Sentencia AC-222-16 — Registro 6191
Resumen
Amparo en consulta contra resolución que ordenó desalojo de inmueble que sirvió como garantía hipotecaria a favor de institución bancaria para otorgamiento de préstamo, en relación a Demanda de Ejecución Civil promovida por dicha institución contra impetrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla denegando la acción de amparo promovida, al encontrarse acreditado en autos que el inmueble en el cual se ha ordenado el desalojo por parte del A-quo, era propiedad de los ahora ejecutados señores Raúl Ernesto Flores Landaverde y Silvia Isolina Portillo, inmueble que garantizaba una obligación por ellos asumida, quienes al caer en mora, dio derecho al acreedor a ejecutar la Hipoteca dada en garantía por los deudores, por lo que, habiéndose adjudicado todos los bienes ejecutados en forma legal a favor del Banco del País en Pública Subasta, la orden de desalojo emitida por el A-quo es correcta y legal, por lo que en ninguna forma se han violentado los derechos que invoca el recurrente en amparo.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal"
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Decreto)
- Código Procesal Civil, art. 887 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, que DENEGÓ la Acción de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO ARTURO CABRERA PEREZ a favor de la señora MARIA AMELIA LANDAVERDE PEREZ, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, en relación con la Demanda de Ejecución Civil promovido por la institución bancaria denominada BANCO DEL PAÌS, S.A., contra los señores RAUL ERNESTO FLORES y SILVIA ISOLINA PORTILLO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 80, 82, 103, 106 y 303 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, compareció ante la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el Abogado SERGIO ARTURO CABRERA PEREZ interponiendo recurso de amparo a favor de la señora MARIA AMELIA LANDAVERDE PEREZ, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, en la que ordenó desalojar al señor RAUL ERNESTO FLORES LANDAVERDE Y SILVIA ISOLINA PORTILLO PORTILLO. Estima el recurrente que la decisión adoptada por el A-quo vulnera los artículos 80, 82, 103, 106 y 303 de la Constitución de la República. (Folios del 01 al 03 de la pieza de amparo).- 2) Que la Abogada BANYI KARINA AMADOR GODOY, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, emitió dictamen en fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, quien fue del criterio que no es procedente el Recurso de Amparo, por no haberse violentado garantías constitucionales, ya que como la misma defensa lo menciona en su escrito, existe una demanda de nulidad de diligencias según expediente 17-2015, demanda que aún no ha sido resuelta por la autoridad competente. (Folios 23 y 24 de la pieza de amparo).- 3) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, dictó sentencia en fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DENEGANDO LA ACCIÒN DE AMPARO por violación del derecho constitucional de propiedad, que promovió el Abogado Sergio Arturo Cabrera, en representación de la señora María Amelia Landaverde Reyes, contra una resolución judicial dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copan, y que es de fecha 12 de enero de 2016; SEGUNDO: Que se remita en consulta obligatoria, la presente Sentencia a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia; TERCERO:…”. (Folios del 25 al 28 de la pieza de los antecedentes de Amparo).- 4) Que en fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Civil venido en consulta, resuelta por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, interpuesto por el Abogado SERGIO ARTURO CABRERA PEREZ, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPÀN, DEPARTAMENTO DE COPÀN, que ordena el Desalojo de los señores RAUL ERNESTO FLORES LANDAVERDE y SILVIA ISOLINA PORTILLO PORTILLO, en el proceso de Ejecución Civil promovido por la institución bancaria denominada BANCO DEL PAIS, S. A. en contra de los señores RAUL ERNESTO FLORES LANDAVERDE y SILVIA ISOLINA PORTILLO PORTILLO.-CONSIDERANDO 2: Que el recurrente expone en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado Primero de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, que ordena el Desalojo a sabiendas de que se encuentra instada Demanda de Nulidad de las diligencias realizadas en el expediente 17-2015 y 51-2014, ambos llevados en el Juzgado ya citado, en la demanda civil de Ejecución promovida en contra de los señores RAUL ERNESTO FLORES LANDAVERDE y SILVIA ISOLINA PORTILLO PORTILLO; aduce el imperante en Amparo que se han vulnerado los artículos 80, 82, 103, 106 y 303 de la Constitución de la República; dice el impetrante en amparo que se viola el derecho de defensa, cuando no toma en cuenta que su patrocinada promueve Demanda de Nulidad para salvaguardar su derecho que tiene sobre su legitima propiedad de la cual le pretende desalojar; sostiene asimismo el pedidor que se violentaron los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, derecho por cuanto el Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que las que la Ley establece y aunado a ello el derecho en cuanto a que nadie puede ser privado de su propiedad.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual resuelve Denegando la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado SERGIO ARTURO CABRERA a favor de la señora MARIA AMELIA LANDAVERDE REYES, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copàn, Departamento de Copán, al estimar el recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera las normas constitucionales contenidas en los artículos 80, 82, 103, 106 y 303 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y el derecho a la propiedad, los artículos 82, 103 y 106 de la Constitución de la República mismos que señalan por su orden: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; artículo 103 “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley”; artículo 106 “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada…”. El impetrante manifiesta su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al ordenar el desalojo en la propiedad que ha servido de garantía hipotecaria a favor del Banco del País, a raíz del convenio de préstamo por la cantidad de doce millones de Lempiras suscrito con los señores Raúl Ernesto Flores Landaverde y Silvia Isolina Portillo, inmueble que se encuentra ubicado en el lugar denominado El Picacho, Barrio El Carmen, en la comunidad de Sinuapa, Ocotepeque.-CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla denegando la acción de amparo promovida, al encontrarse acreditado en autos que el inmueble en el cual se ha ordenado el desalojo por parte del A-quo, era propiedad de los ahora ejecutados señores Raúl Ernesto Flores Landaverde y Silvia Isolina Portillo, inmueble que garantizaba una obligación por ellos asumida, quienes al caer en mora, dio derecho al acreedor a ejecutar la Hipoteca dada en garantía por los deudores, por lo que, habiéndose adjudicado todos los bienes ejecutados en forma legal a favor del Banco del País en Pública Subasta, la orden de desalojo emitida por el A-quo es correcta y legal, por lo que en ninguna forma se han violentado los derechos que invoca el recurrente en amparo.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 887 del Código Procesal Civil. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán en fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redacto la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los uno (01) días del mes de septiembre del año dos mil (2016), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0222-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco del mes de agosto del año dos mil dieciséis.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, que DENEGÓ la Acción de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO ARTURO CABRERA PEREZ a favor de la señora MARIA AMELIA LANDAVERDE PEREZ, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, en relación con la Demanda de Ejecución Civil promovido por la institución bancaria denominada BANCO DEL PAÌS, S.A., contra los señores RAUL ERNESTO FLORES y SILVIA ISOLINA PORTILLO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 80, 82, 103, 106 y 303 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diez de febrero del año dos mil dieciséis, compareció ante la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, el Abogado SERGIO ARTURO CABRERA PEREZ interponiendo recurso de amparo a favor de la señora MARIA AMELIA LANDAVERDE PEREZ, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, en la que ordenó desalojar al señor RAUL ERNESTO FLORES LANDAVERDE Y SILVIA ISOLINA PORTILLO PORTILLO. Estima el recurrente que la decisión adoptada por el A-quo vulnera los artículos 80, 82, 103, 106 y 303 de la Constitución de la República. (Folios del 01 al 03 de la pieza de amparo).- 2) Que la Abogada BANYI KARINA AMADOR GODOY, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, emitió dictamen en fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, quien fue del criterio que no es procedente el Recurso de Amparo, por no haberse violentado garantías constitucionales, ya que como la misma defensa lo menciona en su escrito, existe una demanda de nulidad de diligencias según expediente 17-2015, demanda que aún no ha sido resuelta por la autoridad competente. (Folios 23 y 24 de la pieza de amparo).- 3) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, dictó sentencia en fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DENEGANDO LA ACCIÒN DE AMPARO por violación del derecho constitucional de propiedad, que promovió el Abogado Sergio Arturo Cabrera, en representación de la señora María Amelia Landaverde Reyes, contra una resolución judicial dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copan, y que es de fecha 12 de enero de 2016; SEGUNDO: Que se remita en consulta obligatoria, la presente Sentencia a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia; TERCERO:…”. (Folios del 25 al 28 de la pieza de los antecedentes de Amparo).- 4) Que en fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO 1: Que se conoce el Recurso de Amparo Civil venido en consulta, resuelta por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, interpuesto por el Abogado SERGIO ARTURO CABRERA PEREZ, contra actuaciones realizadas por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPÀN, DEPARTAMENTO DE COPÀN, que ordena el Desalojo de los señores RAUL ERNESTO FLORES LANDAVERDE y SILVIA ISOLINA PORTILLO PORTILLO, en el proceso de Ejecución Civil promovido por la institución bancaria denominada BANCO DEL PAIS, S. A. en contra de los señores RAUL ERNESTO FLORES LANDAVERDE y SILVIA ISOLINA PORTILLO PORTILLO.-CONSIDERANDO 2: Que el recurrente expone en el Recurso de Amparo promovido, que el acto contra el cual se reclama es contra la resolución emitida por el Juzgado Primero de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, que ordena el Desalojo a sabiendas de que se encuentra instada Demanda de Nulidad de las diligencias realizadas en el expediente 17-2015 y 51-2014, ambos llevados en el Juzgado ya citado, en la demanda civil de Ejecución promovida en contra de los señores RAUL ERNESTO FLORES LANDAVERDE y SILVIA ISOLINA PORTILLO PORTILLO; aduce el imperante en Amparo que se han vulnerado los artículos 80, 82, 103, 106 y 303 de la Constitución de la República; dice el impetrante en amparo que se viola el derecho de defensa, cuando no toma en cuenta que su patrocinada promueve Demanda de Nulidad para salvaguardar su derecho que tiene sobre su legitima propiedad de la cual le pretende desalojar; sostiene asimismo el pedidor que se violentaron los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, derecho por cuanto el Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que las que la Ley establece y aunado a ello el derecho en cuanto a que nadie puede ser privado de su propiedad.-CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia de fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual resuelve Denegando la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado SERGIO ARTURO CABRERA a favor de la señora MARIA AMELIA LANDAVERDE REYES, contra actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copàn, Departamento de Copán, al estimar el recurrente que la resolución impetrada vía Amparo vulnera las normas constitucionales contenidas en los artículos 80, 82, 103, 106 y 303 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO 4 Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida.-CONSIDERANDO 5: Que el recurrente relaciona en lo referente a la vulneración del derecho de defensa y el derecho a la propiedad, los artículos 82, 103 y 106 de la Constitución de la República mismos que señalan por su orden: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; artículo 103 “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley”; artículo 106 “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada…”. El impetrante manifiesta su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al ordenar el desalojo en la propiedad que ha servido de garantía hipotecaria a favor del Banco del País, a raíz del convenio de préstamo por la cantidad de doce millones de Lempiras suscrito con los señores Raúl Ernesto Flores Landaverde y Silvia Isolina Portillo, inmueble que se encuentra ubicado en el lugar denominado El Picacho, Barrio El Carmen, en la comunidad de Sinuapa, Ocotepeque.-CONSIDERANDO 6: Que del examen de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, conociendo de la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, conclusión a la que se arriba porque la Alzada falla denegando la acción de amparo promovida, al encontrarse acreditado en autos que el inmueble en el cual se ha ordenado el desalojo por parte del A-quo, era propiedad de los ahora ejecutados señores Raúl Ernesto Flores Landaverde y Silvia Isolina Portillo, inmueble que garantizaba una obligación por ellos asumida, quienes al caer en mora, dio derecho al acreedor a ejecutar la Hipoteca dada en garantía por los deudores, por lo que, habiéndose adjudicado todos los bienes ejecutados en forma legal a favor del Banco del País en Pública Subasta, la orden de desalojo emitida por el A-quo es correcta y legal, por lo que en ninguna forma se han violentado los derechos que invoca el recurrente en amparo.-CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal.-POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 887 del Código Procesal Civil. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán en fecha siete de marzo del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redacto la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los uno (01) días del mes de septiembre del año dos mil (2016), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0222-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL