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Sentencia AC-1241-14 — Registro 6196

Resumen

En consulta sentencia que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la recurrente contra las actuaciones que en audiencia el demandante y demandado convinieron para que el arrendatario desocupara el inmueble arrendado en el plazo de un mes y medio, pero no se escuchó a los terceros ocupantes del inmueble arrendado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Sala de lo Constitucional para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por el numeral tres del artículo 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en cuanto refiere que ha de hacerse la determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, estima procedente declarar que el arreglo conciliatorio entre los señores Carlos Manuel Cerrato Valladares y José Humberto Rivera López es un acto judicial que no es aplicable a María Luisa Valladares Ortega, Carlos Alberto Valladares Sierra y María Santos Ortega Amaya, por contravenir, disminuir o tergiversar sus derechos de defensa y debido proceso legal, en virtud de que dicha decisión fue tomada, sin observarse el derecho que tiene toda persona s ser oída, con las debidas garantías por un juez competente, derecho que se encuentra contenido como garantía judicial en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia corresponde que las actuaciones procesales del juicio se retrotraigan al momento de la audiencia del proceso abreviado, a fin de que se dé cumplimiento fiel a lo que manda el artículo 599 del Código Procesal Civil, a fin de que los ahora amparados participen del proceso y ejerciten las facultades que permiten los artículos 77.2, 77.3 y 77.4 del Código Procesal Civil..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de marzo dos mil dieciséis.-VISTA: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil catorce, mediante la cual, por mayoría de votos, sobresee la acción de amparo presentada por el abogado ENOS AGUSTÍN MENDOZA AGUILERA, a favor de los señores MARÍA LUISA VALLADARES ORTEGA, CARLOS ALBERTO VALLADARES SIERRA y MARÍA SANTOS ORTEGA AMAYA, contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, contenidas en la resolución de fecha seis de agosto del año dos mil catorce, con relación a la demanda entablada mediante el proceso abreviado para que se declare la terminación de contrato de de arrendamiento y se ejecute lanzamiento del arrendatario y terceros ocupantes del inmueble. Demanda que se promovió por el señor JOSÉ HUMBERTO RIVERA LÓPEZ en contra de CARLOS MANUEL CERRATO VALLADARES. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su contra los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha uno de abril del año dos mil catorce, compareció ante este alto tribunal el abogado Enos Agustín Mendoza Aguilera, interponiendo garantía de amparo a favor de los señores María Luisa Valladares Ortega, Carlos Alberto Valladares Sierra y María Santos Ortega Amaya, contra la resolución de fecha seis de agosto del año dos mil catorce, dictada por Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, por considerar que dichas actuaciones le son violatorias, en lo dispuesto en los artículo 82 y 90 de la Constitución de la República.-2) En fecha dos de septiembre de dos mil catorce, esta Sala de lo Constitucional de la honorable Corte Suprema de Justicia, resolvió declararse incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, ordenando remitir las diligencias a la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán. -3) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida corte de apelaciones, conformada por los magistrados y magistradas Danery Antonio Medal Raudales (ponente de la sentencia), Marco Tulio Barahona Valle, Zoe Celeste Vásquez Ordóñez, Reina María López Cruz y Milton Rubén Sandoval Peralta, dictó resolución en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil catorce, mediante la cual falló por mayoría de votos, por haber disentido las magistradas Vásquez Ordóñez y López Cruz de la siguiente manera: “ÙNICO: Sobreseyendo el recurso de amparo, interpuesto por el abogado ENOS AGUSTÍN MENDOZA AGUILERA, a favor de los señores MARÍA LUISA VALLADARES ORTEGA, CARLOS ALBERTO VALLADARES SIERRA y MARÍA SANTOS ORTEGA AMAYA.” Que los votos disidentes, coinciden en señalar como parte dispositiva de la sentencia, el siguiente: “…FALLA: PRIMERO: Otorgando el recurso de amparo, interpuesto por el abogado ENOS AGUSTÍN MENDOZA AGUILERA, a favor de los señores MARÍA LUISA VALLADARES ORTEGA, CARLOS ALBERTO VALLADARES SIERRA y MARÍA SANTOS ORTEGA AMAYA. SEGUNDO: Que al recibo del expediente, la juez de primera instancia dé al juicio el procedimiento adecuado, ordenando la notificación del auto del 6 de agosto de 2014 a los terceros ocupantes con las formalidades previstas en el artículo 197.2 del Código Procesal Civil. (Folios noventa y siete (F-97) al ciento uno (F-101) de la pieza de amparo).-4) Que en fecha veintinueve de octubre del año dos mil catorce, este alto tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el recurso de amparo presentado por el abogado Enos Agustín Mendoza Aguilera, a favor de los señores María Luisa Valladares Ortega, Carlos Alberto Valladares Sierra y María Santos Ortega Amaya, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha uno de abril de dos mil catorce el señor José Humberto Rivera López, compareció ante el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán a entablar demanda mediante el proceso abreviado para que se declare la terminación de contrato de de arrendamiento y se ejecute lanzamiento del arrendatario y terceros ocupantes del inmueble. Demanda que entabló en contra de Carlos Manuel Cerrato Valladares.-CONSIDERANDO DOS (2): Que en fecha seis de agosto de dos mil catorce durante la celebración de audiencia de proceso abreviado, las partes convinieron de consuno que el arrendatario en el plazo de un mes y medio, o sea en fecha veintiuno de septiembre de dos mil catorce, desocuparía el inmueble objeto de arriendo. En este sentido serían notificados de dicho acuerdo los terceros ocupantes del inmueble. El a quo examinó el convenio entre partes y lo aprobó al estimar que éste no implica fraude de ley ni abuso de derecho, ni se realizó en perjuicio de tercero. El juez puso fin al proceso y el archivo de las diligencias. En fecha seis de agosto de dicho año se dictó el correspondiente auto de homologación.-CONSIDERANDO TRES (3): Que en fecha cinco de agosto el receptor del despacho realizó acto de notificación a los señores María Luisa Valladares Ortega, Carlos Alberto Valladares Sierra y María Santos Ortega Amaya, en su condición de terceros ocupantes.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha catorce de agosto de dos mil catorce se personó en el proceso el abogado Enos Agustín Mendoza Aguilera, en su condición de apoderado procesal de la señora María Luisa Valladares Ortega, expresando que los señores José Humberto Rivera López y Carlos Manuel Cerrato Valladares, fingieron una acción contractual de arrendamiento y que se confabularon para perjudicar a su poderdante. Manifiesta además que el señor Carlos Manuel Cerrato Valladares es sobrino de la señora María Luisa Valladares Ortega; que esta última fue obligada a firmar una escritura de traspaso de dominio del inmueble a su sobrino y que éste posteriormente lo vendió en forma ilegal y por una bajo precio al señor José Humberto Rivera López. En relación con estos hechos, afirma que su poderdante procedió a demandar la nulidad de la escritura pública que fue obligada a firmar, en virtud de que no hubo verdadero consentimiento de su parte. Indica que dicha demanda se encuentra en el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, con el No.04103-CPCO 2013, juez No.2; asimismo manifiesta que ella fue denunciada por los mencionados señores por el delito de usurpación, pero que dicha acción penal fue desestimada por la corte de apelaciones correspondiente. El abogado compareciente refiere que entonces nunca ha existido una relación contractual de arrendamiento, hecho que según expresa, se acredita con la contestación de la demanda civil y la acción penal, antes mencionadas. En conclusión pide: “Revocar de manera expedita la fecha perentoria del desahucio, dejándolo sin valor, notificándoles a las partes la revocación por ser improcedente.” .- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veinte de agosto de dos mil catorce, el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, resolvió la solicitud del abogado Enos Agustín Mendoza Aguilera, teniéndole por personado en la condición antes apuntada y en cuanto a la revocación, la declara sin lugar, fundamentándose en que no es el momento procesal oportuno, ya que estima que en el presente caso no se ha promovido ejecución del acuerdo homologado, momento en que el tercer ocupante podrá dentro del plazo de diez días acreditar los títulos que justifican su ocupación.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha uno de septiembre de dos mil catorce el abogado ENOS AGUSTÍN MENDOZA AGUILERA, interpuso garantía constitucional de amparo a favor de los señores MARÍA LUISA VALLADARES ORTEGA, CARLOS ALBERTO VALLADARES SIERRA y MARÍA SANTOS ORTEGA AMAYA, contra las actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, contenidas en la resolución de fecha seis de agosto del año dos mil catorce. Dicha acción fue remitida a la honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán por razón de competencia, según las reglas establecidas en la Ley sobre Justicia Constitucional. Sin embargo este último tribunal en fecha veintidós de septiembre de ese mismo año, haciendo acopio de lo dispuesto en el Acuerdo número 4 del treinta y uno de marzo de dos mil once, remitió el asunto a la honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, tribunal que admitió la acción de amparo sin suspensión del acto reclamado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la agente de tribunales del Ministerio Público, abogada Ela Paredes Bromfield, emitió su dictamen con fecha catorce de octubre de dos mil catorce, en el que se pronuncia en contra de la admisión del amparo. La fiscal indica que lo apropiado habría sido que las personas afectadas como terceros, se emplazaran para intervenir en el acuerdo de homologación para el desahucio del inmueble que ocupan, estando facultado el juez para hacer este llamamiento incluso de oficio; sin embargo, opina que no existe colusión a ningún derecho constitucional, en vista de que el juez le está permitiendo a la señora María Luisa Valladares a incorporar al proceso los títulos que justifiquen su ocupación, previo a la ejecución del acuerdo de desahucio. De tal forma que el derecho a ser oída y producir prueba no le ha sido vulnerado por el juez; asimismo la fiscal toma en cuenta el hecho de que se le permitió personarse en el proceso teniéndole como parte con posibilidad de incorporar títulos que autoricen su permanencia en el inmueble, concediéndole un plazo de diez días de conformidad con el artículo 883.1 del Código Procesal Civil. Agrega la fiscal que en su opinión esta ultima circunstancia, indica que el acuerdo impugnado, tiene el carácter de provisional, por cuanto permite que los terceros afectados alleguen documentos al juicio, para acreditar el derecho de permanencia que reclaman.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, el ad quem, dictó auto llamando a integrar a los Magistrados Reina María López Cruz y Milton Rubén Sandoval Peralta, en virtud de que los Magistrados Danery Antonio Medal Raudales, Marco Tulio Barahona Valle, y Zoe Celeste Vásquez Ordóñez, no consiguieron después de dos intentos, una decisión por mayoría de votos, quedando convocados los cinco magistrados para una nueva audiencia de votación, deliberación y fallo.-CONSIDERANDO NUEVE (9): En fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la honorable Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, profirió sentencia por mayoría de votos, sobreseyendo la garantía de amparo en virtud de que la resolución que homologa el acuerdo conciliatorio debe considerarse consentido por los terceros ocupantes en virtud de que no lo impugnaron y por ende concurre la causa señalada en el artículo 46.3 de la Ley sobre Justicia Constitucional. El ad quem en dicha resolución hace otras consideraciones de interés, a la sazón expresa que de acuerdo a los artículos 186 constitucional; 6 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 196 y 210 del Código Procesal Civil, la homologación de un acuerdo conciliatorio entre partes, demandante y demandada, sólo pone fin el juicio en cuanto estos como intervinientes, no así para los terceros ocupantes, porque ellos no participaron dentro del proceso declarativo de conformidad con lo establecido en los artículos 599.1, 599.2 y 599.3 del Código Procesal Civil; y por ello el a quo debe con base a los artículos 136 y 190 del mismo código, notificarles el acuerdo conciliatorio homologado, puesto que con dicha resolución se puede causar un perjuicio directo o indirecto a los terceros y por ello éstos pueden impugnarlo, dentro de los plazos señalados en el artículo 709 del Código Procesal Civil.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que los votos disidentes se pronunciaron a favor de otorgar el amparo de mérito, debiéndose en consecuencia ordenar al a quo que proceda a dar al juicio el procedimiento adecuado, ordenando la notificación del auto de fecha seis de agosto de dos mil catorce a los terceros ocupantes con las formalidades previstas en el artículo 197.2 del Código Procesal Civil. Las magistradas que disienten de la mayoría, arribaron a dicha decisión en consideración a que la violación del derecho de defensa consiste en que el demandado y en este caso, los terceros ocupantes del inmueble arrendado, no tuvieron noticia del proceso y de cada una de sus etapas, que no fueron oídos y que no se les permite proponer y evacuar pruebas. En el caso de autos, dicen las magistradas que votaron en contra de la mayoría, que en el caso de autos la vulneración descrita existió desde la interposición de la demanda, constando en el libelo de la demanda que la pretensión era desalojar a la demandada y a terceros ocupantes; sin que el a quo, tuviera a bien solicitar los nombres de estos para los efectos legales pertinentes (artículo 599 del Código Procesal Civil). Opinan que de conformidad al escrito de demanda y la grabación de la audiencia, hubo vulneración del derecho al debido proceso, porque en la audiencia del juicio abreviado, las partes expresaron que el inmueble se encontraba ocupado por terceros que no querían desalojar el inmueble, y que el demandado, señor Carlos Manuel Cerrato Valladares, ya lo había abandonado; tampoco se estableció que los terceros ocupantes eran familiares del demandado (artículo 6.2 del Código Procesal Civil). Entonces estando el a quo consciente de dicha situación no podía homologar dicho acuerdo, ante la posibilidad de afectar a terceros, dando su aprobación para que los terceros desalojaran el inmueble en una fecha determinada, o sea el veintiuno de septiembre de dos mil catorce. Agregan en su voto razonado, que el juez debió en su condición de garante de derechos fundamentales, en aplicación del artículo 180.1.b del Código Procesal Civil, interrumpir la audiencia, a efecto de que de se notifique a los ocupantes en el ejercicio de sus derechos, tal como lo manda el artículo 599.2 del Código Procesal Civil. No habiendo procedido el juez de esa manera, fueron conculcados los derechos de defensa y debido proceso, dispuestos respectivamente en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Las magistradas ahora bien, coinciden con la mayoría en que la resolución que homologó el acuerdo conciliatorio, pone fin al proceso, únicamente en relación con las partes intervinientes, no así en relación con los terceros ocupantes, debiendo el a quo por ello, notificarles a estos el acuerdo conciliatorio homologado, para que puedan estos impugnarlo, dentro de los plazos señalados en el artículo 709 del Código Procesal Civil, extremo que fue observado por el juez denunciado en amparo. Sin embargo las magistradas no coinciden con la mayoría, cuando estiman que fueron conculcados, una vez más, los derechos de defensa y debido proceso, cuando el receptor del despacho no dio estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 197.2 del Código Procesal Civil, que es precisamente la obligación de informar a los notificados, los recursos y los plazos a su disposición para impugnar el acuerdo que les fue notificado en ese mismo acto. Acotan dichas magistradas en su voto disidente, que este error del receptor, precisamente dio lugar a que se incurriera en el error de parte de los terceros ocupantes, de presentar el escrito solicitando la “… revocación de la fecha perentoria de a acta de notificación de conciliación…” y no interpuso el recurso de apelación contra el acuerdo homologado. En tal sentido la omisión de impugnar mediante dicho recurso es atribuible al funcionario judicial. En virtud de todos los desaciertos señalados en el voto disidente, las magistradas que se opusieron a la mayoría, se pronunciaron consecuentemente a favor de otorgar el amparo. -CONSIDERANDO ONCE (11): Que este alto tribunal de justicia, conociendo por vía de consulta obligatoria, arriba a la convicción de que procede revocar la sentencia que sobresee el amparo de mérito; esto luego de analizar: a) las diligencias provenientes del Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán y de la Corte Primera de Apelaciones del mismo departamento; b) las argumentaciones del censor en la formalización de la garantía de amparo; c) la opinión de la agente de tribunales del Ministerio Público y los fundamentos o argumentos jurídicos del ad quem al dictar su fallo, incluyendo los votos particulares del cual forman parte, según lo establece el artículo 192.2 del Código Procesal Civil. Al respecto se pronuncia, señalando que efectivamente deben considerarse violentados los derechos de defensa y debido proceso legal, contenidos respectivamente en los artículos 82 y 90 del Código Procesal Civil, tomando en consideración los argumentos expuestos en el voto particular. Efectivamente este alto tribunal de justicia comparte la tesis de la minoría, en que la violación del derecho de defensa, consistió por una parte en que los terceros ocupantes del inmueble arrendado, fueron afectados por una decisión judicial o resolución, sin la garantía oportuna de ser oída previamente. Se comparte la apreciación que se hace en relación con el conocimiento que se tuvo desde el inicio del proceso de la existencia de terceros afectados, lo que imponía al juez, el tomar las previsiones necesarias para evitar tomar decisiones que le afectaran en sus derechos sin ser oídos de manera previa. En el voto disidente se señalan con prontitud las previsiones que el juez como garante de derechos humanos, devenía obligado a ordenar, previo a homologar el acuerdo conciliatorio, (ver artículos 180.1.b y 599.2 del Código Procesal Civil). En el caso sub iudice, estas previsiones no eran una cuestión baladí, tomando en cuenta que se encuentra en peligro un derecho fundamental como el derecho a la vivienda, el cual conlleva a otros derechos fundamentales. Por otra parte, la Sala coincide con lo expuesto en el voto particular citado, con relación a las consecuencias de que el receptor del despacho no diera estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 197.2 del Código Procesal Civil. La obligación de informar a los notificados sobre los recursos y los plazos que tienen a su disposición para impugnar, son fundamentales para el derecho de defensa. De manera que cualquier error que se cometa en la vía de impugnación, es atribuible al órgano jurisdiccional. Por ende en el caso que nos ocupa, no es exigible el agotamiento de los recursos y medios que la ley prevé. -CONSIDERANDO DOCE (12): Que la Sala de lo Constitucional para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto por el numeral tres del artículo 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en cuanto refiere que ha de hacerse la determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución, estima procedente declarar que el arreglo conciliatorio entre los señores Carlos Manuel Cerrato Valladares y José Humberto Rivera López es un acto judicial que no es aplicable a María Luisa Valladares Ortega, Carlos Alberto Valladares Sierra y María Santos Ortega Amaya, por contravenir, disminuir o tergiversar sus derechos de defensa y debido proceso legal, en virtud de que dicha decisión fue tomada, sin observarse el derecho que tiene toda persona s ser oída, con las debidas garantías por un juez competente, derecho que se encuentra contenido como garantía judicial en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia corresponde que las actuaciones procesales del juicio se retrotraigan al momento de la audiencia del proceso abreviado, a fin de que se dé cumplimiento fiel a lo que manda el artículo 599 del Código Procesal Civil, a fin de que los ahora amparados participen del proceso y ejerciten las facultades que permiten los artículos 77.2, 77.3 y 77.4 del Código Procesal Civil. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 8 Y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 2), 46 No. 3, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 7, 77, 197.2 y 599 del Código Procesal Civil; FALLA: REVOCANDO la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, venida en consulta; en consecuencia: a) OTORGA la garantía constitucional de amparo, interpuesto por el abogado ENOS AGUSTÍN MENDOZA AGUILERA, a favor de los señores MARÍA LUISA VALLADARES ORTEGA, CARLOS ALBERTO VALLADARES SIERRA y MARÍA SANTOS ORTEGA AMAYA; b)DECLARA que al acuerdo conciliatorio logrado entre las partes CARLOS MANUEL CERRATO VALLADARES y JOSÉ HUMBERTO RIVERA LÓPEZ, en fecha seis de agosto de dos mil catorce, no le es aplicable a María Luisa Valladares Ortega, Carlos Alberto Valladares Sierra y María Santos Ortega Amaya; c)Que el juez proceda a dictar la resolución que corresponda para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 599 del Código Procesal Civil, a fin de garantizar los derechos de defensa y debido proceso de los amparados. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. – Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrados en este Tribunal bajo los número 1241-2014-


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL