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Sentencia AA-349-14 — Registro 6176

Resumen

Resolución en consulta que denegó la acción de amparo contra el auto resolutivo del Juzgado que desestimó las defensas previas opuestas por el demandado (recurrente) por no existir las causas de inadmisibilidad alegadas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional, al revisar la resolución contra la cual se reclama, no aprecia conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado con dicha resolución judicial; si no un asunto de mera legalidad teniéndose expeditos recursos o acciones legales en el trámite del mismo juicio; por lo que es procedente sobreseer el presente recurso de amparo...";..."Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se reforme la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, que denegó en el recurso presentado por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, en relación a la demanda para la nulidad parcial de un acto administrativo promovida por la sociedad mercantil denominada ASTROPHARMA, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha doce de abril de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, la Abogada WENDY VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada ASTROPHARMA, S.A., interponiendo demanda especial en materia de licitación para la nulidad parcial de un acto administrativo consistente en la resolución final de un proceso de licitación pública, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su restablecimiento que se ordena la adjudicación de la partidas ofertadas con el precio más bajo o en su defecto que se ordene el pago de los daños y perjuicios ocasionados por el acto impugnado, así como el costo de elaboración de la oferta y los costos de la impugnación interpuesta, demanda que se interpone contra el ESTADO DEL ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- 2) Que la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la República compareció ante el Juzgado antes citado, alegando defensas previas en la demanda de que se hace referencia, por existir diferentes causales de inadmisibilidad. (Folios 01 al 04 de la pieza separada de defensas previas) .- 3) Que en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa al conocer de la cuestión incidental de defensas previas, resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR las presentes Defensas Previas alegadas por la parte Incidentista (demandada), por no existir las causas de Inadmisibilidad alegadas. …” (Folios 30 al 35 de la pieza separada de defensas previas).-4) Que en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, de que se hace referencia en el numeral que precede, resolución que a criterio del recurrente es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones dictó sentencia en fecha diez de abril de dos mil catorce, en la cual falló: “PRIMERO: DENEGAR LA ACCION DE AMAPRO interpuesta por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA actuando en su condición de Apoderada Legal Sustituta del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Resolutivo descrito en el preámbulo del presente fallo.- …” (Folios 32 al 34 de la pieza de amparo).- 6) Que en fecha cuatro de abril de dos mil catorce, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinte de marzo de dos mil catorce, que deniega la acción de amparo interpuesta por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, en relación a la demanda para la nulidad parcial de un acto administrativo promovida por la sociedad mercantil denominada ASTROPHARMA, S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS.-CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; manifestando básicamente que la parte demandante no está legitimada para incoar la demanda de merito; porque no es titular de un derecho subjetivo, ya que no existe ninguna disposición legal que establezca que por el simple hecho de participar en un proceso de licitación automáticamente le genera o da posesión de la titularidad de un derecho que legalmente ya está establecido a su favor; que la demandante no expresa los motivos por los cuales considera que el Acto Impugnado se encuentra viciado de nulidad, no basta afirmar un hecho, la parte actora está en la obligación de probarlo, así mismo, la demanda carece del requisito legal contenido en el Artículo 23 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, siendo dicha Ley de Cumplimiento Obligatorio, por lo que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto; que el Juzgado de oficio debió haber rechazado la pretensión de la demandante; y, al desestimar las defensas previas presentadas, lo hizo en completa violación al Derecho de defensa, a ser juzgado por Juez competente con las formalidades y derechos que la Ley establece.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional observa el criterio expresado por la Corte de Apelaciones, al señalar en la sentencia; que del análisis y del estudio de las presentes diligencias, así como el ordenamiento jurídico aplicable, se concluye que ´las causas de inadmisibilidad de la demanda alegadas por la demandada, fueron apreciadas correctamente por el A-Quo, esto porque la demandante tiene un interés legitimo y directo, al participar en una Licitación; y, considerar que la decisión final de la misma no es conforme a derecho, lo cual la legitima para presentar la demanda de merito; así mismo, en su escrito de demanda expone los motivos por lo que considera que el Acto Impugnado no está dictado conforme a derecho, cumpliendo con los requisitos que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo exige para la validez de la competencia, no existiendo, por lo tanto, defecto de forma que impida al Juzgador , pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte demandada tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él y específicamente en las defensas previas planteadas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo en el incidente planteado una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con el criterio que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales; Para que, en casos concretos, se declare que una ley, un reglamento o una disposición de la autoridad, no le es aplicable por ser inconstitucional. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar la resolución contra la cual se reclama, no aprecia conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado con dicha resolución judicial; si no un asunto de mera legalidad teniéndose expeditos recursos o acciones legales en el trámite del mismo juicio; por lo que es procedente sobreseer el presente recurso de amparo.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se reforme la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMA la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y se SOBRESEE el recurso de amparo de merito; y, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado VÍCTOR MANUEL LOZANO, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA.- JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA.- LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.-SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis , certificación de la sentencia de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número0349-2014 .


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL