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Sentencia AA-49-11 — Registro 6128

Resumen

La Resolución impugnada declara absolutamente inadmisible un escrito de impugnación presentado por Televisora Nacional S.A. que otorgó una nueva licencia a la Empresa Teleunsa, S. de R.L. para prestar el servicio de radiodifusión de televisión a traves de las frecuencias 2 y 3 en distintas localidades del pais

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional, aparte de los motivos expuestos en sus motivaciones por CONATEL en la toma de su resolución, estima que en el caso del Decreto Legislativo No.161-2010 emitido por el Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta bajo el número 32340 del catorce de octubre de dos mil diez, el Estado de Honduras consideró que por razones de orden público e interés social podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar medidas y leyes económicas, fiscales y de seguridad pública, para encausar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada con fundamento en una política económica y racional planificada y fundamentalmente en estricta aplicación del Principio de Prevalencia de los Servicios Públicos, se declaran reservados para uso exclusivo del Estado de Honduras en todo el territorio nacional..."..."Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Decreto Legislativo 161-2010 de fecha 9 de septiembre del año 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el catorce de octubre de dos mil diez, No entra en conflicto con los Artículos 82, 90 Párrafo 1º, 94 de la Constitución de la República, por lo que procede DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta..."

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO ENRIQUE LOPEZ GARCIA, a favor de la sociedad mercantil denominada TELEVISORA NACIONAL S.A., contra la providencia dictada por la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), en fecha treinta de noviembre de dos mil diez, que declara como absolutamente inadmisible un escrito de impugnación presentado por TELEVISORA NACIONAL S.A., en contra de la Resolución OD013/10, de fecha uno de noviembre de dos mil diez, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 32,356 de fecha tres de noviembre de dos mil diez, mediante la cual se otorga una nueva licencia a la empresa TELEUNSA S. de R.L., para prestar el servicio de Radiodifusión de Televisión, a través de las frecuencias de Canal 2 y 3 en distintas localidades del país y en las mismas condiciones solicitadas por la Empresa TELEVISORA NACIONAL S.A. Manifiesta el recurrente que la resolución recurrida, vulnera en perjuicio de su representada los derechos y garantías constitucionales de defensa y debido proceso, estipuladas en los Artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil once, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo, el Abogado FERNANDO ENRIQUE LOPEZ GARCIA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad TELEVISORA NACIONAL S.A., contra la providencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil diez, dictada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a través de los funcionarios MAXIMO JEREZ SOLORZANO y ELA J. RIVERA VALLADARES, en sus condiciones de Presidente por Ley y Comisionada Secretaria de CONATEL, respectivamente, por considerar que dicha providencia contraviene, disminuye y tergiversa en perjuicio de su representada, los derechos estipulados en los Artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha ocho de febrero de dos mil once y previo a la admisión del Recurso interpuesto, este Alto Tribunal dispuso librar comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de tres (03) presentara un informe sobre la legitimación procesal del recurrente, asimismo remitiera un testimonio de los antecedentes contentivos de las solicitudes presentadas por la sociedad mercantil TELEVISORA NACIONAL S.A. y TELEUNSA S.A. de R.L.; informe y testimonio que se tuvo por recibido en fecha treinta de marzo de dos mil once, disponiéndose en consecuencia admitir sin suspensión del acto reclamado el Recurso de Amparo de mérito. 3) Que se tuvo por formalizado en tiempo y formal en recurso interpuesto por el Abogado FERNANDO ENRIQUE LOPEZ GARCIA, a favor de la sociedad TELEVISORA NACIONAL S.A., en fecha dieciocho de mayo de dos mil once, ordenando en la misma providencia la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a fin de que emitiera su dictamen. 4) Que con fecha diez de junio de dos mil once, la Abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE OTORGUE, la Acción de Amparo impetrada. CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Administrativo interpuesto por el Abogado FERNANDO ENRIQUE LOPEZ GARCIA a favor de la Sociedad Mercantil denominada TELEVISORA NACIONAL S.A. contra la providencia dictada por la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) en fecha treinta de noviembre de dos mil diez que declara como absolutamente inadmisible un escrito de impugnación presentado por TELEVISION NACIONAL S.A. contra la resolución ODO 13/10 publicada en el Diario Oficial fecha tres de noviembre de dos mil diez, mediante la cual otorga una licencia a la Empresa TELEUNSA S de R.L. para que preste el servicio de Radio difusión de televisión a través de la frecuencia de canal 2 y canal 3 en distintas ciudades del país. CONSIDERANDO (2): Que la resolución contra la cual se interpone el Amparo es la providencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil diez dictada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones(CONATEL) por intermedio de los Funcionarios MAXIMO JEREZ SOLORZANO y ELA J. RIVERA VALLADARES, en sus calidades de Presidente por Ley y Comisionada Secretaria de CONATEL, respectivamente, en el expediente administrativo identificado bajo el número 20101117VA20, limita, violenta y tergiversa los derechos y garantías constitucionales de su representada, TELEVISION NACIONAL, S.A. de C.V.; y en consecuencia no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir y tergiversar tales derechos. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente considera vulnerados los Artículos 82 de la Carta Magna al pretender la Comisión Nacional de Telecomunicaciones coartar el derecho de su representada a recurrir una actuación administrativa que le deniega y declara inadmisible su solicitud, por lo cual no puede considerarse como una actuación de “mero trámite“, requisito que permite la utilización de la fórmula CUMPLASE al final de las actuaciones judiciales o administrativas. El derecho al Debido Proceso, que asiste a mi representada y natural o jurídica que intervienen en un proceso administrativo o judicial ya que al intentar los funcionarios de CONATEL plasmar la formula CUMPLASE en una actuación administrativa que pone fin a la solicitud presentada por TELEVISORA NACIONAL, S.A.; sin haber seguido el proceso correcto, primero al incluir la referida fórmula en un auto que no puede calificarse de mero trámite y segundo por pretender resolver el fondo del asunto solicitado mediante una simple providencia y no una resolución administrativa como legalmente procede. CONSIDERANDO (4): Que la resolución censurada es la que obra a folio 112 del expediente inicio de las diligencias, emitido por la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, (CONATEL)el 30 de noviembre de dos mil diez, que en lo toral, expresa: DECLARESE ABSOLUTAMENTE INADMISIBLE, la impugnación interpuesta el diecisiete de noviembre de dos mil diez, por el Lic. Fernando Enrique López García, actuando en su condición de Apoderado de la Sociedad Mercantil TELEVISORA NACIONAL, S.A., contra la resolución ODO13/10 de fecha uno de de noviembre de dos mil diez, la cual fue publicada en fecha tres de noviembre de dos mil diez, en virtud que la misma tal y como lo establece expresamente el numeral NOVENO de su parte resolutiva, fue emitida en estricta y obligatoria ejecución del Decreto Legislativo número 161-2010 de fecha nueve de septiembre de dos mil diez y publicado en la “Gaceta” en fecha catorce de octubre de dos mil diez, en consecuencia legal se reitera que la resolución ODO13/10 pretendida impugnar, no fue un acto administrativo emitido a petición de parte, ni fue producto de un procedimiento administrativo emitido a petición de parte, así como tampoco fue producto de un procedimiento administrativo promovido previamente por terceros, ni por la parte pretendida impugnante, ni por supuesto fue un acto producto exclusivo de una iniciativa propia de esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), además con la pretendida impugnación la parte impugnante persigue de plano que la decisión administrativa contra la cual se actúa, sea respuesta, reconsiderada, reformada, revocada o, en definitiva, cambiada, todos los efectos legales pretendidos con este tipo de acción, y, en el presente caso, para esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) eso es imposible administrativa y legalmente, pues no puede cumplir ninguna de esas aspiraciones perseguidas por el pretendido impugnante por el presente caso, pues CONATEL no tiene competencia alguna para hacerlo, ya que como se reitera sólo cumplió, como es su obligación legal, con la ejecución de un decreto legislativo que es Ley de la República y no puede desobedecerlo, alterarlo, incumplirlo, reformarlo, revocarlo, suspenderlo o, cualquier otro efecto posible y relacionado, ya que al hacerlo estaría abusando de su autoridad e incumpliendo los deberes de los Funcionarios y la orden emanada del mismo Decreto Legislativo que gira instrucciones precisas para el cumplimiento de acciones especificas, por todo lo anterior, la pretendida impugnación es total y absolutamente inadmisible como se declara mediante la presente providencia, inclusive por lo dispuesto en el literal a) del Artículo 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente establece que “Los órganos de la Administración no podrán, mediante actos de carácter general a) Alterar el espíritu de la Ley, variando el sentido y alcance esencial de ésta”. Adicional a lo anteriormente relacionado, cabe destacar y señalar que a su vez el Artículo 129 de la ley de Procedimiento Administrativo establece clara y expresamente que “Las resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la Administración hubiere comenzado a dar aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho subjetivo o interés legitimo afectado por aquellos, utilizando los recursos que reconoce el presente capítulo” y aunque es irrelevante para el presente caso, el pretendido impugnante ni siquiera señala o relaciona interposición de recurso legal alguno, es decir, por un lado estamos ante una grave omisión legal y procesal de interposición de recurso legal pues no fue interpuesto ninguno en la pretendida impugnación, por lo que no estamos ante un error en la denominación del mismo, lo que legalmente, en un caso que si fuere procedente, posibilitaría su resolución por virtud de lo establecido en el párrafo final del Artículo 131 de la misma Ley de Procedimiento Administrativo pero no es así en el presente caso, pues lo que hubo fue una omisión y, por otro lado, el Artículo 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece clara y expresamente que: “Contra la resolución que se dicte en los asuntos en que la Administración conozca en única o en segunda instancia, Procederá el Recurso de Reposición ante el órgano que lo hubiere dictado”, es decir, en el hipotético caso de haberlo interpuesto, que no es el presente caso, a través de un Recurso de Reposición o de Apelación, se pretendería en definitiva la reconsideración de la decisión administrativa.. CONSIDERANDO (5): Que la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, concluye su motivación expresando que la resolución pretendida impugnar, fue por virtud de la obligatoria ejecución de una Ley de la República (Decreto Legislativo número 161-2010 que así lo ordena o instruye específicamente y no fue producto de una mera liberalidad de este ente regulador y técnico del espectro radioeléctrico, pues dichas frecuencias no estaban asignadas a ninguna persona natural o jurídica y son compatibles y estaban disponibles para ser otorgadas por este ente regulador, basado por supuesto en sustentos técnicos y legales y, por ese extremo la resolución que decreta esa “veda” no perdió ni ha perdido su vigencia, efectividad u obligatoriedad para los administrados, inclusive el pretendido impugnante solo es que se tuvo necesariamente que excepcionar su aplicación, para un caso concreto, por mandato expreso y legal (Decreto Legislativo 161-2010) y sustenta este extremo el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública que establece la jerarquía normativa en todos los actos de la Administración Pública de donde se desprende indudablemente que una Ley (Decreto Legislativo 161-2010) está por encima en esta jerarquía y solo se debe a su estricto cumplimiento que es lo único que ha hecho CONATEL. CONSIDERANDO (6): Que con fecha diez de junio de dos mil once, la Abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en representación del Ministerio Público, emitió su dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE OTORGUE, la acción de amparo impetrada. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala de lo Constitucional, aparte de los motivos expuestos en sus motivaciones por CONATEL en la toma de su resolución, estima que en el caso del Decreto Legislativo No.161-2010 emitido por el Congreso Nacional de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta bajo el número 32340 del catorce de octubre de dos mil diez, el Estado de Honduras consideró que por razones de orden público e interés social podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar medidas y leyes económicas, fiscales y de seguridad pública, para encausar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada con fundamento en una política económica y racional planificada y fundamentalmente en estricta aplicación del Principio de Prevalencia de los Servicios Públicos, se declaran reservados para uso exclusivo del Estado de Honduras en todo el territorio nacional. CONSIDERANDO (8): Que los Artículos 260, 332, y 340 de la Carta Magna, establecen que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado y es de carácter limitado y jurídicamente es inalienable e imprescriptible. El mismo está integrado por toda la gama de radio frecuencias utilizables para las comunicaciones. La utilización del espectro radio eléctrico por medio de satélites de comunicaciones se someterá al ordenamiento jurídico aplicable en materia de telecomunicaciones y a lo establecido en los Tratados y Acuerdos Internacionales de los que Honduras forma parte, en especial de los que versan sobre propiedad intelectual. Y siendo que de acuerdo al artículo 9 de la Ley Marco de Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad exclusiva del Estado y en consecuencia, el Poder Ejecutivo, siendo uno de los poderes que conforman el Estado de Honduras, tiene reconocido su derecho para utilizar un bien del Estado, como lo es el espectro radioeléctrico, para beneficio de todos los ciudadanos. CONSIDERANDO (9): Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Decreto Legislativo 161-2010 de fecha 9 de septiembre del año 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el catorce de octubre de dos mil diez, No entra en conflicto con los Artículos 82, 90 Párrafo 1º, 94 de la Constitución de la República, por lo que procede DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, haciendo aplicación de los Artículos 1, 4, 59, 6O, 63, 64, 74, 82, 90 párrafo 1o, 94, 103, 105, 106, 184, 185 párrafo 1º, 186, 260, 303, 332, 304, 313 atribución 5ª., 316 numeral 1, 320, 321, 340 de la Constitución de la República; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 3, 4, 5, 6, 7, 8, 63, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 40, 129, 131, Párrafo final, 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 7 de la Ley General de la Administración Pública, 9 de la Ley Marco de Telecomunicaciones, 8, 17 y 30 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2, 3, 5, y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; profiere y FALLA: DENEGANDO el Amparo de mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente Fallo se archiven las presentes diligencias para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, recaída en el amparo Administrativo, con orden de ingreso en este Tribunal No. 049=11.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL