Sentencia AC-1138-15 — Registro 6195
Resumen
Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrrente contra resolución dictada por Juzgado de primera instancia contentivo a dar cumplimiento de una sentencia que otorgó acción de amparo anteriormente para evacuar un medio de prueba de inspección personal del señor Juez propuesto por demandante en Demanda Ordinaria de pago de daños y perjuicios promovida por Manuel Ivan Fiallos Rodas contra Proyectos agropecuarios S de R L de C V (Prasa S de R L de C V); La Autoridad recurrida consideró que el auto cuya evacuación fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia constituye un amparo sobre amparo, lo que lo hace inadmisible y además lo alegado por la amparista son actos de mera legalidad y no son causantes de violaciones al derecho de defensa, al debido proceso y a la propiedad como expresa la recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la sentencia que se conoce en consulta, es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), que SOBRESEYÓ el recurso interpuesto por la Abogada MARIA ELENA MURILLO DURÓN, a favor de la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), contra la resolución de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor MANUEL IVÁN FIALLOS RODAS; resolución de la jurisdicción constitucional que se funda principalmente en que la acción de amparo se ha derivado contra un objeto procesal previamente dirimido por la Corte Suprema de Justicia en otra acción de amparo, por lo cual se subsume de pleno derecho en el contenido del artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."de la vista a las presentes diligencias se constata que la jurisdicción constitucional en la sentencia que es venida en consulta, hace referencia a un fallo previo emitido por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en la cual se ordena el pronunciamiento de un nuevo fallo por la Alzada, el cual debería seguir el razonamiento plasmado en la motivación de la referida sentencia. De tal concepto, infiere la Corte de Apelaciones, la existencia de la causal de inadmisibilidad que consiste en impetrar la acción de amparo contra otra acción de amparo. Tal argumento no se sigue de las actuales diligencias, puesto que del informe rendido por el Abogado LUIS ENRIQUE MALJIK FLORES en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil quince (2015), no establece motivación concreta según las consideraciones contenidas en el fallo de la justicia constitucional que se tiene por precedente, por lo cual, se desconocen los criterios por los cuales el Juzgador Natural requirió de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) los registros tributarios nacionales de las empresas señaladas en el referido medio de prueba; lo cual desde todo punto de vista resulta indispensable, en aras de lograr una justa y adecuada ponderación entre los derechos de acción, que amparan al peticionario, y la protección a la confidencialidad de los derechos y acciones de las empresas mercantiles establecidas legalmente en Honduras, de conformidad a la ley..."..."lo anteriormente expuesto reviste mayor virtualidad desde la perspectiva del derecho constitucional, en virtud que la sociedad demandada, denominada CARGILL DE HONDURAS S. de R.L., cuya información tributaria se demanda en concepto de medio de prueba es distinta a la sociedad mercantil PROYECTOS AGROPECUARIOS S. de R.L. de C.V. (PRASA S. de R.L. de C.V.); con lo cual adquiere solidez el alegato formulado consistentemente por la parte amparista, en el sentido que su poderdante CARGILL DE HONDURAS S. de R.L., no ha tenido la posibilidad material de interponer recurso ordinario alguno contra el acto contra el cual se recurre en amparo, siendo en consecuencia el ejercicio directo de la acción de amparo la única garantía constitucional que permite se le restituya a la referida sociedad mercantil en el goce de los derechos y garantías que le reconoce la Constitución de la República y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras..."..."del examen de las diligencias se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva, resulta apto para conocerse en el fondo como violatorio de las garantías invocadas, lo que en efecto ocurre en el presente caso, dado que la sentencia venida en consulta de manera errónea identifica el contenido del informe rendido por el Juzgado A-quo a través del Abogado LUIS ENRIQUE MALJIK FLORES en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil quince (2015), con la sentencia de amparo otorgada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en la cual se ordenaba el pronunciamiento de un nuevo fallo por la Alzada, el cual debería seguir el razonamiento plasmado en la motivación de la antes referida sentencia de amparo, lo cual no se sigue de los antecedentes. Por todo lo cual procede otorgar amparo contra la resolución jurisdiccional dictada por el Juzgado A-quo en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil quince (2015), en la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor MANUEL IVÁN FIALLOS RODAS contra la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), con vista a la debida efectividad de la presente garantía jurisdiccional. - Por tanto, procede revocar la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), la cual deberá emitir nuevo fallo otorgando la presente garantía constitucional de amparo, con el mérito que deriva de las presentes diligencias..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del año dos mil dieciséis.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, que SOBRESEE el Recurso de Amparo Presentado por la Abogada MARÍA ELENA MURILLO DURON, a favor de la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L ANTES DENOMINDA ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), contra la resolución de fecha tres de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor MANUEL IVAN FIALLOS RODAS, contra la empresa Proyectos Agropecuarios S. de R.L. de C.V. (PRASA, S. de R.L. de C.V.) .- Estimando la recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 61, 63, 64, 82, 90, 94 y 100 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil quince (2015), el Abogado LUIS ENRIQUE MALJIK FLORES, Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; “Informa: que el auto de fecha tres de septiembre del año dos mil quince, es producto de un expediente identificado con número 0501-2010-7892, en fecha diecinueve de Octubre del año dos mil doce, el apoderado Judicial de la parte demandante, propuso como medio de prueba número catorce “Inspección personal del señor Juez” en las instalaciones físicas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), a los archivos electrónicos y de cualquier tipo, desde el año dos mil siete hasta dicha fecha, declaraciones de impuesto sobre la renta y otros realizadas por la empresa del Grupo CARGILL de Honduras: Alimentos Concentrados S. A. (ALCON), Productos del Norte S.A. (PRONORSA) Embutidos Delicia S. A. (DELICIA S.A)”, medio de prueba que fue admitido por la Juez que conocía las diligencias en aquel momento Abg. Nora Vásquez Calderón, mediante auto de fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, contenido en folio cincuenta (50) de la pieza separada de proporción de prueba de la parte demandante, Seguidamente dicho medio de prueba no puede ser evacuado por razones que desconoce el sucrito en vista de no conocer en aquel momento procesal las diligencias de merito, por lo que la parte que se considera afectada interpuso una acción de amparo en contra de una resolución de fecha treinta y uno de enero del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial, ante la sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la cual otorgó la misma por considerar que se había violentado el derecho de petición y debido proceso, ya que fue del padecer que el medio de prueba número catorce antes citado había sido admitido y no se había podido evacuar en el segundo periodo probatorio, por causas ajenas al recurrente por lo que la solicitud de libramiento de Oficio a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a fin de que informara los extremos que no pudieron constatarse en la inspección solicitada, no era contraria a derecho. Ante dicha estimación de Amparo el suscrito únicamente acató lo ordenado por el superior Jerárquico y libró el oficio referido, no habiéndose podido brindar la información requerida por informar dicha oficina administrativa que únicamente era procedente brindar lo peticionado a través de un reconocimiento o inspección judicial. Seguidamente se intento practicar nuevamente la inspección judicial, sin embargo no fue posible efectuarla en virtud que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) requería los registros tributarios nacionales de las empresas señaladas en el medio de prueba, y por ello una vez obtenidos los mismos y acatando el sentido del amparo concedido supra referido, la resolución de fecha tres de septiembre del año en curso, ordena librar nueva comunicación al Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, a fin de que el señor Juez asociados sus secretario de actuaciones constatara los extremos propuestos en el medio de prueba numero catorce antes detallado”. (Folio cincuenta y cinco (55) frente y vuelto de la pieza de Segunda Instancia).-2) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año mil quince (2015), compareció ante la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de cortes, la Abogada MARÍA ELENA MURILLO DURÓN, interponiendo recurso de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L ANTES DENOMINADA ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), contra la resolución de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictado por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, aduciendo la recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 1, 61, 63, 64, 82, 90, 94 y 100 de la Constitución de la República, en virtud que de admitirse el medio de prueba propuesto por la parte demandante, relativo a las declaraciones de impuesto sobre la renta de su representada, se estaría divulgando información marcada por la ley como de carácter exclusivamente confidencial: “… ya que su divulgación injustificada a terceras personas al tenor de lo dispuesto en el artículo 49 reformado y 61 del Código Tributario, constituye el delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, y el tipificado en el artículo 215 del Código Penal”. (Ver folios uno (01) al siete (07) de la pieza de segunda instancia).-3) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictó sentencia mediante la cual falló: “DECLARANDO SOBRESEER el recurso de Amparo procediendo a Sobreseer el mismo, recurso que fue interpuesto por la Abogada MARÍA ELENA MURILLO DURÓN, a favor de la Sociedad Mercantil denominada CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S DE R.L (ALCON), contra el auto de fecha tres de septiembre del año dos mil quince, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes.- Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución, se remita para consulta la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.- NOTIFÍQUESE”; lo cual tuvo como fundamento de actuaciones la existencia previa de la sentencia de amparo número SCO-0244-2014 dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual otorga la demanda de amparo del señor MANUEL IVÁN FIALLOS RODAS, a favor de si mismo, contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de enero del año dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes; de donde se observa que el auto ahora recurrido, es un auto cuya evacuación fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia, tal y como se ha expuesto; constituyendo prácticamente amparo sobre amparo, lo cual lo hace inadmisible al tenor del artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; observándose además que lo alegado por la amparista recae sobre actos de mera legalidad y no son causantes de violaciones al derecho de defensa, al debido proceso y a la propiedad como expresa la recurrente. (Ver folios ciento uno (101) al ciento dos (102) de la pieza de segunda instancia).-4) Que en fecha tres (3) de diciembre del año dos mil quince (2015), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la acción de amparo tiene como finalidad que una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta, es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), que SOBRESEYÓ el recurso interpuesto por la Abogada MARIA ELENA MURILLO DURÓN, a favor de la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), contra la resolución de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor MANUEL IVÁN FIALLOS RODAS; resolución de la jurisdicción constitucional que se funda principalmente en que la acción de amparo se ha derivado contra un objeto procesal previamente dirimido por la Corte Suprema de Justicia en otra acción de amparo, por lo cual se subsume de pleno derecho en el contenido del artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (3): Que de la vista a las presentes diligencias se constata que la jurisdicción constitucional en la sentencia que es venida en consulta, hace referencia a un fallo previo emitido por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en la cual se ordena el pronunciamiento de un nuevo fallo por la Alzada, el cual debería seguir el razonamiento plasmado en la motivación de la referida sentencia. De tal concepto, infiere la Corte de Apelaciones, la existencia de la causal de inadmisibilidad que consiste en impetrar la acción de amparo contra otra acción de amparo. Tal argumento no se sigue de las actuales diligencias, puesto que del informe rendido por el Abogado LUIS ENRIQUE MALJIK FLORES en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil quince (2015), no establece motivación concreta según las consideraciones contenidas en el fallo de la justicia constitucional que se tiene por precedente, por lo cual, se desconocen los criterios por los cuales el Juzgador Natural requirió de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) los registros tributarios nacionales de las empresas señaladas en el referido medio de prueba; lo cual desde todo punto de vista resulta indispensable, en aras de lograr una justa y adecuada ponderación entre los derechos de acción, que amparan al peticionario, y la protección a la confidencialidad de los derechos y acciones de las empresas mercantiles establecidas legalmente en Honduras, de conformidad a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que lo anteriormente expuesto reviste mayor virtualidad desde la perspectiva del derecho constitucional, en virtud que la sociedad demandada, denominada CARGILL DE HONDURAS S. de R.L., cuya información tributaria se demanda en concepto de medio de prueba es distinta a la sociedad mercantil PROYECTOS AGROPECUARIOS S. de R.L. de C.V. (PRASA S. de R.L. de C.V.); con lo cual adquiere solidez el alegato formulado consistentemente por la parte amparista, en el sentido que su poderdante CARGILL DE HONDURAS S. de R.L., no ha tenido la posibilidad material de interponer recurso ordinario alguno contra el acto contra el cual se recurre en amparo, siendo en consecuencia el ejercicio directo de la acción de amparo la única garantía constitucional que permite se le restituya a la referida sociedad mercantil en el goce de los derechos y garantías que le reconoce la Constitución de la República y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva, resulta apto para conocerse en el fondo como violatorio de las garantías invocadas, lo que en efecto ocurre en el presente caso, dado que la sentencia venida en consulta de manera errónea identifica el contenido del informe rendido por el Juzgado A-quo a través del Abogado LUIS ENRIQUE MALJIK FLORES en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil quince (2015), con la sentencia de amparo otorgada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en la cual se ordenaba el pronunciamiento de un nuevo fallo por la Alzada, el cual debería seguir el razonamiento plasmado en la motivación de la antes referida sentencia de amparo, lo cual no se sigue de los antecedentes. Por todo lo cual procede otorgar amparo contra la resolución jurisdiccional dictada por el Juzgado A-quo en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil quince (2015), en la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor MANUEL IVÁN FIALLOS RODAS contra la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), con vista a la debida efectividad de la presente garantía jurisdiccional. - Por tanto, procede revocar la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), la cual deberá emitir nuevo fallo otorgando la presente garantía constitucional de amparo, con el mérito que deriva de las presentes diligencias.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 No.1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46 numerales
- y 2), 48, 67, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- REVOCANDO la resolución que se conoce en consulta, según dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), misma que sobreseyó el recurso interpuesto por la Abogada MARIA ELENA MURILLO DURÓN, a favor de la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), y; 2.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta , registrado en este Tribunal bajo el número 1138-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del año dos mil dieciséis.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, que SOBRESEE el Recurso de Amparo Presentado por la Abogada MARÍA ELENA MURILLO DURON, a favor de la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L ANTES DENOMINDA ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), contra la resolución de fecha tres de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor MANUEL IVAN FIALLOS RODAS, contra la empresa Proyectos Agropecuarios S. de R.L. de C.V. (PRASA, S. de R.L. de C.V.) .- Estimando la recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 61, 63, 64, 82, 90, 94 y 100 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil quince (2015), el Abogado LUIS ENRIQUE MALJIK FLORES, Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; “Informa: que el auto de fecha tres de septiembre del año dos mil quince, es producto de un expediente identificado con número 0501-2010-7892, en fecha diecinueve de Octubre del año dos mil doce, el apoderado Judicial de la parte demandante, propuso como medio de prueba número catorce “Inspección personal del señor Juez” en las instalaciones físicas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), a los archivos electrónicos y de cualquier tipo, desde el año dos mil siete hasta dicha fecha, declaraciones de impuesto sobre la renta y otros realizadas por la empresa del Grupo CARGILL de Honduras: Alimentos Concentrados S. A. (ALCON), Productos del Norte S.A. (PRONORSA) Embutidos Delicia S. A. (DELICIA S.A)”, medio de prueba que fue admitido por la Juez que conocía las diligencias en aquel momento Abg. Nora Vásquez Calderón, mediante auto de fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, contenido en folio cincuenta (50) de la pieza separada de proporción de prueba de la parte demandante, Seguidamente dicho medio de prueba no puede ser evacuado por razones que desconoce el sucrito en vista de no conocer en aquel momento procesal las diligencias de merito, por lo que la parte que se considera afectada interpuso una acción de amparo en contra de una resolución de fecha treinta y uno de enero del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial, ante la sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la cual otorgó la misma por considerar que se había violentado el derecho de petición y debido proceso, ya que fue del padecer que el medio de prueba número catorce antes citado había sido admitido y no se había podido evacuar en el segundo periodo probatorio, por causas ajenas al recurrente por lo que la solicitud de libramiento de Oficio a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a fin de que informara los extremos que no pudieron constatarse en la inspección solicitada, no era contraria a derecho. Ante dicha estimación de Amparo el suscrito únicamente acató lo ordenado por el superior Jerárquico y libró el oficio referido, no habiéndose podido brindar la información requerida por informar dicha oficina administrativa que únicamente era procedente brindar lo peticionado a través de un reconocimiento o inspección judicial. Seguidamente se intento practicar nuevamente la inspección judicial, sin embargo no fue posible efectuarla en virtud que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) requería los registros tributarios nacionales de las empresas señaladas en el medio de prueba, y por ello una vez obtenidos los mismos y acatando el sentido del amparo concedido supra referido, la resolución de fecha tres de septiembre del año en curso, ordena librar nueva comunicación al Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, a fin de que el señor Juez asociados sus secretario de actuaciones constatara los extremos propuestos en el medio de prueba numero catorce antes detallado”. (Folio cincuenta y cinco (55) frente y vuelto de la pieza de Segunda Instancia).-2) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año mil quince (2015), compareció ante la Honorable Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de cortes, la Abogada MARÍA ELENA MURILLO DURÓN, interponiendo recurso de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L ANTES DENOMINADA ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), contra la resolución de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictado por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, aduciendo la recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los artículos 1, 61, 63, 64, 82, 90, 94 y 100 de la Constitución de la República, en virtud que de admitirse el medio de prueba propuesto por la parte demandante, relativo a las declaraciones de impuesto sobre la renta de su representada, se estaría divulgando información marcada por la ley como de carácter exclusivamente confidencial: “… ya que su divulgación injustificada a terceras personas al tenor de lo dispuesto en el artículo 49 reformado y 61 del Código Tributario, constituye el delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, y el tipificado en el artículo 215 del Código Penal”. (Ver folios uno (01) al siete (07) de la pieza de segunda instancia).-3) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictó sentencia mediante la cual falló: “DECLARANDO SOBRESEER el recurso de Amparo procediendo a Sobreseer el mismo, recurso que fue interpuesto por la Abogada MARÍA ELENA MURILLO DURÓN, a favor de la Sociedad Mercantil denominada CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S DE R.L (ALCON), contra el auto de fecha tres de septiembre del año dos mil quince, dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes.- Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución, se remita para consulta la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.- NOTIFÍQUESE”; lo cual tuvo como fundamento de actuaciones la existencia previa de la sentencia de amparo número SCO-0244-2014 dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual otorga la demanda de amparo del señor MANUEL IVÁN FIALLOS RODAS, a favor de si mismo, contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de enero del año dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes; de donde se observa que el auto ahora recurrido, es un auto cuya evacuación fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia, tal y como se ha expuesto; constituyendo prácticamente amparo sobre amparo, lo cual lo hace inadmisible al tenor del artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; observándose además que lo alegado por la amparista recae sobre actos de mera legalidad y no son causantes de violaciones al derecho de defensa, al debido proceso y a la propiedad como expresa la recurrente. (Ver folios ciento uno (101) al ciento dos (102) de la pieza de segunda instancia).-4) Que en fecha tres (3) de diciembre del año dos mil quince (2015), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la acción de amparo tiene como finalidad que una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta, es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), que SOBRESEYÓ el recurso interpuesto por la Abogada MARIA ELENA MURILLO DURÓN, a favor de la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), contra la resolución de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes con relación a la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor MANUEL IVÁN FIALLOS RODAS; resolución de la jurisdicción constitucional que se funda principalmente en que la acción de amparo se ha derivado contra un objeto procesal previamente dirimido por la Corte Suprema de Justicia en otra acción de amparo, por lo cual se subsume de pleno derecho en el contenido del artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (3): Que de la vista a las presentes diligencias se constata que la jurisdicción constitucional en la sentencia que es venida en consulta, hace referencia a un fallo previo emitido por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en la cual se ordena el pronunciamiento de un nuevo fallo por la Alzada, el cual debería seguir el razonamiento plasmado en la motivación de la referida sentencia. De tal concepto, infiere la Corte de Apelaciones, la existencia de la causal de inadmisibilidad que consiste en impetrar la acción de amparo contra otra acción de amparo. Tal argumento no se sigue de las actuales diligencias, puesto que del informe rendido por el Abogado LUIS ENRIQUE MALJIK FLORES en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil quince (2015), no establece motivación concreta según las consideraciones contenidas en el fallo de la justicia constitucional que se tiene por precedente, por lo cual, se desconocen los criterios por los cuales el Juzgador Natural requirió de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) los registros tributarios nacionales de las empresas señaladas en el referido medio de prueba; lo cual desde todo punto de vista resulta indispensable, en aras de lograr una justa y adecuada ponderación entre los derechos de acción, que amparan al peticionario, y la protección a la confidencialidad de los derechos y acciones de las empresas mercantiles establecidas legalmente en Honduras, de conformidad a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que lo anteriormente expuesto reviste mayor virtualidad desde la perspectiva del derecho constitucional, en virtud que la sociedad demandada, denominada CARGILL DE HONDURAS S. de R.L., cuya información tributaria se demanda en concepto de medio de prueba es distinta a la sociedad mercantil PROYECTOS AGROPECUARIOS S. de R.L. de C.V. (PRASA S. de R.L. de C.V.); con lo cual adquiere solidez el alegato formulado consistentemente por la parte amparista, en el sentido que su poderdante CARGILL DE HONDURAS S. de R.L., no ha tenido la posibilidad material de interponer recurso ordinario alguno contra el acto contra el cual se recurre en amparo, siendo en consecuencia el ejercicio directo de la acción de amparo la única garantía constitucional que permite se le restituya a la referida sociedad mercantil en el goce de los derechos y garantías que le reconoce la Constitución de la República y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Honduras.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se constata que el acto reclamado en amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva, resulta apto para conocerse en el fondo como violatorio de las garantías invocadas, lo que en efecto ocurre en el presente caso, dado que la sentencia venida en consulta de manera errónea identifica el contenido del informe rendido por el Juzgado A-quo a través del Abogado LUIS ENRIQUE MALJIK FLORES en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil quince (2015), con la sentencia de amparo otorgada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en la cual se ordenaba el pronunciamiento de un nuevo fallo por la Alzada, el cual debería seguir el razonamiento plasmado en la motivación de la antes referida sentencia de amparo, lo cual no se sigue de los antecedentes. Por todo lo cual procede otorgar amparo contra la resolución jurisdiccional dictada por el Juzgado A-quo en fecha tres (3) de septiembre del año dos mil quince (2015), en la DEMANDA ORDINARIA DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por el señor MANUEL IVÁN FIALLOS RODAS contra la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), con vista a la debida efectividad de la presente garantía jurisdiccional. - Por tanto, procede revocar la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), la cual deberá emitir nuevo fallo otorgando la presente garantía constitucional de amparo, con el mérito que deriva de las presentes diligencias.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 No.1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 46 numerales 1) y 2), 48, 67, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1.- REVOCANDO la resolución que se conoce en consulta, según dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil quince (2015), misma que sobreseyó el recurso interpuesto por la Abogada MARIA ELENA MURILLO DURÓN, a favor de la sociedad MERCANTIL DENOMINADA CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L antes denominada ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES S. DE R. L (ALCON), y; 2.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte de Apelaciones de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta , registrado en este Tribunal bajo el número 1138-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL