Sentencia AA-44-15 — Registro 6151
Resumen
Resolución dictada por Autoridad recurrida emitió Acuerdo de Cancelación de recurrente del cargo de Técnico Especializado II de la Unidad de Género del Poder Judicial, a quien se le reconoció el pago de Prestaciones Laborales y derechos adquiridos por la vía de cancelación por cesantía; La Sala en base a lo obrado en el expediente no le fué posible corroborar lo manifestado por el recurrente en cuanto a que presentó solicitud de prestaciones laborales bajo amenazas y coacción de la máxima autoridad del Alto Tribunal de Justicia; En consecuencia, su solicitud se resolvió favorable a sus pretensiones, ordenándose el pago de sus prestaciones laborales debiendo dar cumplimiento a la resolución impugnada y teniéndolo por cancelado su acuerdo de nombramiento, por lo que no se aprecia vulneración de derechos constitucionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"el principio de la autonomía de la voluntad implica el autogobierno que tienen las personas de sus propios fines e intereses, así como la propia regulación de las situaciones en que se encuentren y sus relaciones jurídicas, determinado el contenido de sus actuaciones y sus posibles efectos. En el caso sub judice dice el recurrente que la solicitud de prestaciones laborales que presentó ante el Ex presidente de la Corte Suprema de Justicia lo hizo bajo amenazas y coacción del oferente que le hizo saber lo planteado por la máxima autoridad de este alto Tribunal de Justicia; extremos que no puede corroborar esta Sala, por no existir soporte de ninguna clase en el expediente de mérito, que constate los dichos del impetrante. Por otra parte el recurrente es una persona que conoce la ley por lo que no puede alegar ignorancia de la misma, en ese orden de ideas gozaba de libre albedrío, es decir de decisión en cuanto a presentar o no la solicitud de prestaciones laborales, lo cual hizo, en consecuencia recibió respuesta positiva a sus pretensiones, mediante la cual se ordena el pago de sus prestaciones laborales, siguiendo el procedimiento administrativo conforme la ley, para hacer efectivas dichas prestaciones laborales; por todo ello no se aprecia vulneración de los derechos constitucionales del impetrante..."..."la Sala de lo Constitucional, en su función defensora de la Constitución de la República, vela por el respeto, protección y garantía de los derechos reconocidos constitucionalmente y por los Tratados Internacionales; encuentra que en el caso subjudice el Consejo de la Judicatura solamente resolvió la petición planteada por el recurrente, reconociéndole su derecho a obtener sus prestaciones laborales. Constatándose que la resolución impugnada en esta vía constitucional, no ha vulnerado el derecho al debido proceso, consecuentemente no vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto, motivo suficiente para Denegar el recurso de amparo interpuesto, en consecuencia debe darse cumplimiento a la resolución impugnada, haciendo efectivo el pago de las prestaciones laborales del recurrente y teniéndolo por cancelado su acuerdo de nombramiento..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 57 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 51 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de agosto del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, mediante la cual se cancela al señor JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA del cargo de TECNICO ESPECIALIZADO II DE LA UNIDAD DE GENERO DE ESTE PODER JUDICIAL. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los artículos 82, 127 y 128 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha nueve de octubre de dos mil doce, el doctor RAMON CUSTODIO LOPEZ en su condición de Comisionado de los Derechos Humanos interpuso ante la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales denuncia contra el señor JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA y la señora AIDA ESPERANZA GODOY, Juez y Secretaria respectivamente, del Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, departamento de Choluteca, siendo admitida la misma, en fecha nueve de octubre de dos mil doce.- 2) Que una vez evacuado el trámite correspondiente, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ACUERDA: 1. Cancelar el acuerdo de nombramiento del Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, del cargo de Técnico Especializado II de la Unidad de Genero, a quien se le rinden las gracias por los servicios prestados, con pago de Prestaciones Laborales y demás derechos adquiridos por la vía de cancelación por cesantía, con Disponibilidad Presupuestaria Oficio DPPF No 782/2014 de fecha 06 de noviembre de 2014.-2. El presente acuerdo sus efectos a partir del diez (10) de noviembre de 2014-.Según Acción de la Dirección de Administración de Personal, No. 2014-1290…”.-3) El recurrente abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de enero de dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se le han violentado los artículos 82, 127 y 128 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha ocho de abril de dos mil quince.- 4) Que con fecha dos de junio de dos mil quince, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 Constitucinal; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional la resolución, dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce mediante la cual se cancela al señor JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA del cargo de TECNICO ESPECIALIZADO II DE LA UNIDAD DE GENERO DEL PODER JUDICIAL.-CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso interpuesto, expone una relación circunstanciada de los hechos, señalando que mediante la intervención de una tercera persona a pedimento del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, se le dijo que presentara su solicitud de prestaciones laborales, cuando preguntó el porque de ello, se le dijo que si se le confirmaba el auto de prisión por la Corte de Apelaciones iba preso y “el Hombre lo que quiere es ayudarte” contestándole que le parecía que se le prejuzgaba prematuramente obteniendo por respuesta (sic) “A MI NO ME DIGA NADA YO SOLO LE ESTOY TRASMITIENDO EL MENSAJE Y TRÁIGAMELO YA”, sigue diciendo el recurrente que le pidió tiempo para hablar con su familia habiendo recibido como respuesta (SIC)“NO TENEMOS TIEMPO Y PORQUE NO ACEPTAS LA SOLICITUD ELPRESIDENTE LO VA A TENER EN SU PODER ENGAVETADO Y SI CONFIRMA EL AUTO DE PRISIÓN LE VA A TRAMITAR LAS PRESTACIONESPARA QUE NO SE VAYA LISOY SI SALE BIEN PUES NO VA A PASAR NADA CONTINUA LABORANDO”. Manifiesta que confiando plenamente en la palabra del oferente abogado JOSE ANTONIO MEJIA, presentó la solicitud porque a diario se lo encontraba y le pedía la solicitud por lo que se vio obligado hacerlo, porque si no le despedirían sin prestaciones. Sigue diciendo que el 24 de noviembre del 2014 se sorprendió cuando le informaron que lo buscaban del consejo de la Judicatura para entregarle la nota de cancelación, dice que tal acción le causó desesperación y pánico porque el trato con el abogado JOSE ANTONIO MEJIA no era eso si no que el faltó a la verdad pretensión que logro bajo “AMENAZAS Y COACCIÓN VIOLENTANDO CON ELLO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 88, por haberme obligado a renunciar a mi empleo bajo amenazas, artículo 127 que es el derecho que tengo al trabajo y que al obligarme a renunciar constituye nulidad de actuaciones contempladas en el artículo 128, estos de la constitución de la República de Honduras y los tratados internacionales al derecho al trabajo de la OIT del cual Honduras es signatario (F. 43 pieza de amparo).-CONSIDERANDO (5): Que el impetrante manifiesta que en el acuerdo de cancelación no dice las causas o motivos por el cual se le cancela y habiendo tenido a la vista la resolución mediante la cual se le cancela, tampoco expone los motivos de dicha cancelación, siendo lo más gravoso que al final de dicha resolución ni siquiera dice Notifíquese o cúmplase, creando con esto indefensión que contempla el artículo 82 de la Constitución de la República que establece el derecho a la defensa (Folio 43 pieza de amparo).-CONSIDERANDO (6): Que el impetrante señala que el caso por el que lo obligaron a presentar la solicitud de sus prestaciones laborales es del conocimiento público que se presentó requerimiento contra la señora FRANCIS MARIA QUEZADA, esposa del señor MARCELO CHIMIRRE, por la supuesta comisión del delito de lavado de activos y portación ilegal de arma comercial, en perjuicio de la administración pública y la seguridad interior del Estado de Honduras…, dice que (SIC)“el expediente le correspondía a la abogada ALEJANDRA OCHOA, JUEZ NUMERO NUEVE, ME LLAMO A MI PERSONA QUE TAMBIEN ERA JUEZ DE LAS CAUSAS ESCRITAS LA COORDINADORA DEL JUZGADO DE LETRAS DELO PENAL DE FRANCISCO MORAZAN LA ABOGADA EMILY PAGE DICIENDOME QUE DICE EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE QUE ESE CASO ME ASIGNARA A MI Y QUE CUIDADITO LA FUERA A DEJAR PRESA, pues siguiendo las instrucciones superiores le decrete un sobreseimiento definitivo a favor de la imputada por lo que los medios de comunicación empezaron hacer las publicaciones por medios informativos y debido a la presión rendí mi informe al señor presidente de la corte abogado JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, tal como lo acreditó con la copia de dicho informe de lo ocurrido es decir de las instrucciones que me había dado la coordinadora del Juzgado de lo Penal sin resultado alguno únicamente con el compromiso a través del portavoz del Poder Judicial MELVIN DUARTE, de que no me preocupara que esperara que las cosas se calmaran y que al final quien tenía que resolverme era el presidente por lo que espere aguantando vendavales y tempestades esperando respuestas”; señalando que más bien lo que obtuvo fue la suspensión de su cargo por tres meses sin goce de sueldo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2014,resolución que impugnó y que hasta la fecha de presentación del presente recurso no le habían notificado la resolución de su suspensión ni mucho menos resuelto la impugnación presentada.-CONSIDERANDO (7): Que el impetrante manifiesta que al no realizar los tramites correspondientes para el pago de sus prestaciones con fecha 10 de diciembre del 2014 el Consejal CELINO AGUILERA vía teléfono No. 99 -33-15-46 le dijo que si no cambiaba su comportamiento lo iban a destituir sin nada, por lo que se vio obligado a presentar las constancias requeridas de las instituciones bancarias, cooperativas, departamento de bienes y de beneficios sociales para el trámite de dichas prestaciones, presentado en fecha 5 de enero del 2015, tramite que a la fecha de presentar el presente recurso aún no se ha resuelto y con ello ordenar el pago de sus prestaciones laborales. Además explica que existe el caso de probada imposibilidad de interponer los recursos, cuando le han causado indefensión pues el Consejo de la Judicatura no establece razones ni causas y tampoco deja espacio a la palabra notifíquese o cúmplase, por lo que se le imposibilitó interponer el recurso de reposición, tal como lo acredita con la certificación de la resolución que acompaña.- CONSIDERANDO (8): Que el recurrente expone que en la solicitud del pago de prestaciones laborales a que fue obligado a presentar, (sic) “dejo establecido que dicha solicitud lo hago confiando plenamente en la palabra del oferente abogado JOSE ANTONIO MEJIA DE LA UNIDAD DE AUTENTICAS QUIEN ME PROPUSO DE QUE PRESENTE LA SOLICITUD DE MIS PRESTACIONES LABORALES PORQUE SI CONFIRMA EL AUTO DE PRISION POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD PUEDO SALIR PERJUDICADO, PERO SI SALE FAVORABLE CONTINUO EN MI FUNCIÓN Y QUE DICHA SOLICITUD LA TENDRA EN SU PODER O SEA EN PODER DE LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HASTA QUE LA CORTE DE APELACIONES SE PRONUNCIARA EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIONES INTERPUESTA POR MIS DEFENSORES PUBLICOS ASIGNADOS AL CASO”. Compromiso del oferente que no fue cumplido sino lo que hizo fue agilizar mi cancelación. Considera que se le han quebrantado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 del Derecho a la defensa, 127 del derecho al trabajo, 128 de la nulidad de los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia tergiversando las garantías.-CONSIDERANDO (9): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores es menester por parte de esta Sala de lo Constitucional considerar si la referida resolución proferida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, vulnera o no las garantías constitucionales alegadas por el recurrente.-CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo a la Certificación extendida por el Secretario General del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, se certifica el punto número Catorce Literal kk, del Acta número cuarenta y cinco (45) de la sesión iniciada por el referido Consejo en fecha siete (07) de octubre del año dos mil catorce y concluida el día ocho (08) del mismo mes y año que dice: “14 Correspondencia. kk. ABOG. JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, Técnico especializado II Unidad de Género, solicita el pago de sus prestaciones laborales y asimismo tomar en consideración su jubilación, en virtud de que le faltan 28 meses para el trámite de su jubilación voluntaria. RESOLUCIÓN: Vista y discutida, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, por UNANIMIDAD de votos, resuelve: aprobar el pago de prestaciones laborales, así como la cancelación de su nombramiento”. Certificación extendida el día tres de diciembre del 2014, que corre a Folio seis (6) del expediente de amparo.-CONSIDERANDO (11): Que según Oficio No. 2175- SCJYCJ -2014,se transcribe el acuerdo No. 1297 del 24 de noviembre del año 2014 mediante el cual el consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ACUERDA: “1.- Cancelar el acuerdo de nombramiento del Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, del cargo de Técnico Especializado II de la Unidad de Genero, a quien se le rinden las gracias por el servicio prestado, con pago de Prestaciones Laborales y demás derechos adquiridos por la vía de cancelación por cesantía, con disponibilidad Presupuestaria Oficio DPPF No. 782/2014 de fecha 06 de noviembre de 2014.el presente acuerdo surte efectos a partir del diez (10) de noviembre del 2014…”.-CONSIDERANDO (12): Que el principio de la autonomía de la voluntad implica el autogobierno que tienen las personas de sus propios fines e intereses, así como la propia regulación de las situaciones en que se encuentren y sus relaciones jurídicas, determinado el contenido de sus actuaciones y sus posibles efectos. En el caso sub judice dice el recurrente que la solicitud de prestaciones laborales que presentó ante el Ex presidente de la Corte Suprema de Justicia lo hizo bajo amenazas y coacción del oferente que le hizo saber lo planteado por la máxima autoridad de este alto Tribunal de Justicia; extremos que no puede corroborar esta Sala, por no existir soporte de ninguna clase en el expediente de mérito, que constate los dichos del impetrante. Por otra parte el recurrente es una persona que conoce la ley por lo que no puede alegar ignorancia de la misma, en ese orden de ideas gozaba de libre albedrío, es decir de decisión en cuanto a presentar o no la solicitud de prestaciones laborales, lo cual hizo, en consecuencia recibió respuesta positiva a sus pretensiones, mediante la cual se ordena el pago de sus prestaciones laborales, siguiendo el procedimiento administrativo conforme la ley, para hacer efectivas dichas prestaciones laborales; por todo ello no se aprecia vulneración de los derechos constitucionales del impetrante.- CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, en su función defensora de la Constitución de la República, vela por el respeto, protección y garantía de los derechos reconocidos constitucionalmente y por los Tratados Internacionales; encuentra que en el caso subjudice el Consejo de la Judicatura solamente resolvió la petición planteada por el recurrente, reconociéndole su derecho a obtener sus prestaciones laborales. Constatándose que la resolución impugnada en esta vía constitucional, no ha vulnerado el derecho al debido proceso, consecuentemente no vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto, motivo suficiente para Denegar el recurso de amparo interpuesto, en consecuencia debe darse cumplimiento a la resolución impugnada, haciendo efectivo el pago de las prestaciones laborales del recurrente y teniéndolo por cancelado su acuerdo de nombramiento.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 303, 304,313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 1o. y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 no.1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 58, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. FALLA: DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA a favor de SI MISMO, contra el Acuerdo No. 1297 emitido por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, debiendo dar efectivo cumplimiento al acuerdo de pago de prestaciones del recurrente, y la cancelación del acuerdo de nombramiento del cargo de Técnico Especializado II de la Unidad de Genero del Poder Judicial. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y a solicitud del abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil (2016), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0044-2015 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN : El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- egucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de agosto del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, mediante la cual se cancela al señor JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA del cargo de TECNICO ESPECIALIZADO II DE LA UNIDAD DE GENERO DE ESTE PODER JUDICIAL. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los artículos 82, 127 y 128 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha nueve de octubre de dos mil doce, el doctor RAMON CUSTODIO LOPEZ en su condición de Comisionado de los Derechos Humanos interpuso ante la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales denuncia contra el señor JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA y la señora AIDA ESPERANZA GODOY, Juez y Secretaria respectivamente, del Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, departamento de Choluteca, siendo admitida la misma, en fecha nueve de octubre de dos mil doce.- 2) Que una vez evacuado el trámite correspondiente, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, ACUERDA: 1. Cancelar el acuerdo de nombramiento del Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, del cargo de Técnico Especializado II de la Unidad de Genero, a quien se le rinden las gracias por los servicios prestados, con pago de Prestaciones Laborales y demás derechos adquiridos por la vía de cancelación por cesantía, con Disponibilidad Presupuestaria Oficio DPPF No 782/2014 de fecha 06 de noviembre de 2014.-2. El presente acuerdo sus efectos a partir del diez (10) de noviembre de 2014-.Según Acción de la Dirección de Administración de Personal, No. 2014-1290…”.-3) El recurrente abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós de enero de dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se le han violentado los artículos 82, 127 y 128 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha ocho de abril de dos mil quince.- 4) Que con fecha dos de junio de dos mil quince, la abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 Constitucinal; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vía constitucional la resolución, dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce mediante la cual se cancela al señor JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA del cargo de TECNICO ESPECIALIZADO II DE LA UNIDAD DE GENERO DEL PODER JUDICIAL.-CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso interpuesto, expone una relación circunstanciada de los hechos, señalando que mediante la intervención de una tercera persona a pedimento del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, se le dijo que presentara su solicitud de prestaciones laborales, cuando preguntó el porque de ello, se le dijo que si se le confirmaba el auto de prisión por la Corte de Apelaciones iba preso y “el Hombre lo que quiere es ayudarte” contestándole que le parecía que se le prejuzgaba prematuramente obteniendo por respuesta (sic) “A MI NO ME DIGA NADA YO SOLO LE ESTOY TRASMITIENDO EL MENSAJE Y TRÁIGAMELO YA”, sigue diciendo el recurrente que le pidió tiempo para hablar con su familia habiendo recibido como respuesta (SIC)“NO TENEMOS TIEMPO Y PORQUE NO ACEPTAS LA SOLICITUD ELPRESIDENTE LO VA A TENER EN SU PODER ENGAVETADO Y SI CONFIRMA EL AUTO DE PRISIÓN LE VA A TRAMITAR LAS PRESTACIONESPARA QUE NO SE VAYA LISOY SI SALE BIEN PUES NO VA A PASAR NADA CONTINUA LABORANDO”. Manifiesta que confiando plenamente en la palabra del oferente abogado JOSE ANTONIO MEJIA, presentó la solicitud porque a diario se lo encontraba y le pedía la solicitud por lo que se vio obligado hacerlo, porque si no le despedirían sin prestaciones. Sigue diciendo que el 24 de noviembre del 2014 se sorprendió cuando le informaron que lo buscaban del consejo de la Judicatura para entregarle la nota de cancelación, dice que tal acción le causó desesperación y pánico porque el trato con el abogado JOSE ANTONIO MEJIA no era eso si no que el faltó a la verdad pretensión que logro bajo “AMENAZAS Y COACCIÓN VIOLENTANDO CON ELLO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 88, por haberme obligado a renunciar a mi empleo bajo amenazas, artículo 127 que es el derecho que tengo al trabajo y que al obligarme a renunciar constituye nulidad de actuaciones contempladas en el artículo 128, estos de la constitución de la República de Honduras y los tratados internacionales al derecho al trabajo de la OIT del cual Honduras es signatario (F. 43 pieza de amparo).-CONSIDERANDO (5): Que el impetrante manifiesta que en el acuerdo de cancelación no dice las causas o motivos por el cual se le cancela y habiendo tenido a la vista la resolución mediante la cual se le cancela, tampoco expone los motivos de dicha cancelación, siendo lo más gravoso que al final de dicha resolución ni siquiera dice Notifíquese o cúmplase, creando con esto indefensión que contempla el artículo 82 de la Constitución de la República que establece el derecho a la defensa (Folio 43 pieza de amparo).-CONSIDERANDO (6): Que el impetrante señala que el caso por el que lo obligaron a presentar la solicitud de sus prestaciones laborales es del conocimiento público que se presentó requerimiento contra la señora FRANCIS MARIA QUEZADA, esposa del señor MARCELO CHIMIRRE, por la supuesta comisión del delito de lavado de activos y portación ilegal de arma comercial, en perjuicio de la administración pública y la seguridad interior del Estado de Honduras…, dice que (SIC)“el expediente le correspondía a la abogada ALEJANDRA OCHOA, JUEZ NUMERO NUEVE, ME LLAMO A MI PERSONA QUE TAMBIEN ERA JUEZ DE LAS CAUSAS ESCRITAS LA COORDINADORA DEL JUZGADO DE LETRAS DELO PENAL DE FRANCISCO MORAZAN LA ABOGADA EMILY PAGE DICIENDOME QUE DICE EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE QUE ESE CASO ME ASIGNARA A MI Y QUE CUIDADITO LA FUERA A DEJAR PRESA, pues siguiendo las instrucciones superiores le decrete un sobreseimiento definitivo a favor de la imputada por lo que los medios de comunicación empezaron hacer las publicaciones por medios informativos y debido a la presión rendí mi informe al señor presidente de la corte abogado JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, tal como lo acreditó con la copia de dicho informe de lo ocurrido es decir de las instrucciones que me había dado la coordinadora del Juzgado de lo Penal sin resultado alguno únicamente con el compromiso a través del portavoz del Poder Judicial MELVIN DUARTE, de que no me preocupara que esperara que las cosas se calmaran y que al final quien tenía que resolverme era el presidente por lo que espere aguantando vendavales y tempestades esperando respuestas”; señalando que más bien lo que obtuvo fue la suspensión de su cargo por tres meses sin goce de sueldo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2014,resolución que impugnó y que hasta la fecha de presentación del presente recurso no le habían notificado la resolución de su suspensión ni mucho menos resuelto la impugnación presentada.-CONSIDERANDO (7): Que el impetrante manifiesta que al no realizar los tramites correspondientes para el pago de sus prestaciones con fecha 10 de diciembre del 2014 el Consejal CELINO AGUILERA vía teléfono No. 99 -33-15-46 le dijo que si no cambiaba su comportamiento lo iban a destituir sin nada, por lo que se vio obligado a presentar las constancias requeridas de las instituciones bancarias, cooperativas, departamento de bienes y de beneficios sociales para el trámite de dichas prestaciones, presentado en fecha 5 de enero del 2015, tramite que a la fecha de presentar el presente recurso aún no se ha resuelto y con ello ordenar el pago de sus prestaciones laborales. Además explica que existe el caso de probada imposibilidad de interponer los recursos, cuando le han causado indefensión pues el Consejo de la Judicatura no establece razones ni causas y tampoco deja espacio a la palabra notifíquese o cúmplase, por lo que se le imposibilitó interponer el recurso de reposición, tal como lo acredita con la certificación de la resolución que acompaña.- CONSIDERANDO (8): Que el recurrente expone que en la solicitud del pago de prestaciones laborales a que fue obligado a presentar, (sic) “dejo establecido que dicha solicitud lo hago confiando plenamente en la palabra del oferente abogado JOSE ANTONIO MEJIA DE LA UNIDAD DE AUTENTICAS QUIEN ME PROPUSO DE QUE PRESENTE LA SOLICITUD DE MIS PRESTACIONES LABORALES PORQUE SI CONFIRMA EL AUTO DE PRISION POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD PUEDO SALIR PERJUDICADO, PERO SI SALE FAVORABLE CONTINUO EN MI FUNCIÓN Y QUE DICHA SOLICITUD LA TENDRA EN SU PODER O SEA EN PODER DE LA PERSONA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HASTA QUE LA CORTE DE APELACIONES SE PRONUNCIARA EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIONES INTERPUESTA POR MIS DEFENSORES PUBLICOS ASIGNADOS AL CASO”. Compromiso del oferente que no fue cumplido sino lo que hizo fue agilizar mi cancelación. Considera que se le han quebrantado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 del Derecho a la defensa, 127 del derecho al trabajo, 128 de la nulidad de los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia tergiversando las garantías.-CONSIDERANDO (9): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores es menester por parte de esta Sala de lo Constitucional considerar si la referida resolución proferida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, vulnera o no las garantías constitucionales alegadas por el recurrente.-CONSIDERANDO (10): Que de acuerdo a la Certificación extendida por el Secretario General del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, se certifica el punto número Catorce Literal kk, del Acta número cuarenta y cinco (45) de la sesión iniciada por el referido Consejo en fecha siete (07) de octubre del año dos mil catorce y concluida el día ocho (08) del mismo mes y año que dice: “14 Correspondencia. kk. ABOG. JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, Técnico especializado II Unidad de Género, solicita el pago de sus prestaciones laborales y asimismo tomar en consideración su jubilación, en virtud de que le faltan 28 meses para el trámite de su jubilación voluntaria. RESOLUCIÓN: Vista y discutida, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, por UNANIMIDAD de votos, resuelve: aprobar el pago de prestaciones laborales, así como la cancelación de su nombramiento”. Certificación extendida el día tres de diciembre del 2014, que corre a Folio seis (6) del expediente de amparo.-CONSIDERANDO (11): Que según Oficio No. 2175- SCJYCJ -2014, se transcribe el acuerdo No. 1297 del 24 de noviembre del año 2014 mediante el cual el consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ACUERDA: “1.- Cancelar el acuerdo de nombramiento del Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, del cargo de Técnico Especializado II de la Unidad de Genero, a quien se le rinden las gracias por el servicio prestado, con pago de Prestaciones Laborales y demás derechos adquiridos por la vía de cancelación por cesantía, con disponibilidad Presupuestaria Oficio DPPF No. 782/2014 de fecha 06 de noviembre de 2014.el presente acuerdo surte efectos a partir del diez (10) de noviembre del 2014…”.-CONSIDERANDO (12): Que el principio de la autonomía de la voluntad implica el autogobierno que tienen las personas de sus propios fines e intereses, así como la propia regulación de las situaciones en que se encuentren y sus relaciones jurídicas, determinado el contenido de sus actuaciones y sus posibles efectos. En el caso sub judice dice el recurrente que la solicitud de prestaciones laborales que presentó ante el Ex presidente de la Corte Suprema de Justicia lo hizo bajo amenazas y coacción del oferente que le hizo saber lo planteado por la máxima autoridad de este alto Tribunal de Justicia; extremos que no puede corroborar esta Sala, por no existir soporte de ninguna clase en el expediente de mérito, que constate los dichos del impetrante. Por otra parte el recurrente es una persona que conoce la ley por lo que no puede alegar ignorancia de la misma, en ese orden de ideas gozaba de libre albedrío, es decir de decisión en cuanto a presentar o no la solicitud de prestaciones laborales, lo cual hizo, en consecuencia recibió respuesta positiva a sus pretensiones, mediante la cual se ordena el pago de sus prestaciones laborales, siguiendo el procedimiento administrativo conforme la ley, para hacer efectivas dichas prestaciones laborales; por todo ello no se aprecia vulneración de los derechos constitucionales del impetrante.- CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, en su función defensora de la Constitución de la República, vela por el respeto, protección y garantía de los derechos reconocidos constitucionalmente y por los Tratados Internacionales; encuentra que en el caso subjudice el Consejo de la Judicatura solamente resolvió la petición planteada por el recurrente, reconociéndole su derecho a obtener sus prestaciones laborales. Constatándose que la resolución impugnada en esta vía constitucional, no ha vulnerado el derecho al debido proceso, consecuentemente no vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el impetrante, constituyendo esto, motivo suficiente para Denegar el recurso de amparo interpuesto, en consecuencia debe darse cumplimiento a la resolución impugnada, haciendo efectivo el pago de las prestaciones laborales del recurrente y teniéndolo por cancelado su acuerdo de nombramiento.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 303, 304,313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 1o. y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 no.1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 58, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. FALLA: DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA a favor de SI MISMO, contra el Acuerdo No. 1297 emitido por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, debiendo dar efectivo cumplimiento al acuerdo de pago de prestaciones del recurrente, y la cancelación del acuerdo de nombramiento del cargo de Técnico Especializado II de la Unidad de Genero del Poder Judicial. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (2) días del mes de septiembre del año dos mil (2016), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0044-2015 .- CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
FICHA
JURISPRUDENCIAL
Sala Constitucional
Honduras, C. A.
EXPEDIENTE Nº:
0044-2015
TIPO DE ACCION:
AMPARO ADMINISTRATIVO
DESCRPCIÓN:
Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, mediante la cual se cancela al señor JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA del cargo de TECNICO ESPECIALIZADO II DE LA UNIDAD DE GENERO DE ESTE PODER JUDICIAL. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los artículos 82, 127 y 128 de la Constitución de la República.
PROBLEMA JURIDICO (Thema decidendi):
Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los artículos 82, 127 y 128 de la Constitución de la República
RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA JURIDICA (Ratio decidendi):
Que el principio de la autonomía de la voluntad implica el autogobierno que tienen las personas de sus propios fines e intereses, así como la propia regulación de las situaciones en que se encuentren y sus relaciones jurídicas, determinado el contenido de sus actuaciones y sus posibles efectos. En el caso sub judice dice el recurrente que la solicitud de prestaciones laborales que presentó ante el Ex presidente de la Corte Suprema de Justicia lo hizo bajo amenazas y coacción del oferente que le hizo saber lo planteado por la máxima autoridad de este alto Tribunal de Justicia; extremos que no puede corroborar esta Sala, por no existir soporte de ninguna clase en el expediente de mérito, que constate los dichos del impetrante. Por otra parte el recurrente es una persona que conoce la ley por lo que no puede alegar ignorancia de la misma, en ese orden de ideas gozaba de libre albedrío, es decir de decisión en cuanto a presentar o no la solicitud de prestaciones laborales, lo cual hizo, en consecuencia recibió respuesta positiva a sus pretensiones, mediante la cual se ordena el pago de sus prestaciones laborales, siguiendo el procedimiento administrativo conforme la ley, para hacer efectivas dichas prestaciones laborales; por todo ello no se aprecia vulneración de los derechos constitucionales del impetrante.
DECISIÓN AD-QUEM (decisum):
DENIEGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO MENDOZA ESTRADA a favor de SI MISMO, contra el Acuerdo No. 1297 emitido por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial
LINEA JURISPRUDENCIAL:
Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores es menester por parte de esta Sala de lo Constitucional considerar si la referida resolución proferida por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, vulnera o no las garantías constitucionales alegadas por el recurrente.
ARTICULOS COMENTADOS:
artículos 303, 304,313 Atribución 5ta, 316 atribución 1 de la Constitución de la República; 1o. y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 no.1, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 58, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 51 de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintisiete de julio del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, a favor de LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN ISLETA, conocida también como la (EACI), contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, por la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial del departamento de Atlántida, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, por el honorable Juzgado de Letras del departamento de Atlántida, con relación a la demanda de pago e indemnización de daños y perjuicios promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN ISLETA, (EACI), contra la SOCIEDAD AGRÍCOLA SANTA INÉS, S.A. (ASISA). Estima el garantista que los derechos constitucionales violentados están contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. Que en fecha nueve de abril del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional del departamento de Atlántida, el abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCIÓN “ISLETAS” (EACI), contra la SOCIEDAD AGRÍCOLA SANTA INÉS, S.A. (ASISA), interponiendo demanda de pago e indemnización de daños y perjuicios. (Folios 1 al 4 de la pieza del a quo).-2. Que en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, el Juzgado de Letras del departamento de Atlántida, resolvió: “PRIMERO: Admitir el escrito que antecede junto con los documentos que le acompañan. En cuanto a lo solicitado, por lo anteriormente expuesto, es del criterio este juzgado declarar sin lugar el personamiento, en virtud de que no está legitimada la junta directiva de donde se origina el poder del profesional del derecho, abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo. NOTIFÍQUESE”. (Folio 407 de la pieza del juzgado).- 3. Que en fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, la honorable Corte Primera de Apelaciones del departamento de Atlántida dispuso lo siguiente: “FALLA: PRIMERO: Por las razones de hecho y fundamentos de derecho supra indicadas declarar INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, contra la resolución de fecha CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección judicial en la Demanda de ejecución de titulo judicial, promovida por la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN ISLETA (EACI), contra la SOCIEDAD AGRÍCOLA SANTA INÉS, S.A. (ASISA), por improcedente siendo que el proveído recurrido no es susceptible de el recurso que se resuelve. SEGUNDO: De oficio se invalida la resolución de fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, dictada por el juzgado de letras de esta sección judicial y demás actuaciones que derivan de ésta en la cual se admite a trámite del recurso de apelación que en este fallo se resuelve, debiendo tenerse por inadmitido el mismo por improcedente.” Folios 12 al 16 de la pieza de corte de apelaciones).- 4. Que el recurrente abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO, compareció ante este alto tribunal en fecha siete de agosto del año dos mil quince, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN ISLETA, (EACI), afirmando que la decisión del ad quem, de fecha veinticinco de junio del año dos mil quince, violenta los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma la garantía en fecha dos de noviembre del año dos mil quince; ordenándose dar vista al fiscal del despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. -5. Que en fecha veinte de octubre de dos mil quince la Sala de lo Constitucional determinó, que al menos al momento de la decisión, era aplicable acceder a la solicitud del garantista de suspender el acto reclamado, es decir la resolución dictada en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, por la Corte Primera de Apelaciones de la seccional del departamento de Atlántida. Además señaló que dicha suspensión se hacia bajo la responsabilidad del abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo en su condición de garantista. - 6. Que con fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, se tuvo por emitido el dictamen presentado por la abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición de fiscal del despacho, en el cual fue de la opinión que se DENIEGUE LA ACCIÓN DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República señalados por el amparista. -FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir constituye una garantía de restitución o mantenimiento de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución o instrumento internacional de derechos humanos adoptado como parte del derecho interno. Sea la vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación del Estado o con su aquiescencia .- CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3). Resumen de los alegatos del garantista denunciando violación de los derechos contenidos en los artículos 64, 82. 90, 94 párrafo primero, 303, 321 y 324 de la Constitución de la República. Que los alegatos del censor expuestos al formalizar la presente garantía constitucional de amparo, se resumen de la siguiente manera: a) El Juzgado de Letras Seccional de Atlántida en fecha cinco de febrero de dos mil quince resolvió declarar sin lugar el personamiento que hizo en fecha 28 de enero de 2015, el abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO en el expediente 00352-2014, como apoderado procesal de de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN ISLETAS (EACI). Dicha decisión se argumentó en que la junta directiva de la EACI carecía de legitimidad para conferir poder al mencionado abogado.-b) Dicho personamiento se hizo con la presentación del poder general de representación procesal, judicial y representativo otorgado en fecha 19 de enero de 2015, ante los oficios del notario Tomás Tercero Guillén, por el señor Tomás Arnulfo Cornejo Hernández en su condición de nuevo secretario general de la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN ISLETAS (EACI), quien fue electo según acta número 11 de elección de nueva junta directiva, periodo 2015-2016. Asimismo presentó notificación de revocatoria y escritura pública de revocatoria del poder especial para pleitos otorgado al abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO y todos los apoderados legales nombrados anteriormente por otras juntas directivas. También acreditó expediente completo de la legalidad de las juntas directivas de la EACI desde el 2013 al 2016. -c) El petente argumenta que los órganos jurisdiccionales ignoran que la legitimación de las empresas asociativas campesinas proviene únicamente de la asamblea general ordinaria de socios, siendo quien legítima o deslegitima a la junta directiva. Para ello cita el párrafo 1 del artículo 68[4], el literal (f) del artículo 78[5], y el 88[6], todos del Estatuto de las empresas asociativas de campesinos[7].- d) El petente señala además que el Instituto Nacional Agrario INA, resuelve en la resolución No.146-2014 de fecha cinco de agosto de dos mil catorce que es competencia de las empresas campesinas elegir y legalizar las mismas. Acotando que la EACI se encuentra plenamente legitimada por los socios fundadores, tal como se comprueba con las firmas quienes en asamblea de socios eligieron la nueva junta directiva actual, cumpliendo con lo establecido en los estatutos de las empresas asociativas campesinas de la legislación sobre derecho agrario vigente en Honduras.-e) Expresa el garantista que los órganos de instancia ignoran los artículos 79.1, 79.2, 79.3, 81.1, 81.2, 81.3 y 86.1 del Código Procesal Civil; el numeral 1 del artículo 261 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.-f) Reclama además el amparista que el a quo violentó la oralidad que establece el artículo 132 del Código Procesal Civil, al desestimar el personamiento sin fijar audiencia a fin de escuchar a las partes y evacuar las pruebas que fueren pertinentes. De esta manera fueron conculcados los derechos de defensa y debido proceso, contenidos en la Constitución de la República. -g) Asimismo señala que a su poderdante se le perjudica en su derecho a ser oída y vencida en juicio y que los órganos jurisdiccionales se han pronunciado mediante una resolución de fondo, decidiendo algo que sólo la asamblea de socios puede hacer. -h) Reclama que los órganos jurisdiccionales de instancia incurren en los delitos de abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios, actuando en colusión con el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato, quien no es más el apoderado legal e la EACI. Expresa que a éste se le había conferido poder en el año 1990 y que en el año 2007 abandonó la defensa de la EACI debido a que fue nombrado magistrado de la corte de apelaciones de Atlántida sin comunicarle nada. Señala como prueba de dicho abandono, que consta en el expediente de mérito, que fueron nombrados como apoderados los abogados German Eliseo Rosales y Antonio Trejo, mediante poder que les confirió Santos Ángel Hernández en su condición de secretario general; los abogados German Eliseo Rosales Cruz y Ángel Moisés Perdomo Laínez mediante poder conferido por Leonidas Manzanares Márquez como secretario general; y el último poder conferido al abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo por los secretarios generales Leonidas Manzanares Márquez y Tomás Arnulfo Cornejo Hernández.-i) En el numeral tercero de su escrito de formalización el impetrante relata hechos de corrupción cuando fungiendo como secretario general, el señor Arsenio Ramón Flores le otorgó poder ilegalmente al abogado Guillermo Eduardo Matute. Que el señor Arsenio Ramón Flores siendo secretario del consejo de vigilancia y disciplina no podía fungir como secretario general, tal como lo establece el literal (f) del artículo 87[8] y el artículo 89[9], ambos de la legislación sobre derecho agrario vigente en Honduras. Sobre este último artículo el petente señala que el señor Arsenio Flores fungió desde el año 2010 como secretario de honor y disciplina por consiguiente es ilegal el poder conferido al abogado Matute Cerrato y por ende no puede ejecutar la sentencia definitiva.-j) El petente califica de falsa la documentación que presentó el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato para acreditar la junta directiva del año 2015. Explica que no hubo nunca asamblea general de socios y que el papel membretado que contiene la certificación, no pertenece a la EACI. Manifiesta que también es falso de que fue juramentada esta junta directiva de la ANACH por el señor Carlos Ramón Navarro, en virtud de que dicho señor no es miembro de esa organización, según comunicado público de fecha cinco de octubre de 2010 que se adjunta. Crítica el petente de que los documentos presentados por el señor Matute Cerrato fueron autenticados por el mismo como notario, por lo que carecen de credibilidad y validez.-k) El reclamante de amparo denuncia de que pese a que la Sala de lo Constitucional concedió la suspensión del acto reclamado mediante auto de fecha uno de junio de dos mil quince, y que éste fue notificado a la corte de apelaciones en fecha doce de junio de ese mismo año, la secretaria por ley del ad quem, abogada Liliana Yaritza Almendares Sánchez, en fecha uno de julio de dos mil quince, le notificó por correo electrónico la resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, emitida por dicho tribunal de alzada, en la que se expresaba que de no estar conforme con la presente resolución les cabe el recurso de reposición. Entonces relata que posteriormente en fecha veinte de julio solicitó el recurso de reposición, el cual fue resuelto al día siguiente veintiuno de julio por la corte de apelaciones, declarándolo sin lugar, cometiendo según el petente abuso de autoridad y desobediencia a lo ordenado por esta Sala quien había suspendido el acto reclamado. -l) En conclusión, según el garantista el acto reclamado produce indefensión a la EACI y conculca el debido proceso porque éste constituye un acto definitivo en virtud de que el abogado Matute Cerrato hace mucho tiempo dejó de ser apoderado de la EACI.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación jurídica de la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Atlántida y que constituye el acto impugnado. Que la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Atlántida por unanimidad de votos dispuso desestimar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo, contra la resolución de fecha cinco de febrero de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras del departamento de Atlántida; asimismo invalidó de oficio la resolución de fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince en la cual se admite a trámite el recurso de apelación y las demás actuaciones que derivan de ésta, proferidas igualmente por dicho juzgado; debiendo en consecuencia tener por inadmitida la apelación por improcedente.-El ad quem para tomar dicha decisión argumentó lo siguiente: Sic. “PRIMERO: Que son recurribles en apelación los autos no definitivos que expresamente señala el código y los autos definitivos que pongan fin al proceso dictado en primera instancia por los juzgados de paz y los juzgados de letras; adquieren el carácter de auto y no de sentencia, la resolución emitida cuando se le pone fin a una actuación en primera instancia siempre que concluya sin haberse llevado a cabo a trámite ordinario; el recurso de apelación en los autos no definitivos deberá interponerse únicamente en aquellos casos que señala expresamente el Código Procesal Civil, ya que de lo contrario dicho auto o resolución serán firmes; nuestra normativa procesal civil ya establece expresamente contra que autos no definitivos procede interponer el recurso de apelación y entre ellos tenemos y a manera de ilustración los siguientes artículos del Código Procesal Civil:47a, 51.2, 240.3, 237.4, 376.3, 461.2, 493.3, 526.9, 592.2, 643.6, 662.2 y 3, 688.3, 765.1 y 2, 766, 774.2, 785.1, 814, 830, 884.2, 885.3 900.3, etc. SEGUNDO: Según lo dispuesto en el artículo 7.2 del Código Procesal Civil “las normas contenidas en este código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso”, en relación con el debido proceso, por lo que se entiende que las normas contenidas en esta ley adjetiva deben ser las que imperen durante la sustanciación del proceso ajustándose éste en todas y cada una de sus partes a lo dispuesto en la norma ut supra. TERCERO: Tal como prevé el artículo 690 del Código Procesal Civil referente al ejercicio del derecho a los recursos, ”Las partes y los intervinientes en el proceso, así como los terceros a los que la resolución judicial cause directa o indirectamente un perjuicio, tendrán derecho a recurrirla en los términos establecidos en este código.” La referida disposición no implica que las partes, los intervinientes y los terceros puedan interponer a su arbitrio el recurso que les parezca, debiendo para ello cumplir con los requisitos señalados en la norma procesal indicada, siendo además que:”Son partes legitimadas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.” Según lo establece el numeral primero del artículo 64 del código de rito, situación que no ha sido acreditada por el impetrante tal como resolvió la a quo y es compartido por este ad quem. CUARTO: Para proceder a la admisión de los recursos se exige el cumplimiento de dos requisitos esenciales como son la procedencia y la fundamentación, al faltar cualquiera de ellos el recurso resultará inadmisible, circunstancia que ocurre en el caso de autos, en primer lugar por no contar la parte impetrante con la legitimación necesaria y obligatoria a fin de que le asista el derecho a interponer cualquiera de los medios de impugnación según la resolución que se trate y en segundo lugar es de señalar que el recurso de apelación no es el procedente para revisar la resolución impugnada, al no tratarse de un auto definitivo ya que tal proveído lo que resuelve es la inadmisión de un personamiento presentado por el impetrante misma que tiene el carácter de no definitiva por lo tanto, al tenor de lo que dispone el artículo 694 del Código Procesal Civil, el abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo tenía expedito el recurso de reposición ante la primera instancia sin embargo no hizo uso del mismo, aunado a lo establecido en el artículo 707 del código supra mencionado. QUINTO: El artículo 705 del Código Procesal Civil, establece que el recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente y basados en las razones de hecho y fundamentos de derecho antes expuestas este ad quem estima que no son de recibo los agravios que motivaron a la recurrente interponer el recurso que ahora se resuelve.”.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5). Resumen de la opinión rendida por el Ministerio Público. Que la fiscal Karla Patricia García Arita en su dictamen concluyó que NO SE OTORGUE la presente garantía de amparo al estimar que no se han vulnerado los derechos constitucionales invocados.-Dicha opinión se fundamenta en que el artículo 694 del Código Procesal Civil establece que la reposición procede contra todas las providencias y los autos no definitivos a fin de que el mismo tribunal que los dictó pueda proceder a su reconsideración”; desarrollando en el artículo 695 el procedimiento de la interposición, así: “Salvo que la resolución impugnada fuera dictada de forma oral en una audiencia, el recurso se interpondrá por escrito dentro del plazo de tres días, siendo irrecurrible el auto que resuelva el mismo sin perjuicio de que a petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva.”-Luego la fiscal en relación con la apelación cita: “Sólo son recurribles en esta vía, los autos definitivos que pongan fin al proceso y aquellos otros que la ley expresamente señale, dictados en primera instancia por los juzgados de paz y los juzgados de letras.”.-Refiriéndose en concreto al presente caso, la fiscal señala que la resolución que se recurrió ante el ad quem no era susceptible de apelación sino de reposición y que la consecuencia de no haber interpuesto dicho recurso, vuelve el objeto impugnado mediante el presente amparo, un acto consentido. Por lo que concurre la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 3 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional.-Además, manifiesta la fiscal, que observa que el ad quem en dicha resolución estableció que es evidente que no fue acreditada la legitimidad por parte del impetrante para actuar en el proceso, tal como en su oportunidad lo señaló el a quo al declarar sin lugar el personamiento presentado por el ahora amparista, abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo. El argumento para esto, es que la junta directiva que otorgó el poder a dicho abogado no está legitimada. -CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6). Examen practicado por la Sala para verificar los hechos que se relacionan con el presente amparo. Que la Sala de lo Constitucional, constata los siguientes hechos en relación con la garantía constitucional de amparo que se estudia: (a) En fecha nueve de abril de dos mil catorce, el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato, como apoderado procesal de la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCIÓN ISLETAS EACI, interpone por la vía de apremio la ejecución forzosa de la sentencia definitiva de fecha uno de noviembre de dos mil siete dictada por el Juzgado de Letras del departamento de Atlántida, en contra de la sociedad mercantil Agrícola Santa Inés, S.A. (ASISA).-(b) El abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato compareció en representación de la EACI, ostentando el poder especial para pleitos que otorgó a su favor dicha empresa asociativa por medio del señor Arsenio Romero Flores en su condición de secretario general y representante legal. Dicho mandato fue otorgado ante los oficios del notario Marco Tulio Sosa Peralta en fecha once de febrero de dos mil catorce, según consta en el testimonio de instrumento público catorce de su protocolo.[10] Asimismo consta el reconocimiento de la junta directiva de la EACI en la que funge como secretario general el señor Arsenio Romero Flores, por el Instituto Nacional Agrario a través de la oficina regional agraria del Aguán.[11] .-(c) En fecha veintiocho de enero de dos mil quince, se persona por segunda vez en el proceso de ejecución forzosa el abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo en su condición de apoderado procesal de la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE PRODUCCIÓN ISLETAS EACI.[12] Acredita su postulación con el testimonio del instrumento número dos otorgado el diecinueve de enero de dos mil quince, ante los oficios del notario Tomás Tercero Guillén, por el señor Tomás Arnulfo Cornejo Hernández en su condición de secretario general de la EACI. [13] Entre los documentos que adjunta presenta fotocopia del acta de notificación de la revocación de poder que levantó el notario Marlon Rolando Ávila Enamorado en fecha veintiuno de enero de dos mil quince, donde consta que fue notificado el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato la revocatoria del poder que se le otorgó como apoderado procesal de la EACI. Asimismo acompañó fotocopia del testimonio del instrumento número siete autorizado por el notario Marlon Rolando Ávila Enamorado mediante cual el señor Tomás Arnulfo Cornejo Hernández revoca y anula desde esa fecha el poder conferido al abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato, por el señor Arsenio Romero Flores en su condición de secretario general y representante legal de la EACI.-(d) Dicho personamiento fue declarado sin lugar por el juez en fecha cinco de febrero de de dos mil quince. El argumento para dicha decisión consistió en que el acta de certificación de la nueva junta directiva para el periodo del año dos mil quince, acta número once de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, no se acompañó con una certificación de autenticidad en relación con la firma del secretario de dicha nueva junta directiva, de conformidad a lo que establece el artículo 25 del Código del Notariado. Refiere el a quo que sobre este mismo asunto la Corte Primera de Apelaciones de esa sección judicial ya se había pronunciado y que dicho hecho sería objeto de debate en la audiencia de oposición de ejecución de sentencia.[14] En la parte dispositiva expresa que se declara sin lugar el personamiento en virtud de que la junta directiva que da origen al poder con que actúa el personado, no se encuentra legitimada. -(e) Consta que en el escrito de interposición del recurso de apelación, el abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo al expresar agravios, entre otras cuestiones, manifiesta que la decisión del a quo desconoce la voluntad de la asamblea general de socios como órgano de mayor jerarquía de la EACI, y se inmiscuye en los asuntos internos de dicha empresa asociativa, al dar crédito a una junta directiva que es ilegal. Acota el apelante y ahora garantista que el a quo aprecia en forma incorrecta el asunto, en virtud de que la presentación de la nueva junta directiva al INA no es una solicitud sino una notificación y que la legitimación de la junta directiva no proviene del reconocimiento del INA, sino de la voluntad de la asamblea de socios. Así que teniendo en cuenta esto manifiesta que se acreditó que quien ostenta el cargo de secretario general de la junta directiva es el señor Leonidas Manzanares Márquez y es él quien en representación de la EACI otorga el poder de representación procesal. Manifiesta además que no le correspondía a la ex directora regional agraria legitimar una junta directiva y extender este tipo de constancia.[15] El apelante reclama que la junta directiva contraria es ilegal porque no atiende a lo dispuesto al literal f del artículo 87 del Estatuto de las empresas asociativas de campesinos (ya enunciado en esta sentencia), en cuanto dispone que no podrá ser miembro de la junta directiva quien sea miembro del consejo de vigilancia y disciplina, hecho que concurre en la persona del señor Arsenio Romero Flores, quien fue miembro de la junta de vigilancia y disciplina en el período 2010-2012. Agrega el apelante que además se quebranta lo dispuesto en el artículo 89 del estatuto citado que prohíbe la reelección de los miembros de la junta directiva por más de dos períodos consecutivos; y que dicho Arsenio Romero Flores, ya excedió este tiempo. Menciona que el señor Romero Flores ha sido denunciado ante el Ministerio Público por malversación de caudales públicos y apropiación indebida y que por eso no está legitimado para otorgar poderes a ningún profesional del derecho.-(f) Consta por otro lado la contestación de agravios que hizo en su condición de apelado el abogado Guillermo Eduardo Matute, quien entre varios puntos, expresó lo siguiente en relación a los agravios del apelante. El apelado da cuenta de que ya antes se había presentado una situación parecida a la de mérito.-Relata que ya en otro expediente, el 0101-2008-01905, el mismo abogado apelante Carlos Manuel Escoto Trujillo, con un poder otorgado por el mismo señor Leonidas Manzanares Juárez, como representante legal de la EACI, se personó en juicio. En dicha ocasión de igual manera que ahora se resolvió con el rechazo del personamiento por parte del juez, en virtud de que constaba que el secretario general y por tanto representante legal de la EACI, era el señor Arsenio Romero Flores. Dicha resolución fue apelada y confirmada el 20 de agosto de 2014. - El apelado refiere que de conformidad con el estatuto de las empresas asociativas, los directivos serán electos a sus cargos por un año, pudiendo ser reelectos de manera consecutiva por una sola vez. La última junta fue electa el 15 de diciembre de 2013, por lo que u periodo finaliza esa misma fecha en el año 2014. El apelado asegura que a esa fecha no había trascurrido el período, ni existía una asamblea extraordinaria para hacer cesar a la junta directiva eligiendo otra que fuera reconocida por el INA. Expresa además que si bien es cierto, la asamblea general es la máxima autoridad de la empresa, ésta no puede hacer cesar una junta directiva debidamente electa, sin antes cumplir con el procedimiento dispuesto en el mismo estatuto. Concluye manifestando que por legalidad y seguridad jurídica, el señor Arsenio Romero Flores ostenta la representación legal de la EACI, hasta el 15 de diciembre de 2014, por haber sido electo secretario general para el periodo de un año. Como consecuencia, el poder conferido por el señor Leonidas Manzanares Márquez carece de legalidad. -Para finalizar, el apelado se plantea: Si el nombramiento del señor Arsenio Romero Flores como secretario general de la junta directiva de la EACI es ilegal, porque entonces la parte contraria pretende personarse en un juicio que fue iniciado por quien recibió el poder de la persona que funge ilegalmente dicho cargo.-De manera subsidiaria el apelante interpuso nulidad de la admisión a la apelación que resolvió el a quo. Se fundamenta en que el apelante no está legitimado como representante procesal de la EACI. -Asimismo expresa que en virtud de lo dispuesto en el artículo 707 del Código Procesal Civil, el acto que rechazó el personamiento fue consentido en virtud de que no se interpuso en su contra el recurso de reposición, no siendo además apelable debido a que no es sentencia ni auto que ponga fin al proceso, como tampoco es de aquellos que admiten apelación por disposición expresa de la ley. Consecuentemente el auto que admite la apelación de fecha 22 de agosto de 2014 violenta el procedimiento.- CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7). Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar la procedencia de la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. La Sala de lo Constitucional al examinar con detalle el caso de mérito, observa lo siguiente: A. La Sala de lo Constitucional, al practicar el examen de fondo, o sea la verificación que conduzca a determinar, si hubo quebrantamiento de los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, ambos protegidos respectivamente en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, observa que el impetrante sostiene que su infracción se debe a las causas siguientes: Se ignoró que la legitimación de las empresas asociativas campesinas, proviene únicamente de la asamblea general ordinaria de socios, siendo quien legitima o deslegitima a la junta directiva. De tal forma que la decisión del ad quem de no reconocer a la junta directiva que otorgó poder al garantista, viola los derechos citados Por habérsele vedado a su poderdante, o sea a la EACI, el derecho de ser oída en juicio. Que los órganos jurisdiccionales se han pronunciado mediante una resolución de fondo.- Reclama el garantista que hubo comisión de delitos por parte de los juzgadores de ambos órganos jurisdiccionales de instancia, en colusión con el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato.-Menciona en su escrito de formalización, hechos de corrupción que involucran a la junta directiva cuyo secretario es el señor Arcenio Ramón Flores, persona que le otorgó poder ilegalmente al abogado Guillermo Eduardo Matute.-Existe infracción del artículo 132 del Código Procesal Civil, en virtud de que se le vedó el derecho a ser oído y de evacuar prueba en audiencia, en forma oral.- Que el ad quem no observó que el señor Arcenio Ramón Flores no puede ser secretario general, debido a que había sido secretario del consejo de vigilancia y disciplina, quebrantando la prohibición prevista en la normativa que regula el derecho agrario vigente; y por ende éste no puede ejecutar la sentencia definitiva.-El petente califica de falsa la documentación que presentó el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato para acreditar a la junta directiva del año 2015. Asimismo expone otras razones que conducen a estimar la ilegalidad de las actuaciones del abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato.-G. Para analizar lo anterior, de entrada debe tomarse en cuenta que la garantía de amparo en el escrito de formalización, únicamente se dirige en contra de lo resuelto por la corte de apelaciones, sin embargo al desarrollar la violación, extiende los alegatos censurando lo resuelto por el a quo, por lo que es posible colegir, que el garantista ha sido impreciso en el enfoque y desarrollo del amparo.-Cabe señalar que las resoluciones respectivas de primera y segunda instancia, resuelven cuestiones diferentes, así: La del a quo resuelve sobre la improcedencia del personamiento y la del tribunal de alzada sobre la improcedencia de recurrir en amparo.- Sin embargo, la Sala estima que dicha imprecisión no debe ser causa sola de desestimación del amparo de mérito, decisión que obedece a lo que expone el artículo 4 numeral cinco de la Ley sobre Justicia Constitucional, que contiene la regla especial de prevalencia del fondo sobre la forma, la cual permite que los defectos procesales no impidan la expedita sustanciación de los asuntos, siendo los errores por tanto subsanables, inclusive de oficio.-Si bien es cierto, en el caso de mérito, los vicios apuntados no son totalmente de forma, sino que involucran el fondo del asunto,[16] es indudable que para el cumplimiento del principio de mayor eficacia en la protección de derechos humanos, establecido en el artículo 2 de la misma ley, es preferible que el examen de fondo que haga este alto tribunal, abarque todos los argumentos esgrimidos por el garantista en reclamo de que han sido violentados los derechos de defensa y debido proceso, en perjuicio de la EACI. -H. Tomando lo anterior en cuenta, los cargos i, vii y viii que han sido expuestos en el apartado (A), no son de recibo por la Sala, debido a que, diferente a lo que denuncia el garantista, los órganos jurisdiccionales no decidieron nada que condujera a resolver el conflicto de legitimación entre dos facciones de que se disputan ser la verdadera y única junta directiva de la EACI.-El a quo lo que hizo es mantener las cosas tal como iniciaron. De su decisión se deduce que al revisar la documentación acompañada por el mismo personado en juicio, estimó que el INA hasta ese momento no había reconocido la junta directiva que le otorgó poder como la legítima. Es decir dejó las cosas en el mismo estado hasta no tener nuevos elementos. -Es criterio de este alto tribunal que el a quo no cuestionó en sí, la elección de la junta directiva por parte de la asamblea, sino que únicamente exige la inscripción de dicha junta. La Sala encuentra que esta decisión se encuentra en consonancia con lo establecido en el artículo 6 del Estatuto de las empresas asociativas de campesinos, el cual manda que sea el INA quien ha de llevar: “… la más estricta vigilancia sobre las empresas asociativas de campesinos, con el exclusivo propósito de que éstas funcionen ajustadas a las prescripciones de la Ley de Reforma Agraria y del propio estatuto.” .-La exigencia de inscripción de la junta directiva, no constituye en sí una decisión que contravenga la voluntad de la asamblea general de socios; es un acto que le asegura que todo está bien, como medida de verificación de que no existe causa de nulidad, facultad que está ordenada por el Estatuto de las empresas asociativas de campesinos en el artículo 84.[17] -Temas como el de que el señor Arsenio Ramón Flores no puede ser secretario general, debido a que había sido secretario del consejo de vigilancia y disciplina o la validez de la documentación presentada para demostrar la legitimación de determinada junta directiva, son asuntos o puntos que deben resolverse en la forma y por la vía adecuada, no siendo de ninguna manera en el seno de la ejecución forzosa de mérito. -I. En el caso de violación de los derechos de defensa y debido proceso en contra de la EACI, por los cargos ii y iii del apartado (A), expuesto ut supra, la Sala estima que esta empresa asociativa, no ha quedado en estado de indefensión con lo resuelto por el ad quem, puesto que cuenta con un apoderado legal constituido en juicio, por medio del cual continúa teniendo la oportunidad de ser oída con todas las garantías que la ley prevé. -Por otra parte la resolución del a quo no es una resolución de fondo, en virtud de que el objeto de litigio de la ejecución forzosa de mérito, no es dilucidar cual de las juntas directivas en disputa es la legítima, por otra parte la decisión que decide desestimar el personamiento, no lo hace en términos que pudieran interpretarse como una decisión definitiva en ese asunto.-J. En el caso de violación de los derechos de defensa y debido proceso en contra de la EACI, por los cargos: iv y v, del mismo apartado (A), la Sala observa que no son de recibo porque los temas de responsabilidad civil y penal que se desprendan de las actuaciones de los miembros de las juntas directivas, por razón de sus cargos, no son parte del objeto del litigio de ejecución forzosa. Estos asuntos deberán tramitarse y resolverse en las sedes que correspondan. -K. En el caso de violación de los derechos de defensa y debido proceso en contra de la EACI, por el cargo vi, del mismo apartado (A), la Sala observa que estos no fueron conculcados, en virtud de que el asunto de reconocimiento de la junta directiva de la EACI, no corresponde ser dilucidado o resuelto en el juicio de ejecución forzosa.- Los alegatos en relación a este tema, deben ser llevados a donde corresponda y por ende, se concluye que la decisión del a quo de denegar in limine el personamiento bajo examen, fue correcta. De igual manera le asiste toda la razón a la corte de apelaciones, en relación con la improcedencia del recurso de apelación, debido a que no concurren los requisitos para admitir a trámite dicho recurso, teniendo razón en cuenta a que el recurso dispuesto por la ley era el de reposición ante el mismo órgano jurisdiccional.-PARTE DISPOSITIVA O FALLO.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4 No.5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. DENEGANDO la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado CARLOS MANUEL ESCOTO TRUJILLO a favor de la EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS ISLETA, (EACI), contra la resolución del veinticinco de junio de dos mil quince, proferida por la honorable Corte Primera de Apelaciones del departamento de Atlántida; asimismo contra la resolución dictada en fecha cinco de febrero de dos mil quince por el Juzgado de Letras Seccional de Atlántida. 2. Déjese sin valor y efecto la suspensión del acto reclamado dictado por este alto tribunal de justicia en fecha veinte de octubre de dos mil quince. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Y a solicitud del Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los uno (1) días del mes de septiembre del año dos mil (2016), certificación de la Sentencia de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 762-2015. .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] El petente transcribe: “La asamblea general es el órgano de mayor jerarquía de la EACI.”
[5] Vid. Dice: Que es una de las atribuciones de la asamblea genera ordinaria, elegir y juramentar a la junta directiva y al consejo de vigilancia y disciplina y aprobar e improbar sus actos.”
[6] Vid. Dice:”LA junta directiva será electa y juramentada por un representante que designe la asamblea general ordinaria de la empresa asociativa y sus responsabilidades serán indelegables.”
[7] Acuerdo No.121 del 24 de febrero de 1976.-
[8] Vid. Dice: “No podrá ser miembro de la junta directiva: los miembros del consejo de honor y disciplina.”
[9] Vid. Dice: “LA junta directiva durará un año en el ejercicio de sus funciones, ningún socio podrá ser miembro de la junta directiva por mas de dos periodos consecutivos.”
[10] En dicho testimonio de escritura pública consta que el otorgante del poder Arsenio Romero Flores, lo hace a partir de esa fecha once de febrero de dos mil catorce, revocando cualquier poder que se haya general o para pleitos, judicial o administrativo, que se haya otorgado antes a nombre de la EACI, teniendo entonces como único y exclusivo apoderado al abogado Guillermo Matute Cerrato.
[11] En el expediente se encuentra agregada la constancia extendida en fecha 17 de enero de 2014, por la jefa regional del INA en el Aguán, Elicelda Guardado Martinez, en la que se expresa que en esa misma fecha se presentó el señor Arsenio Romero Flores, como secretario general de junta directiva de la EACI, para entregar certificación de punto de acta de ratificación de la junta directiva; se refiere al punto número cinco del acta número 112 de la asamblea general ordinaria celebrada el domingo 15 de diciembre de 2013. Asimismo se expresa en la mencionada constancia que se reconoce legalmente a dicha junta directiva.
[12] La primera vez fue en fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, cuando se persona acreditando su postulación con el testimonio del instrumento número diecisiete otorgado el dieciséis de mayo de dos mil catorce, ante los oficios del notario Jumy Mauricio Flores Mejía, por el señor Leonidas Manzanares Márquez en su condición de secretario general de la EACI.
[13] En el testimonio de escritura pública donde consta el otorgamiento de poder especial para pleitos al abogado Carlos Manuel Escoto Murillo, ante los oficios del notario Tomás Tercero Guillén. El poder lo otorga el señor Tomás Arnulfo Cornejo Hernández, quien en fecha dieciocho de enero de dos mil quince, fue electo en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, secretario general de la junta directiva de la EACI, y en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 97 del Estatuto de las empresas asociativas de campesinos Isleta. En este poder se establece que se revocan todos los autorizados por la junta directiva anterior. Asimismo presenta fotocopia de la certificación extendida por el señor Tomás Arnulfo Cornejo Hernández, en su condición de secretario general de la junta directiva de la EACI, período 2015-2016, donde consta el acta de la asamblea general en donde se eligió y juramentó a dicha junta directiva. En esa certificación consta también que la asamblea ratifican al abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo y revocan el poder al abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato.-
[14] Evidentemente se refiere a la resolución que dictó en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Atlántida, mediante la cual se declaró inadmisible la apelación, en virtud de no ser el acto impugnado susceptible de este recurso, asimismo invalidando de oficio el auto que admitió y dio curso a este medio de impugnación. El a quo, en esa oportunidad había declarado sin lugar el personamiento el cuatro de agosto de dos mil catorce. El argumento para denegarlo fue que el poder de quien se apersonó, fue conferido por una nueva junta directiva de la EACI, y para acreditarlo se acompañó la solicitud que se hizo en fecha 25 de marzo de dos mil catorce, ante la secretaría general del Instituto Nacional Agrario de Sinaloa, Tocoa, departamento de Colón, para su reconocimiento como la nueva junta directiva, periodo 2014-2015. Entonces el a quo al examinar dicha solicitud y la documentación mencionada, observó que la junta directiva que confirió poder al abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo, aun no había sido reconocida por el Instituto Nacional Agrario. La solicitud aún no tenía resolución, sino que sólo se había presentado. Por lo que el a quo decidió, que el abogado Carlos Manuel Escoto Trujillo, carecía de la capacidad procesal para representar a la EACI y que lo procedente era que continuase siendo representada procesalmente por el abogado Guillermo Eduardo Matute Cerrato.
[15] El apelante se refiere a la constancia que se comenta ut supra en el pie de página 11.
[16] Las cuestiones de forma son especialmente aquellos que son conocidos como lapus calami, que son más que todo, errores en los datos, como por ejemplo en las fechas, nombres de personas, instituciones, números de artículos o leyes, etc. El presente caso en cambio involucra el alcance o ámbito de decisión o de lo que se pide. Existe ambigüedad en el objeto impugnado y las personas que se busca amparar, por lo que incide en los efectos de la decisión a tomar.
[17] Vid. Artículo 84 del Estatuto de las empresas asociativas de campesinos. La nulidad de los acuerdos o resoluciones de la Asamblea, General de una Empresa Asociativa será declarada por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario o por el funcionario que el mismo autorice, a petición de cualquier socio o de oficio.