Sentencia AC-1191-14 — Registro 6018
Resumen
Sentencia declaró sin lugar Recurso de Apelación y Confirmó Sentencia Interlocutoria que declaró sin lugar Excepciones de Falta de Representación Legal del Demandante y de Falta de Representación legal del Demandado por considerar el Juez que son aspectos de fondo del juicio, en Demanda Ordinaria por Incumplimiento de Contrato e Indemnización de Daños y Perjuicios, Lucro Cesante, Daño Emergente promovida por La Constancia, Asociación de Ahorro y Préstamo S A, ahora La Constancia Inmobiliaria S A en contra de Banco Citibank de Honduras S A antes Banco Cuscatlán S A; La Autoridad recurrida consideró que la primera excepción no procede pues las personas firmantes del Acuerdo objeto de la demanda lo han hecho en nombre y representación de la demandante, en aplicación de la figura "representación aparente" que establece el Código de Comercio; y la segunda excepción no procede porque el Convenio se realizó en y para beneficio del entonces Banco Cuscatlán S A ahora el recurrente y éste ha consencido tal Acuerdo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala, el A-Quo pareciera determinar que las excepciones de falta de personalidad y la de falta de representación legal que contemplaba el Código de Procedimiento de 1906[3], eran equivalentes, es decir que se aplicaban o debían entenderse de manera indistinta una de otra, situación que fue advertida y denunciada como agravio por el recurrente, como veremos más adelante..."..."si bien pareciera juicioso el reclamo del recurrente en cuanto a que el A-Quo trató como equivalentes las excepciones apuntadas, circunstancia que según señaló, no fue advertida o corregida por el Ad-Quem, teniendo como consecuencia una supuesta incongruencia en el fallo recurrido,..."..."En el caso objeto de examen, se ha sostenido en el trámite por el quejoso, que la excepción de falta de representación legal del demandante parte del hecho que solamente los suscriptores del documento en el que se funda el reclamo judicial podían ejercer acción para demandar; bajo este supuesto, haciendo a un lado el hecho que la falta de acción para demandar y la falta de representación son cuestiones distintas, diremos que según la parte demandada, solo podían comparecer en juicio los señores JOSÉ MARÍA AGURCIA, LIZZETH FASQUELLE VIUDA DE AGURCIA, JOHNNY KAFATI, SALOMÓN KAFATI, los accionistas de la sociedad ASEGURADORA HONDUREÑA, S.A. y la sociedad mercantil LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., así como la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN UBC INTERNATIONAL, S.A., que fue representada en el documento por el señor MAURICIO SAMAYOA. Al respecto, resulta evidente para esta Sala que las alegaciones del impetrante, en cuanto a la procedencia de esta excepción y consecuentemente la violación al debido proceso derivado de su desestimación, resultan enteramente infundadas, puesto que claramente, la sociedad mercantil LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., compareció en juicio por medio de su apoderado judicial, abogado PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS, quien ostentaba al momento de la presentación de la demanda, poder otorgado por el representante legal de la referida sociedad mercantil, en la persona del señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE, acreditada tal condición en forma debida, con la documentación adjunta; todo lo cual resulta consecuente con lo establecido por el Artículo 2 del Código de Procedimientos de 1906 en el sentido que tratándose de las corporaciones, sociedades y demás entidades jurídicas, comparecerán las personas que legalmente las representen, que se relaciona con lo estipulado por el Artículo 209 del Código de Comercio en cuanto a que le corresponde a la Junta Directiva, que actúa por medio de su Presidente, la representación de la sociedad anónima. En tal virtud, se puede afirmar que esta sociedad mercantil no ha pretendido comparecer en juicio en representación de ninguna de las personas anteriormente mencionadas, que suscribieron el documento referido y tampoco se ha adjudicado tal representación. Como persona jurídica, la sociedad mercantil LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., tenía capacidad para comparecer en el juicio que nos ocupa, y el Procurador que ha comparecido ostentaba su representación, pudiendo por ende ejercer válidamente cualquier acción o pretensión ante la autoridad jurisdiccional competente. Con lo cual, no se advierte violación alguna por parte de la Alzada en cuanto a este punto se refiere, no obstante que esta Sala discrepa de la aplicación que ha hecho la Alzada de los Artículos 356 y 358 del Código de Comercio, que efectivamente se refieren como bien apunta el recurrente, a los auxiliares y dependientes de la empresa mercantil, en específico a la figura de los factores, que son dependientes mercantiles con amplios poderes para actuar por cuenta del comerciante y a quienes puede corresponder la dirección de alguna empresa[8], cuestión que no parece guardar relación con la excepción procesal de la cual emitió pronunciamiento la Alzada en el fallo..."..."resta establecer si la sentencia de la Alzada ha transgredido la garantía del debido proceso y el derecho de defensa al momento de desestimar la excepción de falta de representación legal del demandado, pues ya esta Sala se ha pronunciado sobre las otras alegaciones del recurrente con respecto a la primera excepción alegada por el mismo. Siendo así, diremos que en principio, podría estimarse que la determinación de la titularidad de la obligación en el presente caso, podría apreciarse como una cuestión de fondo y que lo que se alega por parte del quejoso ante la instancia ordinaria, en la forma de una excepción de falta de representación legal del demandado, es precisamente si BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., puede o no ser obligada a responder por un alegado incumplimiento de contrato que le ha sido atribuido. Resulta evidente para esta Sala, y ello no es una cuestión que ha sido controvertida en el trámite, que efectivamente la demandada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., no suscribió el acuerdo o acuerdos en los que se funda la demanda, es decir el acuerdo, documento o contrato cuyo incumplimiento se denunció por parte de la demandante en la acción que ha ejercido. También es un hecho, que tampoco es objeto de controversia, que quien suscribió tales acuerdos fue la sociedad mercantil CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., a través de su Presidente, el señor MAURICIO SAMAYOA R. Siendo así, si bien no se advierte del cuerpo de la demanda que el demandante atribuya expresamente la representación legal de CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., a BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., sí parece estimar que ésta actúa por cuenta de aquella y que por ende la demandada debe responder por el alegado incumplimiento del acuerdo de mérito, considerando que demandar a CITIBANK DE HONDURAS, S.A., equivale a demandar a CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., a pesar de tratarse de personas jurídicas distintas. Por otro lado, tampoco resulta establecido de los argumentos de la demanda que CITIBANK DE HONDURAS S.A., es responsable del incumplimiento que se demanda por haberse beneficiado de la suscripción del contrato/acuerdo, como ha señalado la Alzada en su fallo, sino que se infiere de la misma que CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., se obligó a cumplir con el acuerdo o los acuerdos en los que se funda la demanda y es aquí donde la falta de legitimación en la persona del demandado parece ser asequible, puesto que como ya se dijo, CITIBANK DE HONDURAS, S.A., no sólo no ha firmado el acuerdo objeto de la demanda, sino que además es una persona distinta de CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A. y como tal, no podría estar sujeta de ser demandada a cuenta de actos ejercidos por ésta última, como se ha pretendido, si bien en forma implícita mediante la acción ordinaria que se ha ejercido en su contra..."..."la apreciación de la Alzada, en cuanto a que la demandada debe responder a la demanda porque se benefició del acuerdo referido, no tiene lugar en la decisión de la excepción planteada, no solamente porque este punto no ha sido objeto de pronunciamiento por las partes mismas, sino que además, no guarda relación con la excepción que se opuso y tampoco ha sido así alegado por la demandante. Esta valoración, que no se apoya más que en una deducción muy propia del Ad-Quem, ciertamente no cabría para efectos de emitir pronunciamiento con respecto a la excepción opuesta en el trámite y en tal virtud, alcanza a transgredir los derechos del agraviado en el caso que nos ocupa..."..."se estima que la decisión del Ad-Quem, objeto del presente recurso, ha vulnerado en perjuicio del recurrente las normas esenciales del proceso, al pretender que la sociedad demandada CITIBANK DE HONDURAS, S.A., sea conminada a responder de un proceso que se funda en el alegado incumplimiento de un contrato en el cual tuvo participación la sociedad CORPORACIÓN UBC, INTERNACIONAL, S.A., que es una persona jurídica distinta y de la cual no ostenta su representación para comparecer en el juicio. Adicionalmente, la referida Alzada ha soslayado el derecho a la tutela judicial efectiva, al estimar de manera anticipada que la sociedad demandada se benefició del acuerdo que dio lugar a la acción de mérito, determinación que ha sido apoyada en una deducción subjetiva del Ad-Quem, lo que la vuelve impropia y desproporcionada en esta etapa inicial del trámite de la demanda..."..."esta Sala concluye que la decisión del Ad-quem, ha provocando la vulneración al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso por los motivos que han sido ya establecidos en el presente fallo, por lo que esta Sala de lo Constitucional es del criterio porque se OTORGUE la garantía de Amparo de que se hace mérito EN FORMA PARCIAL, en el sentido que debe estimarse la procedencia de la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado, por las razones que se dejan aquí establecidas, debiendo denegarse en lo atinente a la procedencia de la excepción de falta de representación legal del demandante, toda vez que la sociedad demandante LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S. A, ostenta capacidad para comparecer en el juicio que nos ocupa, lo cual ha hecho de conformidad a la ley y mediante su apoderado, debidamente facultado para ello. Dejando a salvo su derecho de ejercer las acciones que estime oportunas de conformidad con la ley..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 286 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 209 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de abril de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, que resolvió un recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda ordinaria por incumplimiento de contrato, promovida por la Sociedad Mercantil denominada LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A, ahora denominada LA CONSTANCIA INMOBILIARIA S.A. contra la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82, y 90, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES
- En fecha uno de diciembre de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS, actuando en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S. A, ahora denominada LA CONSTANCIA INMOBILIARIA S.A., a interponer Demanda Ordinaria por Incumplimiento de Contrato e Indemnización de Daños y Perjuicios, Lucro Cesante y Daño Emergente, en contra de la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A.; solicitando que previo los trámites judiciales correspondientes, se condene a la sociedad demandada, a pagarle a su representada la suma de CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 50,000,000.00), o su equivalente en moneda nacional en concepto de los intereses; los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de contrato; las cantidades dejadas de percibir desde que dicho contrato fuera incumplido; las ganancias provecho y la utilidad que se calcula por lo que pudiere haber obtenido, las costas del juicio y demás aplicables. (Folios 01 al 10 de la primera pieza de los antecedentes) 2) En fecha cinco de noviembre de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, actuando en su condición de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., absteniéndose de contestar la demanda promovida contra su representada y oponiendo a la vez las Excepciones Dilatorias de Falta de Representación Legal del Demandante y Falta de Representación Legal del Demandado….” (Folios 280 al 283 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Seguido el trámite de Ley correspondiente, en fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, el citado Juzgado dictó sentencia interlocutoria mediante la cual falló declarando SIN LUGAR las excepciones de FALTA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DEMANDANTE y FALTA DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL DEMANDADO, interpuestas por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, actuando en su condición antes referida, en la demanda promovida por la Sociedad Mercantil denominada LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A, ahora denominada LA CONSTANCIA INMOBILIARIA S.A., contra la Sociedad Mercantil BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A..- (Folios 445 y 452 de la primera pieza de los antecedentes) 4) Conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, mediante la cual falló: “…PRIMERO: Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de apoderado legal del BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A.- SEGUNDO: Confirma la sentencia interlocutoria emitida en fecha 19 de marzo de 2014.- …” (Folios 10 al 13 de la segunda pieza de los antecedentes) 5) El Abogado MARCIO SAID BARAHONA, compareció ante este Tribunal en fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor la Sociedad Mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., contra la sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, y 90, de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha catorce de enero de dos mil dieciséis. 6) En fecha once de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, quien en su dictamen fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE” el recurso de mérito. CONSIDERANDO(1): Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se advierte de autos que el objeto del presente recurso se origina de la resolución emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE ESTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, que conociendo en apelación de una sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL, determinó su confirmatoria, denegando por ende el recurso de apelación que fuera promovido contra el referido fallo incidental. CONSIDERANDO (3): Que del examen in extenso de los antecedentes puede observarse, que el acto reclamado en amparo surge en el trámite de una demanda ordinaria por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente, interpuesta por la Sociedad Mercantil LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., ahora denominada LA CONSTANCIA INMOBILIARIA S.A., en contra de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S. A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A. Así y como queda dicho, en el referido juicio se dictó por parte del Juez A-Quo, una sentencia interlocutoria mediante la cual se desestimaron dos excepciones dilatorias promovidas por la parte demandada; ambas excepciones se referían a una alegada falta de representación legal tanto del demandante como del demandado. En cuanto a la primera excepción, se alegó por parte de la demandada, que dado que el documento en el que se fundaba la demanda[1], fue suscrito por los señores JOSÉ MARÍA AGURCIA, por sí y en representación de la señora LIZZETH FASQUELLE VIUDA DE AGURCIA y por el señor JOHNNY KAFATI por sí y SALOMÓN KAFATI, por sí, y, ambos en representación de la sociedad mercantil denominada LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., y de los accionistas de la sociedad ASEGURADORA HONDUREÑA, con la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., por medio del señor MAURICIO SAMAYOA, eran éstas personas las que, siendo titulares de los derechos y obligaciones consignadas en los documentos en que se basaba la demanda, podían ejercer válidamente cualquier acción o pretensión derivada del supuesto incumplimiento o cumplimiento de lo consignado en dichos (sic) “contratos” y siendo que según la impetrante no lo hicieron, no ostenta la parte demandante, LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., la (sic) “cualidad necesaria” para ejercer la acción. En cuanto a la segunda excepción, se afirmó por parte de la demandada que la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., no había suscrito los documentos en que se basó la demanda y tampoco tenía el carácter de Representante Legal de la sociedad CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., que fue la entidad que suscribió el acuerdo/documento/contrato referido, estimando por ende la incidentista la procedencia de la excepción planteada. CONSIDERANDO (4): Que la decisión con relación a las excepciones planteadas fue tomada por el Juez A-quo en la ya enunciada sentencia interlocutoria de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, en la que determinó declarar sin lugar las mismas, estableciendo el juzgador entre sus apreciaciones que ambas excepciones carecían de (sic) “validez legal”, siendo que se referían a (sic) “aspectos de fondo del juicio o a la falta de acción para demandar, al hacer referencia a la suscripción o no suscripción de los demandados de los documentos acreditados por el demandante”. No obstante este criterio esgrimido por el A-quo, también sostiene en su fallo[2], que la excepción de Falta de Personalidad no es una cuestión de fondo sino que trata sobre la capacidad, acción o postulación para poder entablar una demanda. Con ello, según observa esta Sala, el A-Quo pareciera determinar que las excepciones de falta de personalidad y la de falta de representación legal que contemplaba el Código de Procedimiento de 1906[3], eran equivalentes, es decir que se aplicaban o debían entenderse de manera indistinta una de otra, situación que fue advertida y denunciada como agravio por el recurrente, como veremos más adelante. CONSIDERANDO (5): Que la parte demandada recurrió la decisión del A-Quo por vía de apelación y el recurso fue decidido por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL de este departamento de Francisco Morazán, mediante fallo dictado en fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, resolución que como sabemos, es objeto del recurso de amparo que hoy se conoce. Incidentalmente en el trámite de ley, no hubo respuesta del demandante/apelado a los agravios expuestos por la demandada/apelante, no obstante haberse personado en el trámite. Al emitir su sentencia, la referida Alzada estimó la confirmatoria de la interlocutoria apelada, estableciendo inter alia en su fallo, las siguientes apreciaciones: 1) Con respecto a la excepción de falta de representación legal del demandante, se aplicó por parte de la Alzada, lo establecido en el Código de Comercio con respecto a la figura de la “representación aparente”, misma que, atendiendo a la documentación allegada al trámite de la excepción de mérito, determina, según la Alzada, que las personas firmantes del acuerdo objeto de la demanda, lo han hecho en nombre y representación de la sociedad mercantil denominada LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., que es la persona demandante en el proceso; y, 2) Con respecto a la excepción de falta de representación legal del demandado, la Alzada expuso que si bien quedó demostrado en el proceso que el convenio de entendimiento en el que se basa la demanda de mérito fue suscrito por la CORPORACIÓN UBC, INTERNACIONAL, S.A., siendo la parte demandada la sociedad mercantil BANCO CITIBANK, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., (sic) “no cabe duda alguna que dicho convenio preparatorio de una transacción posterior ha sido realizado en y para beneficio de la sociedad BANCO CUSCATLÁN, S.A., ahora BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., y éste ha consentido tal acuerdo, ya que obra en autos suficiente documentación que refleja su asentimiento expreso a tal propósito de adquisición de activos y pasivos de la CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A.”. CONSIDERANDO (6): Que la acción de amparo objeto del presente trámite fue formalizada por el recurrente, Abogado MARCO SAID BARAHONA SALGADO, en trece de enero del presente año, estableciendo que la resolución emitida por la Alzada se estimaba violatoria de derechos constitucionales, en especifico, el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, en perjuicio de su representada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. El quejoso sostuvo que la decisión del Tribunal de Apelación transgredió la garantía del debido proceso porque llevó a efecto una interpretación y aplicación de la ley en forma (sic) “irracional y arbitraria”, en primer término porque la sentencia recurrida interpreta erróneamente los artículos 356 y 358 del Código de Comercio, a los cuales la referida Corte recurre, según afirma el impetrante, para pronunciase sobre aspectos que no fueron objeto del (sic) “debate con motivo del recurso de apelación interpuesto”, emitiendo un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia de manera anticipada, lo que estima indebido e incluso violatorio del principio non reformatio in peius o prohibición de reforma en perjuicio y del derecho de defensa, al considerar que la Alzada dejó sentado que BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., podrá ser demandado por las obligaciones contractuales asumidas por CORPORACIÓN UBC, INTERNACIONAL, S.A., que se afirma que es una persona jurídica distinta y además que no existe contrato o convenio que faculte a la demandada para ostentar la representación de esa sociedad mercantil. CONSIDERANDO (7): Que se estima además violatoria de la garantía del debido proceso la resolución de Alzada, porque según el impetrante, en ésta se omitió pronunciamiento sobre el agravio que afirmó le causaba la resolución del A-Quo referente a que éste fundó su fallo en supuestos procesales relacionados a las excepciones de falta de personalidad del demandante y demandado, que no fueron las que interpuso al momento de la contestación de la demanda, por lo que acusa a la sentencia de ser incongruente, pues se considera que este punto es (sic) “esencial e ineludible”. CONSIDERANDO (8): Que con respecto a la excepción de falta de representación legal del demandado, el quejoso expone que dicha excepción debió ser admitida y que su denegatoria es violatoria de los derechos ya antes relacionados porque su representada es una sociedad distinta a la que firmó los (sic) “contratos” que originan la controversia que nos ocupa, con lo cual, no obstante que la Alzada reconoce que se trata de una sociedad distinta, determina en su fallo que la excepción no es procedente porque la demandada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., se benefició del convenio antes mencionado, haciendo de lado el hecho, según increpa el quejoso, que este convenio, como fuente generadora de derechos y obligaciones, tiene fuerza de ley únicamente entre las partes que lo suscribieron, con lo cual se acusa a la sentencia de mérito de dejar en indefensión a la parte demandada desde el momento en el que el Juez A-quo por un lado establece que no entra a la valoración de los documentos que conforman la base para la demanda, porque es un análisis de fondo y por la otra, la Alzada declara que de los referidos documentos se demuestra que la demandada se benefició del acuerdo establecido en los mismos, que es lo que el recurrente entiende como una reforma en perjuicio. CONSIDERANDO (9): Que a las excepciones dilatorias establecidas en el Artículo 286 del Código de Procedimientos de 1906, se les definía en sentido amplio como toda defensa que el demandado oponía antes de la contestación a la demanda, a modo de artículo de previo y especial pronunciamiento y, como tal, su efecto era el de dilatar la entrada en el juicio. Con respecto a la falta de personalidad, como nos recuerda el jurista hondureño TITO LIVIO TÁBORA[4], ésta se contraía a la falta de aptitud para postular, esto es, para comparecer en juicio y que en doctrina se denomina falta de capacidad procesal. Por tanto, nos advierte, no debe confundirse la capacidad procesal con la capacidad para ser parte. Toda persona desde que nace tiene capacidad para ser parte, aunque no tenga capacidad para comparecer en juicio. En cuanto a la falta de representación legal, el jurista hondureño concluye que carecerá en la representación legal de otro, el demandante que comparezca en juicio sin acreditar el carácter con que comparece y en el caso de la excepción de Falta de personalidad o representación legal del demandado o de su Procurador, el tratadista hondureño nos ilustra afirmando que aunque no es frecuente, puede faltar esta personalidad en el demandado, sea por sí o como representante legal de otro, o como Procurador. Si se le ha demandado en representación de otro, podrá oponer la excepción alegando esa falta de representación. En tales casos, el emplazamiento habrá de repetirse con la persona llamada a suplir la falta de personalidad. CONSIDERANDO (10): Que ha estimado meritorio esta Sala traer a colación estas reflexiones del maestro LIVIO TÁBORA, porque con frecuencia en el foro nacional, en el ámbito de aplicación del Código de Procedimientos de 1906, se equiparaban estas excepciones dilatorias de falta de personalidad y falta de representación legal en el demandante o demandado, entendiéndolas como una sola, ello debido quizás a que el legislador las incluyó en el mismo acápite, utilizando la preposición “o” entre ellas, como si se tratara de la misma excepción, es decir que la una equivalía a la otra. En esencia, como sabemos, la falta de personalidad, efectivamente atañe a la capacidad para ser parte y a la capacidad procesal, como lo refería el catedrático hondureño; criterio que coincide con el externado por el jurista español JUAN MONTERO AROCA[5], quien señala que la excepción se remite al principio de que sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, principio que a su vez recogía el antiguo Código de Procedimientos en su artículo 2º. Dicho lo anterior, si bien pareciera juicioso el reclamo del recurrente en cuanto a que el A-Quo trató como equivalentes las excepciones apuntadas, circunstancia que según señaló, no fue advertida o corregida por el Ad-Quem, teniendo como consecuencia una supuesta incongruencia en el fallo recurrido, también es oportuno acotar que en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil Española, en la que se basó clara y ampliamente el antiguo Código de Procedimientos de 1906, se establecía como excepción la falta de personalidad en el demandado por no tener la representación con que se le demandaba, esto, considerado como un error también en la jurisprudencia de aquél país[6], conlleva a que ha sido el lenguaje de nuestro legislador el que ha favorecido esta imprecisión y aparente fusión de dos términos que guardan una íntima relación, pero que no resultan ser del todo equivalentes, si bien inclusive así ha sido entendido aún en la antigua jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, por consiguiente, no se podría considerar esta circunstancia por sí sola como una violación a la garantía del debido proceso, pues no alcanza la sentencia impugnada, que es la de la Alzada, a resultar incongruente, toda vez que el Ad-Quem sí hace referencia expresa a las excepciones apuntadas, cuyo análisis de procedencia es precisamente la cuestión de fondo en el recurso que nos ocupa. CONSIDERANDO (11): Que en lo referente a la representación legal, diremos que ésta, conforme la legislación adjetiva aplicable al caso, debía ser acreditada de modo previo, razón por la que se exigía que con la demanda se acompañara la documentación requerida para este efecto. Como excepción procesal, la falta de representación atañe al representante o a su representación, es decir que por ella se cuestiona la potestad de comparecer al juicio por otro[7]. En este sentido, pareciera lógico afirmar que lo que se cuestiona en la excepción es la falta de acreditación de la representación, es decir que quien demanda o es demandado, no ostenta tal representación y se le increpa para que lo acredite debidamente. En el caso objeto de examen, se ha sostenido en el trámite por el quejoso, que la excepción de falta de representación legal del demandante parte del hecho que solamente los suscriptores del documento en el que se funda el reclamo judicial podían ejercer acción para demandar; bajo este supuesto, haciendo a un lado el hecho que la falta de acción para demandar y la falta de representación son cuestiones distintas, diremos que según la parte demandada, solo podían comparecer en juicio los señores JOSÉ MARÍA AGURCIA, LIZZETH FASQUELLE VIUDA DE AGURCIA, JOHNNY KAFATI, SALOMÓN KAFATI, los accionistas de la sociedad ASEGURADORA HONDUREÑA, S.A. y la sociedad mercantil LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., así como la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN UBC INTERNATIONAL, S.A., que fue representada en el documento por el señor MAURICIO SAMAYOA. Al respecto, resulta evidente para esta Sala que las alegaciones del impetrante, en cuanto a la procedencia de esta excepción y consecuentemente la violación al debido proceso derivado de su desestimación, resultan enteramente infundadas, puesto que claramente, la sociedad mercantil LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., compareció en juicio por medio de su apoderado judicial, abogado PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS, quien ostentaba al momento de la presentación de la demanda, poder otorgado por el representante legal de la referida sociedad mercantil, en la persona del señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE, acreditada tal condición en forma debida, con la documentación adjunta; todo lo cual resulta consecuente con lo establecido por el Artículo 2 del Código de Procedimientos de 1906 en el sentido que tratándose de las corporaciones, sociedades y demás entidades jurídicas, comparecerán las personas que legalmente las representen, que se relaciona con lo estipulado por el Artículo 209 del Código de Comercio en cuanto a que le corresponde a la Junta Directiva, que actúa por medio de su Presidente, la representación de la sociedad anónima. En tal virtud, se puede afirmar que esta sociedad mercantil no ha pretendido comparecer en juicio en representación de ninguna de las personas anteriormente mencionadas, que suscribieron el documento referido y tampoco se ha adjudicado tal representación. Como persona jurídica, la sociedad mercantil LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., tenía capacidad para comparecer en el juicio que nos ocupa, y el Procurador que ha comparecido ostentaba su representación, pudiendo por ende ejercer válidamente cualquier acción o pretensión ante la autoridad jurisdiccional competente. Con lo cual, no se advierte violación alguna por parte de la Alzada en cuanto a este punto se refiere, no obstante que esta Sala discrepa de la aplicación que ha hecho la Alzada de los Artículos 356 y 358 del Código de Comercio, que efectivamente se refieren como bien apunta el recurrente, a los auxiliares y dependientes de la empresa mercantil, en específico a la figura de los factores, que son dependientes mercantiles con amplios poderes para actuar por cuenta del comerciante y a quienes puede corresponder la dirección de alguna empresa[8], cuestión que no parece guardar relación con la excepción procesal de la cual emitió pronunciamiento la Alzada en el fallo. CONSIDERANDO (12): Que es oportuno señalar en la presente sentencia, dada la temática tratada y a manera de ilustración, algunas apreciaciones sobre la legitimación procesal, la cual es atinente a que, por regla general, en un juicio serán partes legítimas quienes comparezcan y actúen como titulares de la relación jurídica u objeto del litigio. En el tema de la legitimación, la doctrina moderna ha distinguido entre la llamada legitimatio ad processum y la legitimatio ad causam. Siendo preciso cuando se habla de la legitimación, hacer referencia a la distinción existente entre la falta de personalidad y la falta de acción, comprendiendo la primera las cualidades necesarias para comparecer en juicio (capacidad para ser parte y capacidad procesal) que integra, para todo tipo de proceso un verdadero presupuesto procesal (conocido como legitimatio ad processum) y consistiendo la segunda (legitimatio ad causam) en ostentar la titularidad de la relación jurídico material invocada por el demandante en el proceso concreto de que se trate[9]. La discusión sobre la falta de legitimación ad causam, que equivale a la falta de acción, (una ponderación que en el presente caso ha hecho el Juez A-Quo en su fallo), se considera en general como una excepción de carácter sustantivo, puesto que incumbe a la condición de un sujeto jurídico de hallarse dentro de una situación jurídica determinada, mientras que la legitimación ad processum, concierne a la falta de capacidad procesal o la falta de capacidad para ser parte. CONSIDERANDO (13): Que habiendo dicho lo anterior, resta establecer si la sentencia de la Alzada ha transgredido la garantía del debido proceso y el derecho de defensa al momento de desestimar la excepción de falta de representación legal del demandado, pues ya esta Sala se ha pronunciado sobre las otras alegaciones del recurrente con respecto a la primera excepción alegada por el mismo. Siendo así, diremos que en principio, podría estimarse que la determinación de la titularidad de la obligación en el presente caso, podría apreciarse como una cuestión de fondo y que lo que se alega por parte del quejoso ante la instancia ordinaria, en la forma de una excepción de falta de representación legal del demandado, es precisamente si BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., puede o no ser obligada a responder por un alegado incumplimiento de contrato que le ha sido atribuido. Resulta evidente para esta Sala, y ello no es una cuestión que ha sido controvertida en el trámite, que efectivamente la demandada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., no suscribió el acuerdo o acuerdos en los que se funda la demanda, es decir el acuerdo, documento o contrato cuyo incumplimiento se denunció por parte de la demandante en la acción que ha ejercido. También es un hecho, que tampoco es objeto de controversia, que quien suscribió tales acuerdos fue la sociedad mercantil CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., a través de su Presidente, el señor MAURICIO SAMAYOA R. Siendo así, si bien no se advierte del cuerpo de la demanda que el demandante atribuya expresamente la representación legal de CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., a BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., sí parece estimar que ésta actúa por cuenta de aquella y que por ende la demandada debe responder por el alegado incumplimiento del acuerdo de mérito, considerando que demandar a CITIBANK DE HONDURAS, S.A., equivale a demandar a CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., a pesar de tratarse de personas jurídicas distintas. Por otro lado, tampoco resulta establecido de los argumentos de la demanda que CITIBANK DE HONDURAS S.A., es responsable del incumplimiento que se demanda por haberse beneficiado de la suscripción del contrato/acuerdo, como ha señalado la Alzada en su fallo, sino que se infiere de la misma que CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., se obligó a cumplir con el acuerdo o los acuerdos en los que se funda la demanda y es aquí donde la falta de legitimación en la persona del demandado parece ser asequible, puesto que como ya se dijo, CITIBANK DE HONDURAS, S.A., no sólo no ha firmado el acuerdo objeto de la demanda, sino que además es una persona distinta de CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A. y como tal, no podría estar sujeta de ser demandada a cuenta de actos ejercidos por ésta última, como se ha pretendido, si bien en forma implícita mediante la acción ordinaria que se ha ejercido en su contra. CONSIDERANDO (14): Que en línea con lo descrito, la apreciación de la Alzada, en cuanto a que la demandada debe responder a la demanda porque se benefició del acuerdo referido, no tiene lugar en la decisión de la excepción planteada, no solamente porque este punto no ha sido objeto de pronunciamiento por las partes mismas, sino que además, no guarda relación con la excepción que se opuso y tampoco ha sido así alegado por la demandante. Esta valoración, que no se apoya más que en una deducción muy propia del Ad-Quem, ciertamente no cabría para efectos de emitir pronunciamiento con respecto a la excepción opuesta en el trámite y en tal virtud, alcanza a transgredir los derechos del agraviado en el caso que nos ocupa. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia en cuanto a que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta el deber de respetar las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan; consecuentemente toda omisión a este deber de asegurar éstos derechos fundamentales constituye una vulneración de los mismos por parte de los órganos jurisdiccionales competentes. En este sentido, se estima que la decisión del Ad-Quem, objeto del presente recurso, ha vulnerado en perjuicio del recurrente las normas esenciales del proceso, al pretender que la sociedad demandada CITIBANK DE HONDURAS, S.A., sea conminada a responder de un proceso que se funda en el alegado incumplimiento de un contrato en el cual tuvo participación la sociedad CORPORACIÓN UBC, INTERNACIONAL, S.A., que es una persona jurídica distinta y de la cual no ostenta su representación para comparecer en el juicio. Adicionalmente, la referida Alzada ha soslayado el derecho a la tutela judicial efectiva, al estimar de manera anticipada que la sociedad demandada se benefició del acuerdo que dio lugar a la acción de mérito, determinación que ha sido apoyada en una deducción subjetiva del Ad-Quem, lo que la vuelve impropia y desproporcionada en esta etapa inicial del trámite de la demanda. CONSIDERANDO (16): Que de todo lo anteriormente relacionado esta Sala concluye que la decisión del Ad-quem, ha provocando la vulneración al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso por los motivos que han sido ya establecidos en el presente fallo, por lo que esta Sala de lo Constitucional es del criterio porque se OTORGUE la garantía de Amparo de que se hace mérito EN FORMA PARCIAL, en el sentido que debe estimarse la procedencia de la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado, por las razones que se dejan aquí establecidas, debiendo denegarse en lo atinente a la procedencia de la excepción de falta de representación legal del demandante, toda vez que la sociedad demandante LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S. A, ostenta capacidad para comparecer en el juicio que nos ocupa, lo cual ha hecho de conformidad a la ley y mediante su apoderado, debidamente facultado para ello. Dejando a salvo su derecho de ejercer las acciones que estime oportunas de conformidad con la ley. POR TANTO: La Sala de lo Constituciona1 de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República; oído e1 parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo ap1icación de 1os artícu1os 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5ª y 316 de la Constitución de la República; 1º. y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de 1os Tribuna1es; 2, 286 del Código de Procedimientos de 1906; 208, 209, 355 y 356 del Código de Comercio; FALLA: OTORGANDO EN FORMA PARCIAL e1 Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito en el sentido que debe estimarse la procedencia de la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado, por las razones que se dejan aquí establecidas; Y MANDA: Que se devue1van 1os antecedentes a1 Tribunal de su procedencia para 1os efectos legales consiguientes. Redactó e1 Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número 1191-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DELO CONSTITUCIONAL.
LMPL
FICHA
JURISPRUDENCIAL
Sala Constitucional
Honduras, C. A.
Nº EXPEDIENTE Y FECHA DEL FALLO:
1191=2014 fecha de resolución 13 de enero de 2016.
TIPO DE ACCION:
Amparo Civil
DESCRIPCIÓN:
RECURRENTE: Marcio Said Barahona
AGRAVIADO: Banco Citi Bank de Honduras S.A.
AUTORIDAD RECURRIDA: Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán.
ACTO RECLAMADO: Sentencia Interlocutoria de fecha 24 de julio de 2014, en relación a la demanda ordinaria de incumplimiento de contrato promovida por la sociedad mercantil denominada La Constancia Asociación de Ahorro y Préstamo, ahora denominada La Constancia Inmobiliaria, S.A., contra la sociedad mercantil Banco Citi Bank de Honduras, S.A.
PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO POR EL RECURRENTE:
Manifiesta el recurrente que la sentencia recurrida al confirmar la sentencia de primera instancia hizo suya la referida sentencia, aduciendo en la misma consideraciones que fueron objeto de apelación, pronunciándose sobre puntos distintos a apelación, que no fueron objeto en la sentencia de primera instancia y no pudieron ser rebatidos en la expresión de agravios, por lo que considera que viola el debido proceso contenida en el art. 90 Constitucional y el derecho de defensa.
PROBLEMA JURÍDICO RECONOCIDO POR LA SALA (Thema decidendi):
El acto reclamado en amparo surge en el trámite de una demanda ordinaria por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente. En el referido juicio se dictó por parte del Juez A-Quo, una sentencia interlocutoria mediante la cual se desestimaron dos excepciones dilatorias promovidas por la parte demandada; ambas excepciones se referían a una alegada falta de representación legal tanto del demandante como del demandado. En cuanto a la primera excepción, se alegó por parte de la demandada, que dado que el documento en el que se fundaba la demanda, fue suscrito por los señores JOSÉ MARÍA AGURCIA, por sí y en representación de la señora LIZZETH FASQUELLE VIUDA DE AGURCIA y por el señor JOHNNY KAFATI por sí y SALOMÓN KAFATI, por sí, y, ambos en representación de la sociedad mercantil denominada LA CONSTANCIA, ASOCIACIÓN DE AHORRO Y PRÉSTAMO, S.A., y de los accionistas de la sociedad ASEGURADORA HONDUREÑA, con la sociedad mercantil denominada CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., por medio del señor MAURICIO SAMAYOA, eran éstas personas las que, siendo titulares de los derechos y obligaciones consignadas en los documentos en que se basaba la demanda, podían ejercer válidamente cualquier acción o pretensión derivada del supuesto incumplimiento o cumplimiento de lo consignado en dichos (sic) “contratos” y siendo que según la impetrante no lo hicieron, no ostenta la parte demandante, la (sic) “cualidad necesaria” para ejercer la acción. En cuanto a la segunda excepción, se afirmó por parte de la demandada que la sociedad mercantil denominada BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A., antes BANCO CUSCATLÁN, S.A., no había suscrito los documentos en que se basó la demanda y tampoco tenía el carácter de Representante Legal de la sociedad CORPORACIÓN UBC INTERNACIONAL, S.A., que fue la entidad que suscribió el acuerdo/documento/contrato referido, estimando por ende la incidentista la procedencia de la excepción planteada.
RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):
En forma reiterada se ha pronunciado la Sala en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia en cuanto a que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta el deber de respetar las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan; consecuentemente toda omisión a este deber de asegurar éstos derechos fundamentales constituye una vulneración de estos derechos por parte de los órganos jurisdiccionales competentes. En este sentido, se estima que la decisión del Ad-Quem, objeto del presente recurso, ha vulnerado en perjuicio del recurrente las normas esenciales del proceso, al pretender que la sociedad demandada CITIBANK DE HONDURAS, S.A., sea conminada a responder de un proceso que se funda en el alegado incumplimiento de un contrato en el cual tuvo participación la sociedad CORPORACIÓN UBC, INTERNACIONAL, S.A., que es una persona jurídica distinta y de la cual no ostenta su representación para comparecer en el juicio. Adicionalmente, la referida Alzada ha soslayado el derecho a la tutela judicial efectiva, al estimar de manera anticipada que la sociedad demandada se benefició del acuerdo que dio lugar a la acción de mérito, determinación que ha sido apoyada en una deducción subjetiva del Ad-Quem, lo que la vuelve impropia y desproporcionada en esta etapa inicial del trámite de la demanda. DEBE OTORGARSE la garantía de Amparo de que se hace mérito EN FORMA PARCIAL, en el sentido que debe estimarse la procedencia de la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado, por las razones que se dejan aquí establecidas, debiendo denegarse en lo atinente a la procedencia de la excepción de falta de representación legal del demandante, toda vez que la sociedad demandada ostenta capacidad para comparecer en el juicio que nos ocupa, lo cual ha hecho de conformidad a la ley y mediante su apoderado, debidamente facultado para ello.
DECISIÓN (decisum):
OTORGANDO EN FORMA PARCIAL e1 Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito en el sentido que debe estimarse la procedencia de la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado.
LINEA JURISPRUDENCIAL:
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO- CAPACIDAD LEGAL PARA COMPARECER EN JUICIO: Al estimar la Sala que se vulnera el debido proceso, al pretender el órgano jurisdiccional que una persona jurídica sea conminada a responder de un proceso que se funda en el incumplimiento de un contrato en el cual tuvo participación una persona jurídica distinta y de la cual la sociedad demandada no ostentaba su representación para comparecer en juicio.
ARTÍCULOS COMENTADOS:
Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; Artículos 208, 209, 355, 356 y 358 del Código de Comercio y Artículo 286 del Código de Procedimientos de 1906.
L. Paz.
[1] En el trámite de la demanda el documento es referido por la demandante como un “acuerdo” o “memorando de entendimiento”. Por parte de la demandada se lo refiere como un “acuerdo no vinculante” y en ocasión “contrato”.
[2] “Considerando” (08) de la sentencia
[3] “Artículo 286.- Sólo son admisibles como excepciones dilatorias: 1….2.- La falta de personalidad o representación legal del demandante o de su Procurador; 3.- La falta de personalidad o representación legal del demandado de su Procurador…..”
[4] Código de Procedimientos: Juicio Ordinario. Tito Livio Tábora.
[5] Cuadernos de Derecho Judicial. Excepciones Procesales. Personalidad y Legitimación.
[6] Como lo establece también el catedrático español Juan Montero Aroca en sus apuntes sobre la Personalidad y Legitimación, en la obra ya citada: Cuadernos de Derecho Judicial. Excepciones Procesales (pags.16-15)
[7] Gutiérrez de Cabiedes es citado por Guillermo de Brocá y Arturo Majada en su obra PRÀCTICA PROCESAL CIVIL TOMO II Apartado 17. Juicio de Mayor Cuantía (pag.978).
[8] Joaquín Rodriguez Rodriguez. Curso de Derecho Mercantil.
[9] Fernando Gómez Liaño Gonzáles y Rosa Gómez Liaño Diego. Ley de Enjuiciamiento Civil. Notas y Doctrina de Tribunales.