Sentencia AC-01-13 — Registro 10295
Resumen
Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación contra sentencia definitiva dictada por Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, en demanda ordinaria de responsabilidad civil promovida por recurrente contra Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Vida Limitada; en apelación se declaró nulidad de todo lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda, pues por muchas décadas fue permitido por la Ley, que la acción de responsabilidad civil se tramitara conjuntamente con el proceso penal, según artículo 25 del código de procedimientos penales de 1984, vigente al ventilar la acusación criminal contra demandante, derogado cuanto esta promovió acción de responsabilidad civil en contra de su acusador
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”se aprecia que la Corte recurrida en su sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaró no Ha Lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAM LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA; concluye que el error de interponer la demanda ante el Juzgado de Letras Seccional de Copán estriba en que, por muchísimas décadas fue permitido por la Ley, que la acción de responsabilidad civil se tramitara conjuntamente con el proceso penal, o, firme que fuera la sentencia condenatoria recaída sobre este, se interpusiera la acción civil en el Juzgado de Letras de lo Civil competente. Así lo decía el Código de Procedimientos Penales de 1984 en su Artículo 25, vigente cuando se ventilo la acusación criminal contra la demandante, derogado cuando esta promovió la acción de responsabilidad civil en contra de su acusador. Por lo que consideró procedente declarar no haber lugar al recurso de apelación; y, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda…”…”siendo que el proceso ya concluido mediante una sentencia, misma que adquirió el carácter de firme. Es decir ya no es susceptible de ningún recurso, incluido el de reposición, apelación o casación; bien por no preverlo la ley o bien porque estando previsto ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Según el Artículo 188 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento de su emisión, una resolución o sentencia es firme (es decir, definitiva) cuando hace tránsito a “cosa juzgada” formal, es decir que se debe estar a lo dispuesto en ella. Se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido en un juicio. Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso...”…”el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales…”…”esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es que confirmar la resolución definitiva emitida por el Juzgado correspondiente; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad en un asunto puramente civil; además de ser Actos Consentidos, haciendo énfasis en esta palabra ya que no nos estamos refiriendo a la palabra vulgar y prosaica que cualquier persona puede conocer si no consentido en un sentido jurídico y manejado en Juicio de Amparo nos estamos refiriendo a aquellos en que el quejoso, expresa o tácitamente los llega a aceptar; no procede el amparo; cabe sobreseer el amparo demandado...”
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 7 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, las Sentencias que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y DE SU HIJO DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaró no Ha Lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAM LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA. Estima el recurrente que con la resolución reclamada se consideran violentados las garantías y derechos constitucionales contenidos en los Artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dos de agosto de dos mil dos, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, Departamento de Copán, el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de Apoderado legal de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y de su menor hijo DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, promoviendo Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, representada por el señor RENE DIAZ VALENZUELA, en su condición de Presidente de la Junta Directiva. (Folios 55 al 60 de la primera pieza de antecedentes)- 2) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado antes citado en fecha diez de junio de dos mil tres, dictó sentencia en la demanda relacionada, en la cual falló: “PRIMERO: (SIC) ”DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria de Responsabilidad Civil, reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios, por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de apoderado legal de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITA NUEVA VIDA LIMITADA, representada por su Presidente de la Junta Directiva señora RENE DIAZ VALENZUELA, SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.”. (Folio 259 AL 265 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, conociendo del recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, contra el auto emitido por el A-quo y relacionado en el numeral que precede, resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el recurso de apelación; SEGUNDO: DECLARA NULIDAD DE TODO lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda inclusive, porque el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán carecía de competencia objetiva para el conocimiento del caso, por lo que debe excusarse de la tramitación del proceso en que se promueva la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, Reparación de Daños Morales e indemnización de Perjuicios incoada por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA LIMITADA, por ser el Juzgado de Letras competente para su conocimiento el de Ejecución de esta ciudad;…”. (Folio 139 al 143 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) El recurrente Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., compareció ante este Tribunal, en fecha tres de enero de dos mil trece, interponiendo acción de amparo a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y de su hijo DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, violenta las garantías y derechos constitucionales contenidos en los Artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen.- 5) Que con fecha tres de marzo de dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada GINA MARIA SIERRA ZELAYA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEA el recurso de amparo interpuesto por el amparista.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaró no Ha Lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAM LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; por estimar que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República, pues el Juzgado de Ejecución de Sentencia fue creado mediante Acuerdo No.2 inciso 7, emitido por la Corte Suprema de Justicia, en fecha 27 de mayo de 2003, por lo que no existía el Juzgado que señala la Corte como el competente para conocer la demanda que anula; y, por consiguiente no podía esperarse para la interposición de la demanda, ante un Juzgado de Ejecución inexistente, por lo que se interpuso ante el Juzgado de Letras Seccional. Como se puede observar, la documentación que se presentó acompañando la demanda, todas estaban correctas y autenticadas por el funcionario respectivo, no como lo quiere hacer prevalecer el señor Presidente y Ponente de la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, en sus resoluciones.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, en el sentido que al efectuarse el estudio de las piezas contentivas del recurso de amparo, es de la opinión que sin ir al fondo del asunto y analizados los hechos a la luz de lo establecido en el Artículo 46, numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, concurre una causa de inadmisibilidad como ser, “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes”, siendo que el recurso procedente es el de Casación; en atención a lo dispuesto a los Artículo 900 y 901 del Código de Procedimientos Comunes, al dejar claramente establecido que este recurso procede contra las sentencias definitivas que pongan fin al pleito dictadas por las Cortes de Apelaciones. Por lo que el recurso de Amparo venido en autos, debió en su momento ser rechazado de plano y declarada inadmisible, siendo este el momento procesal oportuno para solicitar el sobreseimiento de las diligencias por existir la causal de inadmisibilidad aludida.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte recurrida en su sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaró no Ha Lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAM LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA; concluye que el error de interponer la demanda ante el Juzgado de Letras Seccional de Copán estriba en que, por muchísimas décadas fue permitido por la Ley, que la acción de responsabilidad civil se tramitara conjuntamente con el proceso penal, o, firme que fuera la sentencia condenatoria recaída sobre este, se interpusiera la acción civil en el Juzgado de Letras de lo Civil competente. Así lo decía el Código de Procedimientos Penales de 1984 en su Artículo 25, vigente cuando se ventilo la acusación criminal contra la demandante, derogado cuando esta promovió la acción de responsabilidad civil en contra de su acusador. Por lo que consideró procedente declarar no haber lugar al recurso de apelación; y, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como lo señala el Abogado Juan Arnaldo Hernández Espinoza, en su obra “APUNTES SOBRE LAS IMPUGNACIONES Y EJECUCIONES desde el punto de vista jurídico, IMPUGNACIÓN es el derecho subjetivo que asiste a la persona para pedir el otorgamiento de tutela legal contra actos jurídicos en general y en particular de actos procesales que se han cumplido o realizado con desviación de las directrices que para su cabal realización indican las leyes pertinentes. Ejercita también su derecho de impugnación, el litigante que acusa una actuación procesal dictada en el expediente, o en su caso, el procurador que suplica la nulidad de esa actuación procesal; como impugna la providencia judicial quien la refuta mediante los recursos. Así también señala que los recursos que no son más que los medios que las leyes franquean a las partes para que soliciten del juzgador o del dador de justicia que conoce del juicio, la enmienda o modificación de una resolución judicial que considera le causa perjuicio. O, también son los medios que tienen a su alcance las partes litigantes para pedir la enmienda de la providencia del juez.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en el Derecho Procesal, debemos entender por Reposición: el acto por el cual el juez vuelve a poner el pleito en el estado en que se encontraba antes de dictar la providencia o la sentencia que se requiere se enmiende de acuerdo con la ley y las argumentaciones formuladas. Para algunos tratadistas, la Reposición y la Aclaración, más que recursos son verdaderos remedios porque más que todo su alcance es el de “reparar” la decisión tomada y no la de “renovar” como ocurre en los recursos. La Apelación o Alzada, es el recurso concedido al litigante que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior, para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior. El concepto de Casación proviene del vocablo francés “CASSER” que significa romper, quebrar, depurar, anular. La Casación tiene como finalidades que le son inmanentes: la defensa del derecho objetivo que permite la conservación de un orden jurídico determinado y su aplicabilidad a cada caso concreto, y la interpretación de la ley, de las normas jurídicas, para que adquieran unidad base de la certeza jurídica (creación de jurisprudencia).- CONSIDERANDO ONCE (11): Que siendo que el proceso ya concluido mediante una sentencia, misma que adquirió el carácter de firme. Es decir ya no es susceptible de ningún recurso, incluido el de reposición, apelación o casación; bien por no preverlo la ley o bien porque estando previsto ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Según el Artículo 188 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento de su emisión, una resolución o sentencia es firme (es decir, definitiva) cuando hace tránsito a “cosa juzgada” formal, es decir que se debe estar a lo dispuesto en ella. Se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido en un juicio. Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4)…; 5)…; 6)…; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal: 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es que confirmar la resolución definitiva emitida por el Juzgado correspondiente; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad en un asunto puramente civil; además de ser Actos Consentidos, haciendo énfasis en esta palabra ya que no nos estamos refiriendo a la palabra vulgar y prosaica que cualquier persona puede conocer si no consentido en un sentido jurídico y manejado en Juicio de Amparo nos estamos refiriendo a aquellos en que el quejoso, expresa o tácitamente los llega a aceptar; no procede el amparo; cabe sobreseer el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR MAYORIA DE VOTOS, en virtud de haber disentido el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA; quien emitirá su voto particular, y en aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de noviembre del dos mil diecisiete. VISTO: Vistos La presentes diligencias procedentes de La Sala Constitucional referentes AL Recurso de Amparo Civil número SCO-01-2013 interpuesto por El Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES Y DE SU HIJO DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, Contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaro no ha lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de copan, Departamento de Copan, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA. Estima el recurrente que con la resolución reclamada se consideran violentados las garantías y derechos constitucionales contenidos en los artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO. 1) Que en fecha dos de agosto de dos mil dos, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copan, Departamento de Copàn, el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de Apoderado Legal de la Señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y de su menor hijo DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, promoviendo Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, representada por el señor RENE DIAZ VALENZUELA, en su condición de Presidente de la Junta Directiva. (Folios 55 al 60 de la primera pieza de antecedentes)- 2) Que adelantado que fue el proceso, el juzgado antes citado en fecha diez de junio de dos mil tres, dicto sentencia en la demanda relacionada, en la cual falló: “PRIMERO: (SIC) “DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria de Responsabilidad Civil, reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios, por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de apoderado legal de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, representada por su Presidente de la Junta Directiva señor RENE DIAZ VALENZUELA, SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.”(Folio 259 AL 265 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copàn, conociendo del recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, contra el auto emitido por el A-quo y relacionado en el numeral que precede, resolvió: ( Sic) “PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el recurso de apelación; SEGUNDO: DECLARA NULIDAD DE TODO lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda inclusive, porque el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copan carecía de competencia objetiva para el conocimiento del caso, por lo que debe excusarse de la tramitación del proceso en que e promueva la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, Reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios incoada por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, por ser el Juzgado de Letras competente para su conocimiento el de Ejecución de esta ciudad….” (Folio 139 al 143 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) El recurrente Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., compareció ante este Tribunal, en fecha tres de enero de dos mil trece, interponiendo acción de amparo a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y de su hijo DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, violenta las garantías y derechos constitucionales contenidos en los artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el termino de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen.- 5) Que con fecha tres de marzo de dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada GINA MARIA SIERRA ZELAYA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEA el recurso de amparo interpuesto por el amparista.- 6) Que en fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Constitucional, emite sentencia en el recurso de amparo por El Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES Y DE SU HIJO DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, Contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaro no ha lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de copan, Departamento de Copan, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, en el cual no existió unanimidad en la sala.- 7) Que en fecha veintinueve de Septiembre del año dos mil dieciséis, la Sala Constitucional resuelve remitir las diligencias y sus antecedentes a la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para su conocimiento al pleno de la Corte Suprema de Justicia que conlleve su conocimiento y resolución definitiva, en vista de no haber existido unanimidad en la decisión del mismo por el pleno de la Sala de lo Constitucional en las diligencias de amparo interpuestas por El Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES Y DE SU HIJO DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, Contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaro no ha lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de copan, Departamento de Copan, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conocer y emitir resolución de fondo cuando en los fallos emitidos a través de la Sala de lo Constitucional, no sean dictados por unanimidad acorde a lo establecido en el Articulo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo N0. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de las diligencias en virtud de que la Sala de lo Constitucional en fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, emite sentencia por mayoría, por lo que tal como lo dispone el artículo 8 de la Ley de Justicia Constitucional, remitió las diligencias a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento y decisión final, esto en el recurso de amparo que se promoviera contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copàn, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaro no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copan, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez analizado el caso, la Corte Suprema de Justicia, arriba a la conclusión que el asunto de merito no debe ser fallado por el pleno, en virtud de que en ambos casos tanto el voto de la mayoría, como el voto de la minoría, son del criterio y conclusión en sobreseer el Recurso de Amparo, por lo que el expediente debe ser devuelto a la Sala para su fallo, y habiendo fallado en los mismos términos en el Recurso de Amparo Penal SCO-0177-2015, el Pleno mantiene el mismo critério.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, De la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: Devolver el expediente de mérito a la Sala Constitucional por existir voto concurrente. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- NOTIFIQUESE.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, Magistrado Presidente por Ley, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO, Magistrado; EDGARDO CACERES CASTELLANOS, Magistrado; WILFREDO MENDEZ ROMERO, Magistrado; RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, Magistrada; MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Magistrado; ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA, Magistrada; ADELA MARIA KAFFATY ALVARADO, Magistrada Integrante ; NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, Magistrado Integrante; BRENDA CELINA HERNANDEZ FERRUFINO, Magistrada Integrante; CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, Magistrado Integrante; GARIN ENOC URQUIA CASTRO, Magistrado Integrante; ERIKA GERALDINA DUBON PADILLA, Magistrada Integrante; RUBEN RIVERA FLORES, Magistrado Integrante; LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, Magistrada Integrante; LUCILA CRUZ MENENDEZ, Secretaria General.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de las Sentencias de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) y veinte (20) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), respectivamente; recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0001-2013.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, las Sentencias que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y DE SU HIJO DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaró no Ha Lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAM LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA. Estima el recurrente que con la resolución reclamada se consideran violentados las garantías y derechos constitucionales contenidos en los Artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dos de agosto de dos mil dos, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, Departamento de Copán, el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de Apoderado legal de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y de su menor hijo DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, promoviendo Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, representada por el señor RENE DIAZ VALENZUELA, en su condición de Presidente de la Junta Directiva. (Folios 55 al 60 de la primera pieza de antecedentes)- 2) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado antes citado en fecha diez de junio de dos mil tres, dictó sentencia en la demanda relacionada, en la cual falló: “PRIMERO: (SIC) ”DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria de Responsabilidad Civil, reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios, por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de apoderado legal de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITA NUEVA VIDA LIMITADA, representada por su Presidente de la Junta Directiva señora RENE DIAZ VALENZUELA, SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.”. (Folio 259 AL 265 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, conociendo del recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, contra el auto emitido por el A-quo y relacionado en el numeral que precede, resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el recurso de apelación; SEGUNDO: DECLARA NULIDAD DE TODO lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda inclusive, porque el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán carecía de competencia objetiva para el conocimiento del caso, por lo que debe excusarse de la tramitación del proceso en que se promueva la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, Reparación de Daños Morales e indemnización de Perjuicios incoada por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA LIMITADA, por ser el Juzgado de Letras competente para su conocimiento el de Ejecución de esta ciudad;…”. (Folio 139 al 143 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) El recurrente Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., compareció ante este Tribunal, en fecha tres de enero de dos mil trece, interponiendo acción de amparo a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y de su hijo DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, violenta las garantías y derechos constitucionales contenidos en los Artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen.- 5) Que con fecha tres de marzo de dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada GINA MARIA SIERRA ZELAYA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEA el recurso de amparo interpuesto por el amparista.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaró no Ha Lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAM LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; por estimar que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los Artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República, pues el Juzgado de Ejecución de Sentencia fue creado mediante Acuerdo No.2 inciso 7, emitido por la Corte Suprema de Justicia, en fecha 27 de mayo de 2003, por lo que no existía el Juzgado que señala la Corte como el competente para conocer la demanda que anula; y, por consiguiente no podía esperarse para la interposición de la demanda, ante un Juzgado de Ejecución inexistente, por lo que se interpuso ante el Juzgado de Letras Seccional. Como se puede observar, la documentación que se presentó acompañando la demanda, todas estaban correctas y autenticadas por el funcionario respectivo, no como lo quiere hacer prevalecer el señor Presidente y Ponente de la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, en sus resoluciones.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, en el sentido que al efectuarse el estudio de las piezas contentivas del recurso de amparo, es de la opinión que sin ir al fondo del asunto y analizados los hechos a la luz de lo establecido en el Artículo 46, numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, concurre una causa de inadmisibilidad como ser, “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes”, siendo que el recurso procedente es el de Casación; en atención a lo dispuesto a los Artículo 900 y 901 del Código de Procedimientos Comunes, al dejar claramente establecido que este recurso procede contra las sentencias definitivas que pongan fin al pleito dictadas por las Cortes de Apelaciones. Por lo que el recurso de Amparo venido en autos, debió en su momento ser rechazado de plano y declarada inadmisible, siendo este el momento procesal oportuno para solicitar el sobreseimiento de las diligencias por existir la causal de inadmisibilidad aludida.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte recurrida en su sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaró no Ha Lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAM LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA; concluye que el error de interponer la demanda ante el Juzgado de Letras Seccional de Copán estriba en que, por muchísimas décadas fue permitido por la Ley, que la acción de responsabilidad civil se tramitara conjuntamente con el proceso penal, o, firme que fuera la sentencia condenatoria recaída sobre este, se interpusiera la acción civil en el Juzgado de Letras de lo Civil competente. Así lo decía el Código de Procedimientos Penales de 1984 en su Artículo 25, vigente cuando se ventilo la acusación criminal contra la demandante, derogado cuando esta promovió la acción de responsabilidad civil en contra de su acusador. Por lo que consideró procedente declarar no haber lugar al recurso de apelación; y, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como lo señala el Abogado Juan Arnaldo Hernández Espinoza, en su obra “APUNTES SOBRE LAS IMPUGNACIONES Y EJECUCIONES desde el punto de vista jurídico, IMPUGNACIÓN es el derecho subjetivo que asiste a la persona para pedir el otorgamiento de tutela legal contra actos jurídicos en general y en particular de actos procesales que se han cumplido o realizado con desviación de las directrices que para su cabal realización indican las leyes pertinentes. Ejercita también su derecho de impugnación, el litigante que acusa una actuación procesal dictada en el expediente, o en su caso, el procurador que suplica la nulidad de esa actuación procesal; como impugna la providencia judicial quien la refuta mediante los recursos. Así también señala que los recursos que no son más que los medios que las leyes franquean a las partes para que soliciten del juzgador o del dador de justicia que conoce del juicio, la enmienda o modificación de una resolución judicial que considera le causa perjuicio. O, también son los medios que tienen a su alcance las partes litigantes para pedir la enmienda de la providencia del juez.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en el Derecho Procesal, debemos entender por Reposición: el acto por el cual el juez vuelve a poner el pleito en el estado en que se encontraba antes de dictar la providencia o la sentencia que se requiere se enmiende de acuerdo con la ley y las argumentaciones formuladas. Para algunos tratadistas, la Reposición y la Aclaración, más que recursos son verdaderos remedios porque más que todo su alcance es el de “reparar” la decisión tomada y no la de “renovar” como ocurre en los recursos. La Apelación o Alzada, es el recurso concedido al litigante que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior, para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior. El concepto de Casación proviene del vocablo francés “CASSER” que significa romper, quebrar, depurar, anular. La Casación tiene como finalidades que le son inmanentes: la defensa del derecho objetivo que permite la conservación de un orden jurídico determinado y su aplicabilidad a cada caso concreto, y la interpretación de la ley, de las normas jurídicas, para que adquieran unidad base de la certeza jurídica (creación de jurisprudencia).- CONSIDERANDO ONCE (11): Que siendo que el proceso ya concluido mediante una sentencia, misma que adquirió el carácter de firme. Es decir ya no es susceptible de ningún recurso, incluido el de reposición, apelación o casación; bien por no preverlo la ley o bien porque estando previsto ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Según el Artículo 188 del Código de Procedimientos Comunes, vigente al momento de su emisión, una resolución o sentencia es firme (es decir, definitiva) cuando hace tránsito a “cosa juzgada” formal, es decir que se debe estar a lo dispuesto en ella. Se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido en un juicio. Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no esta configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4)…; 5)…; 6)…; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal: 8) …; y, 9) …. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es que confirmar la resolución definitiva emitida por el Juzgado correspondiente; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad en un asunto puramente civil; además de ser Actos Consentidos, haciendo énfasis en esta palabra ya que no nos estamos refiriendo a la palabra vulgar y prosaica que cualquier persona puede conocer si no consentido en un sentido jurídico y manejado en Juicio de Amparo nos estamos refiriendo a aquellos en que el quejoso, expresa o tácitamente los llega a aceptar; no procede el amparo; cabe sobreseer el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR MAYORIA DE VOTOS, en virtud de haber disentido el Magistrado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA; quien emitirá su voto particular, y en aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada, LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de noviembre del dos mil diecisiete. VISTO: Vistos La presentes diligencias procedentes de La Sala Constitucional referentes AL Recurso de Amparo Civil número SCO-01-2013 interpuesto por El Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES Y DE SU HIJO DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, Contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaro no ha lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de copan, Departamento de Copan, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA. Estima el recurrente que con la resolución reclamada se consideran violentados las garantías y derechos constitucionales contenidos en los artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO. 1) Que en fecha dos de agosto de dos mil dos, compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copan, Departamento de Copàn, el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de Apoderado Legal de la Señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y de su menor hijo DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, promoviendo Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, representada por el señor RENE DIAZ VALENZUELA, en su condición de Presidente de la Junta Directiva. (Folios 55 al 60 de la primera pieza de antecedentes)- 2) Que adelantado que fue el proceso, el juzgado antes citado en fecha diez de junio de dos mil tres, dicto sentencia en la demanda relacionada, en la cual falló: “PRIMERO: (SIC) “DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria de Responsabilidad Civil, reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios, por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de apoderado legal de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, representada por su Presidente de la Junta Directiva señor RENE DIAZ VALENZUELA, SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.”(Folio 259 AL 265 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copàn, conociendo del recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, contra el auto emitido por el A-quo y relacionado en el numeral que precede, resolvió: ( Sic) “PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el recurso de apelación; SEGUNDO: DECLARA NULIDAD DE TODO lo actuado a partir del auto de admisión de la demanda inclusive, porque el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copan carecía de competencia objetiva para el conocimiento del caso, por lo que debe excusarse de la tramitación del proceso en que e promueva la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil, Reparación de Daños Morales e Indemnización de Perjuicios incoada por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, por ser el Juzgado de Letras competente para su conocimiento el de Ejecución de esta ciudad….” (Folio 139 al 143 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) El recurrente Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., compareció ante este Tribunal, en fecha tres de enero de dos mil trece, interponiendo acción de amparo a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES y de su hijo DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce, violenta las garantías y derechos constitucionales contenidos en los artículos 60, 64, 68, 76, 82, 90 párrafo primero, 183 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el termino de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen.- 5) Que con fecha tres de marzo de dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la Abogada GINA MARIA SIERRA ZELAYA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEA el recurso de amparo interpuesto por el amparista.- 6) Que en fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Constitucional, emite sentencia en el recurso de amparo por El Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES Y DE SU HIJO DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, Contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaro no ha lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de copan, Departamento de Copan, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA, en el cual no existió unanimidad en la sala.- 7) Que en fecha veintinueve de Septiembre del año dos mil dieciséis, la Sala Constitucional resuelve remitir las diligencias y sus antecedentes a la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, para su conocimiento al pleno de la Corte Suprema de Justicia que conlleve su conocimiento y resolución definitiva, en vista de no haber existido unanimidad en la decisión del mismo por el pleno de la Sala de lo Constitucional en las diligencias de amparo interpuestas por El Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, a favor de la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES Y DE SU HIJO DAVID ALFREDO COTO CARBAJAL, Contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaro no ha lugar un recurso apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de copan, Departamento de Copan, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conocer y emitir resolución de fondo cuando en los fallos emitidos a través de la Sala de lo Constitucional, no sean dictados por unanimidad acorde a lo establecido en el Articulo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo N0. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de las diligencias en virtud de que la Sala de lo Constitucional en fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, emite sentencia por mayoría, por lo que tal como lo dispone el artículo 8 de la Ley de Justicia Constitucional, remitió las diligencias a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento y decisión final, esto en el recurso de amparo que se promoviera contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copàn, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, que declaro no ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha diez de junio de dos mil tres, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Copan, Departamento de Copán, con relación a la Demanda Ordinaria de Responsabilidad Civil promovida por la señora MIRIAN LORENA CARBAJAL REYES, contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA LIMITADA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez analizado el caso, la Corte Suprema de Justicia, arriba a la conclusión que el asunto de merito no debe ser fallado por el pleno, en virtud de que en ambos casos tanto el voto de la mayoría, como el voto de la minoría, son del criterio y conclusión en sobreseer el Recurso de Amparo, por lo que el expediente debe ser devuelto a la Sala para su fallo, y habiendo fallado en los mismos términos en el Recurso de Amparo Penal SCO-0177-2015, el Pleno mantiene el mismo critério.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, De la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: Devolver el expediente de mérito a la Sala Constitucional por existir voto concurrente. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- NOTIFIQUESE.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ, Magistrado Presidente por Ley, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO, Magistrado; EDGARDO CACERES CASTELLANOS, Magistrado; WILFREDO MENDEZ ROMERO, Magistrado; RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, Magistrada; MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Magistrado; ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA, Magistrada; ADELA MARIA KAFFATY ALVARADO, Magistrada Integrante ; NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, Magistrado Integrante; BRENDA CELINA HERNANDEZ FERRUFINO, Magistrada Integrante; CONAN RAFAEL ARGUETA BOURDETT, Magistrado Integrante; GARIN ENOC URQUIA CASTRO, Magistrado Integrante; ERIKA GERALDINA DUBON PADILLA, Magistrada Integrante; RUBEN RIVERA FLORES, Magistrado Integrante; LISSIEN GICELA CHIUZ LAITANO, Magistrada Integrante; LUCILA CRUZ MENENDEZ, Secretaria General.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de las Sentencias de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) y veinte (20) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), respectivamente; recaídas en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0001-2013.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional