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Sentencia AA-392-15 — Registro 6136

Resumen

Resolución resolvió sin lugar Recursos de Apelación contra Resoluciones dictadas por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA) interpuestos por recurrente en Solicitud de Adjudicación de Títulos promovida por Grupo de Campesinos Jerico del Municipio de Trujillo, Colón; La Autoridad recurrida consideró que las mismas están dictadas con suficiente fundamento en derecho y ser incompetente ese Organismo para conocer de lo deseado, por lo que confirmó las Resoluciones 87-2014, 120-2014, 148-2014 y 219-2014 por estar conforme a derecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"un examen detenido de los antecedentes revela, que en el caso de autos, es la autoridad misma la que obstaculiza al recurrente a continuar con el procedimiento, para agotar la tramitación de la vía administrativa, cerrando la posibilidad de ejercitar su derecho constitucional a la defensa al no notificarle las resoluciones antes apuntadas, y en lugar de ello, ordenar el cumplimiento de las mismas..."..."en atención a las circunstancias anteriormente expuestas, podemos afirmar que el acto impugnado en amparo NO ha sido consentido, puesto que el ahora recurrente no interpuso oportunamente el recurso de apelación que la ley le concedía, por haber sido objeto de una obstaculización por parte de la administración pública, dando lugar para que no se aprecie la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 46 No. 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, lo que obliga a esta Sala, pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, por haberse vulnerado el derecho de defensa. Así las cosas, se manifiesta que es procedente otorgar el recurso de amparo en lo relativo al derecho de defensa por haber sido conculcado, en consecuencia deberá retrotraerse el procedimiento, debiéndose notificar el recurrente de todas las resoluciones 87-02 de fecha 25 de abril de 2013, 120-14 del 05 de junio de dos mil 14, 219-14 del 14 de agosto 2014, 148-14 del 14 de agosto de 2014, 458-10 del 05 de noviembre de 2010, 455-10, 466-10 del 11 de noviembre de 2010, 467-10 del 11 de noviembre de 2010, 471-10 del 11 de noviembre de 2010, 478-10 del 05 de noviembre de 2010, 456-10 del 05 de noviembre de 2010, 457-10 del 05 de noviembre de 2010, 470 -10 del 11 de noviembre del 2010, 461-10 del 11 de noviembre de 2010, 476-10 del 05 de noviembre de 2010, 472 -10 del 11 de noviembre del 2010, 475 -10 del 11 de noviembre del 2010, 459-10 del 11 de noviembre del 2010, 463-10 del 11 de noviembre del 2010, 462-10 del 11 de noviembre del 2010, 481-10 del 11 de noviembre del 2010, 465-10 del 11 de noviembre del 2010, 474-10 del 11 de noviembre del 2010. Manifiesta de dichas resoluciones fueron emitidas por el Instituto Nacional Agrario, finalizando las mismas con la formula CUMPLASE; antes apuntadas, ejerciendo así su derecho a la defensa impugnándolas ante el Consejo Nacional Agrario, tal y como lo manda la ley..."..."al asumir la Dirección del Instituto Nacional Agrario el señor CESAR DAVID ADOLFO NAPOLEON HAM, en su carácter de Ministro Director de esa institución del Estado, en aplicación indebida al Decreto 18-08, declara CON LUGAR las solicitudes de afectación y adjudicación sobre los Terrenos supramencionados, aun y cuando la Sala de lo Constitucional ha manifestado que dicho Decreto 18-2008, efectivamente “modifica el procedimiento establecido para la ejecución del proceso de reforma agraria, se a encontrado que en el nuevo tramite introducido este no admite oposición alguna, por parte de los propietarios de tierras afectadas, los cuales de esta manera se ven imposibilitados de ser oídos e interponer recursos respectivos. Es pues criterio de la Sala, que estando el derecho de defensa consagrado por nuestra norma constitucional y que además es un derecho fundamental consagrado por varios tratados internacionales de los que el Estado de Honduras es signatario; en ese orden de ideas, resulta indudablemente claro que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la defensa, derecho en el cual se incluye el que pueda hacerse aconsejar, defenderse, a ser oído en todo procedimiento administrativo o judicial, presentar pruebas, disponer de recursos procesales y a no ser juzgado en ausencia; en fin este derecho tiene como objeto que toda persona sea oída y vencida en juicio; en otras palabras la inviolabilidad del derecho de defensa consiste, radicalmente, en que el justiciable disponga de “oportunidad suficiente” para participar con utilidad en el proceso, y para ello es obvio que se requiere: a) tener noticia o conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos o etapas; b) ser oído; c) ofrecer y producir pruebas. Cuando el proceso es “contradictorio”, o sea, cuando hay controversia entre las partes, el mismo tiene que sustanciarse conforme al principio de “bilateralidad” o contradicción, que asegura la participación de ambas partes y el conocimiento reciproco de los actos y etapas procesales; así pues la bilateralidad refleja el cumplimiento del debido proceso y la sujeción de este a las formas sustanciales de la defensa en juicio. Esta Sala de lo Constitucional, al tenor de lo expresado anteriormente observa que con el referido decreto en perjuicio de los propietarios de tierras afectadas se producen vulneraciones constitucionales tales como: 1) Dejarlos sin posibilidad alguna de accionar para que puedan comparecer ante la referida comisión en defensa de sus derechos, de aportar pruebas, de ser oídos, es decir que se les niega la oportunidad de exponer sus argumentos para defender sus interese a través de un proceso, 2) La introducción de este nuevo procedimiento no solo vulnera el derecho de defensa de los mismos, al no permitirles ser parte del proceso de expropiación de sus tierras; si no que también les veda el derecho de recurrir ante una instancia superior en defensa de sus derechos; 3) Que con la introducción del procedimiento de afectación en el cuestionado Decreto, esta Sala observa que también se vulnerara el derecho a la jurisdicción, consignado en el párrafo segundo del articulo 82 constitucional; entendido esté como aquel que tiene todo ciudadano del libre acceso a los tribunales, en otra palabras la facultad que tienen los ciudadanos de incitar o provocar la actividad jurisdiccional del Estado, a través de su comparecencia ante los órganos jurisdiccionales, a fin de que se le resuelva una pretensión jurídica, para que dicho órgano judicial ejerciendo la administración de justicia resuelva dicha pretensión.”..."la Sala de lo Constitucional es garante de la legalidad y Constitucionalidad de las resoluciones venidas a su conocimiento, en tanto por mandato legal velara porque dichas resoluciones sean dictadas dentro del respeto al debido proceso constitucional, que no es más que dictar resoluciones con las formalidades y garantías que la ley establece, en ese sentido, al acreditarse en autos que el Ministro Director declaro con lugar solicitudes de adjudicación de tierras, mismas que ya habían sido declaradas SIN LUGAR, mediante resoluciones legalmente emitidas y pasadas por la majestad de la cosa juzgada, con fundamento en un decreto declarado inconstitucional por esa Sala, (Vid RI 338 y 339/08), surge a todas luces la vulneración al debido proceso..."..."al haberse acreditado en autos la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso, es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"un examen detenido de los antecedentes revela, que en el caso de autos, es la autoridad misma la que obstaculiza al recurrente a continuar con el procedimiento, para agotar la tramitación de la vía administrativa, cerrando la posibilidad de ejercitar su derecho constitucional a la defensa al no notificarle las resoluciones antes apuntadas, y en lugar de ello, ordenar el cumplimiento de las mismas..."..."en atención a las circunstancias anteriormente expuestas, podemos afirmar que el acto impugnado en amparo NO ha sido consentido, puesto que el ahora recurrente no interpuso oportunamente el recurso de apelación que la ley le concedía, por haber sido objeto de una obstaculización por parte de la administración pública, dando lugar para que no se aprecie la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 46 No. 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, lo que obliga a esta Sala, pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, por haberse vulnerado el derecho de defensa. Así las cosas, se manifiesta que es procedente otorgar el recurso de amparo en lo relativo al derecho de defensa por haber sido conculcado, en consecuencia deberá retrotraerse el procedimiento, debiéndose notificar el recurrente de todas las resoluciones 87-02 de fecha 25 de abril de 2013, 120-14 del 05 de junio de dos mil 14, 219-14 del 14 de agosto 2014, 148-14 del 14 de agosto de 2014, 458-10 del 05 de noviembre de 2010, 455-10, 466-10 del 11 de noviembre de 2010, 467-10 del 11 de noviembre de 2010, 471-10 del 11 de noviembre de 2010, 478-10 del 05 de noviembre de 2010, 456-10 del 05 de noviembre de 2010, 457-10 del 05 de noviembre de 2010, 470 -10 del 11 de noviembre del 2010, 461-10 del 11 de noviembre de 2010, 476-10 del 05 de noviembre de 2010, 472 -10 del 11 de noviembre del 2010, 475 -10 del 11 de noviembre del 2010, 459-10 del 11 de noviembre del 2010, 463-10 del 11 de noviembre del 2010, 462-10 del 11 de noviembre del 2010, 481-10 del 11 de noviembre del 2010, 465-10 del 11 de noviembre del 2010, 474-10 del 11 de noviembre del 2010. Manifiesta de dichas resoluciones fueron emitidas por el Instituto Nacional Agrario, finalizando las mismas con la formula CUMPLASE; antes apuntadas, ejerciendo así su derecho a la defensa impugnándolas ante el Consejo Nacional Agrario, tal y como lo manda la ley..."..."al asumir la Dirección del Instituto Nacional Agrario el señor CESAR DAVID ADOLFO NAPOLEON HAM, en su carácter de Ministro Director de esa institución del Estado, en aplicación indebida al Decreto 18-08, declara CON LUGAR las solicitudes de afectación y adjudicación sobre los Terrenos supramencionados, aun y cuando la Sala de lo Constitucional ha manifestado que dicho Decreto 18-2008, efectivamente “modifica el procedimiento establecido para la ejecución del proceso de reforma agraria, se a encontrado que en el nuevo tramite introducido este no admite oposición alguna, por parte de los propietarios de tierras afectadas, los cuales de esta manera se ven imposibilitados de ser oídos e interponer recursos respectivos. Es pues criterio de la Sala, que estando el derecho de defensa consagrado por nuestra norma constitucional y que además es un derecho fundamental consagrado por varios tratados internacionales de los que el Estado de Honduras es signatario; en ese orden de ideas, resulta indudablemente claro que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la defensa, derecho en el cual se incluye el que pueda hacerse aconsejar, defenderse, a ser oído en todo procedimiento administrativo o judicial, presentar pruebas, disponer de recursos procesales y a no ser juzgado en ausencia; en fin este derecho tiene como objeto que toda persona sea oída y vencida en juicio; en otras palabras la inviolabilidad del derecho de defensa consiste, radicalmente, en que el justiciable disponga de “oportunidad suficiente” para participar con utilidad en el proceso, y para ello es obvio que se requiere: a) tener noticia o conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos o etapas; b) ser oído; c) ofrecer y producir pruebas. Cuando el proceso es “contradictorio”, o sea, cuando hay controversia entre las partes, el mismo tiene que sustanciarse conforme al principio de “bilateralidad” o contradicción, que asegura la participación de ambas partes y el conocimiento reciproco de los actos y etapas procesales; así pues la bilateralidad refleja el cumplimiento del debido proceso y la sujeción de este a las formas sustanciales de la defensa en juicio. Esta Sala de lo Constitucional, al tenor de lo expresado anteriormente observa que con el referido decreto en perjuicio de los propietarios de tierras afectadas se producen vulneraciones constitucionales tales como: 1) Dejarlos sin posibilidad alguna de accionar para que puedan comparecer ante la referida comisión en defensa de sus derechos, de aportar pruebas, de ser oídos, es decir que se les niega la oportunidad de exponer sus argumentos para defender sus interese a través de un proceso, 2) La introducción de este nuevo procedimiento no solo vulnera el derecho de defensa de los mismos, al no permitirles ser parte del proceso de expropiación de sus tierras; si no que también les veda el derecho de recurrir ante una instancia superior en defensa de sus derechos; 3) Que con la introducción del procedimiento de afectación en el cuestionado Decreto, esta Sala observa que también se vulnerara el derecho a la jurisdicción, consignado en el párrafo segundo del articulo 82 constitucional; entendido esté como aquel que tiene todo ciudadano del libre acceso a los tribunales, en otra palabras la facultad que tienen los ciudadanos de incitar o provocar la actividad jurisdiccional del Estado, a través de su comparecencia ante los órganos jurisdiccionales, a fin de que se le resuelva una pretensión jurídica, para que dicho órgano judicial ejerciendo la administración de justicia resuelva dicha pretensión.”..."la Sala de lo Constitucional es garante de la legalidad y Constitucionalidad de las resoluciones venidas a su conocimiento, en tanto por mandato legal velara porque dichas resoluciones sean dictadas dentro del respeto al debido proceso constitucional, que no es más que dictar resoluciones con las formalidades y garantías que la ley establece, en ese sentido, al acreditarse en autos que el Ministro Director declaro con lugar solicitudes de adjudicación de tierras, mismas que ya habían sido declaradas SIN LUGAR, mediante resoluciones legalmente emitidas y pasadas por la majestad de la cosa juzgada, con fundamento en un decreto declarado inconstitucional por esa Sala, (Vid RI 338 y 339/08), surge a todas luces la vulneración al debido proceso..."..."al haberse acreditado en autos la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso, es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I O N

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de Enero del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA a favor de los Señores JULIO CESAR ALEMAN BANEGAS, ONDINA MATUTY DE MARRERO JOSE RIGOBERTO ARRIAGA CHINCHILLA, EMILIO GUEVARA WILLIAMS Y OTROS contra la Resolución emitida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO de fecha diez de febrero de dos mil quince, que resolvió sin lugar los Recursos de Apelación interpuestos contra actuaciones emitidas por el Instituto Nacional Agrario; con relación a la Solicitud de Adjudicación de Títulos promovida por el GRUPO DE CAMPESINOS JERICO DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que el Abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA en fechas veintidós de febrero de dos mil trece, once de marzo de dos mil catorce, treinta de abril de dos mil catorce y doce de mayo de dos mil catorce, compareció ante el Instituto Nacional Agrario, presentando reclamo administrativo para que se declarara la nulidad de unos trámites administrativos de otorgamiento de títulos y la respectiva cancelación de la inscripción de los mismos en el Registro de la Propiedad Inmueble del Municipio de Trujillo Colón. 2) Que en fecha veinticinco de abril de dos mil trece, el Instituto Nacional Agrario emitió la resolución No. 087-2013, la cual resolvió declarar SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE, la solicitud de reclamo administrativo presentada por el abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA, en su condición de Apoderado Legal de los señores JULIO CESAR ALEMAN BANEGAS, ONDINA MATUTY DE MARRERO. (Folios 84 al 86 del Expediente No. 102064). 3) Que en fecha cinco de junio de dos mil catorce, el Instituto Nacional Agrario emitió la resolución No. 120-2014, la cual resolvió declarar SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE, la solicitud de reclamo administrativo presentada por el abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA, en su condición de Apoderado Legal de los señores EMILIO GUEVARA WILLIAMS, MIRIAM BERNARDA RAMIREZ GONZALES Y JOSE RAFAEL FERRARI SAGASTUME. (Folios 89 al 90 del Expediente No. 102920). 4) Que en fecha catorce de agosto de dos mil catorce, el Instituto Nacional Agrario emitió la resolución No. 148-2014, la cual resolvió declarar SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE, la solicitud de reclamo administrativo presentada por el abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA, en su condición de Apoderado Legal de los señores JULIAN LOPEZ BRIZUELA, JOSE EVELIO LOPEZ PONCE, SEBASTIANA ERAZO GUEVARA Y JOSE ANTONIO AGUIRRE. (Folios 479 al 482 del Expediente No. 102346). 5) Que en fecha tres de noviembre de dos mil catorce, el Instituto Nacional Agrario emitió la resolución No. 219-2014, la cual resolvió declarar SIN LUGAR, la solicitud de reclamo administrativo presentada por el abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA, en su condición de Apoderado Legal de Sociedad Mercantil denominada COSTA ESMERALDA y PUNTA PARAISO y del señor ENRIQUE ZABLAH MURRA. (Folios 366 al 372 del Expediente No. 103019). 6) Que Consejo Nacional Agrario al conocer del Recurso de Apelación promovido por el Abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA, en su condición antes indicada, en fecha diez de febrero del año dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “1) Declarar Sin Lugar los Recursos de Apelación contra las resoluciones dictadas por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, por haber sido dictadas con suficiente fundamento en derecho y ser incompetente este Organismo para conocer sobre lo deseado; 2) Confirmar las resoluciones números 87-2014, 120-2014, 148-2014 y 219-2014 emitidas por el Director ejecutivo del INA, por encontrarse conforme a derecho y en base a las consideraciones legales supradichas. …” (Folios 704 al 725) de la segunda pieza de los antecedentes). 7) Que el Abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha cuatro de mayo del año dos mil quince, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los Señores JULIO CESAR ALEMAN BANEGAS, ONDINA MATUTY DE MARRERO JOSE RIGOBERTO ARRIAGA CHINCHILLA, EMILIO GUEVARA WILLIAMS Y OTROS contra la Resolución emitida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO de fecha diez de febrero del año dos mil quince, alegando que con dicha resolución se esta violentando a sus representados los artículos 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República.- Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintisiete de agosto del año dos mil quince. 8) Que en fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, la Abogada KARLA PATRICIA GARCIA ARITA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que “NO SE OTORGUE” el presente Recurso de Amparo por existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista. CONSIDERANDO (1): Que Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA a favor de los Señores JULIO CESAR ALEMAN BANEGAS, ONDINA MATUTY DE MARRERO JOSE RIGOBERTO ARRIAGA CHINCHILLA, EMILIO GUEVARA WILLIAMS Y OTROS contra la Resolución emitida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO de fecha diez de febrero de dos mil quince, que resolvió sin lugar los Recursos de Apelación interpuestos contra actuaciones emitidas por el Instituto Nacional Agrario; con relación a la Solicitud de Adjudicación de Títulos promovida por el GRUPO DE CAMPESINOS JERICO DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON. Así mismo señala el recurrente en su escrito de interposición del recurso, que interpone recurso de amparo en contra de las resoluciones: 87-02 de fecha 25 de abril de 2013, 120-14 del 05 de junio de dos mil 14, 219-14 del 14 de agosto 2014, 148-14 del 14 de agosto de 2014, 458-10 del 05 de noviembre de 2010, 455-10, 466-10 del 11 de noviembre de 2010, 467-10 del 11 de noviembre de 2010, 471-10 del 11 de noviembre de 2010, 478-10 del 05 de noviembre de 2010, 456-10 del 05 de noviembre de 2010, 457-10 del 05 de noviembre de 2010, 470 -10 del 11 de noviembre del 2010, 461-10 del 11 de noviembre de 2010, 476-10 del 05 de noviembre de 2010, 472 -10 del 11 de noviembre del 2010, 475 -10 del 11 de noviembre del 2010, 459-10 del 11 de noviembre del 2010, 463-10 del 11 de noviembre del 2010, 462-10 del 11 de noviembre del 2010, 481-10 del 11 de noviembre del 2010, 465-10 del 11 de noviembre del 2010, 474-10 del 11 de noviembre del 2010. Manifiesta de dichas resoluciones fueron emitidas por el Instituto Nacional Agrario, finalizando las mismas con la formula CUMPLASE; lo que le impidió notificarse de las mismas y que comenzara a correr el término para ejercer el derecho a la defensa a través de la imputación ante el Consejo Nacional Agrario. CONSIDERANDO (2): Que el amparo es un recurso de naturaleza subsidiaria y extraordinaria, en cuanto que para su interposición, es necesario como regla general que previamente se agoten todos los recursos ordinarios que para la impugnación de un determinado acto franquea la ley, pues de otro modo, el acceso directo e indiscriminado de los justiciables al amparo, convertiría a éste en un medio común de defensa. Es por ello, que entre las causales de sobreseimiento de las diligencias de amparo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentran las de haber sido consentido el acto impugnado, por no haber interpuesto el agraviado de manera oportuna, los recursos o acciones legales que franquea la ley, la de tener expeditos recursos y acciones en los juicios puramente civiles, o en la vía contencioso-administrativa. (vid. arts. 46 No. 3), 7) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional). CONSIDERANDO (3): Que el artículo 150 de la Ley de Reforma Agraria establece, que contra las disposiciones definitivas que emita el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, cabrá el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación ante el Consejo Nacional Agrario, señalando que dichos recursos se sustanciarán de conformidad a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos, texto normativo que ha resultado sustituido por la vigente Ley de Procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO (4): Que el artículo 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece, que el recurso de apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el auto impugnado, y éste lo remitirá al superior para su decisión, junto con el expediente y su informe en el plazo de cinco días, señalando que el plazo para la interposición del recurso será de quince días. CONSIDERANDO (5): Que un examen detenido de los antecedentes revela, que en el caso de autos, es la autoridad misma la que obstaculiza al recurrente a continuar con el procedimiento, para agotar la tramitación de la vía administrativa, cerrando la posibilidad de ejercitar su derecho constitucional a la defensa al no notificarle las resoluciones antes apuntadas, y en lugar de ello, ordenar el cumplimiento de las mismas. CONSIDERANDO (6): Que en atención a las circunstancias anteriormente expuestas, podemos afirmar que el acto impugnado en amparo NO ha sido consentido, puesto que el ahora recurrente no interpuso oportunamente el recurso de apelación que la ley le concedía, por haber sido objeto de una obstaculización por parte de la administración pública, dando lugar para que no se aprecie la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 46 No. 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, lo que obliga a esta Sala, pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, por haberse vulnerado el derecho de defensa. Así las cosas, se manifiesta que es procedente otorgar el recurso de amparo en lo relativo al derecho de defensa por haber sido conculcado, en consecuencia deberá retrotraerse el procedimiento, debiéndose notificar el recurrente de todas las resoluciones 87-02 de fecha 25 de abril de 2013, 120-14 del 05 de junio de dos mil 14, 219-14 del 14 de agosto 2014, 148-14 del 14 de agosto de 2014, 458-10 del 05 de noviembre de 2010, 455-10, 466-10 del 11 de noviembre de 2010, 467-10 del 11 de noviembre de 2010, 471-10 del 11 de noviembre de 2010, 478-10 del 05 de noviembre de 2010, 456-10 del 05 de noviembre de 2010, 457-10 del 05 de noviembre de 2010, 470 -10 del 11 de noviembre del 2010, 461-10 del 11 de noviembre de 2010, 476-10 del 05 de noviembre de 2010, 472 -10 del 11 de noviembre del 2010, 475 -10 del 11 de noviembre del 2010, 459-10 del 11 de noviembre del 2010, 463-10 del 11 de noviembre del 2010, 462-10 del 11 de noviembre del 2010, 481-10 del 11 de noviembre del 2010, 465-10 del 11 de noviembre del 2010, 474-10 del 11 de noviembre del 2010. Manifiesta de dichas resoluciones fueron emitidas por el Instituto Nacional Agrario, finalizando las mismas con la formula CUMPLASE; antes apuntadas, ejerciendo así su derecho a la defensa impugnándolas ante el Consejo Nacional Agrario, tal y como lo manda la ley. CONSIDERANDO (7): Que en lo relativo a los recursos se substanciaran de conformidad con el Código de Procedimientos Administrativos….”, en ese orden de ideas el Capitulo VII, Notificaciones, de la Ley de Procedimiento Administrativo, señala en el articulo 87 que “Las resoluciones se notificarán personalmente en el plazo máximo de cinco días a partir de su fecha, las providencias cuando perjudiquen a los interesados en el plazo de dos días.” y el articulo 89 de la citada ley, en cuanto a la forma de realizar las notificaciones en materia administrativa establece: “En la notificación se expresará, si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo procedan, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos”. CONSIDERANDO (8): Que con relación a la vulneración al debido proceso, expone el recurrente que, en ocasiones anteriores, 19 de julio de 1892, miembros del GRUPO CAMPESINO JERICO, del Municipio de Trujillo, departamento de Colón, presentaron ante el Instituto Nacional Agrario, solicitud de afectación y adjudicación sobre un Lote de Terreno de QUINIENTAS HECTAREAS (500.Has.) cuyo propietario era MARIO VALENZUELA POSSE. El Director del Instituto Nacional Agrario, dio respuesta DECLARANDO SIN LUGAR LA SOLICITUD, EN VISTA DE QUE LOS TERRENOS SON DE VOCACION FORESTAL, Y ESTAN DENTRO DE ZONA PROTEGIDA DECLARADA TURISTICA, en resolución No. 23-04 de fecha 22 de marzo de 2004. CONSIDERANDO (9): Que el 11 de octubre de 2006, miembros del mismo grupo campesino Jericó, nuevamente la misma solicitud de afectación y adjudicación sobre un Lote de Terreno de QUINIENTAS HECTAREAS (500.Has.) cuyo propietario era SOCIEDADES PUNTA ESMERALDA Y COSTA PARAISO. El Director del Instituto Nacional Agrario, dio respuesta DECLARANDO SIN LUGAR LA SOLICITUD, EN VISTA DE QUE LOS TERRENOS SON DE VOCACION FORESTAL, Y ESTAN DENTRO DE ZONA PROTEGIDA DECLARADA TURISTICA, en resolución No. 125-08 de fecha 11 de septiembre de 2008. CONSIDERANDO (10): Que a partir del 27 de Octubre del 2008, miembros del mismo Grupo Campesino Jericó, presentaron nuevamente la misma solicitud de afectación y adjudicación sobre varios lotes de Terreno, esta vez de manera individual la misma petición, aun y cuando el Instituto Nacional Agrario, declaró en dos ocasiones sin lugar las solicitudes de afectación y adjudicación sobre los Terrenos supramencionados, por estar dentro de la Zona Protegida de la “Reserva de Vida Silvestre de la Laguna de Guaymoreto” adquiriendo dichas solicitudes el carácter de cosa juzgada. CONSIDERANDO (11): Que no obstante lo anterior, al asumir la Dirección del Instituto Nacional Agrario el señor CESAR DAVID ADOLFO NAPOLEON HAM, en su carácter de Ministro Director de esa institución del Estado, en aplicación indebida al Decreto 18-08, declara CON LUGAR las solicitudes de afectación y adjudicación sobre los Terrenos supramencionados, aun y cuando la Sala de lo Constitucional ha manifestado que dicho Decreto 18-2008, efectivamente “modifica el procedimiento establecido para la ejecución del proceso de reforma agraria, se a encontrado que en el nuevo tramite introducido este no admite oposición alguna, por parte de los propietarios de tierras afectadas, los cuales de esta manera se ven imposibilitados de ser oídos e interponer recursos respectivos. Es pues criterio de la Sala, que estando el derecho de defensa consagrado por nuestra norma constitucional y que además es un derecho fundamental consagrado por varios tratados internacionales de los que el Estado de Honduras es signatario; en ese orden de ideas, resulta indudablemente claro que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la defensa, derecho en el cual se incluye el que pueda hacerse aconsejar, defenderse, a ser oído en todo procedimiento administrativo o judicial, presentar pruebas, disponer de recursos procesales y a no ser juzgado en ausencia; en fin este derecho tiene como objeto que toda persona sea oída y vencida en juicio; en otras palabras la inviolabilidad del derecho de defensa consiste, radicalmente, en que el justiciable disponga de “oportunidad suficiente” para participar con utilidad en el proceso, y para ello es obvio que se requiere: a) tener noticia o conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos o etapas; b) ser oído; c) ofrecer y producir pruebas. Cuando el proceso es “contradictorio”, o sea, cuando hay controversia entre las partes, el mismo tiene que sustanciarse conforme al principio de “bilateralidad” o contradicción, que asegura la participación de ambas partes y el conocimiento reciproco de los actos y etapas procesales; así pues la bilateralidad refleja el cumplimiento del debido proceso y la sujeción de este a las formas sustanciales de la defensa en juicio. Esta Sala de lo Constitucional, al tenor de lo expresado anteriormente observa que con el referido decreto en perjuicio de los propietarios de tierras afectadas se producen vulneraciones constitucionales tales como: 1) Dejarlos sin posibilidad alguna de accionar para que puedan comparecer ante la referida comisión en defensa de sus derechos, de aportar pruebas, de ser oídos, es decir que se les niega la oportunidad de exponer sus argumentos para defender sus interese a través de un proceso, 2) La introducción de este nuevo procedimiento no solo vulnera el derecho de defensa de los mismos, al no permitirles ser parte del proceso de expropiación de sus tierras; si no que también les veda el derecho de recurrir ante una instancia superior en defensa de sus derechos; 3) Que con la introducción del procedimiento de afectación en el cuestionado Decreto, esta Sala observa que también se vulnerara el derecho a la jurisdicción, consignado en el párrafo segundo del articulo 82 constitucional; entendido esté como aquel que tiene todo ciudadano del libre acceso a los tribunales, en otra palabras la facultad que tienen los ciudadanos de incitar o provocar la actividad jurisdiccional del Estado, a través de su comparecencia ante los órganos jurisdiccionales, a fin de que se le resuelva una pretensión jurídica, para que dicho órgano judicial ejerciendo la administración de justicia resuelva dicha pretensión.”. CONSIDERANDO (12): Que la Sala de lo Constitucional es garante de la legalidad y Constitucionalidad de las resoluciones venidas a su conocimiento, en tanto por mandato legal velara porque dichas resoluciones sean dictadas dentro del respeto al debido proceso constitucional, que no es más que dictar resoluciones con las formalidades y garantías que la ley establece, en ese sentido, al acreditarse en autos que el Ministro Director declaro con lugar solicitudes de adjudicación de tierras, mismas que ya habían sido declaradas SIN LUGAR, mediante resoluciones legalmente emitidas y pasadas por la majestad de la cosa juzgada, con fundamento en un decreto declarado inconstitucional por esa Sala, (Vid RI 338 y 339/08), surge a todas luces la vulneración al debido proceso. CONSIDERANDO (13): Que al haberse acreditado en autos la vulneración al derecho de defensa y al debido proceso, es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 344 de la Constitución de la República, 150 de la Ley de Reforma Agraria, 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 1, 3 No. 2), 9 No. 3) literal b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA : Otorgando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA a favor de los Señores JULIO CESAR ALEMAN BANEGAS, ONDINA MATUTY DE MARRERO JOSE RIGOBERTO ARRIAGA CHINCHILLA, EMILIO GUEVARA WILLIAMS Y OTROS contra la Resolución emitida por el CONSEJO NACIONAL AGRARIO de fecha diez de febrero de dos mil quince, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Y a solicitud del Abogado JOSE MANUEL URBINA CABRERA se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0392-2015.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL