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Sentencia AA-47-16 — Registro 12321

Resumen

Actuaciones de Autoridad recurrida, que según recurrente es la negativa a incorporararlo al sistema del Instituto y no proveer el pago, mediante convenio de subrogación de servicios clínicos hospitalarios a fin de recibir el derecho humano de la salud en una clinica privada; La Sala Constitucional observa que los motivos impetrados por garantista, son redundantes en alegaciones de mera legalidad, puesto que no logran establecer distinciones de orden constitucional que permitan establecer la razonabilidad de que se resuelva mantener la medida de subrogación de servicios clínicos hospitalarios solicitada en sede de justicia constitucional; no resultando por ende acreditado que la omisión de inscripción y de subrogación del convenio establecido con la clínica privada en mención generen por si mismas violación a los principios que dimanan de la dignidad humana y las garantías del derecho a la salud y a la seguridad social

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"observa esta Sala que los motivos de amparo constitucional impetrados por el garantista, son redundantes en alegaciones de mera legalidad, puesto que no logran establecer distinciones de orden constitucional que permitan establecer la razonabilidad de que se resuelva mantener la medida de subrogación de servicios clínicos hospitalarios solicitada en sede de justicia constitucional;[3] no resultando por ende acreditado que la omisión de inscripción y de subrogación del convenio establecido con la clínica privada en mención generen por si mismas violación a los principios que dimanan de la dignidad humana y las garantías sociales del derecho a la salud y a la seguridad social, encontrándose más bien de la foliada que las actuaciones administrativas del caso se han resuelto en forma ponderada, proveyendo el derecho de salud y a la seguridad social en forma congrua y dentro de los márgenes que impone el principio de proporcionalidad,[4] al funcionariado público; esto es, en vista a ajustarse en su actuación administrativa el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) a criterios finales de razonabilidad y justicia.[5]..."..."se constata que el acto reclamado en amparo, no resulta violatorio de las garantías invocadas por la recurrente, apreciándose más bien, que la resolución bajo estudio guarda observancia para con el Principio de Legalidad Administrativa, según establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República...en correlación a lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República..."..."esta Sala arriba a la conclusión que las actuaciones administrativas del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), objeto de estudio, se ajustan a las normas jurídicas aplicables al estándar constitucional del debido proceso, igualdad ante la ley y a las garantías sociales que tutelan el derecho a la salud y a la seguridad social del ciudadano JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ; por lo cual, acorde a lo anteriormente expuesto y motivado, procede dictar denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION: EL Infrascrito secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de diciembre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, a favor del señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, relacionadas según la recurrente a la negación de dicha autoridad, al acceso del derecho humano de la salud, relacionadas con el MANTENIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS al señor JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ a fin de que este pueda recibir la atención medica que ofrece dicha institución con la Clínica CEMESA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado a su representado los derechos consignados en los artículos 59, 61, 63, 64, 65, 68, 142, 143, 144, 145 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha doce (12) de octubre de dos mil quince (2015), la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, contra actuaciones INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), manifestando la peticionaria que el acto reclamado en amparo: “… lo constituye la negativa del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL a mantener mediante convenio de Subrogación de Servicios al señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, a fin de que este pueda recibir la atención medica así como tratamientos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y toda la demás gama de beneficios que ofrece dicha institución mediante el convenio de subrogación con la Clínica CEMESA en la Unidad de Cuidados Intensivos, misma que dentro de dicha institución no cuenta con las condiciones necesarias la adecuada atención ante la falta de medicamentos implementos y que fue precisamente lo que genero la necesidad de su movilización a dicho Centro Asistencial. (Ver folios tres (03) al siete (07) de la pieza de amparo). 2) Que en la misma fecha, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió admitir la demanda de Amparo CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, ordenando se librare oficio a la autoridad recurrida, para que en el termino de cinco días (5) se remitieran a esa judicatura los antecedentes del caso o un informe del mismo. (Ver folios once (11) al doce (12) de la pieza de amparo).3) Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), se recibió el informe del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, consignando entre otros aspectos, lo siguiente: a) En fecha siete de octubre del año dos mil quince, fue hospitalizado en la emergencia del Hospital Regional del Norte el paciente JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, posteriormente el 9 de octubre del año dos mil quince, se notifica que hay un paciente en observación de dicha emergencia, el cual presentó deficiencia respiratoria ameritando atención en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese Centro Hospitalario, manifestando que la Sala de Cuidados Intensivos estaban ocupadas en su totalidad; no obstante por el estado critico del paciente se busco alternativas para brindarle la asistencia, manteniéndose el cuidado que ameritaba con la asistencia del medico especialista de Cuidados Intensivos y se plantea a la Gerencia del Hospital Regional la posibilidad de subrogar el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos a un Hospital Privado. b) Que previa autorización de la Comisión Interventora del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, la Gerencia de Hospital Regional se comunico con el Director del Centro Asistencial CEMESA, para ver la posibilidad de atención al paciente en la Sala de Cuidados Intensivos obteniendo de ellos una respuesta favorable. En esa misma fecha la Comisión autorizo de inmediato la Subrogación de atención medica en la mencionada Clínica en virtud del estado critico del paciente, quedando pendiente la resolución, siendo el paciente trasladado en ambulancia al Hospital CEMESA. c) Que el paciente presentó como único documento para su ingreso una constancia emitida por su patrono Inversiones Rodríguez S.A, en fecha ocho de octubre del año dos mil quince. En fecha doce de octubre del año dos mil quince, se recibió un informe del Servicio de Inspección del I.H.S.S. y no aparece reflejado en la planilla electrónica de la Empresa Inversiones Rodríguez, y al ser requerida la Gerente Administrativa de la misma no pudo proporcionar ningún documento que acreditara la relación obrero patronal. d) Que el doce de octubre del año dos mil quince, se comunico a la Gerencia General del Hospital Regional la disponibilidad de un cupo, se estableció comunicación entre I.H.S.S. y CEMESA para ver si el paciente estaba estable y se procediera hacer el traslado de CEMESA al I.H.S.S., Hospital Regional del Norte, presentándose para médicos encargados del traslado del paciente al I.H.S.S., recibiendo estos, manifiesto de los parientes del señor CUBERO que I.H.S.S. no contaba con las condiciones para el buen manejó del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos, sin permitir el trabajo del paciente.4) Que en fecha cinco (5) de enero de dos mil dieciséis (2016), la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, formalizando el recurso de amparo. (Ver folios cuarenta y nueve (49) al cincuenta y cuatro (54) de la pieza de amparo). 5) Que en fecha doce (12) enero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió declararse incompetente para conocer de la Acción de Amparo, ordenando la remisión del expediente a la Sala de lo Constitucional. 6) Que en fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la Sala tuvo por recibidas las actuaciones en el presente recurso, habiéndose agotado el trámite de admisión, vista y formalización ordenó se otorgara vista al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen.7) Que en fecha cinco (5) de abril de dos mil dieciséis (2016), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien en su dictamen fue de la opinión que se DENIEGUE el amparo, en virtud no existir la vulneración de las garantías invocadas por la amparista, por desprenderse de los antecedentes del caso, que existía ya un cupo en el Hospital del Norte del IHSS, con todos los requerimientos médicos para el cuidado y manejo del paciente, por lo cual se le estaría garantizando al agraviado su derecho a la vida y la salud; por lo cual no se le puede exigir al IHSS la subrogación de tal servicio en detrimento del derecho a la vida y la salud de los demás derecho habientes, lo cual patentizaría más bien un trato igual y discriminatorio para quienes presenten igual o similar patología. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al Articulo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo en el Artículo 183 Constitucional. En el numeral dos (2) de este Articulo se establece, que la garantía de amparo es para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce el recurso de Amparo Administrativo interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, a favor del señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), relacionadas según la recurrente como negación por parte de dicha autoridad al acceso del derecho humano de la salud del que goza el señor JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, relacionadas con el MANTENIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS a favor del señor CUBERO HERNANDEZ, con el fin de que este pudiera recibir la atención medica que ofrece, por convenio con el IHSS, la Clínica privada denominada CEMESA. CONSIDERANDO (4): Que acorde lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”CONSIDERANDO (5): Que resulta asimismo mandatorio, en un Estado Constitucional de Derecho, lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; principio que resulta extensivo a las actuaciones de los órganos administrativos, por la obligación convencional que supone para el Estado de Honduras la suscripción y ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), particularmente de lo establecido en el artículo 8.1 de la misma; garantías judiciales mínimas que forman parte esencial del denominado debido proceso, vinculando por tanto, a las autoridades competentes en lo concierne a mantener la incolumidad de los derechos fundamentales, relación jurídica que constituye verdadero eje transversal al ordenamiento jurídico hondureño. CONSIDERANDO (6): Que en tal sentido se ha pronunciado, asimismo, lo más granado de la doctrina constitucional contemporánea, para el caso lo expuesto por el doctrinario Konrad Hesse, al establecer su teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, según la cual, los derechos fundamentales cumplen una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”.[1] CONSIDERANDO (7): Que la Abogada INES YADIRA CÚBERO GONZÁLEZ, en su calidad de impetrante del recurso, lo ha formalizado con fecha cinco (5) de enero del año dos mil dieciséis (2016), refiriendo en la relación de hechos y correspondiente fundamentación jurídica, la existencia de una serie de transgresiones a los derechos constitucionales del beneficiario con la acción de amparo, a raíz de la omisión de la autoridad denunciada, a efecto que esta pueda: “… mantener mediante convenio de Subrogación de Servicios al señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, a fin de que este pueda recibir la atención medica así como tratamientos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y toda la demás gama de beneficios que ofrece dicha institución mediante el convenio de subrogación con la Clínica CEMESA en la Unidad de Cuidados Intensivos (….)”; lo cual la Abogada garantista recapitula como lesivo al derecho a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad social y a la salud del trabajador JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ.CONSIDERANDO (8): Que, asimismo, ha referido la amparista que el acto que motivó la interposición de la presente garantía constitucional lo constituye en forma expresa la negativa del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a incorporar al señor JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ al sistema del Instituto y al no proveer el pago, mediante CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS CLÍNICOS HOSPITALARIOS, del referido ciudadano a fin de que este pueda recibir atención médica, así como tratamientos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y toda la demás gama de beneficios que ofrece dicha institución mediante el convenio de subrogación con la Clínica CEMESA en la Unidad de Cuidados Intensivos o cualquier otra institución médica privada, en virtud que en dicha institución no se cuenta con las condiciones necesarias y adecuadas de atención ante la falta de medicamentos, implementos y que fue precisamente lo que generó la necesidad de movilización a dicho centro asistencial. Adicionalmente y relacionado con lo anterior, se denuncia que la Dirección Regional y el Departamento de Asesoría Legal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), en esa ciudad, en violación a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República, se ha rehusado a recibir la documentación atinente al proceso de afiliación del beneficiario del presente recurso. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional, vista que fue la demanda de amparo para sentencia, considera que la argumentación desarrollada por la garantista en formalización del recurso, está dirigida con preeminencia a las razones de derechos humanos sociales, económicos y culturales que brindarían base a la procedibilidad a la afiliación del beneficiario del presente recurso, señor JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ; con el consiguiente acceso a todas las prestaciones que la asegurabilidad brinda al trabajador, reunidos que sean los requisitos legales para ello.[2] Asimismo, en la interposición del recurso, afirma la garantista el señor CUBERO HERNANDEZ se encontraba cubierto con el beneficio de aseguranza por ser empleado de la Empresa INGENIERÍA EN PROYECTOS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS (INPES), lo cual establece como previo a instar se mantenga el CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS CLÍNICOS HOSPITALARIOS con la Clínica Privada denominada CEMESA. CONSIDERANDO (10): Que observa esta Sala que los motivos de amparo constitucional impetrados por el garantista, son redundantes en alegaciones de mera legalidad, puesto que no logran establecer distinciones de orden constitucional que permitan establecer la razonabilidad de que se resuelva mantener la medida de subrogación de servicios clínicos hospitalarios solicitada en sede de justicia constitucional;[3] no resultando por ende acreditado que la omisión de inscripción y de subrogación del convenio establecido con la clínica privada en mención generen por si mismas violación a los principios que dimanan de la dignidad humana y las garantías sociales del derecho a la salud y a la seguridad social, encontrándose más bien de la foliada que las actuaciones administrativas del caso se han resuelto en forma ponderada, proveyendo el derecho de salud y a la seguridad social en forma congrua y dentro de los márgenes que impone el principio de proporcionalidad,[4] al funcionariado público; esto es, en vista a ajustarse en su actuación administrativa el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) a criterios finales de razonabilidad y justicia.[5] CONSIDERANDO (11): Que del examen de las diligencias se constata que el acto reclamado en amparo, no resulta violatorio de las garantías invocadas por la recurrente, apreciándose más bien, que la resolución bajo estudio guarda observancia para con el Principio de Legalidad Administrativa, según establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; en correlación a lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; prescripción que resulta extensiva a los órganos administrativos, por la obligación convencional que supone para el Estado de Honduras su adscripción a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y particularmente a lo establecido en el artículo 8.1 de la misma. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que las actuaciones administrativas del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), objeto de estudio, se ajustan a las normas jurídicas aplicables al estándar constitucional del debido proceso, igualdad ante la ley y a las garantías sociales que tutelan el derecho a la salud y a la seguridad social del ciudadano JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ; por lo cual, acorde a lo anteriormente expuesto y motivado, procede dictar denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos 1, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 1, 4, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 142, 143, 144, 145 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 120 de la Ley sobre justicia constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para los fines consiguientes que enmarca la Ley. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firma y sello: LIDIA ALVAREZ SAGASTUME MAGISTRADA PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- firma y sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), certificación del fallo de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 47=16.- firma y sello Carlos Alberto Almendarez Calix.-Secretario de la Sala Constitucional.”

C E R T I F I C A C I O N

EL Infrascrito secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de diciembre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, a favor del señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, relacionadas según la recurrente a la negación de dicha autoridad, al acceso del derecho humano de la salud, relacionadas con el MANTENIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS al señor JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ a fin de que este pueda recibir la atención medica que ofrece dicha institución con la Clínica CEMESA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado a su representado los derechos consignados en los artículos 59, 61, 63, 64, 65, 68, 142, 143, 144, 145 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1) Que en fecha doce (12) de octubre de dos mil quince (2015), la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, contra actuaciones INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), manifestando la peticionaria que el acto reclamado en amparo: “… lo constituye la negativa del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL a mantener mediante convenio de Subrogación de Servicios al señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, a fin de que este pueda recibir la atención medica así como tratamientos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y toda la demás gama de beneficios que ofrece dicha institución mediante el convenio de subrogación con la Clínica CEMESA en la Unidad de Cuidados Intensivos, misma que dentro de dicha institución no cuenta con las condiciones necesarias la adecuada atención ante la falta de medicamentos implementos y que fue precisamente lo que genero la necesidad de su movilización a dicho Centro Asistencial. (Ver folios tres (03) al siete (07) de la pieza de amparo). 2) Que en la misma fecha, Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió admitir la demanda de Amparo CON SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, ordenando se librare oficio a la autoridad recurrida, para que en el termino de cinco días (5) se remitieran a esa judicatura los antecedentes del caso o un informe del mismo. (Ver folios once (11) al doce (12) de la pieza de amparo).3) Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), se recibió el informe del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, consignando entre otros aspectos, lo siguiente: a) En fecha siete de octubre del año dos mil quince, fue hospitalizado en la emergencia del Hospital Regional del Norte el paciente JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, posteriormente el 9 de octubre del año dos mil quince, se notifica que hay un paciente en observación de dicha emergencia, el cual presentó deficiencia respiratoria ameritando atención en la Unidad de Cuidados Intensivos de ese Centro Hospitalario, manifestando que la Sala de Cuidados Intensivos estaban ocupadas en su totalidad; no obstante por el estado critico del paciente se busco alternativas para brindarle la asistencia, manteniéndose el cuidado que ameritaba con la asistencia del medico especialista de Cuidados Intensivos y se plantea a la Gerencia del Hospital Regional la posibilidad de subrogar el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos a un Hospital Privado. b) Que previa autorización de la Comisión Interventora del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, la Gerencia de Hospital Regional se comunico con el Director del Centro Asistencial CEMESA, para ver la posibilidad de atención al paciente en la Sala de Cuidados Intensivos obteniendo de ellos una respuesta favorable. En esa misma fecha la Comisión autorizo de inmediato la Subrogación de atención medica en la mencionada Clínica en virtud del estado critico del paciente, quedando pendiente la resolución, siendo el paciente trasladado en ambulancia al Hospital CEMESA. c) Que el paciente presentó como único documento para su ingreso una constancia emitida por su patrono Inversiones Rodríguez S.A, en fecha ocho de octubre del año dos mil quince. En fecha doce de octubre del año dos mil quince, se recibió un informe del Servicio de Inspección del I.H.S.S. y no aparece reflejado en la planilla electrónica de la Empresa Inversiones Rodríguez, y al ser requerida la Gerente Administrativa de la misma no pudo proporcionar ningún documento que acreditara la relación obrero patronal. d) Que el doce de octubre del año dos mil quince, se comunico a la Gerencia General del Hospital Regional la disponibilidad de un cupo, se estableció comunicación entre I.H.S.S. y CEMESA para ver si el paciente estaba estable y se procediera hacer el traslado de CEMESA al I.H.S.S., Hospital Regional del Norte, presentándose para médicos encargados del traslado del paciente al I.H.S.S., recibiendo estos, manifiesto de los parientes del señor CUBERO que I.H.S.S. no contaba con las condiciones para el buen manejó del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos, sin permitir el trabajo del paciente.4) Que en fecha cinco (5) de enero de dos mil dieciséis (2016), la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, formalizando el recurso de amparo. (Ver folios cuarenta y nueve (49) al cincuenta y cuatro (54) de la pieza de amparo). 5) Que en fecha doce (12) enero de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió declararse incompetente para conocer de la Acción de Amparo, ordenando la remisión del expediente a la Sala de lo Constitucional. 6) Que en fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la Sala tuvo por recibidas las actuaciones en el presente recurso, habiéndose agotado el trámite de admisión, vista y formalización ordenó se otorgara vista al Fiscal del Despacho para que emitiera su dictamen.7) Que en fecha cinco (5) de abril de dos mil dieciséis (2016), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, quien en su dictamen fue de la opinión que se DENIEGUE el amparo, en virtud no existir la vulneración de las garantías invocadas por la amparista, por desprenderse de los antecedentes del caso, que existía ya un cupo en el Hospital del Norte del IHSS, con todos los requerimientos médicos para el cuidado y manejo del paciente, por lo cual se le estaría garantizando al agraviado su derecho a la vida y la salud; por lo cual no se le puede exigir al IHSS la subrogación de tal servicio en detrimento del derecho a la vida y la salud de los demás derecho habientes, lo cual patentizaría más bien un trato igual y discriminatorio para quienes presenten igual o similar patología. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al Articulo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo en el Artículo 183 Constitucional. En el numeral dos (2) de este Articulo se establece, que la garantía de amparo es para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce el recurso de Amparo Administrativo interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, a favor del señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, contra actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), relacionadas según la recurrente como negación por parte de dicha autoridad al acceso del derecho humano de la salud del que goza el señor JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, relacionadas con el MANTENIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS a favor del señor CUBERO HERNANDEZ, con el fin de que este pudiera recibir la atención medica que ofrece, por convenio con el IHSS, la Clínica privada denominada CEMESA. CONSIDERANDO (4): Que acorde lo prescrito en el artículo 321 de la Constitución de la República: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”CONSIDERANDO (5): Que resulta asimismo mandatorio, en un Estado Constitucional de Derecho, lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; principio que resulta extensivo a las actuaciones de los órganos administrativos, por la obligación convencional que supone para el Estado de Honduras la suscripción y ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), particularmente de lo establecido en el artículo 8.1 de la misma; garantías judiciales mínimas que forman parte esencial del denominado debido proceso, vinculando por tanto, a las autoridades competentes en lo concierne a mantener la incolumidad de los derechos fundamentales, relación jurídica que constituye verdadero eje transversal al ordenamiento jurídico hondureño. CONSIDERANDO (6): Que en tal sentido se ha pronunciado, asimismo, lo más granado de la doctrina constitucional contemporánea, para el caso lo expuesto por el doctrinario Konrad Hesse, al establecer su teoría del doble carácter de los derechos fundamentales, según la cual, los derechos fundamentales cumplen una doble función: “… garantizan no sólo derechos subjetivos de los individuos, sino también los principios objetivos básicos para el ordenamiento constitucional democrático y del Estado de Derecho, fundamentos del Estado constituido a través de dichos derechos y de su ordenamiento jurídico”.[6] CONSIDERANDO (7): Que la Abogada INES YADIRA CÚBERO GONZÁLEZ, en su calidad de impetrante del recurso, lo ha formalizado con fecha cinco (5) de enero del año dos mil dieciséis (2016), refiriendo en la relación de hechos y correspondiente fundamentación jurídica, la existencia de una serie de transgresiones a los derechos constitucionales del beneficiario con la acción de amparo, a raíz de la omisión de la autoridad denunciada, a efecto que esta pueda: “… mantener mediante convenio de Subrogación de Servicios al señor JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ, a fin de que este pueda recibir la atención medica así como tratamientos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y toda la demás gama de beneficios que ofrece dicha institución mediante el convenio de subrogación con la Clínica CEMESA en la Unidad de Cuidados Intensivos (….)”; lo cual la Abogada garantista recapitula como lesivo al derecho a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad social y a la salud del trabajador JOSÈ FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ.CONSIDERANDO (8): Que, asimismo, ha referido la amparista que el acto que motivó la interposición de la presente garantía constitucional lo constituye en forma expresa la negativa del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a incorporar al señor JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ al sistema del Instituto y al no proveer el pago, mediante CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS CLÍNICOS HOSPITALARIOS, del referido ciudadano a fin de que este pueda recibir atención médica, así como tratamientos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y toda la demás gama de beneficios que ofrece dicha institución mediante el convenio de subrogación con la Clínica CEMESA en la Unidad de Cuidados Intensivos o cualquier otra institución médica privada, en virtud que en dicha institución no se cuenta con las condiciones necesarias y adecuadas de atención ante la falta de medicamentos, implementos y que fue precisamente lo que generó la necesidad de movilización a dicho centro asistencial. Adicionalmente y relacionado con lo anterior, se denuncia que la Dirección Regional y el Departamento de Asesoría Legal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), en esa ciudad, en violación a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República, se ha rehusado a recibir la documentación atinente al proceso de afiliación del beneficiario del presente recurso. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala de lo Constitucional, vista que fue la demanda de amparo para sentencia, considera que la argumentación desarrollada por la garantista en formalización del recurso, está dirigida con preeminencia a las razones de derechos humanos sociales, económicos y culturales que brindarían base a la procedibilidad a la afiliación del beneficiario del presente recurso, señor JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ; con el consiguiente acceso a todas las prestaciones que la asegurabilidad brinda al trabajador, reunidos que sean los requisitos legales para ello.[7] Asimismo, en la interposición del recurso, afirma la garantista el señor CUBERO HERNANDEZ se encontraba cubierto con el beneficio de aseguranza por ser empleado de la Empresa INGENIERÍA EN PROYECTOS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS (INPES), lo cual establece como previo a instar se mantenga el CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS CLÍNICOS HOSPITALARIOS con la Clínica Privada denominada CEMESA. CONSIDERANDO (10): Que observa esta Sala que los motivos de amparo constitucional impetrados por el garantista, son redundantes en alegaciones de mera legalidad, puesto que no logran establecer distinciones de orden constitucional que permitan establecer la razonabilidad de que se resuelva mantener la medida de subrogación de servicios clínicos hospitalarios solicitada en sede de justicia constitucional;[8] no resultando por ende acreditado que la omisión de inscripción y de subrogación del convenio establecido con la clínica privada en mención generen por si mismas violación a los principios que dimanan de la dignidad humana y las garantías sociales del derecho a la salud y a la seguridad social, encontrándose más bien de la foliada que las actuaciones administrativas del caso se han resuelto en forma ponderada, proveyendo el derecho de salud y a la seguridad social en forma congrua y dentro de los márgenes que impone el principio de proporcionalidad,[9] al funcionariado público; esto es, en vista a ajustarse en su actuación administrativa el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) a criterios finales de razonabilidad y justicia.[10] CONSIDERANDO (11): Que del examen de las diligencias se constata que el acto reclamado en amparo, no resulta violatorio de las garantías invocadas por la recurrente, apreciándose más bien, que la resolución bajo estudio guarda observancia para con el Principio de Legalidad Administrativa, según establecido en el artículo 321 de la Constitución de la República que manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”; en correlación a lo prescrito en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; prescripción que resulta extensiva a los órganos administrativos, por la obligación convencional que supone para el Estado de Honduras su adscripción a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y particularmente a lo establecido en el artículo 8.1 de la misma. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala arriba a la conclusión que las actuaciones administrativas del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), objeto de estudio, se ajustan a las normas jurídicas aplicables al estándar constitucional del debido proceso, igualdad ante la ley y a las garantías sociales que tutelan el derecho a la salud y a la seguridad social del ciudadano JOSE FRANCISCO CUBERO HERNANDEZ; por lo cual, acorde a lo anteriormente expuesto y motivado, procede dictar denegatoria a la presente garantía constitucional de amparo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos 1, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 1, 4, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 142, 143, 144, 145 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 120 de la Ley sobre justicia constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para los fines consiguientes que enmarca la Ley. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firma y sello: LIDIA ALVAREZ SAGASTUME MAGISTRADA PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.-JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- firma y sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), certificación del fallo de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 47=16.-

Carlos Alberto Almendarez Calix

Secretario de la Sala Constitucional

[1] Vid. Benda, Maihofer, Vogel, Hesse y Heyde. Manual de Derecho Constitucional (traducción de Antonio López Pina), Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 90. Citado por: Castañeda Otsu, Susana, en: Derechos Constitucionales y Defensoría del Pueblo: Origen, análisis normativo comparado. Regulación y perspectivas en Perú (Con prólogo de Pablo Lucas Verdú). Editorial Alternativas, Lima, 2001, p. 31.

[2] Atendiendo el contenido del artículo 142 párrafo 1ª de la Constitución de la República: “Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido”.

[3] Al respecto, resulta ilustrativo el contenido de la sentencia 49/1982 del 14 de julio, emitida por el Tribunal Constitucional Español, acorde a la cual la igualdad jurídica o igualdad ante la ley no comporta necesariamente una igualdad material o una igualdad económica real y efectiva: “Significa que a los supuestos de hecho iguales deben serle aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean iguales también y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable de acuerdo con criterios de valor generalmente aceptados”. Vid. Lizano Van der Laat, Paula. “Algunas reflexiones sobre el principio de igualdad jurídica en la jurisprudencia internacional y en la del Tribunal Constitucional español”, aporte a: Justicia, Libertad, y Derechos Humanos. Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante (t. I). Edición del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, p. 399.

[4] “Los fines constitucionales no determinan por lo general un único medio adecuado para alcanzarlos (…) por esta razón, la jurisdicción limita su actividad a controlar que el medio seleccionado por el legislador o la administración para obtener un objetivo constitucional legítimo no sea desproporcionado; que no restrinja otro derecho fundamental más allá de lo debido”. Vid. Pulido Bernal, Carlos, en: El Derecho de los Derechos: Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008. p. 235.

[5] Vid. Lizano Van der Laat, Paula. “Algunas reflexiones…”, Op. Cit., pp. 360 y 370.

[6] Vid. Benda, Maihofer, Vogel, Hesse y Heyde. Manual de Derecho Constitucional (traducción de Antonio López Pina), Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 90. Citado por: Castañeda Otsu, Susana, en: Derechos Constitucionales y Defensoría del Pueblo: Origen, análisis normativo comparado. Regulación y perspectivas en Perú (Con prólogo de Pablo Lucas Verdú). Editorial Alternativas, Lima, 2001, p. 31.

[7] Atendiendo el contenido del artículo 142 párrafo 1ª de la Constitución de la República: “Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido”.

[8] Al respecto, resulta ilustrativo el contenido de la sentencia 49/1982 del 14 de julio, emitida por el Tribunal Constitucional Español, acorde a la cual la igualdad jurídica o igualdad ante la ley no comporta necesariamente una igualdad material o una igualdad económica real y efectiva: “Significa que a los supuestos de hecho iguales deben serle aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean iguales también y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable de acuerdo con criterios de valor generalmente aceptados”. Vid. Lizano Van der Laat, Paula. “Algunas reflexiones sobre el principio de igualdad jurídica en la jurisprudencia internacional y en la del Tribunal Constitucional español”, aporte a: Justicia, Libertad, y Derechos Humanos. Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante (t. I). Edición del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, p. 399.

[9] “Los fines constitucionales no determinan por lo general un único medio adecuado para alcanzarlos (…) por esta razón, la jurisdicción limita su actividad a controlar que el medio seleccionado por el legislador o la administración para obtener un objetivo constitucional legítimo no sea desproporcionado; que no restrinja otro derecho fundamental más allá de lo debido”. Vid. Pulido Bernal, Carlos, en: El Derecho de los Derechos: Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2008. p. 235.

[10] Vid. Lizano Van der Laat, Paula. “Algunas reflexiones…”, Op. Cit., pp. 360 y 370.