Sentencia AC-1027-15 — Registro 9911
Resumen
En Consulta la sentencia emitida por la corte de apelaciones que otorgó el recurso contra el auto con relación a la demanda de ejecución promovida. Estima el recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violado a su representado los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… ´´CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintidós de abril de dos mil quince, es violatorio de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; puesto que al apartarse el Juzgado de Letras de la ley resolviendo manera distinta a lo que opone la parte ejecutada-opositora, hace que su resolución sea incongruente, infringiendo lo dispuesto en los Artículos 3, 10.1 y 2 y 208.1 del Código Procesal Civil, del debido proceso, principio dispositivo, congruencia. Se ha producido la infracción al debido proceso consignado en el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República porque no se ha juzgado con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, en este caso el Código Procesal Civil; también produce una infracción de los Artículos 321 y 323 de la Constitución de la República pues los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el Derecho de Defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta.´´
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 322 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 10, Numeral uno y dos. (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, Numerales 1 y 5 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 65 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve de agosto del año dos mil quince, que otorgó el Recurso de Amparo Civil, interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (FICOHSA), contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintidós de abril de dos mil quince, con relación a la demanda de ejecución promovida por la sociedad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), contra el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violado a su representado los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado MOISES NAZAR VALLADARES, en su condición de Apoderado Legal de la institución denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (FICOHSA), promoviendo solicitud de ejecución directa sobre un bien inmueble hipotecado, contra el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS. (Folios 01 al 04 de la primera pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha veintidós de abril de dos mil quince, luego de seguido el trámite de ley correspondiente el Juzgado de Letras citado, RESOLVIÓ: “… PRIMERO: parcialmente la oposición planteada por la parte ejecutada-opositaría, con relación a los intereses incluidos en la certificación de contador, pues no se acreditó documentalmente que se haya pactado algún intereses en alguna orden de desembolso o cualquier otro instrumento valido y pactado entre las partes, derivado del Testimonio de Instrumento Público número 145, de fecha 24 de Enero de 2008, ante el Notario Moisés Nazar Valladares.- SEGUNDO: Desestimar la pretensión relativa al capital vencido, pues no se acreditó en juicio que hubiere error en la determinación de la cantidad exigible, quedando salvo el derecho a oponerse, mediante oposición diferida en proceso ordinario.- TERCERO: Sígase la ejecución por la cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE DOLARES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (US$.178,512.62)…” (Folio 80 al 82 de la primera pieza de los antecedentes). 3) Que en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, compareció ante la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (FICOHSA), contra el auto de fecha veintidós de abril de dos mil quince, dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 4) Que en fecha diecinueve de agosto del año dos mil quince, luego de agotado el trámite del recurso de amparo determinado por la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones citada, resolvió mediante el siguiente FALLÓ: “OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA quien actúa como apoderado legal de la sociedad denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑO, S. A. (FICOHSA)…” (Folios 28 al 32 de la segunda pieza de Amparo).5) Que en fecha veintinueve de octubre del año dos mil quince, este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (FICOHSA), en estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto del año dos mil quince, que otorgó el Recurso de Amparo Civil, interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, a favor de la Sociedad Mercantil Denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (FICOHSA), contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintidós de abril de dos mil quince, con relación a la demanda de ejecución promovida por la Sociedad Mercantil Denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (FICOHSA), contra el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS.CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintidós de abril de dos mil quince, es violatorio de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; puesto que al apartarse el Juzgado de Letras de la ley resolviendo manera distinta a lo que opone la parte ejecutada-opositora, hace que su resolución sea incongruente, infringiendo lo dispuesto en los Artículos 3, 10.1 y 2 y 208.1 del Código Procesal Civil, del debido proceso, principio dispositivo, congruencia. Se ha producido la infracción al debido proceso consignado en el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República porque no se ha juzgado con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, en este caso el Código Procesal Civil; también produce una infracción de los Artículos 321 y 323 de la Constitución de la República pues los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley y que todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta Sala de lo Constitucional aprecia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, ha estimado que tal y como se ha desarrollado los acontecimientos tanto en su cuadro factico y normativo, es verificable que la acción de amparo antes aludida, debe de otorgarse, pues la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Civil de Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de abril de dos mil quince, contraviene el debido proceso y el principio de congruencia establecidos en la Constitución de la República; y, por tanto no obliga el recurrente. El amparo debe otorgarse con el efecto de que el Juez vuelva a dictar sentencia de manera congruente con la parte opositora, pues es totalmente distinto el que los intereses no se pacten a que no estén debidamente determinados. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el Derecho de Defensa; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los Artículos: 1, 59, 82, 90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-FALLA: CONFIRMANDO la sentencia emitida por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil quince (2015), que otorgó el Recurso de Amparo Civil, interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, a favor de la sociedad mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (FICOHSA), contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), por estimarse por parte de esta Sala que la misma venida en consulta es conforme a derecho.- Y MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.NOTIFIQUESE.-FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-1027-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL