Sentencia AA-397-15 — Registro 12651
Resumen
Sentencia en consulta otorgó acción de amparo a favor de recurrente contra auto resolutivo dictado en primera instancia que desestimó defensas previas por considerar que no existen causas de inadmisibilidad en la demanda de materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada con pago de indemnización por despido injustificado con salarios caídos promovida contra recurrente; el Tribunal de Apelaciones considera que el juez no se podrá pronunciar sobre el fondo del asunto por tratarse de una circular que constituye un acto tácito del que debió ser impugnado ante esa jurisdicción y que el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."4): Que del examen de las diligencias se aprecia la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo de esta Sección Judicial, que en su Considerando siete (7), expone que la primer causa de inadmisibilidad alegada por la demandada no fue apreciada correctamente por el A-Quo, haciendo referencia a que los demandantes señalan como acto impugnado una CIRCULAR, manifestando que los acuerdos respectivos no les fueron entregados, no es menos cierto que dicha circular no constituye un acto de la administración Pública, sujeta al derecho Administrativo, ya que los mismos son los Decretos, Acuerdos Resoluciones y autos, por lo que el hecho que les hayan notificado su cancelación, constituye un acto tácito que es lo que debió ser impugnado ante esta jurisdicción, señalando que el Juez no se podrá pronunciar sobre el fondo del asunto por tratarse de una circular. En el considerando ocho señala que la segunda causa de inadmisibilidad alegada por la demandada fue apreciada correctamente por el A-Quo, ya que sería en el momento de dictar la sentencia correspondiente, de haber sido admisible la demanda de mérito, que deberá pronunciarse sobre los extremos alegados, una vez analizadas las pruebas respectivas, con las cuales se pretenda acreditar el hecho que los Cargos que desempeñaban los demandantes eran excluidos del Régimen de servicio civil, por ser empleados de confianza. CONSIDERANDO (5): Que analizados los antecedentes esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido proceso, Defensa, Tutela Judicial Efectiva entre otros no menos importantes. Por las Razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 13 b (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de octubre del dos mil dieciséis. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, que otorgó el recurso interpuesto por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, en su condición de apoderado legal Delegado del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en la audiencia de defensas previas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, en relación a la Demanda en Materia de Personal, promovida por los señores GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA GOMEZ, HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ, MARVIN LEONEL LOPEZ ZUCHINY, ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ, FABIO ALEJANDRO RIVERA TERCERO, LOURDES LORENA PINEDA FONSECA, MARIA DOLORES FLORES Y SAID ALEXANDER MATA VALERIANO, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA. Manifestando el recurrente que los derechos constitucionales que se consideran violados son los contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, los señores GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA GOMEZ, HUMBERTO JAVIER SOSA RODRIGUEZ, MARVIN LEONEL LOPEZ ZUCHINY, ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ, FABIO ALEJANDRO RIVERA TERCERO, LOURDES LORENA PINEDA FONSECA, MARIA DOLORES FLORES Y SAID ALEXANDER MATA VALERIANO en su condición de Demandantes, promoviendo demanda en materia personal, para que se declare la nulidad de un Acto Administrativo, reconocimiento de la Situación Jurídica Individualizada, pago de indemnización por despido injustificado, salarios caídos a título de daños y perjuicios y condena en costas del juicio, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. 2) Que en fecha cinco de junio de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado en referencia, el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas en la demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA, relacionada en el numeral que precede. (Folios 01 al 04 de la pieza de Defensas Previas) 3) Que en fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo celebró audiencia de defensas previas en la cual falló: PRIMERO: “DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista, por no existir las causas de inadmisibilidad alegadas.-…” (Folios 719 al 726 de la pieza de Defensas Previas). 4) Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el abogado JOSÉ EDUARDO PINTO CHINCHILLA, en su condición de Apoderado Legal Delegado del ESTADO DE HONDURAS, interponiendo acción de amparo contra el auto resolutivo de defensas previas de fecha veintisiete de junio del año dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por considerar que dicha resolución viola los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 04 de la pieza de Amparo). 5) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, falló: “OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, actuando en su condición de Apoderado Legal Delegado del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo descrito en el preámbulo del presente fallo.- SEGUNDO: En consecuencia que el Juez A-QUO proceda a emitir sentencia en las Defensas Previas opuestas por la demandada en el momento procesal oportuno, conforme a derecho y a lo señalado en la presente sentencia de Amparo…” (Folios 50 al 53 de la pieza de segunda instancia). 6) Que en fecha cinco de mayo de dos mil quince, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra las actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio del año dos mil catorce, con relación a la demanda promovida por los señores: GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA GOMEZ, HUMBETO JAVIER SOSA RODRIGUEZ, MARVIN LEONEL LOPEZ ZUCHINY, ROY ALEJANDRO ALONZO GOMEZ, FABIO ALEJANDRO RIVERA TERCERO, LOURDES LORENA PINEDA FONSECA, MARIA DOLORES FLORES, SAID ALEXANDER MATA VALERIANO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo de esta Sección Judicial, que en su Considerando siete (7), expone que la primer causa de inadmisibilidad alegada por la demandada no fue apreciada correctamente por el A-Quo, haciendo referencia a que los demandantes señalan como acto impugnado una CIRCULAR, manifestando que los acuerdos respectivos no les fueron entregados, no es menos cierto que dicha circular no constituye un acto de la administración Pública, sujeta al derecho Administrativo, ya que los mismos son los Decretos, Acuerdos Resoluciones y autos, por lo que el hecho que les hayan notificado su cancelación, constituye un acto tácito que es lo que debió ser impugnado ante esta jurisdicción, señalando que el Juez no se podrá pronunciar sobre el fondo del asunto por tratarse de una circular. En el considerando ocho señala que la segunda causa de inadmisibilidad alegada por la demandada fue apreciada correctamente por el A-Quo, ya que sería en el momento de dictar la sentencia correspondiente, de haber sido admisible la demanda de mérito, que deberá pronunciarse sobre los extremos alegados, una vez analizadas las pruebas respectivas, con las cuales se pretenda acreditar el hecho que los Cargos que desempeñaban los demandantes eran excluidos del Régimen de servicio civil, por ser empleados de confianza. CONSIDERANDO (5): Que analizados los antecedentes esta Sala desde el prisma de la justicia constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, aprecia la Sala que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el quejoso, el pronunciamiento es conforme a derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de acceso a la justicia, Debido proceso, Defensa, Tutela Judicial Efectiva entre otros no menos importantes. Por las Razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74 y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2), 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán de fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve día del mes de marzo del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, bajo el número SCO-0397-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL