Sentencia AA-359-15 — Registro 12325
Resumen
Omisiones de Autoridad recurrida en no aplicar y exigir a empresas distribuidoras de gas LPG normas obligatorias para asegurar el derecho a la integridad física y la vida; El Tribunal Supremo concluyó que hay falta de legitimación de los recurrentes y no haber acreditado el agravio constitucional a favor de recurrentes, procede sobreseer la acción de amparo, sin perjuicio de las acciones legales que le puedan corresponder a éstos ante las instancias administrativa y/o judicial ordinarias para impugnar el acto omisivo que se recurre en amparo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"según se desprende de la propia exposición de los recurrentes, el amparo va dirigido contra el comportamiento omisivo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, especialmente de la Dirección General de Protección al Consumidor, al no aplicar y exigir a las empresas distribuidoras de gas LPG, normas de obligatorio cumplimiento establecidas en la Ley, lo que genera perjuicios y violenta los derechos fundamentales a la vida y la integridad personal que constitucionalmente le asisten a todos los habitantes de la república..."..."este Tribunal no ha podido concretizar la existencia real de una afectación a los derechos individuales de los supuestos agraviados mediante el acto reclamado en amparo, pues de los alegatos de los mismos, se aprecia que no son parte legitimada en un proceso, toda vez, que no han impugnado el acto omisivo que reclaman en amparo ante la autoridad recurrida, y por ende, no han brindado a ésta la posibilidad de garantizar una adecuada regularidad procesal, por consiguiente no se determina el modo en el cual se vulneran los derechos reconocidos en nuestra Constitución alegados por los recurrentes..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma; en consecuencia ésta Sala concuerda con el parecer del Ministerio Público en cuanto a que “se le ha reconocido ampliamente por esa Sala solo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y el Ministerio Público, organismos con rango constitucional, los cuales están investidos de autoridad propia conferida por el legislador, sin requerir para ello, como si ocurre en los casos de los particulares, de una necesaria vinculación, entre su acción y una controversia procesal intersubjetiva que les legitime para una declaración relacionada a un caso concreto”, además “es importante señalar que los recurrentes alegan una violación por omisión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, especialmente de la Dirección General de Protección al Consumidor; sin embargo conforme al principio de Regularidad Procesal, la autoridad administrativa debe tener la posibilidad de enmendar un acto omitido, es decir, debe existir previamente una petición por parte de los particulares (recurrentes) y si la respuesta no satisface al peticionario o la entidad no da respuesta a su petición, puede acudir solo entonces a la justicia constitucional”..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de los recurrentes, y no haberse logrado por consiguiente, acreditar la existencia de una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de las personas a favor de quien se interpone el presente recurso, procede sobreseer la acción de amparo intentada, sin perjuicio, de las acciones legales que le puedan corresponder a éstos ante las instancias administrativa y/o judicial ordinarias, para impugnar el acto omisivo que se recurre en amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 50 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de marzo de dos mil dieciséis.VISTO: El dictamen del Ministerio Público y el informe correspondiente al recurso de amparo interpuesto por el MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA (MADJ) y la FUNDACIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEMOCRÁTICO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y DE LAS INSTITUCIONES (FUNDAMBIENTE) y OTROS CIUDADANOS a favor de SÍ MISMOS, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONÓMICO a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, contenidas en las omisiones concernientes de dicha autoridad en aplicar y exigir a las empresas distribuidoras de gas LPG normas de obligatorio cumplimiento establecidas en la Ley, en aras de asegurar el derecho a la integridad física y la vida que asiste a todos los ciudadanos. CONSIDERANDO: Que la Sala, admitió el presente recurso de amparo, ordenando a la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico a través de la Dirección General de Protección al Consumidor, se aplicaran una serie de medidas en tutela de los derechos que se alegaron fueron afectados por dicha autoridad. CONSIDERANDO: Que del informe rendido por la autoridad recurrida, se desprende que ya se han sancionado a empresas comercializadoras de gas LPG por incumplimiento de la legislación vigente y se han realizado varias inspecciones en plantas envasadoras de LPG en la zona centro; asimismo se realizaron revisiones y análisis a la legislación nacional e internacional para reforzar la vigilancia y verificación en lo concerniente a los cilindros de Gas Licuado de Petróleo LPG, que se comercializan en el territorio nacional, con el fin de brindar a los consumidores la protección a la vida y se brindaran a los mismos información sobre el manejo, uso y peligrosidad de dichos cilindros, con una serie de especificaciones, en estricto cumplimiento a disposiciones en la Región Centroamericana y la incorporación a la legislación nacional. De igual manera, en forma conjunta con la Cadena de Comercialización de Combustibles y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), elaboraron un anteproyecto de la Ley Marco Regulatorio de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, la que se encuentra en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para su revisión y posterior remisión al Congreso Nacional, la cual una vez aprobada, el Estado contará con el marco jurídico y normativo para asegurar la protección y seguridad física de los ciudadanos hondureños que hacen uso del gas LPG, implementando también una serie de medidas para el mismo fin. CONSIDERANDO: Que la doctrina Constitucional establece, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que según se desprende de la propia exposición de los recurrentes, el amparo va dirigido contra el comportamiento omisivo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, especialmente de la Dirección General de Protección al Consumidor, al no aplicar y exigir a las empresas distribuidoras de gas LPG, normas de obligatorio cumplimiento establecidas en la Ley, lo que genera perjuicios y violenta los derechos fundamentales a la vida y la integridad personal que constitucionalmente le asisten a todos los habitantes de la república.CONSIDERANDO: Que de lo expuesto por los recurrentes, este Tribunal no ha podido concretizar la existencia real de una afectación a los derechos individuales de los supuestos agraviados mediante el acto reclamado en amparo, pues de los alegatos de los mismos, se aprecia que no son parte legitimada en un proceso, toda vez, que no han impugnado el acto omisivo que reclaman en amparo ante la autoridad recurrida, y por ende, no han brindado a ésta la posibilidad de garantizar una adecuada regularidad procesal, por consiguiente no se determina el modo en el cual se vulneran los derechos reconocidos en nuestra Constitución alegados por los recurrentes. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional versa exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma; en consecuencia ésta Sala concuerda con el parecer del Ministerio Público en cuanto a que “se le ha reconocido ampliamente por esa Sala solo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y el Ministerio Público, organismos con rango constitucional, los cuales están investidos de autoridad propia conferida por el legislador, sin requerir para ello, como si ocurre en los casos de los particulares, de una necesaria vinculación, entre su acción y una controversia procesal intersubjetiva que les legitime para una declaración relacionada a un caso concreto”, además “es importante señalar que los recurrentes alegan una violación por omisión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico, especialmente de la Dirección General de Protección al Consumidor; sin embargo conforme al principio de Regularidad Procesal, la autoridad administrativa debe tener la posibilidad de enmendar un acto omitido, es decir, debe existir previamente una petición por parte de los particulares (recurrentes) y si la respuesta no satisface al peticionario o la entidad no da respuesta a su petición, puede acudir solo entonces a la justicia constitucional”.CONSIDERANDO: Que sobre esta temática la Sala, ha dejado establecido en la citada jurisprudencia, que comparte lo establecido por la Jurisprudencia Española, en cuanto señala que el Defensor del Pueblo es el ente legitimado para plantear el recurso de amparo ante este tipo de supuestos y si bien el uso de esta facultad no ha sido abundante, por ser el sujeto legitimado menos activo en el sistema de tutela, su legitimación ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que la del resto de los sujetos legitimados, pues dicha legitimación le ha sido reconocida no en atención de su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional[1], siendo el órgano legitimado para plantear los conflictos constitucionales en abstracto. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de los recurrentes, y no haberse logrado por consiguiente, acreditar la existencia de una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de las personas a favor de quien se interpone el presente recurso, procede sobreseer la acción de amparo intentada, sin perjuicio, de las acciones legales que le puedan corresponder a éstos ante las instancias administrativa y/o judicial ordinarias, para impugnar el acto omisivo que se recurre en amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA (MADJ) y la FUNDACIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DEMOCRÁTICO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y DE LAS INSTITUCIONES (FUNDAMBIENTE) y OTROS CIUDADANOS a favor de SÍ MISMOS, contra un acto omisivo de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONÓMICO a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, al advertirse la falta de legitimación de los recurrentes, y por tener aún expeditas acciones ante la autoridad recurrida para impugnar el acto reclamado en amparo; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME – MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ALBERTO ZELAYA. ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario de la Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, certificación de la resolución de fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis. Recaída en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 359=15.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario de la Sala Constitucional
[1] STC 274/2000/2 y articulo 59 de la Constitución Hondureña.