Sentencia AA-548-14 — Registro 10302
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto por recurrente (demandante), con relación a liquidación de sentencia definitiva dictada por juzgado de primera instancia que estimó la acción judicial por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado; decretó nulidad de actos impugnados Resolución No. 04-117 y No. 02-1182 emitidas por demandada; en relación a demanda para que se declare nulidad de actos administrativos de carácter parituclar, pago de cantidades adeudadas por aplicación incorrecta de cláusula escalatoria de contrato administrativo público, más pago de cantidades por otros conceptos; acción judicial promovida por recurrente contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); el Tribunal de Alzada resolvió recurso de reposición interpuesto por recurrente y declaró sin lugar el recurso de apelación ya que la sentencia definitiva establece claramente los conceptos que deben ser pagados al demandante, en lo demás confirma la sentencia y declaró sin lugar nulidad solicitada por recurrente por no haberse causado indefensión
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Del contenido de la sentencia recurrida no se observa que el órgano jurisdiccional haya actuado con parcialidad en relación a alguna de las partes, tampoco se observa violación a la garantía del debido proceso..."…"firme la sentencia definitiva de fecha once (11) de octubre del dos mil once (2011) en su parte resolutiva señala: “Diferir para la etapa de ejecución del presente fallo, la cuantificación de los conceptos antes señalados ya que si bien el informe pericial es bastante concluyente, hay conceptos que solo pueden ser definitivamente cuantificados una vez sea firme el presente fallo…”; en donde la cuantificación realizada por el órgano jurisdiccional ejecutante, ni implica en ninguna manera la modificación de la cosa juzgada, pues los conceptos de pago no se varían, lo que se hace en esa etapa es cuantificar cada una de ellas escuchando a la partes, quienes en esta etapa presentan la justificación de su pretensión. Que cuando una de las partes no esté de acuerdo con los montos fijados, la ley procesal franquea el derecho a interponer el recurso de apelación, este recurso se debe considerar como el acto de la parte por medio del cual se pide al superior del órgano jurisdiccional que dicto al resolución que la examine de nuevo y se pronuncie respeto a una cuestión fáctica o jurídica que ha sido objeto de dicha resolución y que a criterio del recurrente le resulte perjudicial al impetrante. El recurso de apelación en relación al artículo 705 del Código Procesal Civil tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente, igualmente tiene por objeto la revisión tanto de los hechos dados, como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba y se dirige contra todas aquellas resoluciones que le pongan fin al proceso. En consecuencia esta resolución en base a lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil se encuentra debidamente motivada, por lo que se desprende que en la fase de ejecución de las sentencias tanto el A Quo como el Tribunal Ad Quem tienen la facultad diferida del fallo firme, así como de la ley procesal civil de cuantificar los conceptos condenados, por lo que cual al realizarse esta en la fase de ejecución no se violenta el debido proceso..."..."al revisar la sentencia recurrida por el amparista no se aprecia la vulneración al principio de legalidad ni de las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 9 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 134 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 79 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 84 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 705 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley General de la Administración Pública, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), la cual según el recurrente, fue modificada parcialmente mediante la resolución de reposición de fecha diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), mismas que resolvieron un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013), con relación a la liquidación de sentencia de la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V. contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). Estima el recurrente que con el acto reclamado se vulneran los artículos 60, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán el Abogado ALEX RAFAEL D’VICENTE JARQUIN, actuando en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V., promoviendo demanda para que se declare la nulidad de unos actos administrativos de carácter particular por ser contrarios a derecho, y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), demanda en la cual el reclamante solicita que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento consistentes en el pago de cantidades adeudadas por aplicación incorrecta de la cláusula escalatoria de un contrato administrativo público, se ordene además, el pago correspondiente por la construcción de un acceso pavimentado la Proyecto Residencial “San Carlos”, el pago del complemento por el relleno efectuado en dicho proyecto, además del pago de intereses, el lucro cesante, daño emergente, gastos extrajudiciales y costas de conformidad con el Arancel del Profesional del Derecho. (Folios del 1 al 24 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha once (11) de octubre de dos mil once (2011), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual FALLO (sic): “PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción incoada por la sociedad mercantil CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L DE C.V. a través de su apoderado legal el abogado ALEX RAFAEL D’VICENTE JARQUIN. Contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado. SEGUNDO: Decretar la nulidad de los actos impugnados identificados como la resolución No. 04-1171 del 16 de junio de 2010 y la resolución No. 02-1182 de 8 de septiembre de 2010 ambas emitidas por la demandada, en tanto han sido proferidas con clara infracción al ordenamiento jurídico aplicable al caso, en tanto han desconocido obligaciones contractuales, (bajo el argumento de la prescripción) de obligatorio cumplimiento. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y como consecuencia del incumplimiento contractual se declara a favor de la demandante, el derecho a que se le pague por parte del INJUPEMP los siguientes conceptos A) El pago de cantidades adeudadas por aplicación incorrecta de la cláusula escalatoria de un Contrato Administrativo Público. B) El Pago correspondiente por la construcción de un acceso pavimentado al proyecto residencial San Carlos. C) Pago del Complemento de relleno efectuado. D) Pago de intereses. E) El Lucro Cesante. F) Daño Emergente. CUARTO: Diferir para la etapa de ejecución del presente fallo, la cuantificación de los conceptos antes señalados ya que si bien el informe pericial es bastante concluyente, hay conceptos que solo pueden ser definitivamente cuantificados una vez sea firme el presente fallo. …”. (Folios del 407 al 413 de la primera pieza) .-3) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013), el Abogado ALEX RAFAEL D’VICENTE JARQUIN, actuando en la condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, presentando la liquidación de la sentencia definitiva de fecha once de octubre de dos mil once, de que se hace referencia en el inciso que antecede. (Folios del 1 al 9 de la pieza separada de liquidación de sentencia).-4) Que seguido el trámite correspondiente, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013), el referido Juzgado, emitió auto resolutivo en la cual resolvió: PRIMERO: Declarar CON LUGAR, parcialmente, la Oposición Planteada por parte del INJUPEMP con respecto a la pretensión de Liquidación de una sentencia definitiva presentada por LA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTRUCTORA SATO S, DE R.L., pues la cantidad reclamada merecer ser ajustada. SEGUNDO: Liquidar la sentencia definitiva proferida por este Juzgado en fecha 11 de octubre de 2011, en la cantidad de NOVENTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.99,720,993.44) que incluye los conceptos objetos de condena (CAPITAL MAS INTERESES). TERCERO: Fijar como cantidad que se le debe abonar al solicitante NOVENTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.99,720,993.44), …” (Folios del 54 al 57 de la pieza separada de liquidación de sentencia).-5) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Abogado TEÓFILO ZÚNIGA SALGADO a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y por el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LÓPEZ a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V. contra la sentencia que se deja relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), mediante la cual falló (sic): “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO, actuando en su condición como Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Resolutivo de fecha Dieciocho de Noviembre de Dos Mil Trece, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corren a folios del Numero Cincuenta y Cuatro (54) al Numero Cincuenta y siete (57) de la pieza separada de Liquidación de Sentencia, en el sentido de liquidar la sentencia definitiva firme de fecha 11 de octubre del 2012, en la cantidad de QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (LPS. 15, 168,844.10), Cantidad que resulta de la suma de los intereses que se calculan con una tasa del 20.28%, por once años desde noviembre del dos mil dos a septiembre del dos mil trece, con la cantidad adeudada de LPS 4,695.073.70.-…”. Folios del 15 al 18 de la pieza de apelación).-6) Que el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LÓPEZ, actuando en la condición antes mencionada interpuso recurso de reposición contra la sentencia de fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.-7) Que en fecha diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), la referida Corte de Apelaciones resolviendo sobre la reposición interpuesta, dicto sentencia mediante la cual falló: “Declarar Con Lugar Parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.- SEGUNDO: Reponer Parcialmente la sentencia dictada por ésta Corte de Apelaciones en fecha 27 de febrero de 2014, en el siguiente sentido: A) Tener como apelantes y como apelados a los Abogados WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V. y TEOFILO ZUNIGA SALGADO, actuando en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), quienes presentaron sus respectivos agravios y contestación de agravios, tanto como apelantes como apelados, los cuales constan de autos y se mandan agregar al expediente los personamientos respectivos, los cuales se realizaron en tiempo y forma, teniéndose, por lo tanto, ambas partes como apelantes y apelados: B) Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO S.DE R.L. DE C.V., por ser improcedente lo alegado, ya que la sentencia definitiva establece claramente los conceptos que le deben ser pagados al demandante, los cuales están señalados en el escrito de demanda a los cuales se le debe calcular los respectivos intereses; C) En lo demás se confirma la Sentencia emitida por esta Corte de Apelaciones en fecha 27 de febrero 2014, por considerar que la misma se encuentra dictada conforme a derecho.- TERCERO: Declarar Sin Lugar la nulidad solicitada por el recurrente, por improcedente, por no haberse causado indefensión.- …” (Folios del 42 al 45 de la pieza de segunda instancia).-8) Que el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR compareció ante este Tribunal en fecha cuatro(4) de junio de dos mil catorce (2014), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. DE C.V. por considerar que la sentencias de fecha veintisiete (27) de febrero y diez (10) de abril de dos mil catorce (2014) emitidas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo son violatorias de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha seis (6) de agosto de dos mil catorce (2014).- 9) Que esta Sala en fecha primero (1) de octubre de dos mil catorce (2014), tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Agente Fiscal para la Defensa de la Constitución siendo de la opinión porque “NO SE OTORGUE”, el recurso de amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERNADO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), la cual según el recurrente, fue modificada parcialmente mediante la resolución de reposición de fecha diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), mismas que resolvieron un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013), con relación a la liquidación de sentencia de la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V. contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le han vulnerado los derechos fundamentales como ser: Lo que expresa el artículo 60 constitucional: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos”; por su parte el artículo 64 de la Constitucional establece: “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derecho y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversen”. El artículo 82 refiere: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. Por su parte el artículo 90 constitucional: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Finalmente el artículo 321 manifiesta: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Del contenido de la sentencia recurrida no se observa que el órgano jurisdiccional haya actuado con parcialidad en relación a alguna de las partes, tampoco se observa violación a la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO CINCO (5): Es congruente que al interponer el recurso de amparo y a manera de ilustración se establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, estableciendo para la presente causa que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo, incluyéndose dentro de la administración pública a la centralizada y descentralizada, entendiéndose por administración pública, conforme a lo consignado en el artículo 2 de la Ley General de la Administración Pública. Al tenor del artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la competente para conocer los casos en relación con actos de carácter particular o general de la administración pública; consecuentemente en el contenido de la ley que se señala un procedimiento propio al que se tiene que someter los casos que deban ser dilucidados por esa jurisdicción, entre los cuales se puede mencionar: Presentación de la demanda, documentos que se acompañan, término para presentarla, auto de admisión, causales de inadmisibilidad de la demanda, contestación de la demanda, defensas previas, etcétera[1]. Señalando además las formas de finalizar el procedimiento contencioso administrativo, y si fuese por causal de inadmisibilidad de la demanda prevé las defensas previas o la estimación de oficio por el propio órgano jurisdiccional de alguna causal de inadmisibilidad, sumando a ello tomando en consideración el contenido del artículo 134 de la referida Ley estableciendo que: “En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código de Procedimientos Civiles…” se deja claramente establecido que las disposiciones del Código Procesal Civil, serán aplicadas de carácter supletorio, cuando no exista disposición regulatoria en la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIERANDO SEIS (6): Que en relación a la intervención en el proceso regulados en los artículos 79 y 84 del Código Procesal Civil denunciados por el amparista cabe mencionar que el escrito de interposición del mismo[2] tiene consignada la fecha veintiocho (28) de noviembre del dos mil trece (2013) día en el Abogado de la parta demandada se encontraba fuera del país tal como se consta en autos, más no existe admisión que indique que no fue él quien firmo dicho documento, lo que si indicó es que no fue él quien presentó el escrito que contiene el recurso a la Secretaría del Juzgado, sin embargo en base a las causas de nulidad establecidas en el artículo 212 del Código Procesal Civil no son aplicables a la violación a la garantía del debido proceso constitucional en relación a la persona que presentó el escrito firmado y sellado por el Abogado de la parte ejecutada ya que la legislación procesal no exige que el abogado que firma el documento presente personalmente todos pues con su firma se acredita su comparecencia.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que firme la sentencia definitiva de fecha once (11) de octubre del dos mil once (2011) en su parte resolutiva señala: “Diferir para la etapa de ejecución del presente fallo, la cuantificación de los conceptos antes señalados ya que si bien el informe pericial es bastante concluyente, hay conceptos que solo pueden ser definitivamente cuantificados una vez sea firme el presente fallo…”; en donde la cuantificación realizada por el órgano jurisdiccional ejecutante, ni implica en ninguna manera la modificación de la cosa juzgada, pues los conceptos de pago no se varían, lo que se hace en esa etapa es cuantificar cada una de ellas escuchando a la partes, quienes en esta etapa presentan la justificación de su pretensión. Que cuando una de las partes no esté de acuerdo con los montos fijados, la ley procesal franquea el derecho a interponer el recurso de apelación, este recurso se debe considerar como el acto de la parte por medio del cual se pide al superior del órgano jurisdiccional que dicto al resolución que la examine de nuevo y se pronuncie respeto a una cuestión fáctica o jurídica que ha sido objeto de dicha resolución y que a criterio del recurrente le resulte perjudicial al impetrante. El recurso de apelación en relación al artículo 705 del Código Procesal Civil tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente, igualmente tiene por objeto la revisión tanto de los hechos dados, como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba y se dirige contra todas aquellas resoluciones que le pongan fin al proceso. En consecuencia esta resolución en base a lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil se encuentra debidamente motivada, por lo que se desprende que en la fase de ejecución de las sentencias tanto el A Quo como el Tribunal Ad Quem tienen la facultad diferida del fallo firme, así como de la ley procesal civil de cuantificar los conceptos condenados, por lo que cual al realizarse esta en la fase de ejecución no se violenta el debido proceso.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el derecho al Debido Proceso, debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, la garantía del debido proceso plasmada en la Constitución de la República, como derecho fundamental de aplicación inmediata (Artículo 90) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre proclamada el mismo año (Artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica 1969, (Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad de interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial que orienta el proceso, la aplicación del principio de ser oído y vencido en juicio, el principio de audiencia, el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilación injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y la de controvertir las que se aleguen en su contra, y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Constituyendo una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, constituyendo un límite al abuso de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector no solo a la actuación jurisdiccional, sino también administrativa del Estado. Por lo que al revisar la sentencia recurrida por el amparista no se aprecia la vulneración al principio de legalidad ni de las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 60, 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 321 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 9, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 79, 84, 207, 212 y 705 del Código Procesal Civil; 2 Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 41, 47, 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), la cual según el recurrente, fue modificada parcialmente mediante la resolución de reposición de fecha diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), mismas que resolvieron un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO actuando a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V., contra la sentencia dictada por la SALA DE LO CONSTITUCIONAL en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) que denegó la garantía de amparo.-CONSIDEDRANDO UNO (1): Al examinar los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición, este Alto Tribunal de Justicia, observa que el censor pretende, por vía de amparo, se valore el derecho al debido proceso el que se encuentra plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República, al considerar que ha sido vulnerado, el cual fue debidamente debatido en primera instancia y que responde inequívocamente a cálculos matemáticos resultantes del tiempo y la tasa legal establecida para determinar intereses legales y los daños y perjuicios causados en un caso concreto.- CONSIDERANDO DOS (2): Que en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación a una declaración y/o un derecho contenido en la Constitución de la República, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de la sentencia que se impugna.-CONSIDERANDO TRES (3): Que conforme se ha dejado establecido en los considerandos en que se fundamenta la resolución recurrida, el recurso intentado por el recurrente no reúne los requisitos mínimos de fondo y forma necesarios para continuar su tramitación, razones por las que la resolución recurrida, conforme a la motivación expuesta en la misma se encuentra apegada a derecho y procede en consecuencia declarar sin lugar por improcedente el recurso de reposición interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 90, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 64, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO contra la sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el recurso de amparo de mérito; Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada por el peticionario, debiendo la Secretaría del Despacho notificar la presente resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 4 numeral 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ., MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) y Resolución de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), recaídas en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0548-2014. .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), la cual según el recurrente, fue modificada parcialmente mediante la resolución de reposición de fecha diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), mismas que resolvieron un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013), con relación a la liquidación de sentencia de la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V. contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). Estima el recurrente que con el acto reclamado se vulneran los artículos 60, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán el Abogado ALEX RAFAEL D’VICENTE JARQUIN, actuando en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V., promoviendo demanda para que se declare la nulidad de unos actos administrativos de carácter particular por ser contrarios a derecho, y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), demanda en la cual el reclamante solicita que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento consistentes en el pago de cantidades adeudadas por aplicación incorrecta de la cláusula escalatoria de un contrato administrativo público, se ordene además, el pago correspondiente por la construcción de un acceso pavimentado la Proyecto Residencial “San Carlos”, el pago del complemento por el relleno efectuado en dicho proyecto, además del pago de intereses, el lucro cesante, daño emergente, gastos extrajudiciales y costas de conformidad con el Arancel del Profesional del Derecho. (Folios del 1 al 24 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha once (11) de octubre de dos mil once (2011), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual FALLO (sic): “PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción incoada por la sociedad mercantil CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L DE C.V. a través de su apoderado legal el abogado ALEX RAFAEL D’VICENTE JARQUIN. Contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado. SEGUNDO: Decretar la nulidad de los actos impugnados identificados como la resolución No. 04-1171 del 16 de junio de 2010 y la resolución No. 02-1182 de 8 de septiembre de 2010 ambas emitidas por la demandada, en tanto han sido proferidas con clara infracción al ordenamiento jurídico aplicable al caso, en tanto han desconocido obligaciones contractuales, (bajo el argumento de la prescripción) de obligatorio cumplimiento. TERCERO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y como consecuencia del incumplimiento contractual se declara a favor de la demandante, el derecho a que se le pague por parte del INJUPEMP los siguientes conceptos A) El pago de cantidades adeudadas por aplicación incorrecta de la cláusula escalatoria de un Contrato Administrativo Público. B) El Pago correspondiente por la construcción de un acceso pavimentado al proyecto residencial San Carlos. C) Pago del Complemento de relleno efectuado. D) Pago de intereses. E) El Lucro Cesante. F) Daño Emergente. CUARTO: Diferir para la etapa de ejecución del presente fallo, la cuantificación de los conceptos antes señalados ya que si bien el informe pericial es bastante concluyente, hay conceptos que solo pueden ser definitivamente cuantificados una vez sea firme el presente fallo. …”. (Folios del 407 al 413 de la primera pieza) .-3) Que en fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013), el Abogado ALEX RAFAEL D’VICENTE JARQUIN, actuando en la condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, presentando la liquidación de la sentencia definitiva de fecha once de octubre de dos mil once, de que se hace referencia en el inciso que antecede. (Folios del 1 al 9 de la pieza separada de liquidación de sentencia).-4) Que seguido el trámite correspondiente, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013), el referido Juzgado, emitió auto resolutivo en la cual resolvió: PRIMERO: Declarar CON LUGAR, parcialmente, la Oposición Planteada por parte del INJUPEMP con respecto a la pretensión de Liquidación de una sentencia definitiva presentada por LA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTRUCTORA SATO S, DE R.L., pues la cantidad reclamada merecer ser ajustada. SEGUNDO: Liquidar la sentencia definitiva proferida por este Juzgado en fecha 11 de octubre de 2011, en la cantidad de NOVENTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.99,720,993.44) que incluye los conceptos objetos de condena (CAPITAL MAS INTERESES). TERCERO: Fijar como cantidad que se le debe abonar al solicitante NOVENTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.99,720,993.44), …” (Folios del 54 al 57 de la pieza separada de liquidación de sentencia).-5) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Abogado TEÓFILO ZÚNIGA SALGADO a favor del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y por el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LÓPEZ a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V. contra la sentencia que se deja relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), mediante la cual falló (sic): “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado TEOFILO ZUNIGA SALGADO, actuando en su condición como Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Resolutivo de fecha Dieciocho de Noviembre de Dos Mil Trece, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corren a folios del Numero Cincuenta y Cuatro (54) al Numero Cincuenta y siete (57) de la pieza separada de Liquidación de Sentencia, en el sentido de liquidar la sentencia definitiva firme de fecha 11 de octubre del 2012, en la cantidad de QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (LPS. 15, 168,844.10), Cantidad que resulta de la suma de los intereses que se calculan con una tasa del 20.28%, por once años desde noviembre del dos mil dos a septiembre del dos mil trece, con la cantidad adeudada de LPS 4,695.073.70.-…”. Folios del 15 al 18 de la pieza de apelación).-6) Que el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LÓPEZ, actuando en la condición antes mencionada interpuso recurso de reposición contra la sentencia de fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.-7) Que en fecha diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), la referida Corte de Apelaciones resolviendo sobre la reposición interpuesta, dicto sentencia mediante la cual falló: “Declarar Con Lugar Parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.- SEGUNDO: Reponer Parcialmente la sentencia dictada por ésta Corte de Apelaciones en fecha 27 de febrero de 2014, en el siguiente sentido: A) Tener como apelantes y como apelados a los Abogados WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V. y TEOFILO ZUNIGA SALGADO, actuando en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), quienes presentaron sus respectivos agravios y contestación de agravios, tanto como apelantes como apelados, los cuales constan de autos y se mandan agregar al expediente los personamientos respectivos, los cuales se realizaron en tiempo y forma, teniéndose, por lo tanto, ambas partes como apelantes y apelados: B) Declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALTER DANIEL CARCAMO LOPEZ, actuando en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA SATO S.DE R.L. DE C.V., por ser improcedente lo alegado, ya que la sentencia definitiva establece claramente los conceptos que le deben ser pagados al demandante, los cuales están señalados en el escrito de demanda a los cuales se le debe calcular los respectivos intereses; C) En lo demás se confirma la Sentencia emitida por esta Corte de Apelaciones en fecha 27 de febrero 2014, por considerar que la misma se encuentra dictada conforme a derecho.- TERCERO: Declarar Sin Lugar la nulidad solicitada por el recurrente, por improcedente, por no haberse causado indefensión.- …” (Folios del 42 al 45 de la pieza de segunda instancia).-8) Que el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR compareció ante este Tribunal en fecha cuatro(4) de junio de dos mil catorce (2014), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. DE C.V. por considerar que la sentencias de fecha veintisiete (27) de febrero y diez (10) de abril de dos mil catorce (2014) emitidas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo son violatorias de lo dispuesto en los artículos 60, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha seis (6) de agosto de dos mil catorce (2014).- 9) Que esta Sala en fecha primero (1) de octubre de dos mil catorce (2014), tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, en su condición de Agente Fiscal para la Defensa de la Constitución siendo de la opinión porque “NO SE OTORGUE”, el recurso de amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERNADO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con los artículos 2 y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de amparo de las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL, en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), la cual según el recurrente, fue modificada parcialmente mediante la resolución de reposición de fecha diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), mismas que resolvieron un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013), con relación a la liquidación de sentencia de la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V. contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio de los antecedentes, el recurrente establece en su escrito de interposición de amparo se le han vulnerado los derechos fundamentales como ser: Lo que expresa el artículo 60 constitucional: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos”; por su parte el artículo 64 de la Constitucional establece: “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derecho y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversen”. El artículo 82 refiere: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. Por su parte el artículo 90 constitucional: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Finalmente el artículo 321 manifiesta: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Del contenido de la sentencia recurrida no se observa que el órgano jurisdiccional haya actuado con parcialidad en relación a alguna de las partes, tampoco se observa violación a la garantía del debido proceso.-CONSIDERANDO CINCO (5): Es congruente que al interponer el recurso de amparo y a manera de ilustración se establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, estableciendo para la presente causa que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo, incluyéndose dentro de la administración pública a la centralizada y descentralizada, entendiéndose por administración pública, conforme a lo consignado en el artículo 2 de la Ley General de la Administración Pública. Al tenor del artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es la competente para conocer los casos en relación con actos de carácter particular o general de la administración pública; consecuentemente en el contenido de la ley que se señala un procedimiento propio al que se tiene que someter los casos que deban ser dilucidados por esa jurisdicción, entre los cuales se puede mencionar: Presentación de la demanda, documentos que se acompañan, término para presentarla, auto de admisión, causales de inadmisibilidad de la demanda, contestación de la demanda, defensas previas, etcétera[3]. Señalando además las formas de finalizar el procedimiento contencioso administrativo, y si fuese por causal de inadmisibilidad de la demanda prevé las defensas previas o la estimación de oficio por el propio órgano jurisdiccional de alguna causal de inadmisibilidad, sumando a ello tomando en consideración el contenido del artículo 134 de la referida Ley estableciendo que: “En lo no previsto en esta Ley, regirán como supletorios, el Código de Procedimientos Civiles…” se deja claramente establecido que las disposiciones del Código Procesal Civil, serán aplicadas de carácter supletorio, cuando no exista disposición regulatoria en la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-CONSIERANDO SEIS (6): Que en relación a la intervención en el proceso regulados en los artículos 79 y 84 del Código Procesal Civil denunciados por el amparista cabe mencionar que el escrito de interposición del mismo[4] tiene consignada la fecha veintiocho (28) de noviembre del dos mil trece (2013) día en el Abogado de la parta demandada se encontraba fuera del país tal como se consta en autos, más no existe admisión que indique que no fue él quien firmo dicho documento, lo que si indicó es que no fue él quien presentó el escrito que contiene el recurso a la Secretaría del Juzgado, sin embargo en base a las causas de nulidad establecidas en el artículo 212 del Código Procesal Civil no son aplicables a la violación a la garantía del debido proceso constitucional en relación a la persona que presentó el escrito firmado y sellado por el Abogado de la parte ejecutada ya que la legislación procesal no exige que el abogado que firma el documento presente personalmente todos pues con su firma se acredita su comparecencia.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que firme la sentencia definitiva de fecha once (11) de octubre del dos mil once (2011) en su parte resolutiva señala: “Diferir para la etapa de ejecución del presente fallo, la cuantificación de los conceptos antes señalados ya que si bien el informe pericial es bastante concluyente, hay conceptos que solo pueden ser definitivamente cuantificados una vez sea firme el presente fallo…”; en donde la cuantificación realizada por el órgano jurisdiccional ejecutante, ni implica en ninguna manera la modificación de la cosa juzgada, pues los conceptos de pago no se varían, lo que se hace en esa etapa es cuantificar cada una de ellas escuchando a la partes, quienes en esta etapa presentan la justificación de su pretensión. Que cuando una de las partes no esté de acuerdo con los montos fijados, la ley procesal franquea el derecho a interponer el recurso de apelación, este recurso se debe considerar como el acto de la parte por medio del cual se pide al superior del órgano jurisdiccional que dicto al resolución que la examine de nuevo y se pronuncie respeto a una cuestión fáctica o jurídica que ha sido objeto de dicha resolución y que a criterio del recurrente le resulte perjudicial al impetrante. El recurso de apelación en relación al artículo 705 del Código Procesal Civil tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate por el órgano jurisdiccional competente, igualmente tiene por objeto la revisión tanto de los hechos dados, como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba y se dirige contra todas aquellas resoluciones que le pongan fin al proceso. En consecuencia esta resolución en base a lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil se encuentra debidamente motivada, por lo que se desprende que en la fase de ejecución de las sentencias tanto el A Quo como el Tribunal Ad Quem tienen la facultad diferida del fallo firme, así como de la ley procesal civil de cuantificar los conceptos condenados, por lo que cual al realizarse esta en la fase de ejecución no se violenta el debido proceso.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el derecho al Debido Proceso, debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, la garantía del debido proceso plasmada en la Constitución de la República, como derecho fundamental de aplicación inmediata (Artículo 90) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre proclamada el mismo año (Artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica 1969, (Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad de interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial que orienta el proceso, la aplicación del principio de ser oído y vencido en juicio, el principio de audiencia, el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilación injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y la de controvertir las que se aleguen en su contra, y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Constituyendo una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda legítimamente imponer sanciones, cargas o castigos, constituyendo un límite al abuso de poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector no solo a la actuación jurisdiccional, sino también administrativa del Estado. Por lo que al revisar la sentencia recurrida por el amparista no se aprecia la vulneración al principio de legalidad ni de las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 60, 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 321 de la Constitución de la República; 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 3, 7, 9, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 79, 84, 207, 212 y 705 del Código Procesal Civil; 2 Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 numeral segundo, 41, 47, 48, 49, 52, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 11, 78 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: DENEGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V., contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCION A NIVEL NACIONAL en fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), la cual según el recurrente, fue modificada parcialmente mediante la resolución de reposición de fecha diez (10) de abril de dos mil catorce (2014), mismas que resolvieron un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil trece (2013). Y MANDA: Que con la certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILADORA HERCULES ROSA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO actuando a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L. de C.V., contra la sentencia dictada por la SALA DE LO CONSTITUCIONAL en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) que denegó la garantía de amparo.-CONSIDEDRANDO UNO (1): Al examinar los argumentos esgrimidos en el recurso de reposición, este Alto Tribunal de Justicia, observa que el censor pretende, por vía de amparo, se valore el derecho al debido proceso el que se encuentra plasmado en el artículo 90 de la Constitución de la República, al considerar que ha sido vulnerado, el cual fue debidamente debatido en primera instancia y que responde inequívocamente a cálculos matemáticos resultantes del tiempo y la tasa legal establecida para determinar intereses legales y los daños y perjuicios causados en un caso concreto.- CONSIDERANDO DOS (2): Que en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación a una declaración y/o un derecho contenido en la Constitución de la República, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de la sentencia que se impugna.-CONSIDERANDO TRES (3): Que conforme se ha dejado establecido en los considerandos en que se fundamenta la resolución recurrida, el recurso intentado por el recurrente no reúne los requisitos mínimos de fondo y forma necesarios para continuar su tramitación, razones por las que la resolución recurrida, conforme a la motivación expuesta en la misma se encuentra apegada a derecho y procede en consecuencia declarar sin lugar por improcedente el recurso de reposición interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 90, 183, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 64, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO contra la sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el recurso de amparo de mérito; Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada por el peticionario, debiendo la Secretaría del Despacho notificar la presente resolución de conformidad a lo establecido en el artículo 4 numeral 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ., MAGISTRADO PRESIDENTE POR LEY DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) y Resolución de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), recaídas en el Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0548-2014. – Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículos 46, 47, 48, 50, 63, 65 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
[2] Folios del 58 al 62 de la segunda pieza de sus antecedentes
[3] Artículos 46, 47, 48, 50, 63, 65 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
[4] Folios del 58 al 62 de la segunda pieza de sus antecedentes