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Sentencia AC-1184-15 — Registro 6017

Resumen

La Resolución recurrida violenta el debido proceso ya que se fundamenta en supuestas instrucciones dictadas por la Sala Constitucional en el sentido de entender que se mantenga y que se le dé efectividad al auto definitivo de primera instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Por todo ello, de acuerdo al estudio de la resolución impugnada esta Sala encuentra que el Ad-Quem ha dictado una resolución conforme a derecho, sencillamente a dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil quince (2015), recaída en el expediente AC 0378-2015, (según certificación de sentencia que corre a folios diecinueve (19) al veinticinco (25) de la pieza de amparo); todo ello de acuerdo a las exigencias de la ley, para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva de las partes en conflicto."

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS, a favor de la Sociedad denominada SOCIEDAD CRISTIANA VIDA NUEVA, S. DE R.L DE C.V, contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha uno (1) de diciembre el año dos mil quince (2015), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha trece (13) de mayo del año dos mil catorce (2014), con relación a la demanda de rendición de cuentas promovida por los señores ANA LUISA ALVARDO MEJIA y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO, contra la Sociedad Mercantil denominada “SOCIEDAD CRISTIANA VIDA NUEVA S. DE R.L DE C.V, Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos (2) de agosto del año dos mil doce (2012), compareció ante Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el abogado KELVIN WILFREDO VASQUEZ HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderado de los señores ANA LUISA ALVARADO MEJIA y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA, Solicitando Rendición de Cuentas de la Administración de una Sociedad.- (Folios uno (01) al dos (02) de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce el referido Juzgado, dictó Sentencia en la cual “Falló: Estimando la demanda de rendición de cuentas de la Administración de la Sociedad Cristiana Nueva Vida de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en consecuencia ordenó a la misma a través de su representante y demás miembros socios de la administración de la sociedad, procedieran hacer la rendición de cuentas de la administración de la Sociedad bajo apercibimiento de ser requeridos mediante la ejecución de la resolución. (Folios 42 al 45 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que la Abogada MARCELA IRAHETA MORALES, actuando en su condición de Apoderada Judicial de los señores Ana Luisa y Roberto Enrique ambos de apellidos Alvarado Mejía, solicitó a través de la Vía de Apremio se iniciara ejecución de cantidades dinerarias derivados de un titulo Judicial, resolviendo el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortes, dicha solicitud en fecha diecisiete de diciembre del dos mil trece, en la cual señalo un termino de quince días al acreedor para que presentara la liquidación y que una vez presentada la misma el demandado o deudor hiciera los reparos que considerara justos. (Folios 261 al 263 y 264 al 265 de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que una vez presentada la liquidación, formulados los reparos correspondientes y habiéndose efectuado la respectiva audiencia en fecha trece (13) de mayo del año dos mil catorce (2014), el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, dictó resolución mediante la cual: RESUELVE: I.- No estimar las observaciones y reparos hechas valer por la parte demandada en el juicio de rendición de cuentas promovida por el Abogado Kevin Wilfredo Vasquez Hernández, en su condición de representante procesal de los señores Ana Luisa Alvarado mejía y Roberto Enrique Alvarado Mejía, contra la sociedad Cristiana Nueva Vida Sociedad de Responsabilidad Limitada con Capital variable, representada legalmente por el señor José Abraham Alvarado Medina II.- Se aprueba la liquidación de utilidades hechas por la parte acreedora en el juicio de rendición de cuentas por la cantidad de veintiséis Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras con Cincuenta y Cinco Centavos, monto este que desglosado consiste en la prueba de liquidación por Diecinueve Millones Seiscientos Catorce Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Lempiras con Cincuenta Y Cinco Centavos, en concepto de utilidades reales dejadas de percibir de las ventas de los inmuebles, según avalúos practicados y la cantidad de Siete Millones Ciento veintiocho Mil Lempiras, en concepto de utilidades equivalentes dejadas de percibir en rentas de edificios ubicados en las mesetas, ahora propiedad de inversiones Alianza S.A de C.V III.- Según lo preceptuado en el artículo 757, apartado numero dos (2),se condena a la parte demandada a la cantidad de Seis Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta Lempiras con ochenta y nueve centavos, con la finalidad de garantizar el pago de los intereses devengados y las costas que se ocasiones durante la ejecución del presente titulo judicial en el proceso IV.- Se ordena tener por liquidadas las utilidades a ejecutar en la cantidad liquida ya determinada en los numerales en romanos dos y tres, procediéndose a su ejecución en la forma iniciada por el acreedor y de acuerdo las obligaciones dinerarias con titulo judicial, dictándose el presente mandamiento de ejecución, contra la Sociedad mercantil Sociedad Cristiana Nueva Vida Sociedad de responsabilidad limitada con capital variable, representada legalmente por el señor José Abraham Alvarado Medina…” (Folios 359 al 364 de la primera pieza de antecedentes). 5) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ, la Corte de Apelaciones de Civil de San Pedro Sula del Departamento de Cortes, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil quince (2015), dicto sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OMAR ANTONIO CHAVEZ GARCIA, en su condición de apoderado judicial de la sociedad CRISTIANA NUEVA VIDA S. de R.L de C.V contra el auto Definitivo de fecha trece de mayo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, esta Sección Judicial, en la Demanda de Rendición de Cuentas promovida por parte de los señores ANA LUISA ALVARADO MEJIA y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA, interpuesta en contra de la Sociedad CRISTIANA NUEVA VIDA S de R.L de C.V.- SEGUNDO: CONFIRMAR el Auto Definitivo de fecha trece de mayo del año dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula , departamento de Cortes, esta Sección Judicial venido en apelación.- TERCERO: SIN COSTAS…” . (Folios 94 al 96 de la segunda pieza de antecedentes). 6) Que el recurrente Abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de diciembre del año dos mil quince, reclamando amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada SOCIEDAD CRISTIANA VIDA NUEVA S. DE R.L DE C.V, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil quince (2015), que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016). 7) Que en fecha cinco (5) de abril del año dos mil dieciséis (2016), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 90 Y 321 de la Constitución de la República. (Pagina 55 a la 63 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha uno de diciembre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés mediante la cual Falla que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL de San Pedro Sula, Cortés, con relación a la demanda de Rendición de Cuentas promovida por los señores ANA LUISA ALVARADO MEJIA Y ROBERTO ENRIQUE ALVARADO MEJIA contra la sociedad Mercantil denominada “SOCIEDAD CRISTIANA VIDA NUEVA, S. DE R.L. DE C.V.”. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, al formalizar su recurso expone una relación de todos los momentos procesales desde que inició la demanda de RENDICION DE CUENTAS en contra de su representada. Deja establecido el impetrante que en fecha 14 de octubre del año 2015 ésta Sala de lo Constitucional otorgó AMPARO a la parte demandante en el que hizo el siguiente señalamiento: “….Debiendo mantenerse y dársele efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el auto definitivo de fecha trece de mayo del año dos mil catorce (2014) dictado por el A-quo”. Sigue diciendo el recurrente que “conociendo de nuevo la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula del proceso de rendición de cuentas procedió a dictar sentencia en fecha uno de diciembre del presente año confirmando el auto definitivo dictado por el Juzgado de primera instancia, fundamentando dicha resolución en supuestas instrucciones dictadas por la Sala Constitucional en el sentido de entender que mantener y dársele efectivo cumplimiento al auto definitivo de fecha trece de mayo del dos mil catorce dictado por el A-Quo era procedente confirmar la sentencia venida en apelación. El impetrante considera que la resolución impugnada quebranta los derechos o garantías constitucionales contenidos en los artículos 90 en relación con el artículo 64 de la Constitución de la República relativas al Debido Proceso, y a la prohibición de leyes, disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y el Derecho de Defensa contenido en el artículo 82 de la Carta Magna. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem en su resolución señala los antecedentes procesales, así como los recursos que las partes han invocado, señalando de manera puntual el razonamiento lógico seguido por la Sala de lo Constitucional cuando dictó el fallo mediante el cual se otorga el AMPARO invocado por la parte demandante, refiriendo que esta Sala de lo Constitucional en fecha catorce de octubre del año dos mil quince otorgó Amparo, y ordena al Tribunal Ad-Quem que deberá mantenerse y dársele efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el auto definitivo de fecha trece de mayo del año dos mil catorce dictado por el A-Quo. Para tal efecto, dictó resolución en fiel cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente invoca como vulnerados el Derecho al debido Proceso, entendido el Debido Proceso adjetivo o formal como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial efectiva contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Todo ello en aplicación a la ley previamente establecida y que debe aplicarse al caso concreto, materializando de esta manera el principio de legalidad inherente al Debido Proceso y a la tutela judicial efectiva. Por todo ello, de acuerdo al estudio de la resolución impugnada esta Sala encuentra que el Ad-Quem ha dictado una resolución conforme a derecho, sencillamente a dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil quince (2015), recaída en el expediente AC 0378-2015, (según certificación de sentencia que corre a folios diecinueve (19) al veinticinco (25) de la pieza de amparo); todo ello de acuerdo a las exigencias de la ley, para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva de las partes en conflicto. CONSIDERANDO (7): Que el artículo 82 Constitucional establece que el derecho de defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Del estudio de la foliada esta Sala aprecia que el Derecho de Defensa del recurrente se ha garantizado a lo largo del proceso, por cuanto ha intervenido en el mismo y ha tenido derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, en consecuencia su derecho no se ha visto restringido o limitado en ninguno de los momentos procesales, por lo que No se considera vulnerado el Derecho a la Defensa, antes bien debe observarse que las partes le deben lealtad a la justicia, en consecuencia la interposición del recurso resulta meramente dilatorio, al desconocer la normativa de la Ley Sobre Justicia Constitucional en cuanto al cumplimiento de las sentencia mediante las cuales se otorga el Amparo y las responsabilidades que recaen sobre aquellos que dejan de cumplir tales fallos. CONSIDERANDO (8): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 63 párrafo penúltimo establece: que “El órgano jurisdiccional al dictar la sentencia tendrá siempre en cuenta, que su finalidad es garantizar al agraviado el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas siempre que sea posible, al estado anterior a su violación. El artículo 65 de la misma Ley “Del cumplimiento inmediato de la Sentencia que concede el Amparo, establece: “Que proferida la sentencia que otorga el amparo, el responsable del agravio deberá cumplirla tan pronto como se le haya puesto en su conocimiento, lo resuelto. Si no lo hiciere, el órgano jurisdiccional remitirá al Ministerio Público certificación de las correspondientes actuaciones para que inicie la acción penal correspondiente”. De acuerdo a la normativa antes citada, es claro que el Ad-Quem, deviene obligado a darle cumplimiento a la sentencia mediante la cual se otorga el amparo tantas veces referido y cuyo cumplimiento prácticamente desencadena la interposición de otro amparo para impedir la ejecución de la sentencia dictada en ese amparo anterior. Vistas tales actuaciones desde una perspectiva constitucional, esta Sala observa que no existe ninguna vulneración a los derechos y garantías invocados por el impetrante. CONSIDERANDO (9): Que de la relación entre la motivación del acto reclamado y los antecedentes que obran en este Tribunal contentivos del recurso de amparo intentado por el hoy recurrente, se aprecia de la certificación que corre agregada de folios diecinueve (19) al veinticinco (25), de la pieza de amparo, que esta Sala en sentencia de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil quince (2015), otorgó el amparo que se registro bajo el número AC 0378-2015, interpuesto por la parte demandante. CONSIDERANDO (10): Que el artículo 46 No.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece la inadmisibilidad de la acción en su numeral dos (2) establece: “contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo”, razón por la cual esta Sala de acuerdo a los antecedentes aprecia una evidente improcedencia en la tramitación del presente asunto al ser el acto reclamado, un efecto directo de una sentencia de amparo dictada por este Tribunal en el recurso de amparo AC 0378-2015, por lo que estima procedente dictar sobreseimiento en el amparo de mérito. CONSIDERANDO (11): Que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, representada por la Abogada SAGRARIO ROSIBLE GUTIERREZ AMLDONADO emitió su Dictamen en fecha dos (04) de abril del año dos mil dieciséis (2016), exponiendo de acuerdo al estudio y apreciación jurídica, que la resolución impugnada dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de San Pedro sula, cortés no contraviene lo dispuesto en las garantías alegadas por el impetrante. En consecuencia es de la opinión porque QUE NO SE OTORGUE la acción de amparo promovida. CONSIDERANDO (12): Que conforme lo dispone el artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo, en consecuencia, siendo que en el presente asunto, el acto reclamado en amparo lo constituye, una resolución dictada directamente para dar cumplimiento a la sentencia dictada por esta Sala de lo constitucional mediante la cual se OTORGA un recurso de amparo; se advierte claramente la causal de inadmisibilidad antes relacionada, por lo que resulta procedente sobreseer la acción de mérito conforme lo establece la Ley. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 11 del Código de ética del Profesional Hondureño del Derecho; 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 42, 45, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS a favor de la sociedad Mercantil denominada SOCIEDAD CRISTIANA VIDA NUEVA, S. DE R.L. DE C.V. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución se archiven las diligencias y se certifique la presente resolución a la autoridad recurrida, procediendo a la devolución de los antecedentes recibidos en su virtud. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA DE LO CONSTITUCIINAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días del mes de agosto de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, recaída en el recurso de amparo civil registrado en este Tribunal con el número 1184-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

LMPL