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Sentencia AA-490-06 — Registro 12326

Resumen

Sentencia declaró indamisible recurso de apelación de hecho contra resolución incidental dictada por juzgado de primera instancia que en cumplimiento de fallo de la Corte de Alzada, decretó nulidad absoluta de actuaciones y concedió plazo a demandante para que acreditara el pago o arreglo del pago que exige la ley como un requisito de adminisibilidad de la demanda en materia tributaria o impositiva en la cual se solicitó que se declare la ilegalidad y anulación de un acto administrativo de carácter particular y reconocimiento de una situación jurídica individualizada contra el Estado de Honduras a traves de la Secretaría de Finanzas; el Tribunal de Alzada considera que el auto que dió trámite a la demanda se encuentra viciado de nulidad y el recurso de apelación de hecho es inadmisible por ser un acto no apelable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en el caso de autos, la compañía DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED,ha impugnado una resolución administrativa dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas mediante la cual se le impone la obligación de pagar una cantidad de dinero, en concepto de impuestos por ganancias de capital que se habrían derivado de la venta de acciones que era titular en el capital social de la entidad mercantil denominada CERVECERIA HONDUREÑA S.A. de ahí que atendiendo a lo dispuesto por los preceptos legales arriba relacionados, ha debido acompañar a la demanda el documento acreditativo de pago o del arreglo de pago correspondiente..."..."no se desprende de autos, que la sociedad DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED,haya acompañado a la demanda de mérito el documento mediante el cual se haya pagado el importe de la suma que en concepto de impuestos por ganancias de capital exige la Administración Tributaria, de ahí que ahora debemos establecer que ha de entenderse como arreglo de pago como requisito de admisibilidad y presupuesto sine qua non para que el Juzgador se pronuncie sobre el fondo de la cuestión controvertida..."..."atendiendo tanto el significado usual como jurídico del término arreglo, sin ningún asomo de duda podemos afirmar que el mismo siempre alude a un acuerdo o concierto de voluntades reflejado en un compromiso o pacto del cual se derivan determinadas obligaciones, es en este sentido, que el arreglo de pago, como requisito de admisibilidad de la demanda exigido por el artículo 104 de la LJCA, forzosamente y de manera ineludible tiene que ser producto del acuerdo o concierto de voluntades entre la Administración y el particular que impugna el acto emitido por aquella..."..."se desprende de los antecedentes, la compañía DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED,al momento de interponer la demanda no acompañó documento alguno en el que acredite haber pagado el importe de los impuestos exigidos o haber concluido en su caso, un arreglo de pago con la Administración, limitándose a presentar copia del escrito presentado ante ésta última en donde unilateralmente “ofrece” un “arreglo de pago”, consistente en honrar la obligación exigida “en pagos parciales una vez que se agote la vía judicial”..."..."la omisión en que evidentemente la incurrido el actor, impide al Juzgados pronunciarse sobre el fondo de la cuestión controvertida, toda vez que la misma LJCA impone como requisito o presupuesto sine qua non, que el particular al momento de presentar la demanda debe acompañar a la misma el documento antes relacionado, siendo importante destacar si bien es cierto que el artículo 82 de la Constitución de la República reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder a los tribunales y ejercitar sus acciones, no es menos cierto que para el ejercicio de ese derecho, la misma Carta Magna prevé que se hará en la forma que señalan las leyes . En el caso que ahora nos ocupa el deposito de la cantidad exigida o en su caso la presentación del arreglo de pago correspondiente, no se presenta como una exigencia desproporcionada, (teniendo en cuenta la notoria capacidad económica del recurrente), y por lo tanto lesiva a sus derechos de acceso a los órganos jurisdiccionales y de defensa, consagrados en el artículo 82 de la Constitución de la República..."..."por las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto por el Quejoso, debe ser denegado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

EL Infrascrito secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LORENZO J. PINEDA RAMIREZ, a favor de la sociedad mercantil denominada DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, con domicilio en la ciudad de Monrovia, capital de la República de Liberia, África Occidental.ANTECEDENTES1) Que en fecha cinco de Agosto del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado LORENZO J. PINEDA RAMIREZ,en su condición de apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED,interponiendo demanda especial en materia tributaria o impositiva pretendiendo se declare la ilegalidad y anulación subsecuente de un acto administrativo de carácter particular y reconocimiento de una situación jurídica individualizada, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal Procurador General de la República Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, para que mediante Sentencia Definitiva se declare la anulación total del acto impugnado, manifestado en la Resolución número 207/2005 de fecha 27 de junio de dos mil cinco, emitido por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.2) Que en fecha siete de abril del año dos mil seis, el Juzgado de Primera Instancia, en atención del fallo proferido en fecha veinticuatro de febrero de año dos mil seis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, decretó la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha diecisiete de agosto del año dos mil cinco, que corre a folio treinta y uno (f.31), en el cual se admite la demanda de mérito, hasta el folio número ochenta y tres (f.83) de la pieza principal de la demanda y concedió a la parte demandante el plazo de cinco días hábiles para que acredite el pago en la oficina competente de la entidad de que se trate, de la cantidad respectiva o el arreglo de pago correspondiente; fundamentando su decisión en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.3) Que en fecha veintitrés de mayo del año dos mil seis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, declaró Inadmisible el Recurso de Apelación de Hecho interpuesto por el Abogado CESAR AUGUSTO PUERTO VALLECILLO, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, en virtud de que el auto de fecha siete de abril del año dos mil seis, no altera la substanciación regular del juicio, por lo que resulta ser un acto no apelable; fundamentando su decisión en los artículos 202 y 219 del Código de Procedimientos Civiles.4) El recurrente Abogado LORENZO J. PINEDA RAMIREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil seis, reclamando Amparo a favor de la sociedad mercantil denominada DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, afirmando que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (1): Que en fecha 4 de agosto de 2005, el Licenciado LORENZO PINEDA RAMIREZ, actuando como Apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED,compareció ante el Juzgado de Letras Fiscal de lo Contencioso-Administrativo, donde interpuso demanda especial en materia tributaria o impositiva contra el Estado de Honduras, para que se declare la nulidad de un acto administrativo y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada.CONSIDERANDO (2): Que la demanda de mérito, el Apoderado Judicial de la sociedad DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, solicita que se declare nula la resolución administrativa Nº A.L. 206/2005 dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, en fecha 27 de junio de 2005, que a su vez declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución Nº DEI-DAPL-4119-2005, dictada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos.CONSIDERANDO (3): Que según expone la parte demandante, la acción promovida contra el Estado de Honduras va dirigida a que se declare la nulidad de un acto administrativo que le impone la obligación de enterar a favor de la hacienda pública, dineros en concepto de impuestos por ganancias de capital que se habrían derivado de la venta de las acciones de que era titular en el capital social de la entidad mercantil denominada CERVECERIA HONDUREÑA S.A.CONSIDERANDO (4): Que en fecha 27 de octubre de 2005, la Procuradora Judicial del Estado de Honduras, Abogada TANIA MELISSA MEJIA FORTIN, compareció ante el Juzgado de Letras Fiscal de lo Contencioso-Administrativo, promoviendo un incidente de nulidad absoluta de actuaciones, alegando que la parte demandante ha incumplido la exigencia prevista para el procedimiento especial en materia tributaria o impositiva, en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, donde se establece que a la demanda se acompañará el documento que acredite el pago en la oficina competente de la entidad de que se trate, de la cantidad respectiva o del arreglo de pago correspondiente, de tal manera que lo procedente es que se decrete la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto en que incorrectamente se dio trámite a la demanda presentada por el actor.CONSIDERANDO (5): Que en resolución de fecha 2 de diciembre de 2005, el Juzgado de Letras Fiscal de lo Contencioso-Administrativo declaró sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la Procuradora Judicial del Estado de Honduras.CONSIDERANDO (6): Que no conforme con la resolución dictada por el Juez A Quo, la parte demandada e incidentista interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada.CONSIDERANDO (7): Que en sentencia de fecha 23 de marzo de 2006, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo revocó la resolución dictada por el Juez de Letras, arguyendo que el actor no había dado cumplimiento a la exigencia prevista por el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administración, como es el de presentar el arreglo de pago correspondiente, como un requisito de admisibilidad de la demanda, por lo que el auto que dio trámite a la misma se encuentra viciado de nulidad.CONSIDERANDO (8): Que no conforme con la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, en fecha 24 de julio de 2006 el Apoderado Judicial de la DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED, Licenciado LORENZO PINEDA RAMIREZ, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su cliente, el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (9):Según expone el recurrente, la infracción del precepto constitucional invocado se ha producido cuando la Corte de Apelaciones al señalar que la demanda presentada por el actor no debió ser admitida a trámite en tanto que no se adjunto a la misma el arreglo de pago correspondiente, realiza una interpretación errónea de lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, en contra del criterio que se ha venido manteniendo desde que se creara dicha jurisdicción, mismo que ha sido compartido por el administrativista hondureño ANGEL EDMUNDO ORELLANA MERCADO, en cuanto a que basta con que el interesado ofrezca un arreglo de pago para que se entienda cumplido el requisito antes aludido, lo que en este caso satisfizo el recurrente, concluyendo que las razones antes expuestas, la resolución dictada por el Tribunal de Segunda Instancia al realizar una interpretación incorrecta del precepto legal supracitado impide la continuación del procedimiento y con ello vulnera el derecho a la defensa del Quejoso, consagrado por el artículo 82 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (10): Que el principio solve et repete (“paga y repite”), es una derivación del principio de no suspensión de los efectos del acto administrativo a pesar de su impugnación, que establecido como requisito de admisibilidad de las demandas contencioso-administrativas en materia tributaria o impositiva, se aplica en razón de la necesidad que tiene el Estado de percibir sin dilación los recursos tributarios y de otra índole, puesto que la actividad administrativa siendo continua y necesaria, presupone la precepción regular de los ingresos fiscales previstos para proveer al funcionamiento de los servicios públicos. En este sentido, la exigencia de solve et repete se orienta a como una consecuencia de que la consecución de los fines concretos que se propone el Estado, a través del ejercicio de las funciones y servicios que tiene asignados por el ordenamiento que debe desarrollar de modo continuo y permanente, y los consiguientes gastos que irrogan, sean solventados prontamente a fin de evitar el caos social que inevitablemente sobrevendría si se actuase de otro modo. Así pues, la exigencia de la norma supracitada, consistente en el previo pago de la obligación tributaria, se orienta principalmente a impedir que las acciones contencioso-administrativas se transformen en medios dilatorios para el ingreso de las suma adeudadas en concepto de tributos, y por ende como un instrumento para asegurar la rápida percepción de los ingresos fiscales en orden a satisfacer las urgentes necesidades de carácter colectivo, como son las de salud, educación, seguridad, etc. CONSIDERANDO (11): Quede conformidad a lo previsto por los artículos 103 y 104 de la LJCA, la demanda mediante la cual se impugne la fijación o liquidación de impuestos, tasas, contribuciones, multas y demás rentas o créditos públicos, definitivamente establecidas en vía administrativa, deberá ir acompañada del documento mediante el cual se acredite el pago en la oficina competente de la entidad de que se trate, salvo que ya constare en el expediente. De este modo, el precepto legal antes mencionado incorpora la exigencia del solve et repete, sin perjuicio de que cuando la sentencia definitiva y ejecutoria fuere total o parcialmente favorable al contribuyente, la Administración deberá devolver la suma pagada con el reconocimiento de los intereses devengados desde el momento del depósito hasta el día de la devolución. (vid. Art. 106 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo).CONSIDERANDO (12): Que como regla de interpretación aplicable en general a todo el ordenamiento jurídico, el artículo 17 del Título Preliminar del Código Civil establece que “…no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”.CONSIDERANDO (13): Que en el caso de autos, la compañía DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED,ha impugnado una resolución administrativa dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas mediante la cual se le impone la obligación de pagar una cantidad de dinero, en concepto de impuestos por ganancias de capital que se habrían derivado de la venta de acciones que era titular en el capital social de la entidad mercantil denominada CERVECERIA HONDUREÑA S.A. de ahí que atendiendo a lo dispuesto por los preceptos legales arriba relacionados, ha debido acompañar a la demanda el documento acreditativo de pago o del arreglo de pago correspondiente.CONSIDERANDO (14): Que no se desprende de autos, que la sociedad DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED,haya acompañado a la demanda de mérito el documento mediante el cual se haya pagado el importe de la suma que en concepto de impuestos por ganancias de capital exige la Administración Tributaria, de ahí que ahora debemos establecer que ha de entenderse como arreglo de pago como requisito de admisibilidad y presupuesto sine qua non para que el Juzgador se pronuncie sobre el fondo de la cuestión controvertida.CONSIDERANDO (15): Que en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, podemos constatar que entre las acepciones del término “arreglo” y que son aplicables en la materia que nos ocupa, se encuentran las de “avenencia y conciliación”.CONSIDERANDO (16): Que a su vez, el termino avenencia hace alusión a las voces de convenio, transacción, conformidad y unión, en tanto que el de conciliación es definido como acción y efecto de conciliar, verbo que a su vez y según el Diccionario antes citado, significa componer los ánimos de los que estaban opuestos entre si.CONSIDERANDO (17): Que atendiendo tanto el significado usual como jurídico del término arreglo, sin ningún asomo de duda podemos afirmar que el mismo siempre alude a un acuerdo o concierto de voluntades reflejado en un compromiso o pacto del cual se derivan determinadas obligaciones, es en este sentido, que el arreglo de pago, como requisito de admisibilidad de la demanda exigido por el artículo 104 de la LJCA, forzosamente y de manera ineludible tiene que ser producto del acuerdo o concierto de voluntades entre la Administración y el particular que impugna el acto emitido por aquella.CONSIDERANDO (18): Que al hilo del razonamiento seguido en este fallo podemos decir, que no es posible, sino haciendo una interpretación contra legem que se aparta de los términos en que está redactada el artículo 104 de la LJCA, entender que la simple oferta de pago, hecha por el particular y por lo tanto un acto unilateral, es equivalente al arreglo de pago, que como antes hemos explicado, siendo el producto del acuerdo o concierto de voluntades de las partes, ha de consistir siempre en un acto bilateral o sinalagmático; y es que de otro modo, entender que la simple propuesta u oferta de pago formulada por el administrado equivale al arreglo de pago exigido por la ley, supondría vaciar de contenido el artículo 104 de la LJCA, siendo este un criterio jurisprudencial adoptado por esta Sala de los Expedientes de Amparo Números 29.-05. 138.-05 y 148.-05, entre otros.CONSIDERANDO (19): Que según se desprende de los antecedentes, la compañía DOLE FRESH FRUIT INTERNATIONAL LIMITED,al momento de interponer la demanda no acompañó documento alguno en el que acredite haber pagado el importe de los impuestos exigidos o haber concluido en su caso, un arreglo de pago con la Administración, limitándose a presentar copia del escrito presentado ante ésta última en donde unilateralmente “ofrece” un “arreglo de pago”, consistente en honrar la obligación exigida “en pagos parciales una vez que se agote la vía judicial”.CONSIDERANDO (20): Que la omisión en que evidentemente la incurrido el actor, impide al Juzgados pronunciarse sobre el fondo de la cuestión controvertida, toda vez que la misma LJCA impone como requisito o presupuesto sine qua non, que el particular al momento de presentar la demanda debe acompañar a la misma el documento antes relacionado, siendo importante destacar si bien es cierto que el artículo 82 de la Constitución de la República reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder a los tribunales y ejercitar sus acciones, no es menos cierto que para el ejercicio de ese derecho, la misma Carta Magna prevé que se hará en la forma que señalan las leyes . En el caso que ahora nos ocupa el deposito de la cantidad exigida o en su caso la presentación del arreglo de pago correspondiente, no se presenta como una exigencia desproporcionada, (teniendo en cuenta la notoria capacidad económica del recurrente), y por lo tanto lesiva a sus derechos de acceso a los órganos jurisdiccionales y de defensa, consagrados en el artículo 82 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (21): Que por las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto por el Quejoso, debe ser denegado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDADde votos y con fundamento en los Artículos 1, 303, 304, 313 Nº 5, 316 Nº 1, de la Constitución de la República, 17 del Código Civil, 103, 104, 106 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9, Nº 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDOel amparo interpuesto contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, en fecha veintitrés de mayo de dos mil seis, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firma y sello: LIDIA ALVAREZ SAGASTUME MAGISTRADA PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL.-JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- firma y sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un (01) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), certificación del fallo de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis(2016),recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número490=06.-

Carlos Alberto Almendarez Calix

Secretario de la Sala Constitucional