Sentencia AC-204-15 — Registro 6024
Resumen
Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que resolvió poner en posesión un inmueble tal y como lo ordenó la Sentencia Arbitral dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrial de Cortés en relación a demanda de ejecución de título judicial promovida por recurrente contra Lotificadora Industrial Dos Caminos S A (LIDOSCA); La Autoridad recurrida consideró que al haberse omitido la formula notifíquese o cúmplase el Juez incurrió en violación al debido proceso y al derecho de defensa pues deja al recurrente en incertidumbre jurídica en cuanto a hacer uso de los recursos correspondientes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el fallo emitido ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la interposición del Recurso de Amparo. Señalando en el acápite de la Motivación Fáctica Jurídica, numeral primero, que el recurrente alega: “(sic) que la resolución de fecha ocho de diciembre del año dos mil catorce, es un abrupto jurídico en clara violación al mandato emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de esta ciudad, ha dejado en clara indefensión a su representado pues su resolución simple y sencillamente la cierra con punto final. No cumplió con lo preceptuado en el artículo 197.2 del Código Procesal Civil, que establece: ..."..."del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo atañen a la justicia constitucional, que garantiza el respeto al Debido Proceso, el Derecho a la Defensa, a una Tutela Judicial Efectiva entre otros, tal como lo deja plasmado en su resolución el Ad-Quem. En consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, para garantizar la efectividad del derecho material, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, debe Otorgarse la acción de amparo instruida. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de abril del dos mil dieciséis. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, que Otorga el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ a favor de la Sociedad Mercantil ALTOMONTE INVERSIONES S.A. DE C.V., contra la resolución Judicial de fecha ocho de diciembre del año dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con relación a la Demanda de Ejecución de un titulo judicial promovida por la señora GLORIA DE JESUS FLORES VIUDA DE LOSADA contra la SOCIEDAD MERCANTIL LOTIFICADORA INDUSTRIAL DOS CAMINOS, S.A. (LIDOSCA). Estimando el recurrente que con ese acto se consideran violentados los derechos constitucionales del derecho de Defensa, el debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 82 párrafo primero, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la abogada SILVIA JOHANA CHINCHILLA DIAZ, en su condición de Apoderada Legal de la señora GLORIA DE JESUS FLORES MEJÍA VIUDA DE LOSADA, y de las sociedades mercantiles denominadas URBANIZADORA SIBONEY, S. DE R. L., Solicitando EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL consistente ésta en una SENTENCIA ARBITRAL con carácter de FIRME dictada por el TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAL DE CORTÉS, en la que se ordena la INMEDIATA RESTITUCION U ENTREGA DE UN BIEN INMUEBLE, e igualmente solicitando la liquidación de las COSTAS a que fue condenada la Ejecutada por el Tribunal de Alzada y las costas de la ejecución de merito. 2) Que en fecha ocho (08) de diciembre de dos mil catorce (2014), el Juzgado referido emitió auto en el cual resolvió: 1) “Admitir el escrito que antecede el cual se manda agregar a lo autos.- 2) Póngase en posesión del inmueble identificado como lote denominado número cuatro (04) con una extensión de área de cuatro punto cincuenta y ocho hectáreas (4.58) que se encuentra frente a la autopista San Pedro Sula a Villanueva contiguo al rumbo norte al inmueble fabrica de galletas pozuelo y al rumbo sur con parcelación de la colonia Siboney en el sitio denominado Aldea de Pueblo, jurisdicción Municipal de Villanueva, a favor la señora GLORIA DE JESUS FLORES VIUDA DE LOSADA, y a la sociedad mercantil URBANIZADORA SIBONEY S. DE R.L. tal y como se ordenó en el de laudo arbitral No. 005/2004 de fecha 21 de junio del 2005 y en mandamiento de ejecución de fecha 04 de septiembre del 2014.- 3) Nómbrese Juez al joven JOSE DAVID GUILLEN TABLAS, mayor de edad, hondureño, soltero, a quien se le hará saber de este nombramiento para su aceptación y demás efectos legales, quien levantará el acta correspondiente indicando el estado actual del inmueble. 4.) Líbrese atento oficio a la Policía Nacional Preventiva para que colaboren prestando diez o más agentes policiales que brinden seguridad al ejecutor nombrado por este juzgado” (Folios 189 y 190 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha seis de enero de dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil Altomonte Inversiones S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha ocho (08) de diciembre de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, estimando el recurrente que con ese acto se consideran violentados los derechos constitucionales del derecho de Defensa, el debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 82 párrafo primero, 90 y 321 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veintinueve de enero de dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones referida, dictó sentencia mediante la cual otorgó la acción de amparo interpuesta por el abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la Sociedad mercantil ALTOMONTE INVERSIONES S.A. DE C.V. (Folios 54 Y 55 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA Martínez, a favor de la sociedad Mercantil denominada ALTOMONTE INVERSIONES, S.A. de C.V., que Otorga el recurso de amparo interpuesto, contra las actuaciones del Juzgado de Letras De lo Civil de esta Sección Judicial, con relación a la Demanda de Ejecución de un Título Judicial promovida por la señora GLORIA DE JESUS FLORES VIUDA DE LOZADA, contra la Sociedad Mercantil denominada, LOTIFICADORA INDUSTRIAL DOS CAMINOS, S.A. (LIDOSCA). CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado en fecha nueve de febrero del año dos mil quince, del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se Otorga el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, en el fallo emitido ha hecho una relación circunstanciada de los hechos que motivaron la interposición del Recurso de Amparo. Señalando en el acápite de la Motivación Fáctica Jurídica, numeral primero, que el recurrente alega: “(sic) que la resolución de fecha ocho de diciembre del año dos mil catorce, es un abrupto jurídico en clara violación al mandato emitido por la Corte de Apelaciones de lo Civil de esta ciudad, ha dejado en clara indefensión a su representado pues su resolución simple y sencillamente la cierra con punto final. No cumplió con lo preceptuado en el artículo 197.2 del Código Procesal Civil, que establece: “Al notificarse las resoluciones a las partes se indicará si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir”. Que el auto no se sabe si es cúmplase o notifíquese, a sabiendas que mi representada es parte afectada y que consta personamiento del suscrito en tal juicio, por tal razón me es imposible procesalmente agotar los recursos para el procedimiento de amparo, quedando demostrado con esto la indefensión de su representado. La anterior observación es sin menoscabo de lo que en su momento ordenó la Corte de Apelaciones de lo Civil, en su fallo del nueve de abril del año dos mil catorce, en su párrafo último del inciso dos. Donde se establece lo siguiente: “Continúese la ejecución pero en los bienes de la ejecutada LOTIFICADORA INDUSTRIAL DOS CAMINOS, S.A. Tal como se ordena en el mandamiento de ejecución”. En su numeral segundo señala el Ad-Quem en su parte conducente, que el auto de fecha ocho de diciembre del dos mil catorce, dictado por el A-Quo al finalizar el mismo “no agrega la fórmula que toda resolución judicial debe contener ya sea esta notifíquese o cúmplase, todo para que las partes intervinientes en el proceso puedan hacer uso que los recursos que la Ley les confiere si éstas así lo estimaren conveniente a sus intereses”. Que al haberse omitido la formula notifíquese o cúmplase el Juez a incurrido en violación al debido proceso y al derecho de defensa consignado en el artículo 82 y el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, ya que no se ha dictado con las formalidades, derechos y garantías que la Constitución de la República establece. En la parte conducente de el numeral tercero de la resolución expone el Ad-Quem que constitucionalmente se suscita la vulneración del derecho al debido proceso de manera trascendente cuando la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, el órgano judicial, en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho a la defensa al haber omitido la fórmula notifíquese o cúmplase, pues deja al recurrente en una incertidumbre jurídica, privándolo de la facultad de hacer uso de los recursos correspondientes…. Señala finalmente que la resolución recurrida no es conforme a derecho, dando lugar a su nulidad, en consecuencia otorga la acción de amparo instruida. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo atañen a la justicia constitucional, que garantiza el respeto al Debido Proceso, el Derecho a la Defensa, a una Tutela Judicial Efectiva entre otros, tal como lo deja plasmado en su resolución el Ad-Quem. En consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, para garantizar la efectividad del derecho material, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, debe Otorgarse la acción de amparo instruida. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil denominada ALTOMONTE INVERSIONES, S.A., DE C.V. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el uno de septiembre de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el numero 0204-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
LMPL