuanto a sus pretensiones, en vista a que le ha sido declarado inadmisible su recurso en la vía jurisdiccional ordinaria, quedando en vigor el procedimiento ejecutivo de pago, de todo lo cual se ha hecho el debido mérito, y coligiéndose claramente la improcedencia de la garantía constitucional impetrada y su consiguiente desestimatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los un veintitrés del mes de febrero de dos mil dieciséis, certificación del fallo de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, recaída en el amparo Civil, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0028=14.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA
DE LO CONSTITUCIONAL