Sentencia AC-1132-14 — Registro 9738
Resumen
Acto recurrido que declaró infundado un Recurso de Queja interpuesto por la inadmisión de un Recurso de Apelación presentado contra el auto del a-quo, con relación a las diligencias de ejecución de la sentencia de un juicio de partición judicial del título y terreno denominado “La Cofradía ”, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que en observancia de que el proceso objeto de estudio se desarrolló de acuerdo al proceso determinado en el Código de Procedimientos Civiles de 1906; y que si bien es cierto la sentencia que puso fin a dicha instancia recayó en fecha siete (7) de marzo del año dos mil trece (2013), fecha en la que efectivamente ya se encontraba en vigencia la Norma Procesal Civil, en la cual se establece en su parte dispositiva contenida en el articulo 913 y 914 que en materia de juicios declarativos y especiales que se hubiesen sustanciado con el código de 1906, serán tramitados de acuerdo a dicha normativa hasta que recaiga sentencia o auto que ponga fin a esa instancia; es por esa razón que la normativa a aplicar en el presente caso es lo correspondiente al Código de Procedimientos Civiles de 1906; habiéndose resuelto de acuerdo a derecho el Recurso de Queja por el Tribunal Ad quem mediante resolución de fecha once (11) de agosto del dos mil catorce (2014), mismo que no debió de ser ni siquiera admitido en este caso por no estar previsto dentro de las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles.." ..." ... Que por lo anteriormente expuesto esta Sala de lo Constitucional determina que no se configura vulneración alguna al derecho de defensa ya que el recurrente tuvo la oportunidad de interponer recursos en la manera que le señala la norma, y al no haberlo hecho así no debe entenderse como vulneración al derecho de igualdad ya que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de garantizar la igualdad de las partes en el proceso, teniendo estas en el mismo igual disposición de derechos, oportunidades, y cargas en defensa de su posición; al debido proceso ya que se materializaron las garantías mínimas e ineludibles que conlleven a un resultado justo, equitativo e imparcial; tampoco se vio vulnerado el principio de legalidad ya las resoluciones dictadas se encuentran dentro del marco de la ley, por lo tanto no se le violenta el principio de propiedad..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Centra, a los veintiséis días del mes de octubre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO NAVAS DAVILA a favor de los señores FRANCISCO PINEDA TROCHEZ, HECTOR AVILES ENAMORADO Apoderado de MARIA GRACIELA TROCHEZ y otros, KARLA YAMILETH GUERRA, MARGARITA SUAZO MEJIA, WILFREDO VILLELA SIU, GUADALUPE VILLELA SIU, OSCAR GUERRERO, MARIA AMALIA YANEZ, XIOMARA ANTONIA, YESENNIA y DANIEL todos de apellidos YANEZ, y las sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES INMOBILIARIAS SIGLO XXI, S.A DE C.V y SYR COFRADIA, S.DE R.L contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de agosto de dos mil catorce (2014), que declaró infundado un Recurso de Queja interpuesto por la inadmisión de un Recurso de Apelación presentado contra el auto de fecha siete (07) de marzo de dos mil trece (2013) dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a las diligencias de ejecución de la sentencia de un juicio de partición judicial del título y terreno denominado “La Cofradía ”, según el recurrente propiedad de los señores FRANCISCO PINEDA TROCHEZ, HECTOR AVILES ENAMORADO Apoderado de MARIA GRACIELA TROCHEZ y otros, KARLA YAMILETH GUERRA,MARGARITA SUAZO MEJIA, WILFREDO VILLELA SIU, GUADALUPE VILLELA SIU, OSCAR GUERRERO, MARIA AMALIA YANEZ, XIOMARA ANTONIA, YESENNIA Y DANIEL todos de apellidos YANEZ, y las sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES INMOBILIARIAS SIGLO XXI, S.A DE C.V Y SYR COFRADIA, S.DE R.L. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada las garantías Constitucionales contenidas en los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 103, 104, 106 y 321, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), comparecieron ante el JUZGADO PRIMERO DE LETRAS DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, (hoy Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés) los señores FRANCISCO PINEDA TROCHEZ y HECTOR AVILEZ ENAMORADO, actuando en su condición personal promoviendo diligencias para la partición de un terreno denominado “LA COFRADIA”, de la jurisdicción municipal de San Pedro Sula, Cortés, en virtud de existir una sentencia firme que declaró la cesación de comunidad sobre el terreno indicado, solicitando una audiencia a efecto de que se hiciera el nombramiento de partidor y de los peritos para la tasación del inmueble indicado. (Folio 1 del Tomo I de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), el referido Juzgado dictó sentencia declarando Con Lugar la solicitud de partición del terreno denominado “LA COFRADIA” presentada por los señores FRANCISCO PINEDA TROCHEZ y HECTOR AVILEZ ENAMORADO y decretando la participación del mismo. (Folios 1118 al 1142 del Tomo VI de la Primera Pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil nueve (2009), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES el Abogado WILFREDO NAVAS DAVILA, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores FRANCISCO PINEDA TROCHEZ, HECTOR AVILES ENAMORADO Apoderado de MARIA GRACIELA TROCHEZ y otros, KARLA YAMILET GUERRA, MARGARITA MATAMOROS, WILFREDO SIU, GUADALUPE SIU, OSCAR GUERRERO, AMALIA YANEZ y las sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES INMOBILIARIAS SIGLO XXI, S.A de C.V y SYR COFRADIA. S. de R.L., presentando solicitud de ejecución de la sentencia de fecha treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999) y con ello se garantice el dominio y posesión efectiva de los lotes adjudicados judicialmente, y se ordene el desalojo de quienes ocupan dichos lotes. (Folios 3153 y 3154 del Tomo VII de la pieza de sus antecedentes) 4) Que en fecha siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, resolvió: “1.a) Declarar de Oficio Nulidad Absoluta a partir del Auto de fecha uno (01) de septiembre del año dos mil nueve (2009), el cual deberá leerse de la manera siguiente: “Admítase el escrito que antecede junto con los documentos acompañados, los cuales se mandan agregar a sus antecedentes; en cuanto a lo peticionado NO HA LUGAR en virtud que la sentencia de partición el peticionario solicita ejecución, es una sentencia Declarativa la cual no está sujeta a ejecución forzosa y cualquier acción que los dueños necesiten ejercer, para garantizar el dominio y posesión efectiva, deberá ser sujeto de un nuevo proceso. b)…..2. En cuanto a lo solicitado por el Abogado Wilfredo Navas Dávila, mediante escrito de fecha doce (12) de febrero de dos mil trece (2013), NO HA LUGAR en virtud de que la sentencia de partición de la cual el peticionario solicita ejecución, es una Sentencia Declarativa la cual no es susceptible de ejecución forzosa, y siendo que la misma ya se encuentra inscrita en el Registro correspondiente, el presente juicio se encuentra concluido, sin perjuicio de que el interesado, pueda presentar un nuevo proceso que tenga como fin que les garantice el dominio y posesión efectiva de los lotes adjudicados a sus representados….” (Folios del 3491 al 3493 del Tomo VIII de la pieza de sus antecedentes) 5) Que en fecha dos (02) de mayo de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés el Abogado WILFREDO NAVAS DAVILA, interponiendo recurso de apelación contra la resolución relacionada en el inciso que antecede, resolviendo el referido Juzgado extemporáneo dicho recurso en fecha seis (6) de mayo del dos mil trece (2013). (Folio 3499 vuelto del Tomo VIII de los antecedentes) 6) Que en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil catorce (2014), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés el Abogado WILFREDO NAVAS DAVILA, actuando en su condición ya indicada interponiendo recurso de queja contra el auto de fecha seis (6) de mayo de dos mil trece (2013), en consecuencia, la referida Corte de Apelaciones dicto resolución en fecha once (11) de agosto de dos mil catorce (2014), en la cual resolvió Declarando Infundada la queja interpuesta por el apoderado judicial de los recurrentes, en virtud de que el Código Procesal Civil no es aplicable al presente Recurso de Queja. (Folios 9 y 10 de la segunda pieza de los antecedentes) 7) Que el Abogado WILFREDO NAVAS DAVILA, compareció ante este Tribunal en fecha seis (6) de octubre de dos mil catorce (2014), interponiendo acción de amparo contra la resolución de fecha once (11) de agosto de dos mil catorce (2014), y que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 103, 104, 106 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado el recurso de merito, en fecha veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015). 8) Que en fecha tres (3) de julio de dos mil quince, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, quien en su dictamen fue de la opinión porque SE DENIEGUE el recurso de mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo interpuesto por el Abogado WILFREDO NAVAS DAVILA a favor de los señores FRANCISCO PINEDA TROCHEZ, HECTOR AVILES ENAMORADO Apoderado de MARIA GRACIELA TROCHEZ y otros, KARLA YAMILETH GUERRA, MARGARITA SUAZO MEJIA, WILFREDO VILLELA SIU, GUADALUPE VILLELA SIU, OSCAR GUERRERO, MARIA AMALIA YANEZ, XIOMARA ANTONIA, YESENNIA Y DANIEL todos de apellidos YANEZ, y de las sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES INMOBILIARIAS SIGLO XXI, S.A de C.V. y SYR COFRADIA, S.DE R.L contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de agosto de dos mil catorce (2014), que declaró infundado un Recurso de Queja interpuesto por la inadmisión de un Recurso de Apelación presentado contra el auto de fecha siete (07) de marzo de dos mil trece (2013) dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a las diligencias de ejecución de la sentencia de un juicio de partición judicial del título y terreno denominado “La Cofradía” , según el recurrente propiedad de los señores FRANCISCO PINEDA TROCHEZ, HECTOR AVILES ENAMORADO Apoderado de MARIA GRACIELA TROCHEZ y otros, KARLA YAMILETH GUERRA,MARGARITA SUAZO MEJIA, WILFREDO VILLELA SIU, GUADALUPE VILLELA SIU, OSCAR GUERRERO, MARIA AMALIA YANEZ, XIOMARA ANTONIA, YESENNIA Y DANIEL todos de apellidos YANEZ, y de las Sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES INMOBILIARIAS SIGLO XXI, S.A DE C.V Y SYR COFRADIA S.DE R.L. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada las garantías Constitucionales contenidas en los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 88, 103, 104, 106 y 321, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el amparista considera que se le han vulnerado las garantías constitucionales invocadas por el mismo, al habérsele denegado el Recurso de Apelación presentado contra el auto de fecha siete (07) de marzo de dos mil trece (2013) dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, al haber sido declarada infundada la queja interpuesta por el recurrente; al ser consideradas por el Tribunal A quo, como extemporáneo de acuerdo a lo establecido en el artículo 203 del Código de Procedimientos Civiles, considerando el recurrente que la normativa que se debió aplicar es el Código Procesal Civil vigente, basando su criterio en los artículos 212 punto 4, 213 y 913 de la misma normativa. CONSIDERANDO CINCO(5): Que el Código de Procedimientos Civiles en su artículo 203 homologa lo siguiente: “… La apelación de sentencia interlocutoria y de las providencias, autos o decretos apelables, conforme a la ley, deberá interponerse en el acto de la notificación o por escrito separado en la siguiente audiencia”. Entendiéndose como siguiente audiencia el siguiente día, es decir el recurrente debió interponer su recurso en la notificación de fecha dieciocho (18) de abril del dos mil trece (2013) o por escrito separado el día diecinueve (19) de abril de ese mismo año, y no en fecha dos (2) de mayo del dos mil trece (2013) como lo realizó el impetrante. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en observancia de que el proceso objeto de estudio se desarrolló de acuerdo al proceso determinado en el Código de Procedimientos Civiles de 1906; y que si bien es cierto la sentencia que puso fin a dicha instancia recayó en fecha siete (7) de marzo del año dos mil trece (2013), fecha en la que efectivamente ya se encontraba en vigencia la Norma Procesal Civil, en la cual se establece en su parte dispositiva contenida en el articulo 913 y 914 que en materia de juicios declarativos y especiales que se hubiesen sustanciado con el código de 1906, serán tramitados de acuerdo a dicha normativa hasta que recaiga sentencia o auto que ponga fin a esa instancia; es por esa razón que la normativa a aplicar en el presente caso es lo correspondiente al Código de Procedimientos Civiles de 1906; habiéndose resuelto de acuerdo a derecho el Recurso de Queja por el Tribunal Ad quem mediante resolución de fecha once (11) de agosto del dos mil catorce (2014), mismo que no debió de ser ni siquiera admitido en este caso por no estar previsto dentro de las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por lo anteriormente expuesto esta Sala de lo Constitucional determina que no se configura vulneración alguna al derecho de defensa ya que el recurrente tuvo la oportunidad de interponer recursos en la manera que le señala la norma, y al no haberlo hecho así no debe entenderse como vulneración al derecho de igualdad ya que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de garantizar la igualdad de las partes en el proceso, teniendo estas en el mismo igual disposición de derechos, oportunidades, y cargas en defensa de su posición; al debido proceso ya que se materializaron las garantías mínimas e ineludibles que conlleven a un resultado justo, equitativo e imparcial; tampoco se vio vulnerado el principio de legalidad ya las resoluciones dictadas se encuentran dentro del marco de la ley, por lo tanto no se le violenta el principio de propiedad. CONSIDERANDO OCHO (8): Que señalado lo anterior, esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, consecuentemente no vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 60, 61, 64, 80, 82, 103, 104, 106, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 203 del Código de Procedimientos civiles; 212, numeral 4, 213, 913 del Código Procesal Civil; FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesto por el Abogado WILFREDO NAVAS DAVILA a favor de los señores FRANCISCO PINEDA TROCHEZ, HECTOR AVILES ENAMORADO Apoderado de MARIA GRACIELA TROCHEZ y otros, KARLA YAMILETH GUERRA,MARGARITA SUAZO MEJIA, WILFREDO VILLELA SIU, GUADALUPE VILLELA SIU, OSCAR GUERRERO, MARIA AMALIA YANEZ, XIOMARA ANTONIA, YESENNIA Y DANIEL todos de apellidos YANEZ, y de las sociedades mercantiles denominadas INVERSIONES INMOBILIARIAS SIGLO XXI, S.A DE C.V y SYR COFRADIA, S.DE R.L contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha once (11) de agosto de dos mil catorce (2014); Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- REDACTÓ LA MAGISTRADA REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes diciembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-1132-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL