Sentencia AC-1134-14 — Registro 12864
Resumen
Otorgamiento de acción de amparo en consulta en relación a incidente de nulidad absoluta de actuaciones declarado sin lugar en la demanda de determinación legal de filiación de paternidad, promovida por la señora Elsa Sierra Méndez, contra el señor Carlos Roberto Chávez Serrano
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que para resolver el problema jurídico planteado como conflicto constitucional con la interposición del recurso de amparo, es conditio sine quanon partir del desarrollo de dos temas fundamentales para la solución del mismo, los cuales son el Control Concentrado de Constitucionalidad, que únicamente posee esta Sala como interprete ultimo y definitivo de la Constitución, además el Control Difuso de Convencionalidad que debe ejercitarse ex officio, es decir sin necesidad de las partes lo soliciten, dentro de las competencias y de las regulaciones procesales correspondientes de cada autoridad pública, considerando otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia[22], debiendo dentro de las atribuciones legales de cada órgano de los Estados se entiende no solo a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, sino también a las autoridades administrativas[23]. Este control judicial interno de convencionalidad tiene como finalidad el cumplimiento del artículo dos (2) de la Convención AdDH, según el cual se debe facilitar la función del Poder Judicial, de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular, sin embargo en el caso de que el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo uno (1) numeral primero de la misma, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Siendo que el incumplimiento de la Convención y su desarrollo dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, produce responsabilidad internacional en perjuicio del Estado[24].-CONSIDERANDO (21): Que ésta Sala en el Recurso de Amparo SCO-0406-2013, en su considerando seis (6) indicó que: es menester determinar que debe entenderse por Control de Convencionalidad, para lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 124 y 125, de la sentencia recaída en el Caso Almonacid Arellano vrs Chile: “…124. La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la Ley y, por ello, están obligados a aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “Control de Convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 125.En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “¨{s} según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. …”.-CONSIDERANDO (22): Que siguiendo lo manifestado en el considerando anterior se ratifica que en este proceso implica la actividad del Juez, al ocurrir una diferencia entre la ley particular y la fundamental, la norma fundamental debido a su vinculación y validez más fuerte, debe ser preferida pues representa la intención del pueblo (entiéndase ésta como la voluntad del Constituyente) sobre la de sus agentes (entiéndase ésta como la del Poder Constituido), y será el Juez quien concretara su significado mediante un proceso de "iura novit curia", referido a su conocimiento directo del texto fundamental, actuando como Controlador de Constitucionalidad, valiéndose de los mecanismos que la ley, la jurisprudencia y la doctrina le proporcionen, garantizando el Juez por la vía de la legalidad y su conocimiento, los efectivos mecanismos de protección judicial requeridos para ejercer el Control Constitucional.-CONSIDERANDO (23): Que los efectos que imponen tanto el control de constitucionalidad, como el de convencionalidad difuso, suponen que los jueces, y en última instancia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, como la presente causa, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución y/o los Tratados vigentes, pactos y demás declaraciones internacionales en materia de derechos humanos; reiterando que los además que los jueces del país, en los asuntos de su competencia y de conformidad a lo previsto por nuestra Constitución y la Ley Sobre Justicia Constitucional, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones; finalizando con que las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultadas para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos[25], pero aplicando en torno al principio pro persona.-CONSIDERANDO (24): Que en este sentido, una vez analizados los principios fundamentales contenidos tanto en nuestra norma constitucional, como en los tratados internaciones y la jurisprudencia de la Corte IDH, debemos afirmar que es una obligación del Estado de Honduras mantener el principio de efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos[26], adicional a ellos la Corte Interamericana ha indicado que el recurso debe ser adecuado, lo cual significa que la función de éste dentro del sistema del derecho interno deber ser idónea para proteger la situación jurídica infringida[27], en el presente proceso no dispositivo de filiación, la función es, inter alia, que la parte demandante, que pueda ser un menor de edad o alguien en representación de este, solicite la determinación o no del parentesco, por lo que si bien el proceso puede estar bien desarrollado para proteger la situación jurídica infringida, puede carecer de efectividad al no remediar la situación planteada y no poder producir el resultado para el cual fue concebido[28]; ésta Sala estima que la exigencia del principio de prueba confronta la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en dos aspecto; primero, limitando sin fundamento alguno las protección judicial de la tutela judicial efectiva y, en segundo aspecto, el bien superior de la niña o niño; debiendo haberse desarrollado el proceso en atención a lo establecido taxativamente nuestra carta fundamental en su artículo 64 que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan” y, a lo señalado en el Código Procesal Civil en su artículo primero (1) que “1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso… 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquiera persona a la justicia”; así como lo señalado como el bien superior de las niñas y niños en el considerandos seis (6), 10 y 11 de esta sentencia de amparo.-CONSIDERANDO (25): Que siguiendo este orden de ideas, corresponde al ordenamiento legal asegurar que todo ciudadano, tenga derecho a poder ejercer efectivamente la tutela judicial efectiva, así como de realizar todas las acciones posibles en buscar alcanzar el Interés Superior del Menor de un modo progresivo; esos derecho sin discriminación alguna y sobre la base de igualdad ante la ley. No se debe permitir que algún tipo de discriminación basada en razones de raza, color, género, idioma, religión, opiniones políticas, pertenencia a una minoría nacional, propiedad o nacimiento prive a una o un ciudadano de tales derechos. En este sentido resulta un auténtico contrasentido que el marco legal que por principio debe asegurar la tutela del derecho de acceso a los juzgados y tribunales, por el contrario establezca disposiciones que configuren trabas o limitaciones que vulneren este derecho fundamental, contraviniendo así todas los tratados de derechos humanos que forman parte del derecho interno, así como delos llamados bloques de constitucionalidad y convencionalidad.-CONSIDERANDO (26): Que conforme lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Sala[29], y además, en estricta aplicación del principio iura novit curia, que prevén tanto el artículo 18 como el 321 de nuestra Constitución, al ser evidente el conflicto entre la ley ordinaria y la norma fundamental, aplicar para estos efectos como preferente sobre los procesos de interpretación ordinarios, al principio de prevalencia del derecho sustancial, por implicar éste la observancia jerárquica de un precepto fundamental, sobre uno formal, esto, sin generar necesariamente la anulación del segundo, toda vez que la aplicación del principio reviste un carácter discrecional provisional, como criterio de solución de un conflicto concreto entre dos leyes, que no se manifiesta en un juicio de validez de las normas, sino en acordar la aplicación preferente de la que se considera fundamental. En el presente caso, queda evidenciado del análisis exhaustivo del problema constitucional planteado, que es pertinente garantizar la observancia preferente de la tutela efectiva al contenido esencial de la norma constitucional, haciendo prevalecer el derecho de ser oídos por los tribunales a través del derecho de petición, sobre la taxatividad de la norma secundaria, según la cual se limita el derecho de petición.-CONSIDERANDO (27): Que ésta Sala considera pronunciarse sobre los efectos de la Sentencia del Recurso de Amparo, dado que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que esta acción se interpone para el mantenimiento o restitución como es el presente caso, del goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados y otros instrumentos internaciones establecen, pudiendo proceder contra las resoluciones, actos y hechos que emanen de los Poderes del Estado; resolviendo en este caso la Sala, por toda la motivación antes expuesta, que el acto venido en consulta, por la aplicación del artículo 647 numeral primero es violatorio a los derechos y garantías de los habitantes de Honduras, por lo que se debe de tener esta controversia constitucional como Cosa Juzgada, sin generar derechos subjetivos a favor de los particulares o del Estado, por lo que no podrá oponerse como una excepción en ningún proceso que se substancie con posterioridad ante los órganos jurisdiccionales.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 15, 16, 59, 63, 64, 80, 82, 119, 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 2, 4 y 18 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; artículos 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 5, 48, 68, 69, de la Ley Sobre Justicia Constitucional y; artículos 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 211, 212, 215 y 647 del Código Procesal Civil. FALLA: PRIMERO: Se estima declarar que existe una vulneración a los derechos de los ciudadanos, siempre que se límite los derechos de petición y de acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones, imponiéndosele restricciones innecesarias que causan una limitación a los derechos antes señalados, sin encontrar este órgano judicial una justificación o proporcionalidad que aprueba el examen de constitucionalidad del artículo primero del artículo 647 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: REVOCA la Sentencia de Amparo de fecha treinta (30) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Walter Daniel Cárcamo López a favor del señor Carlos Roberto Chávez Serrano, en el Recurso de Amparo contra la resolución denegatoria de un incidente de nulidad, de fecha nueve (9) de junio de dos mil catorce"
Legislación citada
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención sobre los Derechos del Niño, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 647 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de mayo del dos mil dieciséis. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la Corte Primera De Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, que otorgo el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Walter Daniel Cárcamo López, a favor del señor Carlos Roberto Chávez Serrano, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio del año dos mil catorce en relación al incidente de nulidad absoluta de actuaciones en la demanda de determinación legal de filiación de paternidad promovida por la señora Elsa Marina Sierra Méndez, contra el señor Carlos Roberto Chávez Serrano.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES1) En fecha nueve de junio del año dos mil catorce el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán dictó resolución de un incidente de nulidad interpuesto por el Abogado Walter Daniel Cárcamo López, resolviendo lo siguiente: “PRIMERO: En virtud de lo antes expuesto esta juzgadora estima procedente decretar SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES promovida por el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ en su condición de apoderado legal del señor CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO. SEGUNDO: Que se repongan las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que origino la nulidad, siendo el procedimiento a seguir: Decretar el levantamiento de la suspensión del proceso principal decretado mediante auto de fecha dos de abril del año dos mil trece. TERCERO: Se le instruye al señor secretario del despacho a fin de que se proceda a realizar las diligencias necesarias, para que se practique el emplazamiento al Ministerio Publico, ordenado en el auto de fecha quince de noviembre del año dos mil doce. CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno”. (Folios No. 101 y 102 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento De Francisco Morazán, el abogado Walter Daniel Cárcamo López, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor Carlos Roberto Chávez Serrano, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento De Francisco Morazán, en fecha nueve de junio del año dos mil catorce, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede; alegando el recurrente que dicha actuación es violatoria en lo dispuesto en los artículos 60, 82, y 90 de la Constitución de la República.-3)Que una vez dado el traslado que conforme a Ley se debe efectuarse al Ministerio Público, éste emitió un dictamen en el que concluye con el parecer que NO SE OTORGUE el Amparo, fundamentando su opinión en que el derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza el derecho a un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión planteada al órgano judicial, al tener el Amparo naturaleza subsidiaria, de forma que sólo se puede acudir a él una vez que se han agotado todos los recursos judiciales, no apreciando en ese caso Subjudice, vulneración alguna al debido proceso, ya que se otorgo al justiciable el de obtener una resolución judicial que contenga una respuesta motivada, razonada y congruente con las pretensiones, y que como ha establecido ésta Sala de lo Constitucional, en palabras de dicho Ministerio Público, que para estimar ultrajado el debido proceso es necesario que el juez que intervenga no sea el natural, que se omita alguna de las formalidades de las que señala las leyes procesales, o que se atropelle algún derecho constitucional, en irrespeto a las garantías judiciales dadas por la Ley y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; concluyendo el dictamen fiscal, que las formalidades y reglas imperativas no se infringen en el caso in examiné, dejando claro que el derecho a la tutela judicial efectiva no tiene como finalidad garantizar el éxito de las pretensiones del recurrentes, solo por el hecho de invocarlo como un derecho lesionado; de igual manera el derecho de defensa no es lesionado, en vista de que el amparista tuvo la posibilidad de acceder a la jurisdicción, participar en audiencia de nulidades, alegar y aportar pruebas al proceso y obtener respuestas motivadas, sin apreciarse una obstaculización a sus acciones ni indefensión.4) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, mediante la cual falló:“PRIMERO: Otorgando por las razones antes esgrimidas, la Garantía Constitucional de Amparo, presentada ante esta Corte de Apelaciones, en fecha veintitrés (23) de julio de año dos mil catorce (2014), por el Abogado WALTER DANIEL CÁRCAMO LÓPEZ, a favor del señor CARLOS ROBERTO CHÁVEZ SERRANO, contra la resolución de fecha nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras de Familia de este Departamento de Francisco Morazán, en relación al INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, que ante el mismo Juzgado se presento en fecha catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013), contra el auto de admisión de fecha quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012), que se sustancia en expediente de primera instancia número 0801-2012-02548., SEGUNDO: Que la Juez A-Quo al recibir las presentes diligencias, debe en su oportunidad procesal dictar el auto de admisión o no de la demanda, previo valoración de la totalidad de los documentos acompañados a la misma”. (Folios No. 52 al 56 de la segunda pieza de los antecedentes).-5) Que en fecha seis (06) de octubre del año dos mil catorce, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el abogado Walter Daniel Cárcamo López, a favor del señor Carlos Roberto Chávez Serrano, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Walter Daniel Cárcamo López, a favor del señor Carlos Roberto Chávez Serrano, mediante la cual se Otorga la garantía de Amparo contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de junio del año dos mil catorce, en relación al incidente de nulidad absoluta de actuaciones en la demanda de determinación legal de filiación de paternidad, promovida por la señora Elsa Sierra Méndez, contra el señor Carlos Roberto Chávez Serrano.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado en fecha tres de octubre del año dos mil catorce, del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se Otorga el Recurso de Amparo interpuesto.-CONSIDERANDO (5): El Ad-Quem en la sentencia venida en consulta expone sus apreciaciones de los antecedentes en estudio en relación a los motivos que provocan el planteamiento del incidente de nulidad presentado por el representante procesal del demandado Carlos Roberto Chávez Serrano, misma que fue declarada Sin Lugar por el A-Quo en fecha nueve (09) de junio del año dos mil catorce, ordenando se continúe con el proceso principal. En el considerando siete (07) del fallo en examen, invoca el artículo 647.1 del Código Procesal Civil que textualmente dispone: “PRUEBA. 1. En ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación de la paternidad o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde.-CONSIDERANDO (6): Que ésta Sala de lo Constitucional hace necesario observar el desarrollo del Control del Convencionalidad[1] al que esta vinculado tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención AdDH), como lo surgido de la lectura de los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República se ha establecido que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, el respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”, y que “los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del Derecho interno”, se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño; sobre este aspecto también se destaca el artículo 119 de la Constitución hondureña la cual plantea que las niñas y niños “gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, lo cual implica un mandato a los órganos jurisdiccionales y de toda la administración pública que trabaja el tema de niñez, a tomar en consideración lo desarrollado e interpretado por los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos[2].-CONSIDERANDO (7): Que de la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catalogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra carta magna, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro[3], por lo que en el caso subjudice, esta Sala no puede limitarse a solo observar una interpretación restrictiva de los formalismos que se desarrollan en el Código Procesal Civil, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad”[4] de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación ultima y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, debiendo actuar tanto esta Sala, como todos los tribunales jurisdicciones en aplicación del principio pro persona, el cual consiste en “un criterio fundamental que (…) impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen”. De esta forma, el principio pro persona “conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional (de los derechos humanos) es la regla y su condicionamiento la excepción[5], comprendiéndose también como “un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre[6].-CONSIDERANDO (8): El convencionalismo operara con la protección de los derecho fundamentales y, como apunta Bidart[7] debemos distinguir cuáles son y cuáles deben ser los derechos fundamentales a partir del principio de Legalidad Sustancial[8], conociéndolos cuando damos el anclaje a la Constitución como una norma supraordenadora de la legislación, como limite al legislador y como parámetro de legitimidad, en donde el constitucionalismo moderno crea un contrato social en forma escrita y positiva, “en los que el consenso de los contratantes vale para fundar una legitimación del poder desde abajo, pero no siendo este un acuerdo vacío, conteniendo en cláusulas de tutela de derechos fundamentales, cuya violación por parte del soberano legitima la ruptura del contrato”[9].-CONSIDERANDO (9): Que ésta Sala ha establecido que el criterio de interpretación constitucional[10] de derechos fundamentales en torno al principio pro persona o pro homine, se entenderá en “cuanto a los criterios de interpretación de estos derechos fundamentales. Existen tanto en la doctrina especializada como en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales criterios especializados de interpretación,…1.- Principio pro homine: el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano, este principio deriva de la posición básica que los derechos fundamentales ocupan como elemento estructural de ordenamiento y como valor fundamental del estado de derecho” indicando ésta Sala que en casos en que se este ante un conflictos de normas legales con tratados internacionales, los cuales son supralegales, situándose la colisión en torno al principio pro homine, “el Juez Constitucional está obligado a aplicar la norma nacional o internacional más beneficiosa para la persona, sin que ello implique desde el punto de vista jurídico, reconocerle mayor jerarquía normativa a los tratados respecto de la Constitución. Este principio, conocido como el de preferencia de normas, se encuentra recogido en el artículo 29, inciso b) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”[11].-CONSIDERANDO (10): Para dar una respuesta al problema planteado ésta Sala se pronunciara sobre dos aspecto que encuentra de relevancia constitucional resolver, en el primero aspecto debe considerar todas las normas aplicables que regulen dicha situación, como ser nuestra Constitución de la República, las convenciones internaciones en materia de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH o Corte Interamericana) y las leyes, considerando a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado, por lo que el artículo 647 del Código Procesal Civil, versa sobre las pruebas en los procesos de determinación de la filiación sobre maternidad y paternidad, estableciendo en su numeral primero que, “en ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde”; ante esto no se puede desarrollar una interpretación restrictiva de los derechos de los menores de edad de ejercitar pretensiones para establecer su paternidad o maternidad, ya que el citado artículo obliga a los jueces y juezas para admitir la petición de tutelar una pretensión, realizar una valoración racional de las pruebas, para determinar una hipotética posibilidad de la procedencia de la acción, siendo que solamente durante el debate de las pretensiones que fijen las partes, es que se podrá ser determinada y resueltas por medio de la sentencia de instancia, la concurrencia de la filiación o no; por lo que se vuelve una carga exhaustiva e injustificada de la norma adjetiva, que limita sus mismos principios, estando en contradicción su artículo uno (1), con el citado 647 numeral primero.-CONSIDERANDO (11): La aplicación de los procesos que conlleven el ejercicio de derechos de los niños, tanto por mandando constitucional del artículo 119, como lo desarrollado por la Convención AdDH en su artículo 19 y por la Convención Sobre los Derechos del Niño, en especial los artículos dos (2), cuatro (4) y en concreto a este caso el 18, se harán en atención del principio del Interés Superior del Niño, la que establece que las niñas y niños, gozarán de una protección especial, dispondrán de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley, además por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Debiendo el Estado de Honduras al promulgar sus leyes, atendiendo a este denominado Interés Superior del Niño[12] o Niña; la Corte Interamericana ha reiterado que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, prevalencia del Interés Superior del Menor, el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que este requiere ‘cuidados especiales’, adicionalmente el articulo 19 de la Convención AdDH señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección’[13]; por lo que los Estados se encuentran ante la obligación de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en todos el corpus juris y la jurisprudencia internacional[14].-CONSIDERANDO (12): Que en el caso sub examine, al momento de valorar la concurrencia de la pruebas de admisibilidad, debe tenerse que el citado artículo 18 de la Convención Sobre Derechos del Niño, establece que los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tiene obligaciones comunes en los que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, por lo que dentro del respeto al debido proceso y el derecho de defensa que se ha respetado, ésta Sala no concuerda con las consideraciones dadas por la Corte de Apelaciones, puesto que el proceso desarrollado por el Código Procesal Civil, guarda todas garantías para que durante el proceso se pueda determinar si el demandado-amparista tiene una relación filial de paternidad con el hijo de la demandante en el mencionado proceso.-CONSIDERANDO (13): Que el Protocolo de San Salvador en su artículo XVI estipula que “Todo niño sea cual fuera su filiación tiene derecho a las medidas de protección, que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres…”, para la comprensión de todo el corpus juris de protección jurídica de la infancia[15] y la correlativa obligación de los Estados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que “Para interpretar las obligaciones del Estado en relación con los menores, además de las disposiciones de la Convención Americana, la Comisión considera importante acudir, por referencia a otro instrumentos internacionales que contiene normas más específicas con respecto a la protección de la niñez, entre las cuales cabría citar la Convención sobre los Derechos del Niño, y las diversas Declaraciones de las Naciones Unidas sobre el tema. Esta integración del sistema regional con el sistema universal de los derechos humanos, a los efectos de interpretar la Convención, encuentra su fundamento en el artículo 29 de la Convención Americana y en la práctica reiterad de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) y de la Comisión en esta materia[16]”.-CONSIDERANDO (14): Que en la construcción a la Ratio Decidendi ésta Sala esta realizando una relación entre la vinculación entre los derechos de las garantías y protección judicial con el bien superior de las niñas y niños, ante esto ya la Corte IDH ha expresado que “si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los menores, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías[17] (…) En definitiva, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo, sea en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso[18]”; concluyendo la vinculación entre los relaciones manifestado con que “las garantías consagradas en el artículo 8 de la Convención se reconocen a todas las personas por igual, y deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el artículo 19 de dicho tratado, de tal forma que se reflejen en cualesquiera procesos administrativos o judiciales en los que se discuta algún derechos de un niño[19]”.-CONSIDERANDO (15): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, se observa que la controversia surge por la demanda de Determinación Legal de filiación de paternidad vía procedimiento declarativo abreviado, proceso que inició el 22 de agosto del año dos mil doce; siendo que el recurrente impugna la resolución de fecha nueve (9) de junio del año dos mil catorce dictada por el A-Quo, que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones presentado en fecha 14 de febrero del año dos mil trece, contra del auto de admisión de la demanda de Determinación Legal de Filiación promovida por la señora Elsa Marina Sierra Méndez, señalando el recurrente que la demanda no debió ser admitida en virtud de carecer del requisito de Principio de Prueba, debiendo en este caso, presentarse prueba con toda la verosimilitud que pueda conllevar al juzgador que la demanda pueda ser admisible a trámite. Siendo que aunque fuera valido y convencional este principio de prueba solamente se puede limitara señalar al juzgador la probabilidad de existencia de un hecho que sometido a juicio por las partes están obligadas a probar su hipótesis, es decir, el principio de prueba en ningún caso reemplazará los medios de prueba que han de someterse al contradictorio, estando este requisito solamente como una cautela para garantizar que no se realice un abuso o un fraude sobre una situación aparente que se puede configurar con la admisión de la demanda, por lo que al prestarse el principio de prueba, el juez no esta prejuzgando la causa, solamente apreciando la existencia una probabilidad de que sean ciertas las aseveraciones de la parte actora.-CONSIDERANDO (16): Que el primer Ratio decidendi en el presente caso es la supuesta vulneración al debido proceso y el derecho de defensa del amparista, frente a la resolución del A-quo, ésta Sala de lo Constitucional toma suyos los postulados dados por la Corte Interamericana al afirmar que una persona sea oída es equiparable al derecho a un juicio o a procedimiento judiciales justos, en consecuencia, el estándar jurisprudencial supone que un juicio justo es aquél en el cual una persona ha sido oída con las debidas garantías[20]; este derecho alega el impetrante le fue lesionado; siendo que en la tramitación del proceso, se le concede el derecho a presentar una contestación de la demanda, aportando todas las pruebas que le hagan valer sus pretensiones, dentro de un tratamiento de igualdad y con todas las garantías judiciales, por lo que la interposición de un incidente de nulidad por violación a su derecho de defensa es infundado, dado que la admisión de la demanda no es un prejuzgamiento, ni es una desigualdad de defensa; por otra parte, la negación a darle tramite a la demanda presentada por la señora Sierra Méndez, si podría considerarse una omisión al ámbito material del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que el Estado de Honduras debe garantizar que las decisiones que se produzcan a través del procedimiento satisfaga el fin para cual fue concebido, sin que esto signifique que siempre deba ser acogido, sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido[21].-CONSIDERANDO (17): En el caso que nos ocupa, se aprecia que existe la declaración de la Demandante quien manifiesta haber mantenido una relación sentimental durante nueve años con el demandado, fruto de la misma nació su hijo José Roberto Sierra Méndez (folio No. uno (1) primera pieza de los antecedentes), posteriormente en la contestación de la demanda el Demandado manifiesto oponerse parcialmente al hecho primero de la demanda, señalando que “…en efecto sí existió una relación entre mi representado el señor Carlos Roberto Chávez Serrano y la demandante Elsa Marina Sierra Méndez, sin embargo la misma se llevó a cabo en el ámbito laboral y hace aproximadamente veinte (20) años atrás ya que la demandante laboraba en la empresa en que laboraba mi representado…”; por lo que de una parte la demandante señala que existió una relación sentimental y el demandado dice que dicha relación fue laboral, con esta manifestación del demandado es claro y suficiente que las partes en contienda se conocieron durante el momento en que fue procreado el joven Sierra Méndez, sin embargo, esta controversia no será resuelta solamente con el dicho de las partes, ya que ambas manifestaciones solamente ilustran al togado de la existencia de una relación de años atrás, siendo que ambas manifestaciones se contradicen será durante las etapas del juicio que se probarán sus hipótesis, situación que configura el debate que resolverá el Juzgado en base a las pruebas aportadas y el derechos que corresponda, por lo que dada la naturaleza del caso que nos ocupa, estos dichos de las partes amparistas solamente fortalecen el principio de prueba, ya que el juez se asegura de que ambas partes se conocían y mantuvieron una relación laboral, si con ello surgió lo señalado por la actora del proceso de filiación, se deberá acreditar el vínculo de paternidad a través de otros medios de prueba científicos; pero estos argumento son presentados por el demandado-incidentista, los mismo no hubieran sido conocidos si el A-quo hubiera compartido la tesis propuesta por la sentencia de amparo hoy en revisión, situación que pone de manifiesto a esta Sala, la urgencia de resolver la colisión de dicha exigencia procesal, dando una interpretación pro persona, a fin garantizar el mayor ejercicio de derechos humanos posibles.-CONSIDERANDO (18): Que se considera que no admitir la demanda bajo el supuesto de la no existencia de un principio de prueba o que el mismo es insuficiente, resulta atentatorio a la dignidad del joven José Roberto Sierra Méndez, a quien deben garantizársele y respetársele el derecho de saber si el demandado es su padre o no, todo ello en base al intereses superior del menor, lo cual solo será posible establecer mediante una sentencia dictada por el órgano jurisdiccional competente, ante quien se hayan evacuado todos los medios de prueba que se propongan para llegar a un nivel de certeza que pueda determinarse la filiación de la paternidad solicitada. En consecuencia no es de recibo constitucional el motivo de impugnación invocado por el recurrente, todo lo cual debió haber sido objeto de estudio por parte del Ad-Quem a fin de mantener incólume el debido proceso, así como la tutela judicial efectiva para ambas partes, sin observancia las exigencia de la ley a fin de materializar el derecho concreto, el Ad-Quem ha desviado su resolución judicial por lo que amerita su REVOCATORIA Y Denegatoria del amparo intentado.-CONSIDERANDO (19): Que ésta Sala se pronunciara sobre el segundo aspecto que encuentra de relevancia constitucional resolver, en este tema decidendi se debe centrar específicamente en determinar si existe una vulneración a los derechos de las personas que se señalan agraviadas por la imposición de un principio de prueba, dada en el artículo 647 numeral primero, como condición para el ejercicio de la tutela judicial efectiva, siendo que nuestra Constitución de la República determina en su artículo 82 que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, a este respecto cabe citar que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo ocho (8) las garantías judiciales, concerniente al derecho a ser oído en el proceso, mientras que el artículo 25, ciñe sobre la protección judicial, en el que se garantiza que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o las Convenciones sobre Derechos Humanos.-CONSIDERANDO (20): Que para resolver el problema jurídico planteado como conflicto constitucional con la interposición del recurso de amparo, es conditio sine quanon partir del desarrollo de dos temas fundamentales para la solución del mismo, los cuales son el Control Concentrado de Constitucionalidad, que únicamente posee esta Sala como interprete ultimo y definitivo de la Constitución, además el Control Difuso de Convencionalidad que debe ejercitarse ex officio, es decir sin necesidad de las partes lo soliciten, dentro de las competencias y de las regulaciones procesales correspondientes de cada autoridad pública, considerando otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia[22], debiendo dentro de las atribuciones legales de cada órgano de los Estados se entiende no solo a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, sino también a las autoridades administrativas[23]. Este control judicial interno de convencionalidad tiene como finalidad el cumplimiento del artículo dos (2) de la Convención AdDH, según el cual se debe facilitar la función del Poder Judicial, de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular, sin embargo en el caso de que el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo uno (1) numeral primero de la misma, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Siendo que el incumplimiento de la Convención y su desarrollo dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, produce responsabilidad internacional en perjuicio del Estado[24].-CONSIDERANDO (21): Que ésta Sala en el Recurso de Amparo SCO-0406-2013, en su considerando seis (6) indicó que: es menester determinar que debe entenderse por Control de Convencionalidad, para lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 124 y 125, de la sentencia recaída en el Caso Almonacid Arellano vrs Chile: “…124. La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la Ley y, por ello, están obligados a aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “Control de Convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 125.En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “¨{s} según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. …”.-CONSIDERANDO (22): Que siguiendo lo manifestado en el considerando anterior se ratifica que en este proceso implica la actividad del Juez, al ocurrir una diferencia entre la ley particular y la fundamental, la norma fundamental debido a su vinculación y validez más fuerte, debe ser preferida pues representa la intención del pueblo (entiéndase ésta como la voluntad del Constituyente) sobre la de sus agentes (entiéndase ésta como la del Poder Constituido), y será el Juez quien concretara su significado mediante un proceso de "iura novit curia", referido a su conocimiento directo del texto fundamental, actuando como Controlador de Constitucionalidad, valiéndose de los mecanismos que la ley, la jurisprudencia y la doctrina le proporcionen, garantizando el Juez por la vía de la legalidad y su conocimiento, los efectivos mecanismos de protección judicial requeridos para ejercer el Control Constitucional.-CONSIDERANDO (23): Que los efectos que imponen tanto el control de constitucionalidad, como el de convencionalidad difuso, suponen que los jueces, y en última instancia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, como la presente causa, pueden declarar la invalidez de las normas que contravengan la Constitución y/o los Tratados vigentes, pactos y demás declaraciones internacionales en materia de derechos humanos; reiterando que los además que los jueces del país, en los asuntos de su competencia y de conformidad a lo previsto por nuestra Constitución y la Ley Sobre Justicia Constitucional, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones; finalizando con que las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultadas para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en los casos concretos[25], pero aplicando en torno al principio pro persona.-CONSIDERANDO (24): Que en este sentido, una vez analizados los principios fundamentales contenidos tanto en nuestra norma constitucional, como en los tratados internaciones y la jurisprudencia de la Corte IDH, debemos afirmar que es una obligación del Estado de Honduras mantener el principio de efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos[26], adicional a ellos la Corte Interamericana ha indicado que el recurso debe ser adecuado, lo cual significa que la función de éste dentro del sistema del derecho interno deber ser idónea para proteger la situación jurídica infringida[27], en el presente proceso no dispositivo de filiación, la función es, inter alia, que la parte demandante, que pueda ser un menor de edad o alguien en representación de este, solicite la determinación o no del parentesco, por lo que si bien el proceso puede estar bien desarrollado para proteger la situación jurídica infringida, puede carecer de efectividad al no remediar la situación planteada y no poder producir el resultado para el cual fue concebido[28]; ésta Sala estima que la exigencia del principio de prueba confronta la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en dos aspecto; primero, limitando sin fundamento alguno las protección judicial de la tutela judicial efectiva y, en segundo aspecto, el bien superior de la niña o niño; debiendo haberse desarrollado el proceso en atención a lo establecido taxativamente nuestra carta fundamental en su artículo 64 que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan” y, a lo señalado en el Código Procesal Civil en su artículo primero (1) que “1. Toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. 2. En ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso… 3. Se prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquiera persona a la justicia”; así como lo señalado como el bien superior de las niñas y niños en el considerandos seis (6), 10 y 11 de esta sentencia de amparo.-CONSIDERANDO (25): Que siguiendo este orden de ideas, corresponde al ordenamiento legal asegurar que todo ciudadano, tenga derecho a poder ejercer efectivamente la tutela judicial efectiva, así como de realizar todas las acciones posibles en buscar alcanzar el Interés Superior del Menor de un modo progresivo; esos derecho sin discriminación alguna y sobre la base de igualdad ante la ley. No se debe permitir que algún tipo de discriminación basada en razones de raza, color, género, idioma, religión, opiniones políticas, pertenencia a una minoría nacional, propiedad o nacimiento prive a una o un ciudadano de tales derechos. En este sentido resulta un auténtico contrasentido que el marco legal que por principio debe asegurar la tutela del derecho de acceso a los juzgados y tribunales, por el contrario establezca disposiciones que configuren trabas o limitaciones que vulneren este derecho fundamental, contraviniendo así todas los tratados de derechos humanos que forman parte del derecho interno, así como delos llamados bloques de constitucionalidad y convencionalidad.-CONSIDERANDO (26): Que conforme lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Sala[29], y además, en estricta aplicación del principio iura novit curia, que prevén tanto el artículo 18 como el 321 de nuestra Constitución, al ser evidente el conflicto entre la ley ordinaria y la norma fundamental, aplicar para estos efectos como preferente sobre los procesos de interpretación ordinarios, al principio de prevalencia del derecho sustancial, por implicar éste la observancia jerárquica de un precepto fundamental, sobre uno formal, esto, sin generar necesariamente la anulación del segundo, toda vez que la aplicación del principio reviste un carácter discrecional provisional, como criterio de solución de un conflicto concreto entre dos leyes, que no se manifiesta en un juicio de validez de las normas, sino en acordar la aplicación preferente de la que se considera fundamental. En el presente caso, queda evidenciado del análisis exhaustivo del problema constitucional planteado, que es pertinente garantizar la observancia preferente de la tutela efectiva al contenido esencial de la norma constitucional, haciendo prevalecer el derecho de ser oídos por los tribunales a través del derecho de petición, sobre la taxatividad de la norma secundaria, según la cual se limita el derecho de petición.-CONSIDERANDO (27): Que ésta Sala considera pronunciarse sobre los efectos de la Sentencia del Recurso de Amparo, dado que la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que esta acción se interpone para el mantenimiento o restitución como es el presente caso, del goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados y otros instrumentos internaciones establecen, pudiendo proceder contra las resoluciones, actos y hechos que emanen de los Poderes del Estado; resolviendo en este caso la Sala, por toda la motivación antes expuesta, que el acto venido en consulta, por la aplicación del artículo 647 numeral primero es violatorio a los derechos y garantías de los habitantes de Honduras, por lo que se debe de tener esta controversia constitucional como Cosa Juzgada, sin generar derechos subjetivos a favor de los particulares o del Estado, por lo que no podrá oponerse como una excepción en ningún proceso que se substancie con posterioridad ante los órganos jurisdiccionales.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 15, 16, 59, 63, 64, 80, 82, 119, 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 2, 4 y 18 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; artículos 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 5, 48, 68, 69, de la Ley Sobre Justicia Constitucional y; artículos 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 211, 212, 215 y 647 del Código Procesal Civil. FALLA: PRIMERO: Se estima declarar que existe una vulneración a los derechos de los ciudadanos, siempre que se límite los derechos de petición y de acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones, imponiéndosele restricciones innecesarias que causan una limitación a los derechos antes señalados, sin encontrar este órgano judicial una justificación o proporcionalidad que aprueba el examen de constitucionalidad del artículo primero del artículo 647 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: REVOCA la Sentencia de Amparo de fecha treinta (30) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Walter Daniel Cárcamo López a favor del señor Carlos Roberto Chávez Serrano, en el Recurso de Amparo contra la resolución denegatoria de un incidente de nulidad, de fecha nueve (9) de junio de dos mil catorce. Y MANDA: 1.- Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. 2.- Que la Secretaría del Despacho proceda a comunicar mediante oficio en el cual se transcriba en lo conducente lo acordado contenido en la parte resolutiva del fallo a todos los órganos jurisdiccionales de la República.- Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha tres de mayo del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1134-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Ver las Sentencias emitida por esta Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-0406-2013 AA, SCO-1343-2014 acumulado con el SCO-0243-2015 RI, SCO-1031-2014 ACC, SCO-0140-2015 ACC, SCO-0423-2013 AL, SCO-791-2014 AA, entre otras.
[2] MEJIA RIVERA, Joaquín y PADILLA EVELINE, Josué. “El Control de Convencionalidad en Honduras. Avances y desafíos”. En MEJÍA RIVERA, Joaquín, BECERRA RAMÍREZ, José de Jesús y FLORES, Rogelio, El Control de Convencionalidad en México, Centroamérica y Panamá, 1ª ed, Tegucigalpa, Editorial Casa San Ignacio/ Editorial Guaymuras, 2016, pp. 76.
[3] Ibídem, nota de pie de página 6, pp.76.
[4]Ver Considerando ocho (8) de la Sentencia de esta Sala en los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-243-2015 RI, dictada el 22 de abril de dos mil quince.
[5]Ver la opinión separada del juez Rodolfo E. Piza Escalante, en la Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A. No. 7, párrafo 36.
[6]PINTO, Mónica, “El principio pro homine, Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”. En, ABREGU, Martín y COURTIS, Chistian (Coor.).La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires, 1997.
Ver en BELOFF, Mary, “Artículo 19. Derechos del Niño”. En STEINER, Christian y URIBE, Patricia (Ed.). Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Comentario. Konrad Adenauer Stiftung/Editorial Temis. Ciudad de Guatemala. 1a ed. 2014, pp. 450-451.
[7] BIDART CAMPOS, German J., Nociones Constitucionales. Las Intersecciones Iusnaturalistas de la Constitución, EDIAR; Buenos Aires, 1a ed., 2007, p. 130.
[8] FERRAJOLI, Luigi, Poderes Salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Minima Trotta, Madrid, 2ª ed., 2011, p. 39.
[9] Ídem.
[10]Ver Sentencia de los expedientes acumulados SCO-1343-2014 y SCO-0243-2015,
[11]Ver considerando nueve (9) de la Sentencia ya referida.
[12]Principio dos (2) de la Declaración de los Derechos del Niño; consagrada también en el artículo tres (3) de la Convención Sobre los Derechos del Niño.
[13]Ver caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrafo 108.
[14]Ver artículo cuatro (4) de la Convención Sobre los Derechos del Niño.
[15] Beloff señala que esto no se limita a la disposición del artículo 19 de la Convención ADH, sino que incluye, a los fines de su interpretación, las disposiciones comprendidas en las declaraciones sobre los Derechos del Niño de 1924 y 1959, la propia Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos; asimismo lo que se refiere específicamente a la justicia juvenil, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, las Reglas sobre Medidas no Privativas de la Libertad, las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, en lo relacionado con el género, la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará; complementariamente las normas convencionales y de soft law adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en cumplimiento de su mandato específico. Ver en BELOFF, Mary, “Artículo 19. Derechos del Niño”. En STEINER, Christian y URIBE, Patricia (Ed.). Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Comentario. Konrad Adenauer Stiftung/Editorial Temis. Ciudad de Guatemala. 1a ed. 2014, pp. 450-451.
[16]Ver Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nº 41/99, caso 11,491, Menores detenidos contra Honduras, del 10 de marzo de 1999, párrafo 72.
[17]Ver de la Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC 17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrafo 98.
[18]Ibidem, párrafo 102.
[19]Ver caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de dos de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafo 209.
[20]IBAÑEZ RIVAS, Juana María. “Artículo 8. Garantías Judicial”. En STEINER, Christian y URIBE, Patricia (Ed.). Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Comentario. Konrad Adenauer Stiftung/Editorial Temis. Ciudad de Guatemala. 1a ed. 2014, pp. 217.
[21]Ver Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, párrafo 122.
[22]Ver caso Ximenes López vs. Brasil. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de cuatro de julio de 2006. Serie C No. 149, párrafo 172.
[23]Ver caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párrafo 239.
[24]Ver caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No 154, párrafo 123.
[25]Ver considerando 11 de la Sentencia recaída en el expediente SCO-0406-2013 AA.
[26]Ver Opinión Consultiva OC-9/87 del seis de octubre de 1987. Serie A. No. 9, párrafo 24.
[27]Ver caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 64.
[28]Ver caso De la Masacre de las Dos erres vs. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrafo 121.
[29] Ver entre otros los Amparos SCO-0436-2007, SCO-0437-2007, SCO-0439-2007, SCO-0440-2007, SCO-0486-2009, SCO-0285-2012, SCO-0055-1203 y SCO-0273-2013.