Sentencia AC-197-16 — Registro 6189
Resumen
Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar la solicitud de nulidad de Nulidad Absoluta de actuaciones judiciales a favor de recurrente en demanda de Filiación de Paternidad promovida por demandante como representante legal de la menor A S A F contra recurrente; La Autoridad recurrida indicó que el Juzgado A-Quo debe pronunciarse si admite o inadmite el incidente de nulidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"en relación a la violación de la garantía del Debido Proceso alegada por el amparista, por no haberse dado el trámite incidental la nulidad alegada en el proceso, considera esta Sala, que si vulnera dicha garantía en su resolución al disponer: Su inadmisión de plano al incidente de nulidad y al mismo tiempo resolver en el fondo declarando sin lugar la Solicitud de nulidad Absoluta de actuaciones judiciales presentadas por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL en su condición antes establecida, como parte demandada, en representación del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ; ya que no se ajusta a los casos prevenidos y señalados en el artículo 212 del Código Procesal Civil, pues siendo este caso un proceso no dispositivo, además de existir una contestación escrita; siendo este el momento en donde deben alegarse las excepciones materiales y procesales y los incidentes de nulidad, el juez, debió resolver solamente conforme a lo dispuesto en los artículos 419 numeral 2 y el artículo 420 numeral 2 del Código Procesal Civil. Admitiendo o inadmitiendo a trámite el incidente de nulidad planteado, y no como se procedió por dicho Tribunal, pronunciándose sobre el fondo del asunto y declarando sin lugar la nulidad, sin haber observado el Principio de Audiencia, y sin ser oído y vencido en juicio. Es por ello que se considera que el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, contentivo del debido proceso garantía Constitucional establecida, que goza de preeminencia en el orden procesal, es de nuestra consideración que si ha sido violentado al inadmitir y haberse pronunciado en el fondo sobre la nulidad planteada declarándola sin lugar. En la cual no hubo audiencia ni asistencia de las partes en el mismo, para emitir tal resolución. Razón por la cual procede sea otorgada la acción de amparo a efecto de que el Juzgado de Familia del Departamento de Francisco Morazán, se pronuncie si admite o inadmite sin más trámite el mismo proveído del que se recurre..."..."se ha emitido una resolución en donde por un lado se inadmite a trámite el incidente de nulidad por no ajustaste a lo previsto en el 420.2 del Código Procesal Civil, y por otro lado se pronuncia en el fondo declarando sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones, por no ajustar a los casos prevenidos y señalados en el artículo 212 del Código Procesal Civil, violando así el principio del debido proceso que garantiza la Constitución de la República en su artículo 90 párrafo primero..."..."esta Sala de lo Constitucional, efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución sometida a consulta en esta vía constitucional es conforme a derecho, y que estando en consonancia con los derechos y garantías Constitucionales de los cuales es garante esta Sala;..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 197 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 203 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 416, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. A los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta de las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que otorgó el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, contra actuaciones de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Filiación de Paternidad promovida por la señora DORIS LIZETH AMADOR FLORES, como representante legal de la menor A. S. A. F., contra el señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los artículos 80, 82, y 90 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES.- Que en fecha diez (10) de noviembre del dos mil quince (2015), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, interponiendo recurso de amparo a favor del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, contra actuaciones de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, en donde dicho Juzgado resolvió: “PRIMERO: Declarar Sin Lugar la solicitud de Nulidad Absoluta de actuaciones judiciales presentada por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL, en su condición de apoderado legal del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, como parte demandada, ya que se ajusta a los casos prevenidos y señalados en el artículo 212 del Código Procesal Civil.- SEGUNDO: Contra la presente resolución no cabra recurso alguno, solo será recurrible mediante la apelación de la sentencia definitiva que ponga fin al proceso principal….”.(Folio 29 de la pieza de primera instancia).-Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) emitió su fallo, mediante el cual FALLA (sic): “OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL actuando a favor de LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, contra la resolución de fecha cuatro (4)de noviembre del dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán.-Debiendo el Juzgado de Letras de Familia de este departamento pronunciarse si admite o inadmite el incidente de nulidad interpuesto por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, como representante procesal del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, tal como se ha indicado en la fundamentación jurídica de este fallo…..”(Folios 39 al 42 de la pieza de segunda instancia).-Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta, las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que otorgó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, contra las actuaciones de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Filiación de Paternidad promovida por la señora DORIS LIZETH AMADOR FLORES, como representante legal de la menor A. S. A. F., contra el señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ. - CONSIDERANDO CUATRO (4): El Derecho de Defensa que nos refiere la Constitución de la República taxativamente dispone: “Que toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general”.[1] Consagrando dentro de dicho precepto la garantía Constitucional y el Derecho de Petición; entendiéndose el mismo como el derecho de accionar que tiene toda persona para el acceso a los tribunales de justicia o a cualquier institución del Estado, para el individuo, en procura de obtener pronta respuesta, al ser víctima de violación a un derecho deberá tener un medio para obtener esa reparación y hacer sancionar la legitimidad de su derecho. - CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Derecho de Defensa, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, y en los tratados internacionales, ratificados por el Estado de Honduras, es un derecho fundamental de una persona física, o jurídica o de algún colectivo a defenderse ante un Tribunal de justicia, con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se consagra en todos los órdenes jurisdiccionales y que son aplicables en cualquiera de las fases del proceso y procedimientos administrativos, penales, civil (alegaciones, prueba y conclusiones) imponiéndole a los Tribunales de justicia el deber de evitar el desequilibrio en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de algunas de las partes puedan ocasionar indefensión.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Debido Proceso, debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades Públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, la garantía del debido proceso plasmada en la Constitución de la República, como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 90) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 10 y 11), en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica 1969, Artículos 8 y 9 ), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad de interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial que orienta el proceso, la aplicación del principio de ser oído y vencido en juicio, el principio de audiencia, el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilación injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y la de controvertir las que se aleguen en su contra, y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Constituyendo una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, constituyendo un límite al abuso de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector no solo a la actuación jurisdiccional, sino también administrativa del Estado. -CONSIDERANDO SIETE (7): Que en relación a la violación de la garantía del Debido Proceso alegada por el amparista, por no haberse dado el trámite incidental la nulidad alegada en el proceso, considera esta Sala, que si vulnera dicha garantía en su resolución al disponer: Su inadmisión de plano al incidente de nulidad y al mismo tiempo resolver en el fondo declarando sin lugar la Solicitud de nulidad Absoluta de actuaciones judiciales presentadas por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL en su condición antes establecida, como parte demandada, en representación del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ; ya que no se ajusta a los casos prevenidos y señalados en el artículo 212 del Código Procesal Civil, pues siendo este caso un proceso no dispositivo, además de existir una contestación escrita; siendo este el momento en donde deben alegarse las excepciones materiales y procesales y los incidentes de nulidad, el juez, debió resolver solamente conforme a lo dispuesto en los artículos 419 numeral 2 y el artículo 420 numeral 2 del Código Procesal Civil. Admitiendo o inadmitiendo a trámite el incidente de nulidad planteado, y no como se procedió por dicho Tribunal, pronunciándose sobre el fondo del asunto y declarando sin lugar la nulidad, sin haber observado el Principio de Audiencia, y sin ser oído y vencido en juicio. Es por ello que se considera que el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, contentivo del debido proceso garantía Constitucional establecida, que goza de preeminencia en el orden procesal, es de nuestra consideración que si ha sido violentado al inadmitir y haberse pronunciado en el fondo sobre la nulidad planteada declarándola sin lugar. En la cual no hubo audiencia ni asistencia de las partes en el mismo, para emitir tal resolución. Razón por la cual procede sea otorgada la acción de amparo a efecto de que el Juzgado de Familia del Departamento de Francisco Morazán, se pronuncie si admite o inadmite sin más trámite el mismo proveído del que se recurre.- CONSIDERANDO OCHO (8): Este Tribunal, considera procedente acoger para efectos del asunto en cuestión, lo señalado por este Alto Tribunal en el fallo recaído en el expediente ACC 457-13 de fecha dos de septiembre del dos mil catorce, precisamente en el CONSIDERANDO (4) de los fundamentos de Derecho, que textualmente dice: “Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a ]os órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite del poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oídos, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas..." -CONSIDERANDO NUEVE (9): Que se ha emitido una resolución en donde por un lado se inadmite a trámite el incidente de nulidad por no ajustaste a lo previsto en el 420.2 del Código Procesal Civil, y por otro lado se pronuncia en el fondo declarando sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones, por no ajustar a los casos prevenidos y señalados en el artículo 212 del Código Procesal Civil, violando así el principio del debido proceso que garantiza la Constitución de la República en su artículo 90 párrafo primero. -CONSIDERANDO DIEZ (10): Que señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional, efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución sometida a consulta en esta vía constitucional es conforme a derecho, y que estando en consonancia con los derechos y garantías Constitucionales de los cuales es garante esta Sala; POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 Convención de los Derechos del Niño; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 5, 7, 8, 9, 41, 56, 63, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 193, 197, 200, 201, 202, 203, 206, 212, 416 numeral 1, 419 numeral 2, 420 numeral 2, 421, 630 numeral 2, 647 numeral 1 del Código Procesal Civil; 5 Código de la Niñez y la Adolescencia; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) por LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN correspondiente a la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ contra las actuaciones de fecha cuatro (4)de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0197-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. A los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis.-VISTA: En Consulta de las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que otorgó el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, contra actuaciones de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Filiación de Paternidad promovida por la señora DORIS LIZETH AMADOR FLORES, como representante legal de la menor A. S. A. F., contra el señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los artículos 80, 82, y 90 de la Constitución de la República. –ANTECEDENTES.- Que en fecha diez (10) de noviembre del dos mil quince (2015), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, interponiendo recurso de amparo a favor del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, contra actuaciones de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán, en donde dicho Juzgado resolvió: “PRIMERO: Declarar Sin Lugar la solicitud de Nulidad Absoluta de actuaciones judiciales presentada por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL, en su condición de apoderado legal del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, como parte demandada, ya que se ajusta a los casos prevenidos y señalados en el artículo 212 del Código Procesal Civil.- SEGUNDO: Contra la presente resolución no cabra recurso alguno, solo será recurrible mediante la apelación de la sentencia definitiva que ponga fin al proceso principal….”.(Folio 29 de la pieza de primera instancia).-Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) emitió su fallo, mediante el cual FALLA (sic): “OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL actuando a favor de LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, contra la resolución de fecha cuatro (4)de noviembre del dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán.-Debiendo el Juzgado de Letras de Familia de este departamento pronunciarse si admite o inadmite el incidente de nulidad interpuesto por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, como representante procesal del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, tal como se ha indicado en la fundamentación jurídica de este fallo…..”(Folios 39 al 42 de la pieza de segunda instancia).-Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo venido en consulta, las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que otorgó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ, contra las actuaciones de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictadas por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Filiación de Paternidad promovida por la señora DORIS LIZETH AMADOR FLORES, como representante legal de la menor A. S. A. F., contra el señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ. - CONSIDERANDO CUATRO (4): El Derecho de Defensa que nos refiere la Constitución de la República taxativamente dispone: “Que toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general”.[2] Consagrando dentro de dicho precepto la garantía Constitucional y el Derecho de Petición; entendiéndose el mismo como el derecho de accionar que tiene toda persona para el acceso a los tribunales de justicia o a cualquier institución del Estado, para el individuo, en procura de obtener pronta respuesta, al ser víctima de violación a un derecho deberá tener un medio para obtener esa reparación y hacer sancionar la legitimidad de su derecho. - CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Derecho de Defensa, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, y en los tratados internacionales, ratificados por el Estado de Honduras, es un derecho fundamental de una persona física, o jurídica o de algún colectivo a defenderse ante un Tribunal de justicia, con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se consagra en todos los órdenes jurisdiccionales y que son aplicables en cualquiera de las fases del proceso y procedimientos administrativos, penales, civil (alegaciones, prueba y conclusiones) imponiéndole a los Tribunales de justicia el deber de evitar el desequilibrio en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de algunas de las partes puedan ocasionar indefensión.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Debido Proceso, debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades Públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, la garantía del debido proceso plasmada en la Constitución de la República, como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 90) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 10 y 11), en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica 1969, Artículos 8 y 9 ), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad de interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial que orienta el proceso, la aplicación del principio de ser oído y vencido en juicio, el principio de audiencia, el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilación injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y la de controvertir las que se aleguen en su contra, y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Constituyendo una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, constituyendo un límite al abuso de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector no solo a la actuación jurisdiccional, sino también administrativa del Estado. -CONSIDERANDO SIETE (7): Que en relación a la violación de la garantía del Debido Proceso alegada por el amparista, por no haberse dado el trámite incidental la nulidad alegada en el proceso, considera esta Sala, que si vulnera dicha garantía en su resolución al disponer: Su inadmisión de plano al incidente de nulidad y al mismo tiempo resolver en el fondo declarando sin lugar la Solicitud de nulidad Absoluta de actuaciones judiciales presentadas por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL en su condición antes establecida, como parte demandada, en representación del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ; ya que no se ajusta a los casos prevenidos y señalados en el artículo 212 del Código Procesal Civil, pues siendo este caso un proceso no dispositivo, además de existir una contestación escrita; siendo este el momento en donde deben alegarse las excepciones materiales y procesales y los incidentes de nulidad, el juez, debió resolver solamente conforme a lo dispuesto en los artículos 419 numeral 2 y el artículo 420 numeral 2 del Código Procesal Civil. Admitiendo o inadmitiendo a trámite el incidente de nulidad planteado, y no como se procedió por dicho Tribunal, pronunciándose sobre el fondo del asunto y declarando sin lugar la nulidad, sin haber observado el Principio de Audiencia, y sin ser oído y vencido en juicio. Es por ello que se considera que el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, contentivo del debido proceso garantía Constitucional establecida, que goza de preeminencia en el orden procesal, es de nuestra consideración que si ha sido violentado al inadmitir y haberse pronunciado en el fondo sobre la nulidad planteada declarándola sin lugar. En la cual no hubo audiencia ni asistencia de las partes en el mismo, para emitir tal resolución. Razón por la cual procede sea otorgada la acción de amparo a efecto de que el Juzgado de Familia del Departamento de Francisco Morazán, se pronuncie si admite o inadmite sin más trámite el mismo proveído del que se recurre.- CONSIDERANDO OCHO (8): Este Tribunal, considera procedente acoger para efectos del asunto en cuestión, lo señalado por este Alto Tribunal en el fallo recaído en el expediente ACC 457-13 de fecha dos de septiembre del dos mil catorce, precisamente en el CONSIDERANDO (4) de los fundamentos de Derecho, que textualmente dice: “Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a ]os órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un límite del poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oídos, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas..." -CONSIDERANDO NUEVE (9): Que se ha emitido una resolución en donde por un lado se inadmite a trámite el incidente de nulidad por no ajustaste a lo previsto en el 420.2 del Código Procesal Civil, y por otro lado se pronuncia en el fondo declarando sin lugar la nulidad absoluta de actuaciones, por no ajustar a los casos prevenidos y señalados en el artículo 212 del Código Procesal Civil, violando así el principio del debido proceso que garantiza la Constitución de la República en su artículo 90 párrafo primero. -CONSIDERANDO DIEZ (10): Que señalado lo anterior esta Sala de lo Constitucional, efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución sometida a consulta en esta vía constitucional es conforme a derecho, y que estando en consonancia con los derechos y garantías Constitucionales de los cuales es garante esta Sala; POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 Convención de los Derechos del Niño; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 5, 7, 8, 9, 41, 56, 63, 68, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 193, 197, 200, 201, 202, 203, 206, 212, 416 numeral 1, 419 numeral 2, 420 numeral 2, 421, 630 numeral 2, 647 numeral 1 del Código Procesal Civil; 5 Código de la Niñez y la Adolescencia; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) por LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN correspondiente a la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor del señor LUIS ENRIQUE TROCHEZ MARTINEZ contra las actuaciones de fecha cuatro (4)de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó Magistrada REINA AUXILIADORA HERCURLES ROSA.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0197-2016.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 80 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 80 de la Constitución de la República.