Sentencia AC-1336-14 — Registro 6170
Resumen
Sentencia recurrida confirmó medida cautelar para el cese de toda obra de construcción en el predio objeto de la demanda, revocó la decisión del A-Quo que rechazó la caución ofrecida por la demandada y le ordenó decidir sobre la forma y cuantía de dicha caución para determinar sobre la suspensión o no de la medida cautelar adoptada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Que en el presente caso ha existido una infracción al referido principio de actuaciones por parte de la Alzada, puesto que la apelación refirió no haberse fijado caución o fianza en vista de haber resultado insuficiente la misma, obviando que sí se ofreció por la parte demandada una cuantía equivalente a CIEN MIL LEMPIRAS (L 100, 000.00), lo cual resultó desestimado por el A-Quo ante la objeción de la parte demandante; razón por la cual, para no sobrepasar los límites establecidos en la normativa procesal, dado que el Juzgado A Quo no podía establecer cuantía, procedió a rechazarla por improcedente, decisión que estima acorde a derecho. Por todo lo cual recurre el amparista a esta Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando se enmiende lo resuelto por el Tribunal Ad-Quem y se dicte en consecuencia sentencia otorgando el amparo solicitado a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)..."..."Que en definitiva se percibe violación al debido proceso en el presente caso, puesto que en la resolución vertida por la Alzada no se ha observado vinculación al contenido de la ley procesal por parte del órgano jurisdiccional de apelaciones, lo cual vicia el derecho a un debido proceso del amparista, impidiéndole a la vez un adecuado ejercicio del derecho de defensa, puesto que mal podría ejercerse defensa alguna por parte interesada hacia una decisión contra legem que altera el objeto mismo de la decisión, sin sujeción al principio dispositivo que rige en materia civil al órgano judicial con competencia para conoce y resolver el asunto controvertido. Por todo lo cual y en atención a lo anteriormente expuesto y motivado, resulta procedente el otorgamiento del presente recurso de amparo, a efecto se restituya la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) en el ejercicio y goce de sus derechos constitucionales..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda para la tutela de posesión de un inmueble promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) contra la sociedad mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 64, 70, 82, 88, 90, 106, 303, 304, 307, 321, 323, 324 y 326 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de enero de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, actuando en su condición de Apoderado Procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) interponiendo demanda para la TUTELA DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO en contra de la Sociedad Mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., solicitando que a través de la referida demanda se tutele el derecho de posesión de su representada sobre un terreno de su propiedad al cual se le ha despojado una fracción por parte de la sociedad demandada, declarándose con lugar lo demandado y se condene a la demandada para que desocupe el inmueble objeto de la demanda entregándolo a su dueña, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y que se le condene a la vez al pago de daños y perjuicios y costas del presente juicio. (Folios 01 al 09 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha veintiséis (26) de febrero y seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado FELIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, actuando en su condición de Apoderado Procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), quien interpuso solicitud para que se establezca MEDIDA CAUTELAR PARA EL CESE DE EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN en el predio objeto de la referida demanda, en virtud de resultar necesaria para garantizar la efectividad de los resultados del juicio y precaver todo daño que pudiese ocasionarse como consecuencia de la demora en la tramitación del procedimiento. En consecuencia, el referido Juzgado mediante resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, resolvió: “PRIMERO: Bajo responsabilidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, admitir y adoptar inaudita parte y, exentos de la presente caución, la medida cautelar de cese de toda obra de construcción o nivelación, ejecutada actualmente o en el futuro mientras se dicte sentencia definitiva y firme en la demanda de pretensión posesoria, dentro del terreno objeto del proceso;….” (Folios 01 al 05 de las pieza separadas de solicitud de medida cautelar Nos. 1 y 2, y 18 al 19 de la pieza separada de solicitud de medida cautelar No. 2).- 3) Que en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS P., actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. de C.V., presentando oposición contra el auto que otorgó la medida cautelar para cese de una obra en construcción y toda ejecución de trabajo destinado a rellenar y nivelar un predio urbano objeto de la demanda para la tutela de la posesión de un inmueble. En virtud de ello, el citado Juzgado en fecha trece (13) de junio de dos mil catorce (2014), dictó resolución mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Manteniendo la medida cautelar decretada, en virtud de las razones expuestas en los fundamento de derecho de esta resolución y, por haberse acreditado el periculum in mora y fomus bonis iuris.- SEGUNDO: Sin lugar la prestación de caución ofrecida, por ser ínfima a las pretensiones de la parte demandada y la misma no podría cubrir eventuales perjuicios que puedan derivarse del levantamiento de la medida y asegurar el cumplimiento de la sentencia, sin prejuzgar el fondo del asunto.- …”. (Folios 43 y 44 de la pieza separada de solicitud de medida cautelar No. 2).- 4) Que conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS P., actuando en su condición ya indicada, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), en la cual falló: “PRIMERO: Declarando con Lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS, en su condición de representante procesal de SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., contra el auto de trece de junio de dos mil catorce, dictado en la solicitud de medida cautelar promovida en virtud de la demanda para la tutela de un derecho de posesión promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS contra la sociedad SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.- SEGUNDO: Confirmando el numeral uno de la parte dispositiva del auto del trece de junio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Revocando el numeral segundo de la parte dispositiva del auto del trece de junio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; en consecuencia se ordena al Juez A quo, dicte la resolución correspondiente a fin de restablecer el debido proceso decidiendo sobre la forma y cuantía de la caución ofrecida por la parte demandada, para determinar si procede o no la suspensión de la medida cautelar adoptada. …” (Folios 15 al 18 de la segunda pieza de los antecedentes).-5) Que el Abogado FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ, compareció ante este Tribunal en fecha cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014), interponiendo acción de amparo a favor la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) contra la sentencia de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 70, 82, 88, 90, 106, 303, 304, 307, 321, 323, 324 y 326 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado esta Sala el recurso de mérito, en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015).-6) Que en fecha de quince (15) de junio de dos mil quince (2015), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quien en su dictamen fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE” el recurso de mérito, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista. Fundamenta lo anterior en que el fallo impugnado reúne los requisitos de congruencia señalados en el artículo 208 del Código Procesal Civil, con relación al artículo 701 numeral 1) del mismo Código, el cual establece que el tribunal que conozca de los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado a los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014) por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, mediante la cual FALLA: “PRIMERO: Declarando con Lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS, en su condición de representante procesal de SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., contra el auto de trece de junio de dos mil catorce, dictado en la solicitud de medida cautelar promovida en virtud de la demanda para la tutela de un derecho de posesión promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS contra la sociedad SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.- SEGUNDO: Confirmando el numeral uno de la parte dispositiva del auto del trece de junio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Revocando el numeral segundo de la parte dispositiva del auto del trece de junio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; en consecuencia se ordena al Juez A quo, dicte la resolución correspondiente a fin de restablecer el debido proceso decidiendo sobre la forma y cuantía de la caución ofrecida por la parte demandada, para determinar si procede o no la suspensión de la medida cautelar adoptada …”; lo cual tuvo como fundamento de derecho que la decisión del A-Quo de rechazar la caución ofrecida de FICOHSA SEGUROS debilita la figura procesal de contra-cautela establecida en la legislación procesal, lo cual vulneraría el debido proceso. Por ende, debería procederse a decidir sobre la forma y la cuantía de la caución, atendidas las circunstancias concretas del caso, tal y como lo reglamentan los artículos 386, 387 y 391 del Código Procesal Civil.[1].-CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso por parte del abogado FELIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, se expresa que los preceptos constitucionales que le han sido vulnerados a su representada son los artículos 64, 70, 82, 88, 90, 106, 303, 304, 307, 321, 323, 324 y 326 de la Constitución de la República, en virtud que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán y cuyo resolutivo obra transcrito en el antecedente inmediato anterior, resulta de una situación anómala al debido proceso y al derecho de defensa, inter alia, en la demanda que ha incoado la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) para la TUTELA DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO sito en la ampliación de los dominios de la Ciudad Universitaria, demanda establecida en contra de la Sociedad Mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., de todo lo cual expone detallado antecedente del caso; entre los cuales la existencia de prueba documental y pericial que demuestra una cuantía en lo litigado que asciende a más de VEINTINUEVE MILLONES DE LEMPIRAS (L 29, 000, 000.00) hasta la fecha, impidiéndole el acto reclamado a la institución demandante acrecer los espacios físicos para alojar a la población estudiantil universitaria, por lo cual, apreciándose la compañía mercantil demandada intensificaba sus trabajos de remoción, nivelación y amontonamiento de tierra en el terreno usurpado, solicitar del Juzgado como medida cautelar, la prohibición de continuar ejecutando obras de nivelación o construcción en el terreno objeto de estudio; lo cual fue estimado en primera instancia, decretando el Juzgado A-Quo la medida cautelar solicitada, a la cual la demandada presentó oposición, ofreciendo a la vez caución por el monto de CIEN MIL LEMPIRAS (L 100, 000.00); lo cual fue desestimado por resolución motivada del A-Quo de fecha trece (13) de junio de dos mil catorce (2014), ante lo cual la entidad privada demandada apeló, produciéndose la resolución de la Alzada de la cual se viene ahora en amparo.-CONSIDERANDO (5): Que lo anteriormente expresado contradice jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que acota la garantía genérica del debido proceso en cuanto a exigencia de materialización del principio de legalidad, lo cual ha resultado omiso a juicio del amparista al no respetarse en la resolución de la Alzada los principios esenciales del Recurso de Apelación en materia civil, especialmente el principio devolutivo del recurso prevenido en el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, el cual establece que el tribunal que conozca de los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado a los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación (tantum devolutum quantum appellatum en la expresión latina), para significar que el Tribunal debe devolver a las partes recurrentes aquello que les ha sido peticionado y nada más.-CONSIDERANDO (6): Que en el presente caso ha existido una infracción al referido principio de actuaciones por parte de la Alzada, puesto que la apelación refirió no haberse fijado caución o fianza en vista de haber resultado insuficiente la misma, obviando que sí se ofreció por la parte demandada una cuantía equivalente a CIEN MIL LEMPIRAS (L 100, 000.00), lo cual resultó desestimado por el A-Quo ante la objeción de la parte demandante; razón por la cual, para no sobrepasar los límites establecidos en la normativa procesal, dado que el Juzgado A Quo no podía establecer cuantía, procedió a rechazarla por improcedente, decisión que estima acorde a derecho. Por todo lo cual recurre el amparista a esta Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando se enmiende lo resuelto por el Tribunal Ad-Quem y se dicte en consecuencia sentencia otorgando el amparo solicitado a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).-CONSIDERANDO (7): Que vista así las cosas, se desprende de los antecedentes del caso, que el reclamo sometido a esta sede de justicia constitucional se reconduce a analizar si la resolución de Alzada, preordenada a: (…) restablecer el debido proceso decidiendo sobre la forma y cuantía de la caución ofrecida por la parte demandada, para determinar si procede o no la suspensión de la medida cautelar adoptada”[2], redundaría o no en una infracción al derecho constitucional garantizado en el párrafo primero del artículo 90 con relación al artículo 82 de la norma primaria de la República, bajo el nomine juris de debido proceso o proceso justo; lo cual amerita de esta Sala de lo Constitucional la emisión de una respuesta de fondo, motivada y fundada en derecho congruente, a la luz de las garantías constitucionales invocadas en formalización de la presente garantía de amparo, para lo cual resulta pertinente, en efecto, el principio devolutivo del recurso prevenido en el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, por virtud del principio dispositivo,[3] según el cual, el ámbito de conocimiento del tribunal competente para el resolver el recurso lo limita el recurrente, tanto en lo que sea su objeto, como en cuanto a los motivos que se examinen o la cuestión jurídica que se lleve a debate.[4].-CONSIDERANDO (8): Que en lo que concierne a dilucidar el alegato de infracción al debido proceso por la supuesta incongruencia entre lo debatido y lo resuelto en que ha incurrido el Ad-Quem, cita esta Sala de lo Constitucional, asimismo, conocida doctrina del procesalista Luis Alfredo De Diego Diez en cuanto a la prohibición de cambios sustanciales respecto a la demanda y contestación, acorde a la cual: “… al ser el recurso una prolongación del juicio, no se puede pedir o resistir más allá o por distinto concepto de lo que se pidió o resistió originalmente en la demanda y contestación. Lo impide el principio dispositivo. (…)”;[5] lo cual se concatena lógica y sistemáticamente con la determinación legal del objeto del proceso a partir de la pretensión y la correlativa resistencia por la parte que se oponga a la misma;[6] de lo cual se sigue, acorde la doctrina consultada, que el objeto fijado por las partes resulta inamovible en sede de recurso.-CONSIDERANDO (9): Que vistos para resolución los presentes autos, se denota el parecer del Fiscal para la Defensa de la Constitución en cuanto a que no se otorgue la presente garantía de amparo, en virtud de que el fallo impugnado reúne los requisitos de congruencia señalados en el artículo 208 del Código Procesal Civil, con relación al artículo 701 numeral 1) del mismo Código, el cual establece que el tribunal que conozca de los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado a los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. Sin embargo, no repara el Censor que el tenor literal del articulado en mención se ha visto vulnerado, al resolver el Tribunal de Alzada se fije nueva caución, renovando por sí y ante sí el objeto de la apelación sin referirse en el resolutivo al objeto que es propio del recurso devolutivo, según conformado lícitamente por la expresión de agravios y su contestación por ambas partes procesales; tal como era la determinación de la corrección jurídica o no de la declaratoria SIN LUGAR a la prestación de la caución ofrecida, por ser ínfima a las pretensiones de la parte demandada y no poder cubrir eventuales perjuicios que puedan derivarse del levantamiento de la medida, como motivare el órgano judicial en primera instancia.-CONSIDERANDO (10): Que en definitiva se percibe violación al debido proceso en el presente caso, puesto que en la resolución vertida por la Alzada no se ha observado vinculación al contenido de la ley procesal por parte del órgano jurisdiccional de apelaciones, lo cual vicia el derecho a un debido proceso del amparista, impidiéndole a la vez un adecuado ejercicio del derecho de defensa, puesto que mal podría ejercerse defensa alguna por parte interesada hacia una decisión contra legem que altera el objeto mismo de la decisión, sin sujeción al principio dispositivo que rige en materia civil al órgano judicial con competencia para conoce y resolver el asunto controvertido. Por todo lo cual y en atención a lo anteriormente expuesto y motivado, resulta procedente el otorgamiento del presente recurso de amparo, a efecto se restituya la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) en el ejercicio y goce de sus derechos constitucionales.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 89, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 48, 51, 54, 56, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional- FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1336-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda para la tutela de posesión de un inmueble promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) contra la sociedad mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 64, 70, 82, 88, 90, 106, 303, 304, 307, 321, 323, 324 y 326 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-
- Que en fecha diez (10) de enero de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, actuando en su condición de Apoderado Procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) interponiendo demanda para la TUTELA DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO en contra de la Sociedad Mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., solicitando que a través de la referida demanda se tutele el derecho de posesión de su representada sobre un terreno de su propiedad al cual se le ha despojado una fracción por parte de la sociedad demandada, declarándose con lugar lo demandado y se condene a la demandada para que desocupe el inmueble objeto de la demanda entregándolo a su dueña, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y que se le condene a la vez al pago de daños y perjuicios y costas del presente juicio. (Folios 01 al 09 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha veintiséis (26) de febrero y seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado FELIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, actuando en su condición de Apoderado Procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), quien interpuso solicitud para que se establezca MEDIDA CAUTELAR PARA EL CESE DE EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN en el predio objeto de la referida demanda, en virtud de resultar necesaria para garantizar la efectividad de los resultados del juicio y precaver todo daño que pudiese ocasionarse como consecuencia de la demora en la tramitación del procedimiento. En consecuencia, el referido Juzgado mediante resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, resolvió: “PRIMERO: Bajo responsabilidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, admitir y adoptar inaudita parte y, exentos de la presente caución, la medida cautelar de cese de toda obra de construcción o nivelación, ejecutada actualmente o en el futuro mientras se dicte sentencia definitiva y firme en la demanda de pretensión posesoria, dentro del terreno objeto del proceso;….” (Folios 01 al 05 de las pieza separadas de solicitud de medida cautelar Nos. 1 y 2, y 18 al 19 de la pieza separada de solicitud de medida cautelar No. 2).- 3) Que en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS P., actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. de C.V., presentando oposición contra el auto que otorgó la medida cautelar para cese de una obra en construcción y toda ejecución de trabajo destinado a rellenar y nivelar un predio urbano objeto de la demanda para la tutela de la posesión de un inmueble. En virtud de ello, el citado Juzgado en fecha trece (13) de junio de dos mil catorce (2014), dictó resolución mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Manteniendo la medida cautelar decretada, en virtud de las razones expuestas en los fundamento de derecho de esta resolución y, por haberse acreditado el periculum in mora y fomus bonis iuris.- SEGUNDO: Sin lugar la prestación de caución ofrecida, por ser ínfima a las pretensiones de la parte demandada y la misma no podría cubrir eventuales perjuicios que puedan derivarse del levantamiento de la medida y asegurar el cumplimiento de la sentencia, sin prejuzgar el fondo del asunto.- …”. (Folios 43 y 44 de la pieza separada de solicitud de medida cautelar No. 2).- 4) Que conociendo de un Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS P., actuando en su condición ya indicada, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), en la cual falló: “PRIMERO: Declarando con Lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS, en su condición de representante procesal de SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., contra el auto de trece de junio de dos mil catorce, dictado en la solicitud de medida cautelar promovida en virtud de la demanda para la tutela de un derecho de posesión promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS contra la sociedad SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.- SEGUNDO: Confirmando el numeral uno de la parte dispositiva del auto del trece de junio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Revocando el numeral segundo de la parte dispositiva del auto del trece de junio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; en consecuencia se ordena al Juez A quo, dicte la resolución correspondiente a fin de restablecer el debido proceso decidiendo sobre la forma y cuantía de la caución ofrecida por la parte demandada, para determinar si procede o no la suspensión de la medida cautelar adoptada. …” (Folios 15 al 18 de la segunda pieza de los antecedentes).-5) Que el Abogado FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ, compareció ante este Tribunal en fecha cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014), interponiendo acción de amparo a favor la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) contra la sentencia de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 70, 82, 88, 90, 106, 303, 304, 307, 321, 323, 324 y 326 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado esta Sala el recurso de mérito, en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015).-6) Que en fecha de quince (15) de junio de dos mil quince (2015), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, quien en su dictamen fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE” el recurso de mérito, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista. Fundamenta lo anterior en que el fallo impugnado reúne los requisitos de congruencia señalados en el artículo 208 del Código Procesal Civil, con relación al artículo 701 numeral 1) del mismo Código, el cual establece que el tribunal que conozca de los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado a los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014) por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, mediante la cual FALLA: “PRIMERO: Declarando con Lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BARRIENTOS, en su condición de representante procesal de SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., contra el auto de trece de junio de dos mil catorce, dictado en la solicitud de medida cautelar promovida en virtud de la demanda para la tutela de un derecho de posesión promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS contra la sociedad SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.- SEGUNDO: Confirmando el numeral uno de la parte dispositiva del auto del trece de junio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Revocando el numeral segundo de la parte dispositiva del auto del trece de junio de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; en consecuencia se ordena al Juez A quo, dicte la resolución correspondiente a fin de restablecer el debido proceso decidiendo sobre la forma y cuantía de la caución ofrecida por la parte demandada, para determinar si procede o no la suspensión de la medida cautelar adoptada …”; lo cual tuvo como fundamento de derecho que la decisión del A-Quo de rechazar la caución ofrecida de FICOHSA SEGUROS debilita la figura procesal de contra-cautela establecida en la legislación procesal, lo cual vulneraría el debido proceso. Por ende, debería procederse a decidir sobre la forma y la cuantía de la caución, atendidas las circunstancias concretas del caso, tal y como lo reglamentan los artículos 386, 387 y 391 del Código Procesal Civil.[7].-CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso por parte del abogado FELIX ANTONIO ÁVILA ORTIZ, se expresa que los preceptos constitucionales que le han sido vulnerados a su representada son los artículos 64, 70, 82, 88, 90, 106, 303, 304, 307, 321, 323, 324 y 326 de la Constitución de la República, en virtud que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán y cuyo resolutivo obra transcrito en el antecedente inmediato anterior, resulta de una situación anómala al debido proceso y al derecho de defensa, inter alia, en la demanda que ha incoado la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) para la TUTELA DE LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO sito en la ampliación de los dominios de la Ciudad Universitaria, demanda establecida en contra de la Sociedad Mercantil denominada SANTOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., de todo lo cual expone detallado antecedente del caso; entre los cuales la existencia de prueba documental y pericial que demuestra una cuantía en lo litigado que asciende a más de VEINTINUEVE MILLONES DE LEMPIRAS (L 29, 000, 000.00) hasta la fecha, impidiéndole el acto reclamado a la institución demandante acrecer los espacios físicos para alojar a la población estudiantil universitaria, por lo cual, apreciándose la compañía mercantil demandada intensificaba sus trabajos de remoción, nivelación y amontonamiento de tierra en el terreno usurpado, solicitar del Juzgado como medida cautelar, la prohibición de continuar ejecutando obras de nivelación o construcción en el terreno objeto de estudio; lo cual fue estimado en primera instancia, decretando el Juzgado A-Quo la medida cautelar solicitada, a la cual la demandada presentó oposición, ofreciendo a la vez caución por el monto de CIEN MIL LEMPIRAS (L 100, 000.00); lo cual fue desestimado por resolución motivada del A-Quo de fecha trece (13) de junio de dos mil catorce (2014), ante lo cual la entidad privada demandada apeló, produciéndose la resolución de la Alzada de la cual se viene ahora en amparo.-CONSIDERANDO (5): Que lo anteriormente expresado contradice jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que acota la garantía genérica del debido proceso en cuanto a exigencia de materialización del principio de legalidad, lo cual ha resultado omiso a juicio del amparista al no respetarse en la resolución de la Alzada los principios esenciales del Recurso de Apelación en materia civil, especialmente el principio devolutivo del recurso prevenido en el artículo 701 numeral
- del Código Procesal Civil, el cual establece que el tribunal que conozca de los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado a los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación (tantum devolutum quantum appellatum en la expresión latina), para significar que el Tribunal debe devolver a las partes recurrentes aquello que les ha sido peticionado y nada más.-CONSIDERANDO (6): Que en el presente caso ha existido una infracción al referido principio de actuaciones por parte de la Alzada, puesto que la apelación refirió no haberse fijado caución o fianza en vista de haber resultado insuficiente la misma, obviando que sí se ofreció por la parte demandada una cuantía equivalente a CIEN MIL LEMPIRAS (L 100, 000.00), lo cual resultó desestimado por el A-Quo ante la objeción de la parte demandante; razón por la cual, para no sobrepasar los límites establecidos en la normativa procesal, dado que el Juzgado A Quo no podía establecer cuantía, procedió a rechazarla por improcedente, decisión que estima acorde a derecho. Por todo lo cual recurre el amparista a esta Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando se enmiende lo resuelto por el Tribunal Ad-Quem y se dicte en consecuencia sentencia otorgando el amparo solicitado a favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).-CONSIDERANDO (7): Que vista así las cosas, se desprende de los antecedentes del caso, que el reclamo sometido a esta sede de justicia constitucional se reconduce a analizar si la resolución de Alzada, preordenada a: (…) restablecer el debido proceso decidiendo sobre la forma y cuantía de la caución ofrecida por la parte demandada, para determinar si procede o no la suspensión de la medida cautelar adoptada”[8], redundaría o no en una infracción al derecho constitucional garantizado en el párrafo primero del artículo 90 con relación al artículo 82 de la norma primaria de la República, bajo el nomine juris de debido proceso o proceso justo; lo cual amerita de esta Sala de lo Constitucional la emisión de una respuesta de fondo, motivada y fundada en derecho congruente, a la luz de las garantías constitucionales invocadas en formalización de la presente garantía de amparo, para lo cual resulta pertinente, en efecto, el principio devolutivo del recurso prevenido en el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, por virtud del principio dispositivo,[9] según el cual, el ámbito de conocimiento del tribunal competente para el resolver el recurso lo limita el recurrente, tanto en lo que sea su objeto, como en cuanto a los motivos que se examinen o la cuestión jurídica que se lleve a debate.[10].-CONSIDERANDO (8): Que en lo que concierne a dilucidar el alegato de infracción al debido proceso por la supuesta incongruencia entre lo debatido y lo resuelto en que ha incurrido el Ad-Quem, cita esta Sala de lo Constitucional, asimismo, conocida doctrina del procesalista Luis Alfredo De Diego Diez en cuanto a la prohibición de cambios sustanciales respecto a la demanda y contestación, acorde a la cual: “… al ser el recurso una prolongación del juicio, no se puede pedir o resistir más allá o por distinto concepto de lo que se pidió o resistió originalmente en la demanda y contestación. Lo impide el principio dispositivo. (…)”;[11] lo cual se concatena lógica y sistemáticamente con la determinación legal del objeto del proceso a partir de la pretensión y la correlativa resistencia por la parte que se oponga a la misma;[12] de lo cual se sigue, acorde la doctrina consultada, que el objeto fijado por las partes resulta inamovible en sede de recurso.-CONSIDERANDO (9): Que vistos para resolución los presentes autos, se denota el parecer del Fiscal para la Defensa de la Constitución en cuanto a que no se otorgue la presente garantía de amparo, en virtud de que el fallo impugnado reúne los requisitos de congruencia señalados en el artículo 208 del Código Procesal Civil, con relación al artículo 701 numeral 1) del mismo Código, el cual establece que el tribunal que conozca de los recursos de apelación y casación sólo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado a los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiera la impugnación. Sin embargo, no repara el Censor que el tenor literal del articulado en mención se ha visto vulnerado, al resolver el Tribunal de Alzada se fije nueva caución, renovando por sí y ante sí el objeto de la apelación sin referirse en el resolutivo al objeto que es propio del recurso devolutivo, según conformado lícitamente por la expresión de agravios y su contestación por ambas partes procesales; tal como era la determinación de la corrección jurídica o no de la declaratoria SIN LUGAR a la prestación de la caución ofrecida, por ser ínfima a las pretensiones de la parte demandada y no poder cubrir eventuales perjuicios que puedan derivarse del levantamiento de la medida, como motivare el órgano judicial en primera instancia.-CONSIDERANDO (10): Que en definitiva se percibe violación al debido proceso en el presente caso, puesto que en la resolución vertida por la Alzada no se ha observado vinculación al contenido de la ley procesal por parte del órgano jurisdiccional de apelaciones, lo cual vicia el derecho a un debido proceso del amparista, impidiéndole a la vez un adecuado ejercicio del derecho de defensa, puesto que mal podría ejercerse defensa alguna por parte interesada hacia una decisión contra legem que altera el objeto mismo de la decisión, sin sujeción al principio dispositivo que rige en materia civil al órgano judicial con competencia para conoce y resolver el asunto controvertido. Por todo lo cual y en atención a lo anteriormente expuesto y motivado, resulta procedente el otorgamiento del presente recurso de amparo, a efecto se restituya la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) en el ejercicio y goce de sus derechos constitucionales.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 80, 82, 89, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 48, 51, 54, 56, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional- FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia de fecha ocho (8) de junio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1336-2014.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL