Sentencia AC-1086-14 — Registro 6171
Resumen
Recurso de amparo contra resolución que declaró sin lugar recurso de apelación contra resolución que admitió medio de prueba pericial, en relación a demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios y daño moral por accidente vial, interpuesta contra impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso civil, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia civil es el aspecto más importante dentro del derecho procesal civil..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en las audiencias ha planteado y alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil dieciséis.- VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS a favor de SI MISMO, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó el Auto dictado por el Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de febrero del año dos mil diez, con relación a la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios, y daño moral, interpuesta por la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS en su condición de Apoderada Legal de los Señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESÚS NUÑEZ SANDOVAL, SONIA SOLIS DE NUÑEZ, contra el Señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los Artículos 60, 82, 90 y 186 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta de enero del año dos mil uno, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, ahora Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS en su condición de Apoderada Legal de los Señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESÚS NUÑEZ SANDOVAL, SONIA SOLIS DE NUÑEZ, promoviendo demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios, y daño moral, en contra del Señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS.-2) Que en fecha dos de febrero del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO en su condición de Apoderada Legal de los Señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESÚS NUÑEZ SANDOVAL, SONIA SOLIS DE NUÑEZ, presentando Medio de Prueba número dos denominado Dictamen de Peritos. (Folios ciento ochenta y cuatro (184) de la pieza de primera instancia).-3) Que en fecha cuatro de febrero del año dos mil diez, el referido Juzgado de Letras Civil, dictó auto mediante el cual resolvió: “Admítase el escrito que antecede, junto con la copia simple del mismo, los cuales se manda agregar a sus antecedentes; como se pide con conocimiento de la parte contraria Tiénese por propuesto en tiempo y forma por la Abogada LINDA LIZZI RIVERA LOBO, en su condición de apoderado legal de la parte demandante; el MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS DENOMINADO DICTAMEN DE PERITO, consistente en el nombramiento de uno o mas peritos, el cual será evacuado en su oportunidad.-” (Folios ciento ochenta y cinco (185) de la pieza de primera instancia).-4) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada TANIA PETRONA FUENTES en su condición de Apoderada Legal del Señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, dictó Sentencia mediante la cual falló: “1.-Declarando SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN; 2.-CONFIRMAR EL AUTO APELADO; 3.-CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA.-” (Folios once (11) y doce (12) de la pieza de segunda instancia).-5) Que el recurrente Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS compareció ante este alto Tribunal, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 60, 82, 90 y 186 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintisiete de abril del año dos mil quince.-6) Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el Recurso de Amparo de mérito.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó el Auto dictado por el Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de febrero del año dos mil diez, con relación a la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios, y daño moral, interpuesta por la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS en su condición de Apoderada Legal de los Señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESÚS NUÑEZ SANDOVAL, SONIA SOLIS DE NUÑEZ, contra el Señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, con la que el recurrente Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, expone su disconformidad por estimar que por violaciones al debido proceso, desde al auto de admisión de la demanda, por ser incompetentes según la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y abrir un juico fenecido; y, pretender continuar conociendo del mismo, el cual a partir de que se acreditó la ejecución de la sentencia en sede penal de la responsabilidad penal como de la civil, dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Jurisdicción de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; tiene que declararse mediante sentencia la nulidad absoluta de actuaciones a partir de constar en autos el pago de la responsabilidad civil ordenada mediante sentencia penal; y con dicho pago esta causa pasó de ser cosa juzgada a juicio fenecido y no puede abrirse ni seguir conociendo del mismo, por ser violatorio a las disposiciones constitucionales señaladas.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha quince de mayo de dos mil quince, en el sentido que al efectuarse el estudio de las piezas contentivas del recurso de amparo, encontró que no ve derecho afectado al recurrente puesto que ha tenido derecho a presentar prueba, a los recursos y a todas las actuaciones que la ley le permite, siendo este un derecho que corresponde a ambas partes tanto al demandante como al demandado, que un mecanismo eficaz para determinar los daños y perjuicios lo constituyen los peritos quienes son los expertos para determinar los daños causados por hechos como los establecidos en la demanda, por ende es una pericia esencial para que el Juez pueda dictar su sentencia con sustento y apegada a la legalidad, en tanto que de no haber admitido el medio de prueba el Juez hubiese violentado el derecho a la defensa y al debido proceso, pues de los integrantes importantes de este derecho lo constituye el derecho que tienen las partes a ofrecer prueba para acreditar sus pretensiones. Por lo que habiendo hecho el estudio minucioso de las piezas que configuran el caso objeto del presente recurso de amparo, el Ministerio Publico opinó que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados como ser los Artículos 82, 90 y 186 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia y su decisión de declarar sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó el Auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de febrero del año dos mil diez, básicamente en que según se observa en las sentencia dictadas por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal del Departamento de Francisco Morazán; y, por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, no se pronunciaron sobre los daños morales ocasionados tanto a los lesionados en aquel accidente vehicular ni a los familiares de los fallecidos, lo que motiva que no existiría un doble juzgamiento ni tampoco se estaría abriendo un juicio fenecido. Por lo que al no permitirle al hoy demandante acceder a los Tribunales a pedir una indemnización de daños y perjuicios, así como el daño moral, se le estaría violentando su derecho constitucional de acceso a la justicia, que será en el proceso que las partes deberán probar sus pretensiones y alegatos, para que así el Juez llegue a la convicción tal que pueda dictar una sentencia justa y apegada a derecho. A su vez señala que es esencial para que el Juez pueda llegar a la verdad, y que la no admisión del medio de prueba pericial violaría el derecho constitucional de defensa que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos del país, mas aun viendo la naturaleza de la demanda que se promueve.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso civil, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia civil es el aspecto más importante dentro del derecho procesal civil.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en las audiencias ha planteado y alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.-NOTIFIQUESE.- Firma y Sello VICTOR MANUEL LOZANO URBINA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.- REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. ».- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.-VISTO el escrito de reposición presentado por el Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciséis, que denegó el recurso de amparo presentado contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de septiembre del dos mil once (2011), que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE ÉSTA SECCIÓN JUDICIAL, en fecha cuatro (04) de febrero de dos mil diez (2010); con relación a la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios y daño moral interpuesta por la abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS en su condición de apoderada legal de los señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESUS NUÑEZ SANDOVAL y SONIA SOLIS DE NUÑEZ, contra el señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS.-CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, en fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016), eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciséis, por apreciar que no se consideraron las alegaciones que planteara en su momento, al haber sido denegada la Garantía de Amparo de mérito.-CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia y Resolución de fechas dieciocho (18) de enero y dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1086-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil dieciséis.- VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS a favor de SI MISMO, contra la Sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó el Auto dictado por el Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de febrero del año dos mil diez, con relación a la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios, y daño moral, interpuesta por la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS en su condición de Apoderada Legal de los Señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESÚS NUÑEZ SANDOVAL, SONIA SOLIS DE NUÑEZ, contra el Señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio los Artículos 60, 82, 90 y 186 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta de enero del año dos mil uno, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, ahora Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS en su condición de Apoderada Legal de los Señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESÚS NUÑEZ SANDOVAL, SONIA SOLIS DE NUÑEZ, promoviendo demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios, y daño moral, en contra del Señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS.-2) Que en fecha dos de febrero del año dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO en su condición de Apoderada Legal de los Señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESÚS NUÑEZ SANDOVAL, SONIA SOLIS DE NUÑEZ, presentando Medio de Prueba número dos denominado Dictamen de Peritos. (Folios ciento ochenta y cuatro (184) de la pieza de primera instancia).-3) Que en fecha cuatro de febrero del año dos mil diez, el referido Juzgado de Letras Civil, dictó auto mediante el cual resolvió: “Admítase el escrito que antecede, junto con la copia simple del mismo, los cuales se manda agregar a sus antecedentes; como se pide con conocimiento de la parte contraria Tiénese por propuesto en tiempo y forma por la Abogada LINDA LIZZI RIVERA LOBO, en su condición de apoderado legal de la parte demandante; el MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS DENOMINADO DICTAMEN DE PERITO, consistente en el nombramiento de uno o mas peritos, el cual será evacuado en su oportunidad.-” (Folios ciento ochenta y cinco (185) de la pieza de primera instancia).-4) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada TANIA PETRONA FUENTES en su condición de Apoderada Legal del Señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, dictó Sentencia mediante la cual falló: “1.-Declarando SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN; 2.-CONFIRMAR EL AUTO APELADO; 3.-CON COSTAS EN ESTA INSTANCIA.-” (Folios once (11) y doce (12) de la pieza de segunda instancia).-5) Que el recurrente Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS compareció ante este alto Tribunal, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, interponiendo acción de Amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 60, 82, 90 y 186 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintisiete de abril del año dos mil quince.-6) Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil quince, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE el Recurso de Amparo de mérito.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil once, que declaró sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó el Auto dictado por el Juzgado de Letras de Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de febrero del año dos mil diez, con relación a la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios, y daño moral, interpuesta por la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS en su condición de Apoderada Legal de los Señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESÚS NUÑEZ SANDOVAL, SONIA SOLIS DE NUÑEZ, contra el Señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, con la que el recurrente Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, expone su disconformidad por estimar que por violaciones al debido proceso, desde al auto de admisión de la demanda, por ser incompetentes según la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y abrir un juico fenecido; y, pretender continuar conociendo del mismo, el cual a partir de que se acreditó la ejecución de la sentencia en sede penal de la responsabilidad penal como de la civil, dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Jurisdicción de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; tiene que declararse mediante sentencia la nulidad absoluta de actuaciones a partir de constar en autos el pago de la responsabilidad civil ordenada mediante sentencia penal; y con dicho pago esta causa pasó de ser cosa juzgada a juicio fenecido y no puede abrirse ni seguir conociendo del mismo, por ser violatorio a las disposiciones constitucionales señaladas.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha quince de mayo de dos mil quince, en el sentido que al efectuarse el estudio de las piezas contentivas del recurso de amparo, encontró que no ve derecho afectado al recurrente puesto que ha tenido derecho a presentar prueba, a los recursos y a todas las actuaciones que la ley le permite, siendo este un derecho que corresponde a ambas partes tanto al demandante como al demandado, que un mecanismo eficaz para determinar los daños y perjuicios lo constituyen los peritos quienes son los expertos para determinar los daños causados por hechos como los establecidos en la demanda, por ende es una pericia esencial para que el Juez pueda dictar su sentencia con sustento y apegada a la legalidad, en tanto que de no haber admitido el medio de prueba el Juez hubiese violentado el derecho a la defensa y al debido proceso, pues de los integrantes importantes de este derecho lo constituye el derecho que tienen las partes a ofrecer prueba para acreditar sus pretensiones. Por lo que habiendo hecho el estudio minucioso de las piezas que configuran el caso objeto del presente recurso de amparo, el Ministerio Publico opinó que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida, en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados como ser los Artículos 82, 90 y 186 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia y su decisión de declarar sin lugar un Recurso de Apelación y confirmó el Auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de febrero del año dos mil diez, básicamente en que según se observa en las sentencia dictadas por el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal del Departamento de Francisco Morazán; y, por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, no se pronunciaron sobre los daños morales ocasionados tanto a los lesionados en aquel accidente vehicular ni a los familiares de los fallecidos, lo que motiva que no existiría un doble juzgamiento ni tampoco se estaría abriendo un juicio fenecido. Por lo que al no permitirle al hoy demandante acceder a los Tribunales a pedir una indemnización de daños y perjuicios, así como el daño moral, se le estaría violentando su derecho constitucional de acceso a la justicia, que será en el proceso que las partes deberán probar sus pretensiones y alegatos, para que así el Juez llegue a la convicción tal que pueda dictar una sentencia justa y apegada a derecho. A su vez señala que es esencial para que el Juez pueda llegar a la verdad, y que la no admisión del medio de prueba pericial violaría el derecho constitucional de defensa que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos del país, mas aun viendo la naturaleza de la demanda que se promueve.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso civil, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia civil es el aspecto más importante dentro del derecho procesal civil.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora ha tenido acceso al proceso sin traba alguna, en las audiencias ha planteado y alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.-NOTIFIQUESE.- Firma y Sello VICTOR MANUEL LOZANO URBINA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.- REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. ».- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.-VISTO el escrito de reposición presentado por el Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciséis, que denegó el recurso de amparo presentado contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho (28) de septiembre del dos mil once (2011), que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE ÉSTA SECCIÓN JUDICIAL, en fecha cuatro (04) de febrero de dos mil diez (2010); con relación a la demanda ordinaria de indemnización de daños y perjuicios y daño moral interpuesta por la abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS en su condición de apoderada legal de los señores RINA ESPERANZA NUÑEZ viuda de MUÑOZ, CONCEPCIÓN DE JESUS NUÑEZ SANDOVAL y SONIA SOLIS DE NUÑEZ, contra el señor JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS.-CONSIDERANDO: Que el recurrente Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, en fecha dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016), eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciséis, por apreciar que no se consideraron las alegaciones que planteara en su momento, al haber sido denegada la Garantía de Amparo de mérito.-CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN ALFREDO QUIROZ POSADAS, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), certificación de la Sentencia y Resolución de fechas dieciocho (18) de enero y dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 1086-2014 Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL