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Sentencia AA-791-14 — Registro 6013

Resumen

La Resolución TSE-013-2014 y el Acuerdo TSE-003-2014 se interrelacionan y decretan la liquidación y cancelación de la inscripción de la personalidad jurídica del Partido Alianza Patriótica Hondureña (La Alianza), lo que provoca una restricción a los derechos constitucionales y convencionales de miles de hondureños que ejercieron su sufragio a favor de La Alianza al no permitirsele acceder a formar parte de la institucionalidad pública por delegación popular

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

...CONSIDERANDO (21): Que en este orden de ideas, ya la Sala de lo Constitucional se ha expresado en anteriores fallos, respecto a que resulta fundamental que los organismos rectores de los procesos electorales realicen la revisión que les corresponde en el marco legal del país, con especial atención en cuanto a ponderar el alcance de las consabidas restricciones, a efecto de comprobar si son éstas o no legítimas: “… para lo cual deberá confrontar la norma electoral mediante el debido ejercicio del control de constitucionalidad y de convencionalidad”;[6] lo cual no muestra debido cumplimiento en el presente caso, en clara omisión al debido proceso por parte de la autoridad denunciada, como es el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE). CONSIDERANDO (22): Que cabe también, en particular, destacar los derechos fundamentales de participación electoral mediante el derecho de sufragio activo en órganos de representación política, es decir, el derecho a votar en elecciones periódicas para la designación de los representantes y el derecho a ser elegido o derecho de sufragio pasivo y el derecho a acceder a cargos y funciones públicas mediante los mecanismos precisados en la Constitución de la República; indicados ambos en los artículos 37 y 44 de la Carta Magna, los cuales estipulan respectivamente: “Son derechos del ciudadano: 1. Elegir y ser electo; (…)”, y que: “El sufragio es un derecho y una función pública. El voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto”; los cuales, se han visto restringidos inmotivadamente a los accionantes, en la modalidad de participación concerniente al partido político cuya personería fue suprimida, sin demostrarse de modo alguno la necesidad de tal medida de corte restrictivo, ni plasmarse el necesario control convencional y constitucional de la norma legal secundaria citada, por parte de la autoridad electoral denunciada; según se colige de los antecedentes...CONSIDERANDO (29): Que por todo lo anterior, seguido el íter lógico argumentativo que sustenta la presente sentencia, procede en derecho otorgar la presente acción constitucional de amparo a efecto se tengan por inaplicables la Resolución número TSE-013-2014, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil catorce (2014) y el Acuerdo número TSE-003-2014 de fecha seis (6) de mayo del año dos mil catorce (2014), dictados por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE); por resolver y decretar la liquidación y consiguiente cancelación de la inscripción como persona jurídica de un partido político, en exceso a las atribuciones constitucionales y convencionales que resguardan, tanto las libertades civiles y políticas de la ciudadanía hondureña, como la forma democrática, republicana y representativa de gobierno...

Legislación citada

Sentencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora y designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación; RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: La COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO, S.A. DE C.V., representada en juicio por los Abogados NICOLAS CRUZ AGUILAR Y DINIA MERCEDES ACOSTA; en su condición de recurrentes; siendo recurrido el Abogado ELVIN TREJO SOTO, en su condición personal.

OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA DE PAGO, REIVINDICACION DE DOMINIO Y DERECHOS REALES SOBRE UN BIEN INMUEBLE, INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado ELVIN PASTOR TREJO SOTO, en su condición personal, contra la Sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO S.A. DE C.V.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva de fecha ocho (08) de enero del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el juicio contentivo de la DEMANDA DE PAGO, REIVINDICACION DE DOMINIO Y DERECHOS REALES SOBRE UN BIEN INMUEBLE, INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil doce (2012), ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado ELVIN PASTOR TREJO SOTO, en su condición personal, contra la Sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO S.A. DE C.V., dictó sentencia REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha ocho (08) de enero del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, fallando de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ELVIN PASTOR TREJO SOTO quien actúa en su condición personal, contra la sentencia definitiva de fecha ocho de enero de dos mil trece (F 102), en la demanda de pago, reivindicación de dominio y derechos reales sobre un bien inmueble, indemnización de daños y perjuicios promovida contra COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO S.A. DE C.V dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula.- SEGUNDO: REFORMAR la sentencia definitiva de fecha ocho de enero de dos mil trece (F 102), misma que deberá leerse así: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la demanda de pago de las cuotas de dinero en concepto del arriendo de los inmuebles donde se encuentra establecida la COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO S.A. DE C.V, desde el dieciocho de junio de dos mil diez, fecha en que adquirió el mismo, a razón de treinta mil lempiras (L 30,000.00) mensuales. En consecuencia condena a la empresa demandada a pagar al demandante ELVIN PASTOR TREJO SOTO la cantidad de UN MILLON CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 1,050,000.00) en concepto de alquileres.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR la demanda de pago de bonos compensatorios insolutos que genera la comercialización del banano que produce la COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO S.A DE C.V, en los lotes de terreno de su propiedad.- TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la acción reivindicatoria de dominio y derechos reales sobre los bienes inmuebles propiedad del demandante.- CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR la acción de indemnización de daños y perjuicios promovida por el demandante ELVIN PASTOR TREJO SOTO.- QUINTO: SIN COSTAS en primera instancia…SIN COSTAS en Segunda Instancia“.

SEGUNDO: Los Representantes Procesales de la COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO S.A. DE C.V., Abogados DINIA MERCEDES ACOSTA GALINDO Y NICOLAS CRUZ AGUILAR, presentaron con fecha veinte (20) de junio del año dos mil trece (2013), escrito de interposición del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013), dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés.

TERCERO: Mediante auto de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tuvo por interpuesto el recurso de casación por parte de los Abogados NICOLAS CRUZ AGUILAR Y DINIA MERCEDES ACOSTA, ambos en su condición ya indicada y acordó conceder a la parte contraria el término de diez (10) días para que se pronunciara sobre el contenido del recurso.

CUARTO: El Representante Procesal de la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA AGRICOLA BARRANCO S.A. de C.V., Abogado ELVIN PASTOR TREJO SOTO, en fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil trece (2013), presentó escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, tener por devuelto en tiempo y forma el pronunciamiento concedido al Abogado ELVIN PASTOR TREJO SOTO, en su condición ya indicada, ordenando la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.

QUINTO: Recibidas las actuaciones en éste Tribunal, los Abogados ELVIN TREJO SOTO, NICOLAS CRUZ AGUILAR Y DINIA MERCEDES ACOSTA, todos en su condición ya indicada, presentaron escritos de personamiento en fechas catorce (14) y diecinueve (19) de agosto del año dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.

SEXTO: Que la parte recurrente plantea en su único motivo su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “EXPOSICION DE MOTIVOS UNICO MOTIVO: Sufrir la sentencia proferida de la aplicación e interpretación indebida del artículo 56 de la Ley de Inquilinato del código procesal civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en lo mandado por el artículo 719 numeral 2 del código procesal civil vigente en el país. EXPLICACION DEL MOTIVO Al momento de emitir el fallo de fecha veinte de mayo de dos mil trece, los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, aun y cuando dentro de la motivación jurídica no se encuentran enumerado el artículo 56 de la Ley de Inquilinato, de la lectura de la Motivación Fáctica de la sentencia relacionada, podemos concluir que, fue este precepto legal, el utilizado como fundamento para revocar parcialmente la sentencia emitida en fecha ocho de enero de dos mil trece, por el Juzgado de Letras Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula en el sentido siguiente: “DECLARAR CON LUGAR la demanda de pago de las cuotas de dinero en concepto de arriendo de los inmuebles donde se encuentra establecida la compañía Agrícola Barranco S.A. de C.V.” resultando totalmente erróneo e indebidamente aplicado al caso concreto la disposición legal de tratarse la presente causa, de una relación contractual de arrendamiento, tomando como prueba fundamental para acreditar tal extremo, los fallos presentadas por el demandante como lo son la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Civil en fecha uno de noviembre de dos mil once recaída en el expediente identificado con el expediente numero 1374-2011 reformada mediante sentencia de segunda instancia de fecha dos de febrero de dos mil doce por la honorable Corte de Apelaciones Civil ambos de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Fue objeto de controversia desde el inicio del presente proceso, que los accionistas de la empresa Campo Barranco S.A. de C.V. reciben mensualmente cantidades de dinero de manera proporcional al numero de acciones suscritas en la empresa, tal como quedo establecido con la Escritura de Constitución de Sociedad, relacionadas estas con las copias autenticadas de las hojas de pago de asignación a socios por acción, al igual que el acta numero 10 de la asamblea ordinaria de accionistas, punto numero cuatro donde la asamblea resolvió no firmar contrato de arrendamiento entre la empresa y los dueños de la tierra (a la vez accionistas) y con las declaraciones rendidas por los señores JULIO WILMER ALVARADO BONILLA y PABLO CONTRERAS, elementos probatorios a los cuales los Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, omitieron referirse en tanto porque se descarto su valoración jurídica, si dentro de los hechos probados numeral II de la sentencia emitida en primera instancia se enuncian para acreditar la FALTA DE LEGITIMIDAD del demandante para reclamar el pago de los dineros cuestionados. Imperativo entonces es indicar que esas sentencias no son extensivas de manera obligatoria al caso en estudio, ya que el artículo 275 numeral 1 del código procesal civil dice: “harán prueba en juicio, sin necesidad de comprobación o cotejo, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO” (lo subrayado es nuestro), con los medios de pruebas presentado en defensa de la empresa demandada, HA QUEDADO PROBADO que el pago no era en concepto de arrendamiento, sino como dividendos de las acciones que la señora Victoria Bonilla Q.D.D.G, mantenía al momento de su fallecimiento con la empresa mercantil que representó. Asimismo obviaron pronunciarse en relación al formato de contrato de arrendamiento, agregado por la parte demandante como medio de prueba, la que relacionada con la declaración rendida por el señor JULIO WILMER ALVARADO BONILLA, quien en todo momento negó haber firmado y que existiera la relación contractual de arrendamiento entre ambos, habiendo manifestado que recibió los dineros en representación de las acciones de su madre por contar con el poder correspondiente, así lo indico el juzgador conocedor de la presente causa, en el considerando OCTAVO de la sentencia emitida por Juez de Letras Civil de San Pedro Sula, en fecha ocho de enero de dos mil trece. Corre agregada al expediente de mérito escritura pública de crédito abierto numero cuarenta y cuatro autorizada por el notario JOSE ANTONIO FERNANDEZ, de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con primeras Hipotecas sobre Inmuebles y prenda mercantil a favor de Banco Continental S.A. y International Fruit Traders Limited, que se encuentra vigente a la fecha (en aplicación del artículo 168 de la actual Ley del Sistema Financiero), siendo uno de los tantos FIADORES, la señora VICTORIA BONILLA Q.D.D.G., sirviendo el bien inmueble como garantía y el importe del crédito se designa exclusivamente para la inversión en la fincas de bananos, cada accionista permitió o autorizó a compañía Agrícola Barranco S.A. de C.V. la explotación de sus fincas por ser el medio necesario para la obtención del crédito, no por ello la empresa mercantil demandada puede ser considerada arrendataria de dichos inmuebles por estar así establecido, pues si bien es cierto la administración del importe del dinero se canaliza por medio de la compañía, no menos cierto es que los dueños de la tierra explotada y, a la vez socios de la empresa, obtienen como beneficio un pago mensual por las acciones suscritas con la sociedad mercantil en mención, lo que genera la confusión del demandante en creer que se encuentra legitimado para reclamar pago por arriendo; todo lo anterior SIN OLVIDAR que el señor TREJO SOTO conocía de la situación jurídica en que se encuentra la tierra que adquirió de su representado el señor JULIO WILMER ALVARADO BONILLA. El demandante muestra un interés en generar confusión entre los juzgadores, al aprovechar el desconocimiento (de los socios y propietarios) del vocablo jurídico y sus consecuencias, que implica referirse al pago que reciben mensualmente de la sociedad mercantil como un “arrendamiento”, por cuanto de la documentación a la que hemos venido refiriéndonos en los anteriores párrafos se deduce que cada uno de los propietarios de aquel entonces de los bienes inmuebles involucrados (hoy, la mayoría, en posesión de sus herederos) AUTORIZARON a manera de colaboración mutua que Compañía Agrícola Barranco S.A. de C.V. administrara, bajo el entendido que deben realizarse labores de renovación de las fincas, mejoramiento de técnicas de plantación, del sistema de riego y la comercialización del producto; y a cambio las utilidades serían distribuidas de manera mensual a cada uno de los accionistas conforme al numero de acciones suscritas. De lo antes expresado se comparte el criterio de los Magistrados en cuanto a lo expresado en la motivación fáctica y jurídica en su numeral cuarto, al exponer que lo que hubo fue una compraventa celebrada entre el señor JULIO WILMER ALVARADO BONILLA y el hoy demandante, que solamente se transfirió el dominio de dos lotes de terrenos, no así de las acciones adquiridas por herencia por cada uno de los hijos de la señora VICTORIA BONILLA Q.D.D.G. en tal sentido no esta obligada a la que se le condene al pago de los bonos insolutos que genera la comercialización del banano como lo reclama en su demanda el señor TREJO SOTO. Finalmente deseamos expresar que compartimos totalmente los numerales Segundo, Tercero, Cuarto de la reforma de la sentencia, específicamente a la declaratoria Sin Lugar del pago de bonos compensatorios insolutos, Declarar sin Lugar a la acción Reivindicatoria de dominio y derechos reales y la declaratoria Sin Lugar el pago de Daños y perjuicios”.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante auto, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por los ABOGADOS DINIA MERCEDES ACOSTA GALINDO y NICOLÁS CRUZ AGUILAR, en su condición de representantes procesales de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA BARRANCO, S.A., DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013); recurso de casación que formalizó en un único motivo por “sufrir la sentencia proferida aplicación e interpretación indebida del Artículo 56 de la Ley de Inquilinato del Código Procesal Civil” y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

  2. Los recurrentes en su único motivo de casación alegan ““sufrir la sentencia proferida aplicación e interpretación indebida del Artículo 56 de la Ley de Inquilinato del Código Procesal Civil” y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y en la explicación del motivo se refieren a los medios de prueba, olvidando que la infracción por aplicación o interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio se produce con independencia de los medios de prueba aportados al litigio. Además, de la forma en que los impetrantes formulan su único motivo de casación se hace evidente que alegan dos formas de infringir la ley, como son la aplicación o interpretación de las normas de derecho que se producen por causas diferentes; finalmente, se refieren a “interpretación indebida del Artículo 56 de la Ley de Inquilinato del Código Procesal Civil”, pero es del caso hacer notar que no existe la Ley de Inquilinato del Código Procesal Civil, haciendo notoria la falta de claridad, en violación al numeral 2 del Artículo 721 del Código Procesal Civil; razones por las cuales el motivo no puede ser admitido a trámite.

  3. Los impugnantes, además, en su escrito de interposición y formalización del recurso de casación, omiten dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del Artículo 721 del Código Procesal Civil que manda que se haga constar si se estima necesario o no la celebración de la audiencia.

  4. En conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte de los impetrantes, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en el único motivo de casación expuesto, la causa prevista en el numeral 2, literales a) y b) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.

  5. Que el demandante, ABOGADO ELVIN PASTOR TREJO SOTO, actuando en su condición personal, dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por los apoderados de la parte recurrente, rechazando los argumentos de los impugnantes.

  6. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación planteado por los apoderados de la parte recurrente, por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a la parte recurrente y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.

III. PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) LA INADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, planteado por los ABOGADOS DINIA MERCEDES ACOSTA GALINDO y NICOLÁS CRUZ AGUILAR, en su condición de representantes procesales de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA BARRANCO, S.A., DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la demanda ordinara de pago, reivindicación de dominio y derecho reales sobre un bien inmueble e indemnización de daños y perjuicios, interpuesta por el ABOGADO ELVIN PASTOR TREJO SOTO, en su condición personal contra la COMPAÑÍA AGRÍCOLA BARRANCO, S.A. DE C.V., 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el 20 de mayo de 2013, en el expediente de apelación número 91-13 C.V. originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número cero cinco cero uno, dos mil doce, cero dos cuatrocientos veinticinco (0501-2012-02425) del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. 3) Condenar en costas a la parte recurrente; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Edith María López Rivera. NOTIFIQUESE.

EDITH MARIA LOPEZ RIVERA

MAGISTRADA COORDINADORA

RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

MAGISTRADO

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ

MAGISTRADA