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Sentencia AA-368-15 — Registro 6135

Resumen

Recurso de amparo interpuesto contra resolución que dejar sin valor y efecto la asignación de impetrante como Director Municipal de Educación, sin ningún procedimiento ni justificación, La Sala Constitucional considera que dicha determinación ,es arbitraria y no puede considerarse como causal para cambiar de destino laboral a un servidor público, y aun si así fuere, es vulnerador del derecho de defensa y consecuentemente a un debido proceso, cuando se toma una decisión sin dar la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, en este caso en procedimiento administrativo,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

6): Que en cuanto al Derecho constitucional de Defensa, relacionado en el artículo 82 de la Constitución de la República, el mismo se considera también conculcado, considerando la existencia de las razones fácticas, en el entendido: Que la inviolabilidad del derecho de defensa comprende las siguientes facultades esenciales: a) De formular alegaciones; b) El derecho de probar tales alegaciones; c) La posibilidad o el derecho de contradecirlas; (y) d) Que las alegaciones y pruebas de cada parte deben ser tomadas en cuenta por el órgano decisor. Acorde al garantista, esta Sala estima que la resolución de la cual se viene en amparo, ha vulnerado esencialmente éste último concepto, en vista que no existió un procedimiento administrativo en el cual se manifieste la inconformidad del órgano estatal con la efectividad del servidor público, y que enmarque las actuaciones de éste con causales estipuladas en un Reglamento o en una Ley, que sirvan de basamento legal para dejar sin valor ni efecto un acto administrativo, mediante el cual se afecta la situación jurídica laboral del servidor. CONSIDERANDO (7): Que el Ministro de Educación coloca en indefensión a los profesionales docentes, al determinar los nombramientos interinos, en tanto “que esa Secretaría emita disposición en contrario”, esta determinación última, es arbitraria y no puede considerarse como causal para cambiar de destino laboral a un servidor público, y aun si así fuere, es vulnerador del derecho de defensa y consecuentemente a un debido proceso, cuando se toma una decisión sin dar la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, en este caso en procedimiento administrativo, máxime si la decisión ministerial afecta al servidor, constituyendo una resolución emitida contraria a derecho. CONSIDERANDO (8): Que en un Estado de Derecho las decisiones que restrinjan o suspendan, siquiera temporalmente, el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, deben sujetarse a derecho y sostener una especial carga argumentativa, en consecuencia, y por todo ello, resulta procedente otorgar la presente acción de Amparo de que se ha hecho mérito. Esta Sala de lo Constitucional, invoca como precedente el recurso de amparo administrativo No. 1044-2014, en el cual se otorga la acción constitucional interpuesta por considerar la vulneración al debido proceso y derecho de defensa, en una acción ministerial de destitución de un cargo, similar a la que se decide ahora, señalando como acto legitimador la determinación de “Nombrar de manera interina hasta que esta secretaria emita disposición en contrario”.

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho del mes de Enero del año dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARCIAL DE JESUS DIAZ DIAZ, a favor de SI MISMO, contra actuaciones de la Secretaria de Estado en los despachos de educación a través de la dirección departamental de educación de Choluteca, Choluteca, consistente según el recurrente en dejar sin valor y efecto la asignación del señor MARCIAL DE JESUS DIAZ DIAZ como director municipal de educación de Orocuina, Choluteca. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el abogado MARCIAL DE JESUS DIAZ DIAZ, interponiendo recurso de amparo, a favor de SI MISMO, consistente según el recurrente en dejar sin valor y efecto la asignación del señor MARCIAL DE JESUS DIAZ DIAZ como director municipal de educación de Orocuina, Choluteca. 2) Que el señor MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Educación, en fecha cinco de junio del dos mil quince, rindió el informe solicitado por la sala. (Folio 16 al 26 de la pieza de amparo) 3) Que en fecha cinco de octubre de dos mil quince, esta Sala tiene por formalizado en tiempo y forma el recurso de merito. 4) Que en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual concluye SOBRESEER LAS DILIGENCIAS de la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que se conoce la presente acción de Amparo interpuesta contra de la resolución administrativa Oficio No. 458-SE-2015, de fecha 12 de marzo de 2015, emitida por el Ph.D MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, en su condición de Secretario de Estado en los despachos de Educación, y dirigido al señor SANTOS HERIBERTO MOLINA, mediante la cual se le instruye para que a partir de esa fecha, asuma funcionalmente el Cargo de Director Municipal No. 10 de Orocuina, Departamento de Choluteca, hasta que en dicho cargo se nombre al profesional que apruebe el concurso o que esa Secretaría emita disposición en contrario. Al mismo tiempo el recurrente ataca el Oficio No. 376 D.D.E.06-2015, mediante el cual el Director Departamental de Educación por Ley de Choluteca, se dirige al hoy recurrente Licenciado Marcial de Jesús Díaz, Director Municipal de Educación de Orocuina, indicándole que con instrucciones del Secretario de Estado en el Despacho de Educación, le comunica que a partir de la fecha (24 de marzo de 2015), “QUEDA SIN VALOR NI EFECTO EL OFICIO” mediante el cual se le designo las funciones de DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE OROCUINA, asimismo se le instruye que entregue con inventario AL Licenciado SANTOS HERIBERTO MOLINA.- Estima el recurrente que ambos oficios impugnados son violatorios de lo dispuesto en el artículo 82 y 90 párrafo primero ambos de la Constitución de la República, concerniente al derecho de defensa y al principio derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (3): Que se debe manifestar que esta Sala de lo Constitucional, en fecha 31 de agosto de 2015, admitió el presente recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, al determinar de manera preliminar la vulneración del derecho de defensa del recurrente, al habérsele ordenado dejar el cargo para el cual fue nombrado sin procedimiento administrativo alguno y nombrando sustituto de manera arbitraria. CONSIDERANDO (4): Que tanto en la interposición como en la formalización del recurso de amparo, el recurrente manifiesta que fue nombrado en fecha 09 de Julio de 2013, mediante Acuerdo No. 1438-SE-2013, Acción No. 39, (Vid folio 8) en el cargo de “Director Distrital del Municipio de Orocuina departamento de Choluteca”, nombramiento que se hace en forma interina, hasta que se nombre la persona que ha aprobado el concurso para dicha plaza, ó hasta que esa Secretaría emita disposición contraria. Después de dos años de desempeñarse en la misma, el recurrente recibió el Oficio No. 376 D.D.E.06-2015, antes aludido, anunciándole que queda sin valor ni efecto el Acuerdo 1430-SE-2013 y que debe entregar el cargo con inventario al Nuevo “Director Distrital del Municipio de Orocuina departamento de Choluteca”. Manifiesta el recurrente que se le vulneró su derecho a ser oído en esa etapa administrativa, y consecuentemente a defenderse pues desconoce las razones por las cuales el Ministro de Educación tomo dicha decisión. Al mismo tiempo señala que se ha vulnerado su derecho a un debido proceso, pues mediante un simple oficio se revocó un Acuerdo Administrativo mediante el cual fue nombrado, sin haber existido un procedimiento previo, en donde se justifique la decisión de “emitir disposición contraria”. CONSIDERANDO (5): Que una vez analizado los antecedentes, la sala de lo Constitucional manifiesta que el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, establece: “… la garantía que implica que los órganos jurisdiccionales en sus actos y resoluciones, observen las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”, entre las cuales destacan las reglas de derecho objetivo, dirigidas a asegurar la igualdad procesal de las partes y la seguridad jurídica; precepto constitucional que se traduce de un modo general, en el deber que tienen los tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se caracteriza como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la vía administrativa, y ser oído, proponer y practicar prueba y obtener una resolución fundada en derecho, lo que genera el deber de los servidores públicos de cumplir con las exigencias fundamentales a lo largo de todo el proceso. CONSIDERANDO (6): Que en cuanto al Derecho constitucional de Defensa, relacionado en el artículo 82 de la Constitución de la República, el mismo se considera también conculcado, considerando la existencia de las razones fácticas, en el entendido: Que la inviolabilidad del derecho de defensa comprende las siguientes facultades esenciales: a) De formular alegaciones; b) El derecho de probar tales alegaciones; c) La posibilidad o el derecho de contradecirlas; (y) d) Que las alegaciones y pruebas de cada parte deben ser tomadas en cuenta por el órgano decisor. Acorde al garantista, esta Sala estima que la resolución de la cual se viene en amparo, ha vulnerado esencialmente éste último concepto, en vista que no existió un procedimiento administrativo en el cual se manifieste la inconformidad del órgano estatal con la efectividad del servidor público, y que enmarque las actuaciones de éste con causales estipuladas en un Reglamento o en una Ley, que sirvan de basamento legal para dejar sin valor ni efecto un acto administrativo, mediante el cual se afecta la situación jurídica laboral del servidor. CONSIDERANDO (7): Que el Ministro de Educación coloca en indefensión a los profesionales docentes, al determinar los nombramientos interinos, en tanto “que esa Secretaría emita disposición en contrario”, esta determinación última, es arbitraria y no puede considerarse como causal para cambiar de destino laboral a un servidor público, y aun si así fuere, es vulnerador del derecho de defensa y consecuentemente a un debido proceso, cuando se toma una decisión sin dar la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, en este caso en procedimiento administrativo, máxime si la decisión ministerial afecta al servidor, constituyendo una resolución emitida contraria a derecho. CONSIDERANDO (8): Que en un Estado de Derecho las decisiones que restrinjan o suspendan, siquiera temporalmente, el goce y ejercicio de los derechos constitucionales, deben sujetarse a derecho y sostener una especial carga argumentativa, en consecuencia, y por todo ello, resulta procedente otorgar la presente acción de Amparo de que se ha hecho mérito. Esta Sala de lo Constitucional, invoca como precedente el recurso de amparo administrativo No. 1044-2014, en el cual se otorga la acción constitucional interpuesta por considerar la vulneración al debido proceso y derecho de defensa, en una acción ministerial de destitución de un cargo, similar a la que se decide ahora, señalando como acto legitimador la determinación de “Nombrar de manera interina hasta que esta secretaria emita disposición en contrario”. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: 1. Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia. 2. Lo anterior a efecto que el Secretario de Estado en el Despacho de Educación, se sirva emitir nueva acción administrativa nombrando al Señor MARCIAL DE JESÚS DÍAZ DIAZ en el cargo de Director Distrital de Orocuina, Departamento de Choluteca.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, recaída en el amparo Administrativo, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0368=15.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA

DE LO CONSTITUCIONAL